Carlos López Landa

Expediente 738/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 29 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
738/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos López Landa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veinte, se concedió el amparo solicitado a *********, para el efecto que el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal **********, en la que se declaró improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a ********** en ese proceso; únicamente por cuanto hace a dicho quejoso. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución de manera fundada y motivada, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, en la que subsanara las irregularidades precisadas en la sentencia de amparo. Lo anterior, en el entendido que el debate respectivo debía quedar intocado. II) Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió un disco compacto con número de folio **********, el cual contiene la audiencia de once de septiembre del año en curso, emitida en el proceso penal **********. IV) Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; sin que hubieran realizado manifestación alguna. V) Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se ordenó turnar los autos a la sección de proyectos para el análisis respectivo. Previo análisis del disco compacto remitido por la responsable se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, ya que del referido disco se advierte que la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, realizó lo siguiente: - En audiencia de once de septiembre de dos mil veinte, celebrada dentro del proceso penal ********** ordenó dejar insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en dicho proceso penal, en la que se declaró improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a ********** en ese proceso; únicamente por cuanto hace a dicho quejoso. Asimismo, (a partir del segundo 00:30 segundo archivo del disco compacto) la Juez responsable procedió a reanudar la audiencia, una vez que constató los registros de audio y video de la revisión de medida cautelar llevada a cabo en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, a efecto de extraer las manifestaciones realizadas por las partes, precisando que quedaba intocado el debate realizado por éstas, por lo que con libertad de jurisdicción procedió a dar contestación a los argumentos realizados por el defensor del imputado, al respecto, señaló en entre otras cosas, lo siguiente (a partir del minuto 07:36 segundo archivo): ".lo manifestado por la defensa de que en abril dos mil diecinueve se reformó artículo 19 Constitucional al delito de desaparición forzada dentro de las hipótesis de prisión preventiva oficiosa, por lo que en septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que se fijó la medida cautelar al quejoso, no se encontraba esa posibilidad, por lo que este órgano jurisdiccional hace referencia a lo manifestado por el jurista ********** en la siguiente forma: Que la Constitución es una forma abierta a través de la cual pasa la vida, pasa la vida, no pasa sin dejar un rastro en la Constitución. También es cierto, en efecto, la reforma a que alude la defensa, en virtud de que el constitucionalismo que tiene que ver con los más altos valores como son los derechos fundamentales de todas partes y sobre todo los sujetos procesales que se establecen en el artículo 105 del Código Nacional Procesal Penal y entre esos derechos fundamentales, pues se encuentra la paz, la justicia y las estructuras del Estado de derecho, el interés general, la seguridad, la cooperación, requiere para la salvaguarda de tales valores una Constitución viva, vigente, acorde a lo que se está viviendo en este momento a lo que es capaz de adecuarse y hacer frente a las amenazas y necesidades que se viven en el momento. En ese sentido, atendiendo a lo que dice también el jurista Henrich es alemán, donde nos habla sobre la reforma constitucional se produce necesariamente siempre que se dé una contradicción o insuficiencia entre la Constitución y la realidad constitucional. En el caso que nos ocupa, en atención a la reforma del artículo 19 constitucional, a la que se alude la defensa para introducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el abuso o violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades y sobre todo, para este caso, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y otros diversos delitos más que se encuentran detallados en ese artículo, en el segundo párrafo. La integración del texto constitucional a cada uno de esto delitos señalados encuentra su justificación sobre todo en el daño, la garantía de la libertad personal que, en efecto, es algo esencial para todo Estado de derecho y que existan opiniones expertas en el ámbito nacional como internacional y que apuntan hacia la conveniencia de reducir el uso de prisión preventiva, en tanto que constituye una medida restrictiva de la libertad personal grave que causa a la sociedad, incremento significativo que ha tenido su comisión en los últimos y recientes tiempos por el alto índice de impunidad que existe al respecto y aunado a lo que vengo mencionando por la jurisprudencia nacional e internacional que ha desarrollado respecto a las restricciones de los derechos fundamentales. Es necesario recordar que si bien la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción a la libertad personal, esa libertad, al igual que cualquier otro derecho humano, no es absoluto, tal y como lo corrobora el contenido del artículo 32.2 de la Convención Americana de Derecho Humanos, al referir que y cito "los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática"; lo deseable pues será que no hubiera necesidad de hacer uso de la prisión preventiva, sin embargo, pues no podemos perder de vista que las restricciones de los derechos humanos aun estando expresamente establecidas en la Constitución no son absolutas; es decir, no constituyen figuras meta constitucionales, pero están rodeadas de garantías y derechos que deben observarse para su aplicación y que su aplicación resulte válida. Atendiendo a esto y a todo lo anterior y a las manifestaciones de la defensa en aquel momento, no puede considerarse como una medida injustificada y desproporcional, pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las restricciones a los derechos humanos previstas expresamente en la Constitución, se deben considerar en conjunto con las demás normas previstas por la propia norma fundamental, entre las que se encuentran los tratados internacionales, lo que implica un análisis de su razonabilidad y no por el contrario su aplicación de manera ya absoluta. En ese tenor no es aceptable concluir que la prisión preventiva puede extenderse como una habilitación constitucional para que las autoridades del Estado Mexicano actúen al margen de los derechos humanos, sino que debe entenderse como una medida cautelar excepcional, otorgada como un instrumento al servicio de la procuración y sobre todo la administración de justicia, que es donde nos encontramos. Y que se ha de insertar de forma coherente como lo advertirán en esta resolución y que por cuanto hace a la validez de su aplicación la necesidad y que se justifica el uso de esa medida que si bien es cierto no estaba contemplada por la ley en la fecha en que fue impuesta al aquí imputado, lo cierto es que por el delito que se trata, fue necesario la imposición de la misma al ser un delito de alto impacto en nuestra sociedad y sobre todo para la protección de la víctima o quien represente a la misma, como se verá más adelante. Por otra parte y dando contestación a otra de las manifestaciones de la defensa que fue que dijo la defensa que en febrero de dos mil diecinueve se reclasificó el delito de desaparición forzada, por aquel previsto en el artículo 318 Quinquies b), del Código Penal de Veracruz, en mayo del dos mil diecinueve se resolvió sobre una solicitud de revisión de medida cautelar, en donde se expresó que se debía considerar que en la comisión del hecho se emplearon armas, por lo que no podía prosperar la solicitud, pero que de acuerdo al hecho por el cual fue vinculado el quejoso, se indicó que una testigo refirió haber presenciado una conversación entre escoltas, la cual señaló que en ese momento no hubiera armas y tampoco la Fiscalía refirió el empleo de armas en ese momento. Por lo que tomando en cuenta esa manifestación de la defensa y esa reforma constitucional es que antes de esa fecha no tiene por qué imponerse la prisión preventiva oficiosa y de acuerdo al hecho por el cual fue vinculado su representado no existe empleo de medios violentos, entonces no hay materia para continuar con una prisión preventiva oficiosa como lo explicó o lo manifestó la defensa en aquél momento, máxime que el propio Estatuto de Roma en los artículos 66 y 64, prevé la posibilidad que las personas gocen de su libertad en el proceso. Al respecto, este órgano jurisdiccional se pronuncia en el sentido que por cuanto hace a la reclasificación del delito en comento efectivamente existe una reclasificación del delito referente a la desaparición forzada en la legislación en materia penal para el Estado de Veracruz, más no en el proceso que nos ocupa, aunado a que la penalidad es una consecuencia de la hipótesis delictiva que enunciara la Fiscalía pues en aquel momento y desde audiencia inicial; por ello no justifica un cambio de la conducta desplazada por su defendido si fuera no el empleo de uso de medios violentos como lo cito, por lo que la conducta por sí existe. Ahora bien, en referencia al artículo 66 y 64 del Estatuto de Roma, al que refiere la defensa que prevé la posibilidad que las personas gocen de su libertad en el proceso, además de la reforma constitucional del dos mil ocho, existe el principio de presunción de inocencia y hasta el momento éste no se ha violentado, porque no se ha emitido una sentencia de condena. En consecuencia, primero se debe hacer mención que el Estatuto de Roma no pretende determinar directamente los elementos constitutivos de responsabilidad penal individual, para el delito de desaparición forzada de personas, si no fijar los elementos mismos que los Estados partes, deben observar al adecuar a su derecho penal interno. Y de lo anterior y en el entendimiento que la desaparición forzada como una violación múltiple de derechos humanos y ser un delito grave de naturaleza permanente, se sigue que en virtud de la diversidad de conductas típicas con las que se actualiza la responsabilidad penal durante todo el periodo de tiempo en que se comete ese ilícito, no es necesario para ese fin que el sujeto activo participe o intervenga en la detención de la víctima, y necesariamente cometa después alguna de la conductas descritas cuya consecuencias es de mantenerla en una situación que le es imposible ser protegida por la ley. Es por ello que a consideración de este tribunal no le asiste la razón a la defensa al invocar el instrumento internacional descrito con antelación, porque si bien hace mención a la presunción de inocencia, derecho que le asiste a su defendido desde el inicio en que fue sometido a este mecanismo jurisdiccional, tan no se está violentando ese principio que al día de hoy usted está en calidad de imputado en términos del artículo 105 del Código Nacional Procesal Penal, se le está tratando como imputado, no como sentenciado condenado, porque al ser sentenciado condenado quiere decir que sería culpable, por lo tanto es su abogado al ser técnico en derecho y el resto de los sujetos procesales técnicos en derecho, saben de lo que hablo, usted ha sido tratado como imputado no como sentenciado condenado; por lo tanto, no se le ha violentado ese principio de presunción de inocencia, por lo que sigue en esa calidad, reitero, de imputado, en un proceso de defensa, por eso estamos aquí, ya que la presunción de inocencia termina cuando un Juez de juicio le diga que usted es culpable a través de una sentencia de condena (.), ya que la defensa, como órgano técnico, debe saber la diferencia de donde empieza y donde termina el principio de presunción de inocencia, hasta donde tiene usted calidad de imputado, luego tiene calidad de acusado y luego tiene calidad de sentenciado condenado, porque hay dos tipos de sentencia, absolutoria y condena, no está siendo sentenciado condenado, es decir, no es culpable, todavía persiste el principio de presunción de inocencia, el cual no le ha sido violado hasta este momento por este órgano jurisdiccional y que para este momento se tiene que tomar en cuenta para el delito que se le acusa, el cual es de impacto social para la sociedad, dígase así, además de que también se tiene que tomar en cuenta los derechos de la víctima, porque este órgano jurisdiccional tiene que proteger y velar por los derechos tanto del imputado como de la víctima por igual, por eso es debido proceso, igualdad de las partes, igualdad procesal que están en el artículo 10, 11 y 12 del Código Nacional Procesal Penal, principios complementarios a los rectores del artículo 20 de la Constitución Federal. Y en ese tenor, pues los Juzgadores tenemos la obligación de velar por esos derechos, como ya he reiterado y que al día de hoy la víctima está siendo lastimada debido a que hubo una sustracción en su persona, murió, es decir falleció, hubo un deceso, y a partir de esa sustracción, que lo hacen elementos del Estado, lo que lo vuelve algo grave, motivo por el cual la víctima merece protección y más aún la persona quien la representa y le sobrevive (.)". Posteriormente, la Juez responsable agregó (a partir del minuto 18:50 del mismo archivo): La legislación reconoce tanto a la víctima directa, como a la víctima indirecta, esta última es la persona que sufre un perjuicio como consecuencia de la desaparición, como en el caso son los progenitores de la víctima directa. Si bien existe un estudio de evaluación de riesgo, solo es orientador, no obligatorio, y la defensa no fue clara en su contenido. En cuanto al hallazgo del cuerpo de la víctima, se debe tomar en cuenta que subsiste la materia para analizar y reparar los derechos humanos transgredidos, por el carácter pluri ofensivo que tiene ese acto, entre otros, la dignidad humana, integridad personal, psíquica y moral de la víctima, ya sea directa o indirecta (en el caso son indirectas), el acceso a la jurisdicción para conocer la verdad sobre las circunstancias, el reconocimiento de la personalidad jurídica. En términos del artículo 1 Constitucional se establece la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, para estimar que mientras haya consecuencias por la inobservancia de esas prerrogativas, hay materia que analizar en el controvertido constitucional con el fin de velar por una reparación integral. Por ello no encuentra sustento lo argumentado por la defensa en cuanto a que fue encontrado el cuerpo de la víctima, pues la víctima indirecta tiene derecho a conocer sobre las circunstancias de esa desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación; motivo por el cual se sigue el proceso hasta ese momento. Respecto al principio de irretroactividad que se citó, no se ha violado al imputado derecho fundamental alguno y se insiste en que se deben proteger los derechos de la víctima en cuanto a conocer lo que sucedió. La manifestación de la defensa en el sentido que la investigación complementaria se encuentra cerrada y no hay peligro para la víctima se desestima, pues se tiene que tomar en cuenta que la víctima se le sigue lastimando porque hubo una sustracción por elementos del Estado, con motivo de ello murió, y ello reviste un carácter de peligro, por lo que quien le sobrevive merece la protección por parte del Estado. Además, la defensa no motivó por qué al estar la investigación complementaria cerrada no le merece peligro a la víctima indirecta. Por otra parte, la defensa mencionó precedentes de jueces, pero no fue clara ni precisa, porque no especificó cuales o a qué documento refiere. Luego, con libertad de jurisdicción la Juez de control determinó (a partir del minuto 31:54 segundo archivo) que en términos del artículo 20, apartado b), fracción IX, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 153, 154, 155, fracción XIV, 156, 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se estimó que hasta ese momento no habían variado significativamente las condiciones del imputado En consecuencia, se consideró idóneo variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva necesaria y/o justificada, ya que si bien no se contaban con los requisitos para ser una prisión preventiva oficiosa, al no ser un delito en aquél momento en que se cometió, comprendido dentro del catálogo del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal; empero, atendiendo a las circunstancias que revisten al caso, resulta aplicable la prisión preventiva necesaria y/o justificada, por el tiempo que durara el proceso, por el hecho delictivo de desaparición forzada, en agravio de quien en vida llevara el nombre de **********. Lo anterior evidencia que la Juez responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues dejó insubsistente la resolución reclamada; asimismo, con libertad de jurisdicción, oralmente, en audiencia pública y con presencia de las partes, emitió una nueva resolución de manera fundada y motivada; en la que subsanó las irregularidades precisadas en la sentencia de amparo. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, los tres discos compactos con números de folio **********, ********** y ********** que obran glosados en autos en tres sobres cerrados (fojas 30), el cual se ordena desglosar previa certificación que se realice para tal efecto; en virtud que ya no resultan necesarios por haberse dictado la sentencia correspondiente en este juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. 1) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, requiérase a las partes para que -de no haberlo hecho aún- se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. 2) Se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior, de conformidad el artículo 22, fracción I, y 28, ambos del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. Notifíquese.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal del juicio de amparo ********** del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que en encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del aludido Acuerdo General, debido a que se concedió la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones en las que se haya otorgado la suspensión o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además, deberá formularse el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTRUCCION DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que el duplicado del incidente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Debido a que la parte quejosa XXXXXXX no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el seis de mayo de dos mil veinte, se concedió el amparo solicitado a *********, para el efecto que el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal **********, en la que se declaró improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a ********** en ese proceso; únicamente por cuanto hace a dicho quejoso. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución de manera fundada y motivada, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, en la que subsanara las irregularidades precisadas en la sentencia de amparo. Lo anterior, en el entendido que el debate respectivo debía quedar intocado. II) Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió un disco compacto con número de folio **********, el cual contiene la audiencia de once de septiembre del año en curso, emitida en el proceso penal **********. IV) Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; sin que hubieran realizado manifestación alguna. V) Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se ordenó turnar los autos a la sección de proyectos para el análisis respectivo. Previo análisis del disco compacto remitido por la responsable se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, ya que del referido disco se advierte que la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, realizó lo siguiente: - En audiencia de once de septiembre de dos mil veinte, celebrada dentro del proceso penal ********** ordenó dejar insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, dictada en dicho proceso penal, en la que se declaró improcedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a ********** en ese proceso; únicamente por cuanto hace a dicho quejoso. Asimismo, (a partir del segundo 00:30 segundo archivo del disco compacto) la Juez responsable procedió a reanudar la audiencia, una vez que constató los registros de audio y video de la revisión de medida cautelar llevada a cabo en audiencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, a efecto de extraer las manifestaciones realizadas por las partes, precisando que quedaba intocado el debate realizado por éstas, por lo que con libertad de jurisdicción procedió a dar contestación a los argumentos realizados por el defensor del imputado, al respecto, señaló en entre otras cosas, lo siguiente a partir del minuto 07:36 segundo archivo): ".lo manifestado por la defensa de que en abril dos mil diecinueve se reformó artículo 19 Constitucional al delito de desaparición forzada dentro de las hipótesis de prisión preventiva oficiosa, por lo que en septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que se fijó la medida cautelar al quejoso, no se encontraba esa posibilidad, por lo que este órgano jurisdiccional hace referencia a lo manifestado por el jurista ********** en la siguiente forma: Que la Constitución es una forma abierta a través de la cual pasa la vida, pasa la vida, no pasa sin dejar un rastro en la Constitución. También es cierto, en efecto, la reforma a que alude la defensa, en virtud de que el constitucionalismo que tiene que ver con los más altos valores como son los derechos fundamentales de todas partes y sobre todo los sujetos procesales que se establecen en el artículo 105 del Código Nacional Procesal Penal y entre esos derechos fundamentales, pues se encuentra la paz, la justicia y las estructuras del Estado de derecho, el interés general, la seguridad, la cooperación, requiere para la salvaguarda de tales valores una Constitución viva, vigente, acorde a lo que se está viviendo en este momento a lo que es capaz de adecuarse y hacer frente a las amenazas y necesidades que se viven en el momento. En ese sentido, atendiendo a lo que dice también el jurista Henrich es alemán, donde nos habla sobre la reforma constitucional se produce necesariamente siempre que se dé una contradicción o insuficiencia entre la Constitución y la realidad constitucional. En el caso que nos ocupa, en atención a la reforma del artículo 19 constitucional, a la que se alude la defensa para introducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el abuso o violencia sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades y sobre todo, para este caso, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y otros diversos delitos más que se encuentran detallados en ese artículo, en el segundo párrafo. La integración del texto constitucional a cada uno de esto delitos señalados encuentra su justificación sobre todo en el daño, la garantía de la libertad personal que, en efecto, es algo esencial para todo Estado de derecho y que existan opiniones expertas en el ámbito nacional como internacional y que apuntan hacia la conveniencia de reducir el uso de prisión preventiva, en tanto que constituye una medida restrictiva de la libertad personal grave que causa a la sociedad, incremento significativo que ha tenido su comisión en los últimos y recientes tiempos por el alto índice de impunidad que existe al respecto y aunado a lo que vengo mencionando por la jurisprudencia nacional e internacional que ha desarrollado respecto a las restricciones de los derechos fundamentales. Es necesario recordar que si bien la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción a la libertad personal, esa libertad, al igual que cualquier otro derecho humano, no es absoluto, tal y como lo corrobora el contenido del artículo 32.2 de la Convención Americana de Derecho Humanos, al referir que y cito "los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática"; lo deseable pues será que no hubiera necesidad de hacer uso de la prisión preventiva, sin embargo, pues no podemos perder de vista que las restricciones de los derechos humanos aun estando expresamente establecidas en la Constitución no son absolutas; es decir, no constituyen figuras meta constitucionales, pero están rodeadas de garantías y derechos que deben observarse para su aplicación y que su aplicación resulte válida. Atendiendo a esto y a todo lo anterior y a las manifestaciones de la defensa en aquel momento, no puede considerarse como una medida injustificada y desproporcional, pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las restricciones a los derechos humanos previstas expresamente en la Constitución, se deben considerar en conjunto con las demás normas previstas por la propia norma fundamental, entre las que se encuentran los tratados internacionales, lo que implica un análisis de su razonabilidad y no por el contrario su aplicación de manera ya absoluta. En ese tenor no es aceptable concluir que la prisión preventiva puede extenderse como una habilitación constitucional para que las autoridades del Estado Mexicano actúen al margen de los derechos humanos, sino que debe entenderse como una medida cautelar excepcional, otorgada como un instrumento al servicio de la procuración y sobre todo la administración de justicia, que es donde nos encontramos. Y que se ha de insertar de forma coherente como lo advertirán en esta resolución y que por cuanto hace a la validez de su aplicación la necesidad y que se justifica el uso de esa medida que si bien es cierto no estaba contemplada por la ley en la fecha en que fue impuesta al aquí imputado, lo cierto es que por el delito que se trata, fue necesario la imposición de la misma al ser un delito de alto impacto en nuestra sociedad y sobre todo para la protección de la víctima o quien represente a la misma, como se verá más adelante. Por otra parte y dando contestación a otra de las manifestaciones de la defensa que fue que dijo la defensa que en febrero de dos mil diecinueve se reclasificó el delito de desaparición forzada, por aquel previsto en el artículo 318 Quinquies b), del Código Penal de Veracruz, en mayo del dos mil diecinueve se resolvió sobre una solicitud de revisión de medida cautelar, en donde se expresó que se debía considerar que en la comisión del hecho se emplearon armas, por lo que no podía prosperar la solicitud, pero que de acuerdo al hecho por el cual fue vinculado el quejoso, se indicó que una testigo refirió haber presenciado una conversación entre escoltas, la cual señaló que en ese momento no hubiera armas y tampoco la Fiscalía refirió el empleo de armas en ese momento. Por lo que tomando en cuenta esa manifestación de la defensa y esa reforma constitucional es que antes de esa fecha no tiene por qué imponerse la prisión preventiva oficiosa y de acuerdo al hecho por el cual fue vinculado su representado no existe empleo de medios violentos, entonces no hay materia para continuar con una prisión preventiva oficiosa como lo explicó o lo manifestó la defensa en aquél momento, máxime que el propio Estatuto de Roma en los artículos 66 y 64, prevé la posibilidad que las personas gocen de su libertad en el proceso. Al respecto, este órgano jurisdiccional se pronuncia en el sentido que por cuanto hace a la reclasificación del delito en comento efectivamente existe una reclasificación del delito referente a la desaparición forzada en la legislación en materia penal para el Estado de Veracruz, más no en el proceso que nos ocupa, aunado a que la penalidad es una consecuencia de la hipótesis delictiva que enunciara la Fiscalía pues en aquel momento y desde audiencia inicial; por ello no justifica un cambio de la conducta desplazada por su defendido si fuera no el empleo de uso de medios violentos como lo cito, por lo que la conducta por sí existe. Ahora bien, en referencia al artículo 66 y 64 del Estatuto de Roma, al que refiere la defensa que prevé la posibilidad que las personas gocen de su libertad en el proceso, además de la reforma constitucional del dos mil ocho, existe el principio de presunción de inocencia y hasta el momento éste no se ha violentado, porque no se ha emitido una sentencia de condena. En consecuencia, primero se debe hacer mención que el Estatuto de Roma no pretende determinar directamente los elementos constitutivos de responsabilidad penal individual, para el delito de desaparición forzada de personas, si no fijar los elementos mismos que los Estados partes, deben observar al adecuar a su derecho penal interno. Y de lo anterior y en el entendimiento que la desaparición forzada como una violación múltiple de derechos humanos y ser un delito grave de naturaleza permanente, se sigue que en virtud de la diversidad de conductas típicas con las que se actualiza la responsabilidad penal durante todo el periodo de tiempo en que se comete ese ilícito, no es necesario para ese fin que el sujeto activo participe o intervenga en la detención de la víctima, y necesariamente cometa después alguna de la conductas descritas cuya consecuencias es de mantenerla en una situación que le es imposible ser protegida por la ley. Es por ello que a consideración de este tribunal no le asiste la razón a la defensa al invocar el instrumento internacional descrito con antelación, porque si bien hace mención a la presunción de inocencia, derecho que le asiste a su defendido desde el inicio en que fue sometido a este mecanismo jurisdiccional, tan no se está violentando ese principio que al día de hoy usted está en calidad de imputado en términos del artículo 105 del Código Nacional Procesal Penal, se le está tratando como imputado, no como sentenciado condenado, porque al ser sentenciado condenado quiere decir que sería culpable, por lo tanto es su abogado al ser técnico en derecho y el resto de los sujetos procesales técnicos en derecho, saben de lo que hablo, usted ha sido tratado como imputado no como sentenciado condenado; por lo tanto, no se le ha violentado ese principio de presunción de inocencia, por lo que sigue en esa calidad, reitero, de imputado, en un proceso de defensa, por eso estamos aquí, ya que la presunción de inocencia termina cuando un Juez de juicio le diga que usted es culpable a través de una sentencia de condena (.), ya que la defensa, como órgano técnico, debe saber la diferencia de donde empieza y donde termina el principio de presunción de inocencia, hasta donde tiene usted calidad de imputado, luego tiene calidad de acusado y luego tiene calidad de sentenciado condenado, porque hay dos tipos de sentencia, absolutoria y condena, no está siendo sentenciado condenado, es decir, no es culpable, todavía persiste el principio de presunción de inocencia, el cual no le ha sido violado hasta este momento por este órgano jurisdiccional y que para este momento se tiene que tomar en cuenta para el delito que se le acusa, el cual es de impacto social para la sociedad, dígase así, además de que también se tiene que tomar en cuenta los derechos de la víctima, porque este órgano jurisdiccional tiene que proteger y velar por los derechos tanto del imputado como de la víctima por igual, por eso es debido proceso, igualdad de las partes, igualdad procesal que están en el artículo 10, 11 y 12 del Código Nacional Procesal Penal, principios complementarios a los rectores del artículo 20 de la Constitución Federal. Y en ese tenor, pues los Juzgadores tenemos la obligación de velar por esos derechos, como ya he reiterado y que al día de hoy la víctima está siendo lastimada debido a que hubo una sustracción en su persona, murió, es decir falleció, hubo un deceso, y a partir de esa sustracción, que lo hacen elementos del Estado, lo que lo vuelve algo grave, motivo por el cual la víctima merece protección y más aún la persona quien la representa y le sobrevive (.)". Posteriormente, la Juez responsable agregó (a partir del minuto 18:50 del mismo archivo): La legislación reconoce tanto a la víctima directa, como a la víctima indirecta, esta última es la persona que sufre un perjuicio como consecuencia de la desaparición, como en el caso son los progenitores de la víctima directa. Si bien existe un estudio de evaluación de riesgo, solo es orientador, no obligatorio, y la defensa no fue clara en su contenido. En cuanto al hallazgo del cuerpo de la víctima, se debe tomar en cuenta que subsiste la materia para analizar y reparar los derechos humanos transgredidos, por el carácter pluri ofensivo que tiene ese acto, entre otros, la dignidad humana, integridad personal, psíquica y moral de la víctima, ya sea directa o indirecta (en el caso son indirectas), el acceso a la jurisdicción para conocer la verdad sobre las circunstancias, el reconocimiento de la personalidad jurídica. En términos del artículo 1 Constitucional se establece la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos, para estimar que mientras haya consecuencias por la inobservancia de esas prerrogativas, hay materia que analizar en el controvertido constitucional con el fin de velar por una reparación integral. Por ello no encuentra sustento lo argumentado por la defensa en cuanto a que fue encontrado el cuerpo de la víctima, pues la víctima indirecta tiene derecho a conocer sobre las circunstancias de esa desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación; motivo por el cual se sigue el proceso hasta ese momento. Respecto al principio de irretroactividad que se citó, no se ha violado al imputado derecho fundamental alguno y se insiste en que se deben proteger los derechos de la víctima en cuanto a conocer lo que sucedió. La manifestación de la defensa en el sentido que la investigación complementaria se encuentra cerrada y no hay peligro para la víctima se desestima, pues se tiene que tomar en cuenta que la víctima se le sigue lastimando porque hubo una sustracción por elementos del Estado, con motivo de ello murió, y ello reviste un carácter de peligro, por lo que quien le sobrevive merece la protección por parte del Estado. Además, la defensa no motivó por qué al estar la investigación complementaria cerrada no le merece peligro a la víctima indirecta. Por otra parte, la defensa mencionó precedentes de jueces, pero no fue clara ni precisa, porque no especificó cuales o a qué documento refiere. Luego, con libertad de jurisdicción la Juez de control determinó (a partir del minuto 31:54 segundo archivo) que en términos del artículo 20, apartado b), fracción IX, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 153, 154, 155, fracción XIV, 156, 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se estimó que hasta ese momento no habían variado significativamente las condiciones del imputado En consecuencia, se consideró idóneo variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva necesaria y/o justificada, ya que si bien no se contaban con los requisitos para ser una prisión preventiva oficiosa, al no ser un delito en aquél momento en que se cometió, comprendido dentro del catálogo del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal; empero, atendiendo a las circunstancias que revisten al caso, resulta aplicable la prisión preventiva necesaria y/o justificada, por el tiempo que durara el proceso, por el hecho delictivo de desaparición forzada, en agravio de quien en vida llevara el nombre de **********. Lo anterior evidencia que la Juez responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues dejó insubsistente la resolución reclamada; asimismo, con libertad de jurisdicción, oralmente, en audiencia pública y con presencia de las partes, emitió una nueva resolución de manera fundada y motivada; en la que subsanó las irregularidades precisadas en la sentencia de amparo. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en Pacho, Viejo, los tres discos compactos con números de folio **********, ********** y ********** que obran glosados en autos en tres sobres cerrados (fojas 30), el cual se ordena desglosar previa certificación que se realice para tal efecto; en virtud que ya no resultan necesarios por haberse dictado la sentencia correspondiente en este juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo, y carece de relevancia documental. DEPURACIÓN En mérito de lo anterior, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. 1) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, requiérase a las partes para que -de no haberlo hecho aún- se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. 2) Se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior, de conformidad el artículo 22, fracción I, y 28, ambos del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta y su anexo, enviados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrense en formato impreso. En atención a su contenido, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, remitiendo testimonio de la resolución dictada en el expediente 183/2020, de la que se advierte que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por XXXXXXXX, autorizado de la tercera interesada, contra la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, recaída al incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por su representada en este juicio. En consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones de rigor en libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Finalmente, del estado procesal de autos se advierte que el veintinueve de octubre del año en curso, se reservó proveer respecto del análisis del cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, túrnense los autos a la sección de proyectos, para el análisis respectivo.

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