Carlos Jhovanny Manzano Ortíz
Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Jhovanny Manzano Ortíz
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del expediente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Secretario Encargado del Despacho y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************, por derecho propio, contra actos del Juez Décimo quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el libro de gobierno, con el número de juicio ****************** que le corresponde. ACTOS RECLAMADOS Previo a proveer lo conducente, cabe precisar que del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? De la totalidad de las autoridades señaladas como responsables. 1) Las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión, así como su ejecución. ? De las autoridades señaladas como responsables en los numerales II a VIII. 2) La omisión de citarlo a comparecer para darle intervención en alguna carpeta de investigación que se sigue en su contra. 3) La omisión de resolver una carpeta de investigación que se instruya en su contra, mediante alguna de las formas de solución alterna al procedimiento que establece el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo 17, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEPARACIÓN DE JUICIOS En virtud de la pluralidad actos reclamados, se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de separación de juicios, al tenor de las consideraciones siguientes. HIPÓTESIS NORMATIVA Al respecto, el artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 13. (.) Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda (.)" Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado los criterios de localización y rubros siguientes: "Registro: 917,945 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 411 Página: 354 Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vi, septiembre de 1997, página 118, pleno, tesis p./j. 77/97; "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." "Registro: 917,944 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 410 Página: 353 SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." De los criterios invocados se advierte que si bien la separación de juicios no se encuentra regulada de manera específica en la Ley de Amparo, es incorporada a través de la jurisprudencia, deduciéndola a contrario sensu de lo que establece el artículo 13 de la Ley de Amparo. En efecto, la separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda, luego, al decretarse la separación el Juez proveerá la formación de los expedientes que en derecho resulten y dará el trámite correspondiente, ello en aras de una mejor administración de justicia. HECHOS En el caso, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: ? De la totalidad de las autoridades señaladas como responsables. 1) Las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión, así como su ejecución. ? De las autoridades señaladas como responsables en los numerales II a VIII. 2) La omisión de citarlo a comparecer para darle intervención en alguna carpeta de investigación que se sigue en su contra. 3) La omisión de resolver una carpeta de investigación que se instruya en su contra, mediante alguna de las formas de solución alterna al procedimiento que establece el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo 17, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CONCLUSIÓN Por lo tanto, este juzgador considera que los actos reclamados se encuentran desvinculados entre sí, por lo que en aras de una adecuada impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE ORDENA LA SEPARACIÓN DE JUICIOS, en el entendido que este expediente se seguirá únicamente respecto del quejoso, autoridades responsables y actos que a continuación se mencionan: QUEJOSO AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS ******************II) LIC. ******************, JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. III) LIC. ******************2) La omisión de citarlo a comparecer para darle intervención en alguna carpeta de investigación que se sigue en su contra. . ******************, FISCAL PRIMERA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE TRATA DE PERSONAS, CON SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. IV) LIC. ******************, FISCAL SEGUNDA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE TRATA DE PERSONAS, CON SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. V) LIC. ******************, FISCAL PRIMERA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VI) LIC. ******************, FISCAL SEGUNDA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VII) LIC. ******************, FISCAL CUARTA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VIII) LIC. ******************, FISCAL ENCARGADO DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. En congruencia con lo anterior, obténgase copia certificada de la demanda que dio origen al presente juicio y del auto de radicación y con ello fórmense diversos juicios de amparo por el quejoso, autoridades responsables y actos que se precisan a continuación: QUEJOSO AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO ORDENADORAS I) JUEZ DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. II) LIC. ****************** ******************, JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. III) LIC. ******************, FISCAL PRIMERA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE TRATA DE PERSONAS, CON SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. IV) LIC. ******************, FISCAL SEGUNDA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE TRATA DE PERSONAS, CON SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. V) LIC. ******************, FISCAL PRIMERA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VI) LIC. ******************, FISCAL SEGUNDA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VII) LIC. ****************** , FISCAL CUARTA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VIII) LIC. ******************, FISCAL ENCARGADO DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. EJECUTORA I) POLICIA MINISTERIAL DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. 1) Las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión, así como su ejecución. ****************** II) LIC. ****************** 3. La omisión de resolver una ******************, JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. III) LIC. ******************, FISCAL PRIMERA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE TRATA DE PERSONAS, CON SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. IV) LIC. ******************, FISCAL SEGUNDA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS Y DE TRATA DE PERSONAS, CON SEDE EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ. V) LIC. ******************, FISCAL PRIMERA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VI) LIC. ******************, FISCAL SEGUNDA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VII) LIC. ******************, FISCAL CUARTA DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. VIII) LIC. ******************, FISCAL ENCARGADO DE LA SUB UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DE MISANTLA, VERACRUZ. carpeta de investigación que se instruya en su contra, mediante alguna de las formas de solución alterna al procedimiento que establece el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo 17, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecho lo anterior, regístrense los nuevos juicios en la Oficina de Correspondencia Común para efectos de su turno al Juzgado que corresponda y la tramitación respectiva. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." Sin embargo, en el caso a estudio es evidente y manifiesta la causa de separación de juicios, por lo que en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman, que implican violación a derechos humanos, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DECRETA DE PLANO LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo promovido por ******************, se sigue únicamente respecto de los actos y autoridades responsables mencionados en el cuadro que antecede, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo derivado de los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados en lo que interesa, establecen: Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente, en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Ahora bien, el artículo 21 de la Constitución Federal, que hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, disponía en la parte inicial de su primer párrafo que: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato." En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar esa porción normativa en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, consideró lo siguiente: a. Que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. b. Que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin que éste tenga buenas posibilidades de éxito y tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". c. Que el Alto Tribunal de Justicia en el País, ya ha sostenido el criterio que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento, entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; d. Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, y e. Que siendo así, la omisión de esa autoridad de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma y, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. De esas consideraciones se advierte que el motivo fundamental por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente en contra de la omisión del fiscal de citar a un indiciado para que declare en la etapa de averiguación previa, consistió en que tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Esas mismas razones válidamente pueden trasladarse al caso en estudio, en el que se reclama la omisión de las autoridades responsables de darle intervención a la parte quejosa en una carpeta de investigación incoada en su contra, pues el precepto constitucional analizado por el Supremo Tribunal Constitucional -antes de las reformas en cita- no contemplaba la citación del indiciado y tampoco lo hace después de las mismas, ya que en la actualidad sus primeros dos párrafos -relativos también a las facultades de investigador que se le siguen confiriendo al Ministerio Público-, disponen expresamente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Además, no existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a notificar al indiciado la integración o existencia de alguna carpeta de investigación seguida en su contra, ni la obligación de hacerlo comparecer a la misma o informarle sobre su existencia, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, el dispositivo 218 Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del cual se observa que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta en tanto el imputado sea detenido, citado a comparecer, o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el precepto 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Máxime que el fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en la ley como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles para allegarse de datos para su esclarecimiento; empero, ello no implica necesariamente la citación del inculpado, pues inclusive el ordinal 129, último párrafo, del citado código adjetivo indica que el Ministerio Público podrá solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, esto es, no constituye una obligación. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que la revisión -a través del juicio de amparo indirecto- de los actos acaecidos durante la investigación de algún delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones que se otorgan al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Federal. Criterios que se sustentan en las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 179988 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P. LXIII/2004 Página: 1113 "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Época: Novena Época Registro: 180028 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Penal Tesis: 1a. CXXXV/2004 Página: 351 "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Por lo tanto, acorde con los artículos y tesis aquí invocados se colige que no procede el juicio de amparo indirecto respecto a los actos reclamados a que se hace referencia, ya que no irrogan perjuicio alguno a la persona contra quien se inicia una carpeta de investigación, pues ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una indagatoria, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior es así, porque de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, en casos como el presente, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. HECHOS En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables destacadas en los números II a VIII lo siguiente: - La omisión de citarlo a comparecer para darle intervención en alguna carpeta de investigación que se sigue en su contra. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que las omisiones reclamadas, no causa a la parte promovente, un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta. En efecto, la revisión de los actos surgidos durante la investigación en su etapa inicial a través del juicio de amparo indirecto es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función investigadora del Ministerio Público, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al órgano investigador de acreditar determinados eventos, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad que el indiciado participó en su comisión, por lo que lejos de estimarse un despropósito, se trata del cumplimiento al mandato constitucional dispuesto en el artículo 21 de la Norma Fundamental. Bajo esa óptica, la omisión de las autoridades responsables de citar al quejoso para que comparezca en una carpeta de investigación, son actos que no le irrogan perjuicio alguno, estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 175142 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 154/2005 Página: 49 "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Sin que se inadvierta que el artículo 107 de la Ley de Amparo en su fracción VII, establezca que el amparo biinstancial procede en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, sin embargo, esa procedencia está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a fin que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: Que el promovente sea el directamente agraviado con el acto de autoridad; y, Que sea titular del derecho fundamental que alega como afectado. De lo que se sigue que, como ya se dijo, no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una averiguación previa en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación. En ese sentido, debe decirse que en caso de existir alguna carpeta de investigación iniciada en contra del quejoso, su integración por sí misma no le irroga una afectación real y actual en su esfera jurídica, hecha excepción en los casos en que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Página: 1947 "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del acto reclamado en comento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Atento a la solicitud de la parte quejosa respecto a su domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo, se facultan como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y con las restricciones a que hace referencia el numeral invocado a ******************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a su autorizado, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. REQUERIMIENTOS A LAS PARTES Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, antes citado, requiérase a las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo anterior, de conformidad el artículo 22, fracción I, y 28, ambos del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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