Carlos Leopoldo Sales Sarrapy

Expediente 1184/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1184/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
19/12/2023

Partes del expediente

  • Carlos Leopoldo Sales Sarrapy
  • Laura Elena Ortiz Chapa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1184/2023, promovido por *** en representación de su hija de iniciales *** contra actos de la Quinta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Jefatura de Unidad Departamental de Representación y Apoyo, de la Dirección para la Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la omisión de la Quinta Sala en Materia Familiar de la Ciudad de México de resolver el toca ***; y de la Jefatura de Unidad Departamental de Representación y Apoyo, de la Dirección para la Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la omisión de acatar en tiempo y forma los requerimientos de la Ad quem para desahogar las pruebas periciales ordenadas.SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, la Sala responsable rindió su informe previo; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Sala responsable sostiene que está realizando las diligencias para cumplir, empero, dado que el acto redunda en la omisión de resolver el toca de origen; y que no demostró haber dictado la sentencia relativa, entonces, con fundamento en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto, pues no se acreditó que la omisión ha dejado de existir. Es aplicable, por analogía, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009181, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 delCódigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." Por su parte la Jefatura de Unidad Departamental de Representación y Apoyo, de la Dirección para la Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de habérsele notificado el auto en el que se le requirió; por lo que, con fundamento en el ordinal 142 de la Ley de la materia se tiene por cierto el acto que se le atribuye, únicamente para efectos de la medida cautelar. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. El acto reclamado consiste en la omisión de desahogar las pruebas periciales ordenadas para sentenciar el recurso de apelación, interpuesto contra la interlocutoria veinticinco de abril de dos mil dieciocho, emitida en el expediente ***, por el Juez Décimo Primero Familiar de la Ciudad de México. Ahora, a fin de ubicar el contexto de la omisión reclamada, cabe precisar los siguientes antecedentes: En este juzgado se radicó el juicio de amparo ***/** promovido por ***, contra actos de la Quinta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se reclamó lo siguiente¨: "La sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca ***/*** del índice de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, por medio de la cual modificó la interlocutoria de veinticinco de abril pasado, emitida en el incidente de modificación al convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio deducido del juicio **/**. De acuerdo a la modificación sentenciada se declaró procedente el cambio de guarda y custodia de los menores a favor de su padre; se dejó sin efectos su obligación alimentaria respecto de los niños; y se declaró vigente el pago de pensión a favor de ****. También se decretó un régimen de visitas y convivencias entre los menores y su madre, en los términos del convenio avenido entre las partes. Asimismo, declaró improcedentes las prestaciones referentes a la modificación del domicilio de los divorciantes, por considerar que no había supuesto para que *** desocupe y entregue el inmueble ubicado en ****" El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, este juzgado dictó la resolución, donde concedió el amparo y protección de la justicia federal. Mediante resolución el veintiséis de octubre de dos mil veinte dictada en el toca ***/***,el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México revocó la sentencia y en su lugar, concedió el amparo protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "Que la sala responsable deje sin efectos el acto reclamado. Reponga el procedimiento para que conforme a sus facultades en esa instancia, ordene el desahogo de las pruebas periciales en materia de toxicología que se realice a Laura Elena Ortiz Chapa; la de psiquiatría que se practique a Laura Elena Ortiz Chapa y Carlos Leopoldo Sales Sarrapy, y la experticia en psicología ofrecida por la actora y la ordenada oficiosamente a realizarse a los progenitores y las menores Constanza Elena y Julieta Valeria, ambas de apellidos Sales Ortiz en términos de los artículos 347 a 353 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, conforme con los cuales, cada parte puede designar y pagar a su propio perito, y en caso de que los dictámenes emitidos resulten contradictorios, podrá nombrarse un tercer perito en discordia, el cual será designado por el juez y pagado por ambas partes. Con libertad de jurisdicción, dicte las medidas pertinentes para su desahogo en los términos precisados." Los precedentes narrados constituyen un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º.1 Ahora, de lo informado por la Ad Quem, se aprecia que al veintidós de noviembre del año en curso sigue requiriendo desahogar las prácticas periciales ordenadas por el Tribunal Colegiado en el precedente citado, a la Jefa de Unidad Departamental de Representación y Apoyo de la subdirección de Asuntos de Prevención y Defensa de la Dirección para la Defensa de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Además, de la información allegada, tampoco se observan gestiones contundentes ordenadas por la sala familiar, ni adoptadas de forma oficiosa por la autoridad administrativa, para desahogar los estudios ordenados. Lo cual redunda por un lado en mantener en estado de irresolución un proceso que involucra derechos inherentes a la familia, como la custodia, alimentos, revinculación, uso y disfrute de bienes para la parte quejosa y sujetos involucrados en la controversia. Es así, porque el desahogo de las pruebas periciales condiciona la resolución del recurso de apelación del cual a su vez depende la definición de tales prerrogativas, como se corrobora de los efectos de la resolución judicial que ordenó reponer el procedimiento para esos efectos. Bajo esa perspectiva, si bien el acto reclamado es de carácter omisivo, es claro que "ese estado de omisión" implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que los sujetos inmersos definan el ejercicio de sus derechos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no resolver- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad inherente a los vínculos filiales; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta, como el no decretar los términos bajo los cuales deban protegerse los derechos involucrados. Por ello, las consecuencias de la omisión reclamada, sí pueden ser objeto de la medida cautelar de amparo, para lograr una preservación efectiva del derecho humano, negación al acceso a la justicia. Al respecto se cita, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 17, con registro 917551 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, tomo VI, en materia común, jurisprudencia SCJN, página 16, cuyo rubro y texto es: "ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN.- Si los actos contra los que se pide amparo, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión, dentro de los términos previstos por la Ley de Amparo." En esta tesitura, el suscrito considera que se satisfacen los requisitos a que se contrae el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: ? Existe petición de parte agraviada; y, ? No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del precepto 107, fracción X, de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que la Ad quem realice las gestiones necesarias y efectivas, para desahogar las pruebas periciales ordenadas en el toca ***/*** y con ello recabe los elementos indispensables para dictar la resolución respectiva. Lo cual implica hacer uso de forma oficiosa de las medidas de apremio y herramientas, que permitan obtener las pruebas ordenadas. Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. Máxime, que de los artículos 17 de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el citado derecho fundamental que, entre las diversas subgarantías judiciales que contiene, comprende el derecho fundamental a un "plazo razonable" como parte del debido proceso. Cuya interpretación ha procurado agilizar el trámite y resolución de los procesos jurisdiccionales, pues de conformidad con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago, la "demora prolongada o la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de garantías judiciales." Por lo que si desde el veintiséis de octubre de dos mil veinte, que se ordenó recabar las pruebas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y hasta la fecha no se han podido llevar acabo todas las experticias que permitan resolver el caso, implica una dilación procesal excesiva, que deja en indefensión a las partes. Tiene sustento en sus consideraciones el criterio I.12o.C.38 C (10a.), registro digital 2017562, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo III, página 2998, décima época, cuyo rubro y texto son: "PENSIÓN ALIMENTICIA DE UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE.- Si el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar sobre la pensión alimenticia a favor de un menor, quien según manifiesta el quejoso, bajo protesta de decir verdad, actualmente se encuentra bajo su cuidado, es claro que esa omisión implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que el menor obtenga un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no proveer sobre una pensión alimenticia- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario que se presume es inherente a su estado de dependencia por su minoría de edad; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta y que no deba ser excesiva, como el no decretar la pensión en un porcentaje determinado. Por eso, y atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, para establecer que el menor se halle bajo el cuidado del quejoso y mientras se decide sobre la suspensión definitiva y, en su caso, el juicio de amparo, así como la guarda y custodia en el juicio correspondiente, es preciso dictar la medida pertinente que asegure ese derecho a recibir alimentos, y ordenar a la autoridad responsable que de inmediato fije la pensión y ordene su cobro para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio del menor. Lo anterior, en virtud de que se trata del pago de alimentos conforme al interés superior del menor establecido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño." QUINTO. DE LA GARANTÍA. Las medidas otorgadas surten efectos sin necesidad de otorgar garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y se considera que no hay una afectación a los derechos de la tercera interesada que pudieran generar daños o perjuicios susceptibles de ser garantizados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *** en representación de su hija de iniciales ****, contra actos de la Quinta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y la Jefatura de Unidad Departamental de Representación y Apoyo, de la Dirección para la Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. Notifíquese.

  2. Incidental

    Por recibido el oficio de la sala responsable, mediante el cual de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, rinde su INFORME PREVIO en los términos que indica e informa que acatará la suspensión decretada. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en razón de que el veintidós de noviembre del año en curso, se proveyó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." No obstante a lo anterior, del estado procesal de autos, se aprecia que la suspensión provisional se concedió para lo siguiente: "Por lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que la Sala responsable realice las gestiones necesarias y efectivas, para desahogar las pruebas periciales ordenadas en el toca ... y con ello recabe los elementos indispensables para dictar la resolución respectiva. Lo cual implica hacer uso de forma oficiosa de las medidas de apremio y herramientas, que permitan obtener las pruebas ordenadas." El anterior efecto implica, que la Sala responsable debe informar de manera continua las gestiones que ha realizado para cumplimentar la medida cautelar, por lo que se le requiere a la Ad quem, para que de manera semana, comunique a este Juzgador las determinaciones que emita a fin de acatar la suspensión provisional. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Con excepción de la sala responsable esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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