CARLOS LEOPOLDO ELENA SARRAPY y Otros.
Expediente 1293/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 05/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Leopoldo Elena Sarrapy
- CARLOS LEOPOLDO ELENA SARRAPY y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para enterar personalmente a la tercera interesada el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés; en consecuencia notifíquese por medio de lista dicho auto, éste y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, SEÑALA: "VISTOS para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo 1293/2018, promovido por el quejoso ..., por propio derecho y en representación de su hija ....; y, RESULTANDO: PRIMERO. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos atribuidos a la Quinta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El acto reclamado fue la sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca ... del índice de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, donde modificó la interlocutoria de veinticinco de abril anterior, emitida en el incidente de modificación al convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio deducido del juicio ... del índice del Juez responsable. SEGUNDO. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que se concedió el amparo. Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de revisión en su contra; y mediante ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, modificó los efectos de la protección constitucional. TERCERO. En cumplimiento, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Sala responsable dejó insubsistente el acto reclamado; y ordenó reponer el procedimiento para desahogar las pruebas periciales en materia de toxicología a realizarse a ..., de psiquiatría a los colitigantes, y la de psicología ofrecida por la tercera interesada en éstos y las menores de edad involucradas. Con esta decisión, se declaró el cumplimiento a la sentencia el quince de abril de dos mil veintiuno; auto que causó firmeza el veintiocho de mayo de esa anualidad. CUARTO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintitrés, el quejoso refirió que la autoridad responsable se ha abstenido de dictar las medidas para el desahogo de pruebas periciales en el procedimiento de origen, lo que impide resolver el asunto primigenio. Ello motiva la presente denuncia de repetición. SEXTO. La autoridad rindió su informe y conforme a ello, el suscrito ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que se hace en este acto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Materia de la denuncia de repetición. De la lectura integral del escrito con folio 18985, se advierte que la parte quejosa plantea su denuncia de repetición con motivo de la omisión de la Sala responsable de obtener el resultado de la prueba pericial ordenada en el procedimiento de origen. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe, la autoridad responsable negó la existencia de un acto repetitivo de aquel que ameritó el otorgamiento del amparo en el presente juicio. CUARTO. Decisión. La presente denuncia es infundada, por lo que se verá a continuación. El artículo 199 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Del anterior artículo se colige que la figura procesal de la denuncia de repetición del acto reclamado está dirigida a regular los casos en que las autoridades vuelven a emitir una actuación como aquella que dio lugar a la protección constitucional. Para esta resolución cobra importancia desarrollar el alcance de dos nociones vinculadas con la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, a saber, lo que entraña el verbo repetir; y lo que es para efectos del juicio constitucional, el acto reclamado. - El diccionario de la Lengua Española concibe al verbo repetir como volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho. Ello que implica reiterar o insistir en una conducta. - El acto reclamado, por su parte constituye la materia del juicio de amparo; y como requisito de la demanda, se advierte del artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en que se impone como requisito del ocurso inicial la expresión de la norma general, acto u omisión emitida por la autoridad y que constituirá el objeto de análisis de constitucionalidad, sobre el que recaerán los alcances a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Es decir, el acto reclamado constituye actuación pasiva o activa que se proyecta al juicio constitucional como la conducta jurídica representativa de aquello que se atribuye a la autoridad y que afecta al gobernado, legitimándolo para obtener de los Tribunales de la Federación el análisis sobre violación a derechos fundamentales conforme al objeto del juicio, a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Procesalmente, el acto reclamado constituye un componente de la litis del juicio constitucional, como un requisito de la demanda; así como lo son el informe justificado y las pruebas; pues es conforme a estos elementos que el juzgador emite su decisión. Al respecto se cita en su parte conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 27/94 de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, en Materia(s): Común, Página: 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En este contexto, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, exige que existan dos determinaciones por parte de la autoridad: la primera, que ya fue juzgada; y una segunda en donde se repita aquello que fue materia de la protección constitucional; para que una vez hecha la comparación entre ambos elementos, el juzgador pueda determinar si la conducta de autoridad es reiterativa de lo que ya fue calificado de contrario a la Constitución Federal; y son esos los actos que deberán analizarse para determinar lo conducente, no todas las actuaciones del proceso de origen, como lo sugirió la parte quejosa en el ofrecimiento de pruebas. Orienta lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 23/93 de la Octava Época, sustentada por la Otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 72, Diciembre de 1993, en Materia(s): Común, Página: 33, que dispone: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." También se cita la jurisprudencia 2a./J. 68/98 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, en Materia(s): Común, Página: 412, que dispone: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." Ahora bien, el acto reclamado fue la sentencia de segunda instancia que había modificado la interlocutoria dictada en el incidente de modificación al convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio de origen. Por su parte, en la sentencia protectora, el Tribunal de Alzada se determinó como efectos de la protección constitucional los siguientes: Que la sala responsable dejara sin efectos el acto reclamado. Repusiera el procedimiento para que conforme a sus facultades en esa instancia, ordenara el desahogo de las pruebas periciales en materia de toxicología que se realice a ...; la de psiquiatría que se practique a ... y ..., y la experticia en psicología ofrecida por la actora y ordenada oficiosamente, en términos de los artículos 347 a 353 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, conforme con los cuales, cada parte puede designar y pagar a su propio perito, y en caso de que los dictámenes emitidos resulten contradictorios, podrá nombrarse un tercer perito en discordia, el cual será designado por el juez y pagado por ambas partes Con libertad de jurisdicción, dictara las medidas pertinentes para su desahogo en los términos precisados. En el caso, la parte quejosa aduce que la Sala responsable ha omitido acatar los lineamientos de sentencia concesoria, pues aún no obtiene el resultado de las pruebas periciales ordenadas. Sin embargo, lo referido por la parte quejosa no puede considerarse como reiterativo del acto sobre el cual se concedió el amparo, pues refiere que la autoridad responsable se ha abstenido de dictar las medidas para el desahogo de pruebas periciales en el procedimiento de origen; aspecto que no motivó la resolución protectora. Se afirma lo anterior, pues del contenido de la ejecutoria emitida por la superioridad, que modificó los efectos para los cuales se había concedido el amparo, tuvieron su motivación en que la autoridad primigenia había ordenado el desahogo de las pruebas periciales con un perito único, en términos del artículo 346, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; aspecto que consideró contrario a las formalidades esenciales del procedimiento, y concluyó en que dichas probanzas debían desahogarse en términos de los artículos 347 al 353 de la legislación procesal en mención, concediendo libertad de jurisdicción a la Sala responsable para dictar las medidas pertinentes para su materialización. Conforme a ello, queda evidenciado que el planteamiento del quejoso es infundado, pues en principio, del ejercicio comparativo a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 68/98 invocada, se advierte que por una parte el reclamo del que se concedió el amparo, fue un acto positivo; y lo ahora denunciado constituye una omisión; figuras jurídicas que son distintas en sí. Además, la abstención de la autoridad responsable de dictar las medidas para el desahogo de pruebas periciales en el procedimiento de origen, no constituye una reiteración de la orden de desahogar las pruebas con un perito único, que fue el aspecto central en la concesión del amparo. Por lo tanto, la presente denuncia es infundada, pues la conducta omisiva que el peticionario refiere como repetitiva es distinta a lo que constituyó el reclamo en este proceso constitucional; e incluso sobre el tema de dictar las medidas que la autoridad responsable considerara necesarias para lograr el desahogo de las pruebas periciales, se concedió libertad de jurisdicción. De modo que lo señalado por el quejoso no puede considerarse como repetitivo, sino de un reclamo diverso y como tal, susceptible de impugnarse a través de los medios previstos en la ley, previo al juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita en su parte conducente, la tesis 1a. XCV/2006, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO DE EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efecto y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 199 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, planteada por el quejoso ..., por propio derecho y en representación de su hija ...., por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
VISTOS para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado dentro del juicio de amparo 1293/2018, promovido por el quejoso ..., por propio derecho y en representación de su hija ....; y, RESULTANDO: PRIMERO. El quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos atribuidos a la Quinta Sala y Juez Décimo Primero, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El acto reclamado fue la sentencia de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca ... del índice de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, donde modificó la interlocutoria de veinticinco de abril anterior, emitida en el incidente de modificación al convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio deducido del juicio ... del índice del Juez responsable. SEGUNDO. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que se concedió el amparo. Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de revisión en su contra; y mediante ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, modificó los efectos de la protección constitucional. TERCERO. En cumplimiento, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Sala responsable dejó insubsistente el acto reclamado; y ordenó reponer el procedimiento para desahogar las pruebas periciales en materia de toxicología a realizarse a ..., de psiquiatría a los colitigantes, y la de psicología ofrecida por la tercera interesada en éstos y las menores de edad involucradas. Con esta decisión, se declaró el cumplimiento a la sentencia el quince de abril de dos mil veintiuno; auto que causó firmeza el veintiocho de mayo de esa anualidad. CUARTO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintitrés, el quejoso refirió que la autoridad responsable se ha abstenido de dictar las medidas para el desahogo de pruebas periciales en el procedimiento de origen, lo que impide resolver el asunto primigenio. Ello motiva la presente denuncia de repetición. SEXTO. La autoridad rindió su informe y conforme a ello, el suscrito ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente; lo que se hace en este acto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Materia de la denuncia de repetición. De la lectura integral del escrito con folio 18985, se advierte que la parte quejosa plantea su denuncia de repetición con motivo de la omisión de la Sala responsable de obtener el resultado de la prueba pericial ordenada en el procedimiento de origen. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe, la autoridad responsable negó la existencia de un acto repetitivo de aquel que ameritó el otorgamiento del amparo en el presente juicio. CUARTO. Decisión. La presente denuncia es infundada, por lo que se verá a continuación. El artículo 199 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Del anterior artículo se colige que la figura procesal de la denuncia de repetición del acto reclamado está dirigida a regular los casos en que las autoridades vuelven a emitir una actuación como aquella que dio lugar a la protección constitucional. Para esta resolución cobra importancia desarrollar el alcance de dos nociones vinculadas con la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, a saber, lo que entraña el verbo repetir; y lo que es para efectos del juicio constitucional, el acto reclamado. - El diccionario de la Lengua Española concibe al verbo repetir como volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho. Ello que implica reiterar o insistir en una conducta. - El acto reclamado, por su parte constituye la materia del juicio de amparo; y como requisito de la demanda, se advierte del artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, en que se impone como requisito del ocurso inicial la expresión de la norma general, acto u omisión emitida por la autoridad y que constituirá el objeto de análisis de constitucionalidad, sobre el que recaerán los alcances a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. Es decir, el acto reclamado constituye actuación pasiva o activa que se proyecta al juicio constitucional como la conducta jurídica representativa de aquello que se atribuye a la autoridad y que afecta al gobernado, legitimándolo para obtener de los Tribunales de la Federación el análisis sobre violación a derechos fundamentales conforme al objeto del juicio, a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Procesalmente, el acto reclamado constituye un componente de la litis del juicio constitucional, como un requisito de la demanda; así como lo son el informe justificado y las pruebas; pues es conforme a estos elementos que el juzgador emite su decisión. Al respecto se cita en su parte conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 27/94 de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, en Materia(s): Común, Página: 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En este contexto, la denuncia a que se refiere el artículo 199 de la Ley de Amparo, exige que existan dos determinaciones por parte de la autoridad: la primera, que ya fue juzgada; y una segunda en donde se repita aquello que fue materia de la protección constitucional; para que una vez hecha la comparación entre ambos elementos, el juzgador pueda determinar si la conducta de autoridad es reiterativa de lo que ya fue calificado de contrario a la Constitución Federal; y son esos los actos que deberán analizarse para determinar lo conducente, no todas las actuaciones del proceso de origen, como lo sugirió la parte quejosa en el ofrecimiento de pruebas. Orienta lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 23/93 de la Octava Época, sustentada por la Otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 72, Diciembre de 1993, en Materia(s): Común, Página: 33, que dispone: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada." También se cita la jurisprudencia 2a./J. 68/98 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, en Materia(s): Común, Página: 412, que dispone: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho." Ahora bien, el acto reclamado fue la sentencia de segunda instancia que había modificado la interlocutoria dictada en el incidente de modificación al convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio de origen. Por su parte, en la sentencia protectora, el Tribunal de Alzada se determinó como efectos de la protección constitucional los siguientes: Que la sala responsable dejara sin efectos el acto reclamado. Repusiera el procedimiento para que conforme a sus facultades en esa instancia, ordenara el desahogo de las pruebas periciales en materia de toxicología que se realice a ...; la de psiquiatría que se practique a ... y ..., y la experticia en psicología ofrecida por la actora y ordenada oficiosamente, en términos de los artículos 347 a 353 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, conforme con los cuales, cada parte puede designar y pagar a su propio perito, y en caso de que los dictámenes emitidos resulten contradictorios, podrá nombrarse un tercer perito en discordia, el cual será designado por el juez y pagado por ambas partes Con libertad de jurisdicción, dictara las medidas pertinentes para su desahogo en los términos precisados. En el caso, la parte quejosa aduce que la Sala responsable ha omitido acatar los lineamientos de sentencia concesoria, pues aún no obtiene el resultado de las pruebas periciales ordenadas. Sin embargo, lo referido por la parte quejosa no puede considerarse como reiterativo del acto sobre el cual se concedió el amparo, pues refiere que la autoridad responsable se ha abstenido de dictar las medidas para el desahogo de pruebas periciales en el procedimiento de origen; aspecto que no motivó la resolución protectora. Se afirma lo anterior, pues del contenido de la ejecutoria emitida por la superioridad, que modificó los efectos para los cuales se había concedido el amparo, tuvieron su motivación en que la autoridad primigenia había ordenado el desahogo de las pruebas periciales con un perito único, en términos del artículo 346, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; aspecto que consideró contrario a las formalidades esenciales del procedimiento, y concluyó en que dichas probanzas debían desahogarse en términos de los artículos 347 al 353 de la legislación procesal en mención, concediendo libertad de jurisdicción a la Sala responsable para dictar las medidas pertinentes para su materialización. Conforme a ello, queda evidenciado que el planteamiento del quejoso es infundado, pues en principio, del ejercicio comparativo a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 68/98 invocada, se advierte que por una parte el reclamo del que se concedió el amparo, fue un acto positivo; y lo ahora denunciado constituye una omisión; figuras jurídicas que son distintas en sí. Además, la abstención de la autoridad responsable de dictar las medidas para el desahogo de pruebas periciales en el procedimiento de origen, no constituye una reiteración de la orden de desahogar las pruebas con un perito único, que fue el aspecto central en la concesión del amparo. Por lo tanto, la presente denuncia es infundada, pues la conducta omisiva que el peticionario refiere como repetitiva es distinta a lo que constituyó el reclamo en este proceso constitucional; e incluso sobre el tema de dictar las medidas que la autoridad responsable considerara necesarias para lograr el desahogo de las pruebas periciales, se concedió libertad de jurisdicción. De modo que lo señalado por el quejoso no puede considerarse como repetitivo, sino de un reclamo diverso y como tal, susceptible de impugnarse a través de los medios previstos en la ley, previo al juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita en su parte conducente, la tesis 1a. XCV/2006, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, que dice: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO DE EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efecto y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 199 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, planteada por el quejoso ..., por propio derecho y en representación de su hija ...., por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguese el comunicado de la Sala Responsable mediante el cual remite las copias certificadas solicitadas respecto a la denuncia de repetición del acto reclamado; en consecuencia, se procede al dictado de la resolución correspondiente. Acorde al estado procesal de autos fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio de la Sala responsable; atento a su contenido, se tiene por rendido su informe respecto a la denuncia de repetición del acto reclamado hecha valer por la parte quejosa. Sin embargo, omitió allegar las constancias señaladas por el quejoso, consistentes en copias certificadas de todo lo actuado en el toca de apelación ... de su índice. En ese sentido, se le reitera el requerimiento formulado, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento, con fundamento en los artículos 237 fracción I en relación al 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Una vez que se cuente con las constancias solicitadas a la Sala responsable se procederá al dictado de la resolución correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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