Carlos Leonardo Gonzalez Novelo

Expediente 2063/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2063/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Leonardo Gonzalez Novelo

Actuaciones

  1. Principal

    EL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VENTIDÓS, JOSÉ IGNACIO ALPUCHE AGUILAR, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CERTIFICO: Que hasta la presente fecha no se interpuso recurso alguno contra el auto dictado en este juicio de amparo, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Conste. El diecinueve de enero de dos mil veintidós, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el trece de diciembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en diversas actuaciones del toca 521/2021, de su índice. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la responsable, dictar la sentencia en el toca 521/2021, del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la responsable, dictar la sentencia en el toca 521/2021, del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, dictó la sentencia en el toca 521/2021, de su índice, misma que fue aprobada por unanimidad de votos el uno de diciembre de dos mil veintiuno, y notificada mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el ocho de diciembre del año que transcurre. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó la sentencia respectiva; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no dictar sentencia, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana el dictado de la misma. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dicto sentencia dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos los escritos aclaratorios signados únicamente por vía electrónica por el quejoso CARLOS LEONARDO GONZÁLEZ NOVELO, con el que pretende cumplir con la prevención realizada en acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, en el sentido de precisar con claridad la fecha de la citación para el dictado de la sentencia en el toca 521/2021 del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, con sede en esta ciudad. Ahora bien, de su contenido, se aprecia que consiste en dos escritos los cuales no contienen las formalidades esenciales, ya que se aprecia que no señala el número de juicio de amparo, el nombre de quien presenta o suscribe, ni la autoridad judicial a quien va dirigida. En tal virtud, hágase saber al quejoso que se encuentra en aptitud de plantear por la vía y forma que legalmente corresponda la finalidad pretendida en aquellos; sin embargo, deberá hacerlo con las formalidades que exige el juicio de amparo, ya que si bien, las partes cuenta con la firma electrónica, ello no lo releva, de la obligación de cubrir con los requisitos mínimos que para su veracidad, deben cumplir los escritos que presente ante la autoridad judicial; pues la firma electrónica, no puede sustituir el hecho de que tiene que obrar en la promoción que las partes presenten, el nombre de quien las suscribe, lo que aunado a la firma electrónica, da veracidad, de quien pretende instar una solicitud; lo anterior, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En consecuencia, y en virtud de lo narrado en los párrafos que anteceden, se previene de nuevo a la parte quejosa para que en lo que resta del término otorgado en auto de veintinueve de octubre último, dé cumplimiento a la prevención realizada cumpliendo las formalidades esenciales que debe contener un escrito dirigido a una autoridad judicial, todo ello, bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P./J. 4/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en fecha nueve de octubre de dos mil veinte, con número de registro 2022217 y los datos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Se hace del conocimiento de la quejosa que, en virtud de que el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se le notificó el tres del propio mes y año, el término de cinco días otorgado en dicha data, transcurre del cinco al once de noviembre referido; por lo que es evidente que, en la especie, aún no ha fenecido el término concedido; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, por auto de veintinueve de octubre del año en curso, para que dentro del término restante esto es, tres días, la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos; término que, desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de veintinueve de octubre del año en curso, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo.Hágase saber a la parte quejosa que deberá adjuntar las copias necesarias de sus escritos aclaratorios de demanda para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, transcurrió, sin que ésta haya atendido a lo solicitado por este órgano judicial. En ese sentido, debe decirse que este órgano de control constitucional advierte que existe un notorio desinterés de la parte quejosa, en relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, lo que deviene en la imposibilidad de que el mismo tenga verificativo, por los motivos que a continuación se reseñan. 1. Por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, misma que quedó firme el diecisiete de septiembre siguiente, se otorgó a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que le fuera devuelto el automotor marca "Nissan", tipo "Sentra", modelo dos mil diecisiete, color blanco, con placas de circulación 315JV5 del Servicio de Autotransporte Federal. 2. Por tal motivo, y en cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable indicó que era indispensable que la parte quejosa se apersonara a las instalaciones respectivas, a fin de realizar los trámites pertinentes a la liberación de su vehículo. 3. Por tanto, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con dicha circunstancia, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto. De lo anteriormente reseñado, es palmario advertir que existe un notorio desinterés de la parte quejosa, en la ejecución de la sentencia de amparo emitida en estos autos, cuenta habida que si bien corresponde a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma, lo cierto es que para ello es indispensable que aquélla lleve a cabo las acciones necesarias para que el fallo protector pueda cumplirse, en concreto, acudir a realizar los trámites inherentes a la liberación de su automotor. Sin embargo, como quedó reseñado con antelación, la parte quejosa ha sido completamente omisa en realizar tales trámites; aunado a que tampoco hizo manifestación alguna en cuanto a la vista que le fue otorgada por este órgano de control constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ante el manifiesto y notorio desinterés de la parte quejosa en la ejecución de la sentencia dictada en este juicio de garantías, lo procedente es declarar la imposibilidad del cumplimiento de la misma, por causas única y exclusivamente imputables a la parte impetrante. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano