Carlos Leonardo Gonzalez Novelo

Expediente 2648/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2648/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Leonardo Gonzalez Novelo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el siete de diciembre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidósAgréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el veinticinco de noviembre del año en curso, dio contestación al escrito que presentó el quejoso, el cual según refiere la autoridad responsable es del trece de septiembre del presente año, y no del ocho de ese propio mes y año; lo anterior, en autos del juicio de origen 936/2019, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el citado impetrante en contra de Aremy Anaí Aguilar Yam. Ahora bien, se trae a colación que el acto que en el presente juicio de amparo se reclama, consiste en la omisión de proveer acerca del escrito de trece de septiembre del año en curso, en autos del citado juicio de origen. Así en el caso, la jueza responsable, al rendir su informe justificado, indicó que era cierto el acto que se reclamaba, sin embargo, el veinticinco de noviembre del año que transcurre, dio contestación al referido escrito de trece de septiembre anterior, que presentó la parte quejosa en autos del juicio de origen. Por lo tanto, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese sentido, si en el presente juicio, se reclama la omisión de dar contestación al escrito que presentó el quejoso el trece de septiembre del año en curso, en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen 936/2019. Y como se mencionó, de las constancias que la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el veinticinco de noviembre del año en curso, dictó el acuerdo con el que dio contestación al escrito de mérito, e incluso dicho acuerdo fue notificado, mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el veintinueve de noviembre siguiente. Mismas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto del escrito presentado por el quejoso, dando con ello atención a lo solicitado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el acuerdo que debiera recaer sobre su referido escrito de trece de septiembre del año en curso, en autos del juicio de origen, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de mérito. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual devuelve, diligenciado, el exhorto 152-E-II-AMPARO/2022 (orden 152/2021) de este índice, el cual le fue remitido para que, en auxilio de este Juzgado, realice lo conducente a efecto de que al tercero interesado Raúl Ruiz Ayuso sea emplazado a este juicio de amparo. Acúsese recibo vía electrónica. En virtud de lo anterior, y toda vez que de las diligencias practicadas en autos del exhorto de cuenta, se advierte que el veintisiete de octubre del año en curso, se notificó por lista al tercero interesado Raúl Ruiz Ayuso, y que éste no cumplió con la prevención que se le hizo a fin de que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; con apoyo en el artículo 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, háganse al referido tercero interesado, la notificación del citado proveído, así las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, vista la certificación secretarial en la cuenta que antecede, en el sentido de que la totalidad de los Jueces a quienes se les requirió para que informaran si se ha promovido algún juicio de sucesión intestada o testamentaria a nombre de los fallecidos terceros interesados Diego de Alcalá Ruiz Ayuso y Orlando José Ruiz Estrada , cumplieron con dicho requerimiento, y manifestaron que no encontraron registro alguno de sucesión a nombre de los referidos terceros interesados. Atento a lo anterior, y toda vez que se han agotado los medios de investigación para localizar algún representante de la sucesión o interventor a nombre de Diego de Alcalá Ruiz Ayuso y Orlando José Ruiz Estrada, a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados en el presente asunto; en consecuencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento del presente juicio constitucional, por sesenta días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, esto, con la finalidad de que intervenga durante el lapso de dicha suspensión, algún representante de la sucesión o interventor a favor de Diego de Alcalá Ruiz Ayuso y Orlando José Ruiz Estrada, y en caso de no ser así, esta Juzgadora decretará lo conducente, en el momento procesal oportuno. En consecuencia, DÉJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA LAS DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, reservándose a señalar nueva fecha y hora para ello, hasta en tanto transcurra el término de sesenta días señalado en líneas precedentes, o bien, hasta en tanto se apersone a juicio algún representante de la sucesión de Diego de Alcalá Ruiz Ayuso y Orlando José Ruiz Estrada. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

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