Carlos Laberto Galicia Silverio
Expediente 1590/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- Carlos Laberto Galicia Silverio
- Laura Harintu Zavala Anrubio
- HILDA ANRUBIO GARCIA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil veintidós. El estado procesal de autos y de la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, el estado procesal del presente asunto evidencia que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace las indicaciones siguientes. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d), del Acuerdo General de referencia). ... A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en el artículo 30 del Acuerdo antes citado, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación quien resguardará el expediente conforme a las reglas establecidas en el citado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. ... RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Hilda ********************, ******************** y ********************, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos SISE, bajo el número 1590/2022-I. ... DESECHAMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. ... En el caso particular no se actualiza excepción alguna; en consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por ********************, ********************y ********************, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. ... REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tienen como representante común de la parte quejosa a ********************. DOMICILIO. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César ******************** y Jorge ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal en cita, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con el registro de referencia, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. ... Notifíquese
- Principal
(AVISO) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN AVISO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CONSECUENCIA SE NOTIFICA A LOS QUEJOSOS LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL A LA LETRA DICE: Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por *****************, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos SISE, bajo el número 1590/2022-I. EXHORTACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA. En términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a las partes con excepción de la quejosa para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberá proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. En caso de continuar con la tramitación del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se sugiere a las partes que al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el referido portal; es decir, tanto en el campo de persona física o en su caso como persona jurídica, pues el sistema puede identificar al usuario en alguno de los apartados referidos. DESECHAMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicho ordenamiento, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público e interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de referencia. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: En ese sentido, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio ordinario civil *********, donde en el que se hace efectivo el apercibimiento y se ordena la clausura total de tres ventanas en el plazo de ocho días , con el apercibimiento que de no hacerlo se tomaran las medidas pertinentes. De lo anterior, se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclaman determinaciones sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. Esto es, el juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. Ello estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo el quejoso debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, la parte inconforme tilda de inconstitucional el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio ordinario civil ******, donde en el que se hace efectivo el apercibimiento y se ordena la clausura total de tres ventanas en el plazo de ocho días , con el apercibimiento que de no hacerlo se tomaran las medidas pertinentes. La determinación en comento no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada o revocada a través del recurso de revocación contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone lo siguiente: Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, los quejosos debieron agotar el recurso de revocación contra los actos reclamados, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que contra los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra las determinaciones referidas, resulta evidente que debió interponer dicho recurso, circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, puede ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México ); b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (artículo 1.362), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra, a través del cual podían ser modificados, revocados o nulificados; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del expediente ************, en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el expediente ********, es el recurso de revocación, la parte quejosa debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Y la jurisprudencia publicada en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna; en consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por *********, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de el Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tienen como representante común de la parte quejosa a ************** DOMICILIO. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal en cita, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con el registro de referencia, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, en atención a lo establecido con el acuerdo 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de medios electrónicos, así como la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta a la Secretaria adscrita a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE FÍSICO CON EL ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Finalmente, notifíquese la presente determinación por lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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