Carlos Jovany Pérez Tinoco
Expediente 407/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2017
Partes del expediente
- Carlos Jovany Pérez Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VIII. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio el auto de veintidós de marzo pasado (que sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa) dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión en su contra. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el cuaderno principal es destruible, pués se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigesimoprimero, inciso II). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el entendido de que una vez que se cuente con los acuses de recibo de notificación del presente proveído, este asunto de enviará materialmente al archivo.
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Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General "A" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, remite copia certificada de los escritos de fecha seis de mayo y seis de junio de dos mil catorce, así como el veintinueve de septiembre de dos mil quince integrados en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/179/2014, así como de los acuerdos que recayeron a los mismos y su notificación, toda vez que resultan necesarios para resolver el presente asunto.. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes y constancia de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. En otro orden, la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las hoy a las once horas con cuarenta minutos; sin embargo, en párrafos precedentes se da vista con copia certificada remitido por Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General "A" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso J. Trinidad Delfino López Rodea, amplía la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional y expresa diversos conceptos de violación. Previo a desplegar la consideración atinente a la procedencia o improcedencia de la pretensión expuesta, se establece bajo qué premisas es susceptible de tener por ampliada la demanda de amparo. En efecto, básicamente se puede hablar de dos casos en los que es factible ampliar el libelo garantista, a saber: a) La ampliación de la demanda de amparo indirecto procede cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso o en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado; o, b) Cuando el impetrante, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación respecto de actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación, con tal de que se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, a partir del conocimiento de esos actos y mientras no se haya celebrado la audiencia constitucional. Esta consideración obtiene apoyo, en el criterio plasmado en la jurisprudencia en contradicción de tesis 15/2003, consultable en la página 12, del Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora, en el caso ampliatorio que se atiende se expresan diversos conceptos de violación en razón del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora. Como se puede observar de lo apuntado con antelación, la pretensión ampliatoria se ubica dentro de la premisa destacada en el inciso a) de los casos de procedencia de la ampliación de demanda. Además, la petición de ampliación de demanda se está promoviendo dentro del plazo indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues tuvo conocimiento del informe justificado de la autoridad ordenadora, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete; dado lo cual, es incontrovertible que la temporalidad de quince días ha sido respetada; máxime, que como último presupuesto de procedibilidad, es evidente del sumario que aún no se ha celebrado la audiencia constitucional. Dicho lo anterior, se tiene por ampliada la demanda de garantías en cuanto a los conceptos de violación ahora expresados; por tanto, córrase traslado con el escrito de mérito a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a la determinación que antecede, la tesis 2a. XLI/99, visible en la página 209, del Tomo IX, Abril de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN." Asimismo, la tesis visible en la página 337, del Tomo XII, Agosto de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Octava Época, del rubro siguiente: "AMPLIACION DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA AMPLIACION DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION, CONSTITUYE UNA VERDADERA." Sin que haya lugar a requerir informe justificado a las autoridades responsables respecto de la ampliación de mérito, tomando en consideración que la misma, se refiere únicamente a los conceptos de violación, los cuales, son la base para analizar la acción constitucional del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Respecto a las pruebas que ofrece el quejoso J. Trinidad Delfino López Rodea, consistente e: "1.- Copia certificada del contrato de compra venta de fecha ocho de enero del año dos mil, que obra en el presente cuaderno. 2.- Original del contrato de compra venta de fecha ocho de enero del año dos mil, que obra en el cuaderno incidental. 3.- Carpeta de investigación iniciada ante el Agente del Ministerio Público de Tonatico. 4.- LA PERICIAL EN MATERIA DE INGENIERÍA EN LA RAMA DE TOPOGRAFÍA." Al respecto, en lo atinente a las documentales indicadas con los arábigos 1 y 3, se tienen por admitidas de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, debiéndose hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Respecto al contrato de compraventa de fecha ocho de enero del año dos mil, inserto en el cuaderno incidental, establece no acordar favorable, toda vez que el cuaderno incidental obra por cuerda separada. Finalmente, por lo que respecta a la prueba pericial en materia de ingeniería en la rama de topografía, con apego en lo previsto en el párrafo tercero del artículo 119 de la ley de la materia, no ha lugar a tenerla por ofrecida en razón de que ésta no fue anunciada con la debida oportunidad, pues en la parte conducente el precepto legal en mención establece lo siguiente: "ARTÍCULO 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. (.)" La lectura de dicho artículo evidencia que el oferente de tales probanzas deberá realizar su anuncio por lo menos cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, del quince de marzo de dos mil diecisiete. Sobre el particular se invoca en lo conducente la tesis número 423, visible en la página 283, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. Los cinco días a que se refiere el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, deben ser hábiles, naturales y completos, sin incluir en ellos el día del ofrecimiento de la prueba, ni el en que debe celebrarse la audiencia constitucional." Así como la tesis número XVII. 2o. 33 K, visible en la página 350 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, Octava Época, que establece: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL. OPORTUNIDAD DEL OFRECIMIENTO DE LAS. Aun cuando del texto literal de la primera parte del párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo, no se aclara, para efecto de la oportunidad del ofrecimiento de las pruebas testimonial y pericial, si el legislador se refirió a la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional o también a las subsecuentes, en caso de diferimientos; de una recta interpretación de la hipótesis jurídica de que se trata, debe entenderse que el anuncio de tales pruebas debe hacerse precisamente con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada originalmente para la celebración de la citada audiencia, sin contar en tal lapso, el día de su ofrecimiento ni el señalado para la celebración de aquélla; ello con independencia de que medie tiempo suficiente cuando se anuncien las pruebas en relación a la fecha de celebración de la segunda audiencia, pues la prórroga de ésta tiene por objeto que se realicen los fines que la motivaron, sin que entre éstos pueda admitirse, ni aun tácitamente, la ampliación del plazo para el ofrecimiento de pruebas testimonial o pericial, puesto que ello rompería el equilibrio procesal entre las partes, razón por la cual no deben admitirse dichas pruebas fuera del plazo establecido en la ley para la primera audiencia." Máxime que, la parte quejosa tuvo conocimiento de los hechos con la oportunidad legal suficiente, es decir, cuando se fijó la litis constitucional con la vista del último informe justificado rendido por las autoridades responsables Juez y Ejecutor del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, lo cual aconteció mediante proveído de veintiuno de febrero del presente año; por ende, estuvo en posibilidad de aportar las probanzas necesarias, pero con base en los plazos y términos precisados para ello, circunstancias que no dan lugar a actuar en los términos solicitados por el promovente. Ello es así, pues si los informes se pusieron a la vista el veintidós de febrero del año en curso, es evidente que el quejoso estuvo en aptitud de ofrecer dicha prueba antes del día señalado para la audiencia constitucional de quince de marzo del año en curso. Tales consideraciones encuentran sustento en el criterio registrado con la clave VI.1o.C.14 K, visible en la página 1024, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL OFRECIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO, CUANDO SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO YA TENÍA CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si el recurrente ofrece las pruebas testimonial y pericial con posterioridad al diferimiento de la audiencia constitucional, el Juez Federal está en lo correcto al desechar dichas probanzas, cuando se advierte que el quejoso ya tenía conocimiento de los actos reclamados; máxime si las mismas son tendientes a acreditar el interés jurídico, pues tal hipótesis no es la que contempla la jurisprudencia del actual Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el rubro "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.", fue aprobada al resolver la contradicción de tesis 25/93". Aunado a lo expuesto, el quejoso no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en la jurisprudencia por contradicción registrada con la clave P./J. 7/96, visible en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1996, Tomo III, Materia Común, Novena Época, que establece: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal". Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Con el informe de mérito dése cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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