Carlos Julio Amendaño Palaguachi y Otros.
Expediente 802/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Julio Amendaño Palaguachi y Otros.
- Carlos Julio Amendaño Palaguachi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Suspensión de plazos y términos Vista la CIRCULAR 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el "AVISO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES", signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del XVII Circuito con residencia en Ciudad Juárez y Coordinador de Juezas y Jueces del XVII Circuito con residencia en Ciudad Juárez, se advierte que, por causa de fuerza mayor, para salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del sistema de Justicia Federal, se declararon inhábiles los días jueves diecinueve al martes veinticuatro de octubre del año en curso, por lo que se suspendieron las labores en ese lapso y se determinó que no transcurrirían, en el mismo, plazos procesales. Mientras que, conforme a los "AVISOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LABORES", de veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, signados por los propios Coordinadores, se determinó, por las mismas razones, que esas fechas son inhábiles, pero laborables. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en la fracción III, inciso b), del Artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 802/2023-I-1, promovido por ***, en representación de *** y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitió la demanda de amparo promovida por ***, en representación de ***, de la cual, por cuestión de turno conoció este juzgado al día siguiente. Los quejosos demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Chihuahua y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, a quienes reclamaron los actos que se precisaran en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 18, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, se ordenó registral el juicio de amparo con el consecutivo 806/2023-I-2, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos privativos de libertad cuya ejecución tienen lugar en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables: El alojamiento de manera prolongada e indefinida en la Estación Migratoria, fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la ley de migración. La incomunicación con su abogado La retención de la documentación de identidad, o aquella con la que acreditaran su situación migratoria. La orden de traslado a otra estación migratoria. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados consistentes en el alojamiento de manera prolongada e indefinida en la Estación Migratoria, fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la ley de migración, la incomunicación con su abogado, la retención de la documentación de identidad, o aquella con la que acreditaran su situación migratoria y la orden de traslado a otra estación migratoria, atribuidos a la responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, la autoridad responsable de mérito indicó no ser ciertos los actos atribuidos por el quejoso. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la parte quejosa no exhibió prueba alguna que demuestre que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad, hubiera ordenado el alojamiento de manera prolongada e indefinida en la Estación Migratoria, fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la ley de migración, la incomunicación con su abogado, la retención de la documentación de identidad, o aquella con la que acreditaran su situación migratoria y la orden de traslado a otra estación migratoria, aquí reclamada. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, en representación de ***, en atención a las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Valor probatorio del informe justificado Lo anterior, en el entendido de que el valor probatorio del informe justificado de cuenta, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Domicilio Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Por último, respecto al correo electrónico *******, dígasele que únicamente se utilizara para comunicaciones no procesales. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan autos y la certificación de cuenta se advierte que, para las diez horas con cuarenta minutos del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, debido a que se encuentra transcurriendo el término quince días, para que la responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, residente en esta ciudad, rinda su informe justificado. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mi veintitrés. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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