Carlos José Girón Hernández
Expediente 939/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carlos José Girón Hernández
- Mónica Martinez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En veintinueve de julio de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del catorce al veintisiete de julio del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de julio del año en curso, dentro del juicio de amparo número 939/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho del Juzgado con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el nueve de julio de dos mil quince, en la que se negó al quejoso Carlos José Girón Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvanse las copias certificadas del juicio especial de divorcio voluntario 35/2005 y dos cuadernillos deducidos de dicho sumario, que en su oportunidad remitió el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, como justificación de sus actos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 939/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Soledad Torres Muguiro, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Enseguida, la Secretaria da cuenta con el escrito registrado bajo el número 13644, signado por Irma Jessana Alvarado Reyes, por medio del cual se apersona al presente juicio y formulan alegatos. En relación con lo cual, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente; y respecto al escrito de cuenta, signado por la tercero interesada, como lo solicita téngase por señalando como domicilio el ubicado en calle Miguel Alemán número 208 int. de la Colonia Sierra de Alica de esta ciudad de Zacatecas, y autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre a los licenciados Olga Hilda Valenzuela Arellano y Ricardo Flores Dávila, y en cuanto atañe a los alegatos que formula, se ordena acordar en la etapa correspondiente. Acto continuo, se abre el período probatorio, la Secretaria da cuenta con las constancias que integran el juicio especial de divorcio voluntario 35/2005 y dos cuadernos deducidos de dicho juicio, que la autoridad responsable mencionada en el párrafo que antecede remitió como justificación de sus actos. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se tienen por formulados los de la parte tercero interesada, en el escrito de cuenta, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente y se procede a emitir la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 939/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el dos de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, CARLOS JOSÉ GIRÓN HERNÁNDEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial. Acto Reclamado La resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintitrés de enero del presente año, emitido dentro del incidente de liquidación y pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas derivado del juicio civil de divorcio voluntario 35/2005. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el cuatro de junio de dos mil quince, en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 939/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos atribuidos a autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La resolución interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintitrés de enero del presente año, emitido dentro del incidente de liquidación y pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas derivado del juicio civil de divorcio voluntario 35/2005, promovido por el aquí quejoso Carlos José Girón Hernández e Irma Jessana Alvarado Reyes. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: El Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, procede desvirtuar dicha negativa y tenerlo como cierto, en razón de que del contenido de las constancias que adjuntó al mismo, se advierte la existencia de los actos reclamados. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Además, su existencia se corrobora con el testimonio del expediente 35/2005 en donde consta dicha resolución; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". IV.- Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". En los conceptos violatorios, medularmente se alega lo siguiente: Que la resolución reclamada le causa perjuicio al quejoso porque el Juez responsable pretende bajo el argumento de recabar los medios de prueba necesarios para determinar la verdad material del asunto, sin que exista en autos instancia de parte en tal sentido y sin que exista norma expresa que lo faculte modificar o alterar el procedimiento legalmente establecido en el artículo 408 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que el Juez responsable se encuentra impedido de modificar o alterar las normas esenciales del procedimiento con apoyo en lo dispuesto por el numeral 553 fracción II, del citado ordenamiento legal, tampoco con sustento en las diligencias para mejor proveer, pues éstas se restringen a prácticas probatorias ordenadas oficiosamente por los tribunales y dirigidas a esclarecer la verdad de algún hecho controvertido. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan como antecedentes del acto reclamado los siguientes: a). El catorce de octubre de dos mil catorce, el Juez responsable admitió a trámite el incidente de liquidación de Pensiones Vencidas y no Pagadas, promovido por la aquí tercera interesada Irma Jessana Alvarado Reyes, en contra del aquí quejoso CARLOS JOSÉ GIRÓN HERNÁNDEZ. b) Mediante auto de veintitrés de enero de dos mil quince, el Juez de origen determinó girar oficio a la Secretaría de Infraestructura (SINFRA), a fin de que informara detalladamente todas y cada una de las percepciones del demandado incidental y todas y cada una de sus deducciones. c) Inconforme con dicho proveído el aquí quejoso interpuso recurso de revocación; por lo que el Juez responsable el veintiocho de abril de dos mil quince, emitió la interlocutoria correspondiente en la que determinó confirmar el auto recurrido. Resolución ésta que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. La resolución combatida, dictada dentro del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, derivado del juicio civil de divorcio voluntario 35/2005, se apoyó en las consideraciones siguientes: " [.] CONSIDERANDO ÚNICO. La pretensión recursiva es infundada. El artículo 553 fracción II del Código Procesal Civil de Zacatecas, citado en el auto recurrido, otorga al Juzgador las más amplias facultades para la determinación de la verdad legal entre las que se encuentra la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes. Entonces, si el auto se dictó con base en esa facultad no puede imputarse violación alguna al Juzgado al ordenar a la Secretaría de Infraestructura que informe lo ahí detallado, apoya lo dicho la jurisprudencia: "PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER FACULTAD DEL JUZGADOR PARA ADMITIRLAS.". Una de las razones que anima el espíritu normativo del artículo 553 fracción II del Código Procesal Civil de Zacatecas, es impedir que ficciones legales u omisiones en cargas procesales afecten involucrados en debates familiares, máxime si se trata de un litigio que versa sobre alimentos que pertenecen a un menor de edad. El artículo 408 fracción I, del Código Procesal Civil de Zacatecas no contiene una restricción expresa que lo haga inmune a las diligencias de mejor proveer. En la interpretación básica de normas procesales constituye axioma que para que la regla general (diligencias para mejor proveer en el caso) no sea aplicable es necesaria la existencia de norma restrictiva expresa y no al revés como pretende quien impugna, esto es, que para la regla general aplique es necesario que esté reiterada en cada caso especial. Como es evidente, menos para quien impugna, las diligencias para mejor proveer autorizan que se recabe prueba en cualquier momento y puede existir incertidumbre en cuanto al procedimiento, pues solamente se adicionan a la cauda probatoria. Las diligencias para mejor proveer constituyen normas probatorias que son parte del trámite natural de cualquier procedimiento de corte familiar y que encuentran mayor acento natural en asuntos en los que están involucrados niños, en este caso, su menor hija; no existe duda que el recurrente desea lo mejor para su pequeña y el Juzgado debe asegurarse de que así ocurra, aun si ello implica diligencias para mejor proveer. .". V. Estudio de la constitucionalidad de la resolución combatida. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso. Ahora bien, atendiendo a que en el presente caso se encuentra involucrado un menor de edad, cabe señalar que este órgano jurisdiccional está obligado a velar por el interés superior de la niñez, que es un valor de más alto rango que otros en la vida comunitaria y familiar. Tal como sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así mismo, nuestro País es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año, que en forma preponderante constriñen a los Tribunales a velar por el interés superior del niño. Además, debe precisarse que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto, es dable concluir que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a menores de edad, debe resolverse atendiendo al principio básico del interés superior del niño. Debe destacarse que el objeto fundamental de la figura jurídica de los alimentos es que el deudor otorgue al acreedor lo necesario para su subsistencia en forma integral, entendiéndose por esto, tratándose de los hijos: sustento, vestido, habitación, entretenimiento, atención médica y hospitalaria, educación y gastos para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; igualmente, cabe señalar que los menores gozan de la presunción de necesitar alimentos, pues por su edad, se parte de la base de que no tienen capacidad para allegarse recursos propios. Precisado lo anterior, cabe destacar, que tratándose de acciones que tienen por objeto prestaciones sucesivas, como en la especie es el pago de pensiones alimenticias, debe de aplicarse el principio de economía procesal. Consecuentemente, considerando el interés superior del menor, contrario a lo que aduce el quejoso en sus conceptos de violación, este Tribunal Federal, concuerda con lo resuelto por el Juez de origen, ya que se estima que es obligación del juez responsable de motu proprio, en suplencia del menor, realizar las gestiones tendientes a fin de recabar las pruebas que se estimen pertinentes para un mejor proveer en cualquier momento y así estar en posibilidad de buscar la verdad legal y resolver en cuanto a derecho corresponda, máxime que el litigio de donde deriva la resolución aquí reclamada, versa sobre alimentos que pertenecen a un menor de edad. Lo anterior es así, porque en los procesos judiciales que tienen por objeto hacer efectivo el derecho al pago de alimentos son de tipo inquisitorio, pues todas las cuestiones relativas a la familia se consideran de orden público. Tan es así que la acción relativa puede ejercerse por el acreedor alimentario o por el Estado, a través del Ministerio Público, por lo que el juez de origen puede suplir la deficiencia de la queja a favor de la parte más vulnerable. De ahí, que no podría sostenerse que en los juicios de alimentos la litis se fija exclusivamente por lo aducido por las partes y que el Juez no puede tener intervención alguna, como lo pretende el quejoso. La consideración anterior se refuerza con las diversas jurisprudencias y tesis aisladas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encaminadas a proteger el interés superior del menor, y a inducir a los jueces locales y federales a suplir la deficiencia de la queja y actuar de oficio en razón de dicho interés, las cuales son la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, Novena Época, sostenida por la Primera Sala, visible en la página 167, del Tomo XXIII, mayo de 2006 y la diversa, tesis 1a. CXLI/2007, consultable en la página 265, del Tomo XXVI, Julio de 2007, ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se leen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Esto es, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior (del niño) es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez; aspecto que cumplió el juez responsable al recabar las pruebas que estimó pertinentes para un mejor proveer. Consecuentemente, ante lo infundado de los planteamientos de la parte quejosa, y al no advertir queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a CARLOS JOSÉ GIRÓN HERNÁNDEZ, en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución y por los razonamientos apuntados en el considerando último de este fallo. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria con quien actúa, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE. mtm
- Principal
En diez de junio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el nueve de mayo del año en curso, se hizo entrega al licenciado César Javier de Lara Chávez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, del cheque número 0029136 por la cantidad de $2,550.79, exhibido por la Tesorera del Municipio de Zacatecas, cantidad que enteró la citada persona moral por concepto de derecho de alumbrado público; por tanto, devuélvase a la mencionada responsable la póliza de cheque respectiva, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 196 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, diez de junio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO del JUEZ PRIMERO DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL, con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Con apoyo en lo establecido en el ordinal 119, de la Ley de la Materia invocada, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales que remite el Juez responsable consistente en copia certificada de las constancias que se encuentran agregadas al juicio especial de divorcio voluntario 35/2005, promovido por Irma Jessana Alvarado Reyes y José Carlos Girón Hernández y dos cuadernos deducidos de dicho sumario; y a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con las citadas constancias fórmese cuaderno de pruebas por separado; sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, con el contenido del informe de cuenta y constancias que remite el Juez responsable, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe."
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