Carlos Jonathan Muñoz Muñoz
Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Carlos Jonathan Muñoz Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El trece de junio de dos mil dieciocho, el que suscribe Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintinueve de mayo al once de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, dictada por este juzgado de Distrito, dentro del juicio de amparo número 947/2018; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado de Distrito, el veinticuatro de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Carlos Jonathan Muñoz Muñoz; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, que actúa con Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. ALICIA
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 947/2018 estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio constitucional, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y leído su contenido; y en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, por conducto de su presidenta (fojas 20-23); y por legalmente emplazadas a las empresas tercero interesadas Unilever Mexicana, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Servicios Profesionales Unilever, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Unilever de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (foja 19). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado (fojas 21-23); a lo que el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas referidas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 947/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Carlos Jonathan Muñoz Muñoz solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 547/2015. Acto que consideró violatorio del derecho fundamental contenido el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; y en auto de veintitrés de marzo del año en curso (fojas 6-9), se registró con el consecutivo 947/2018 y se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Seguido el juicio por sus trámites legales, se inició la audiencia constitucional al tenor del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en la omisión que se atribuye a la autoridad responsable de dictar laudo dentro del juicio laboral 547/2015. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, toda vez que así se advierte del contenido integral del informe justificado que rindió por conducto de su presidenta (foja 20). Además, la certeza del acto de omisión que se impugna, se corrobora con las documentales que en copia certificada remitió la citada responsable, entre ellas, el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictado en el precitado expediente laboral; documental pública que reviste pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al respecto la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que el suscrito advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En la demanda de derechos, el promovente relata como los antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. El quince de octubre de dos mil quince, el quejoso Carlos Jonathan Muñoz Muñoz, presentó demanda ante la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas contra Unilever Mexicana, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Servicios Profesionales Unilever, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Unilever de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 2. El nueve de noviembre de dos mil quince se radicó dicha demanda con el número de expediente 547/2015, se citó a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual tuvo verificativo el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en la que el actor ratificó su escrito de demanda y los patrones demandados dieron contestación a la demanda; asimismo, se señalaron las diez horas del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 3. Entre el tres de enero y el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y admitidas por la Junta responsable. 4. Por último, el trece de junio de dos mil diecisiete se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral de origen. En sus motivos de inconformidad el quejoso aduce, medularmente, que se conculca en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente en el citado juicio laboral, por lo que dice no se han observado las reglas a que se refieren los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo. El destacado motivo de inconformidad es infundado. Para poner de relieve lo anterior, conviene acotar que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: a). Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. b). Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. c). Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. d). Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese tenor, acorde con el derecho relativo a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, señalada como responsable, debe tramitar y resolver los juicios laborales sometidos a su conocimiento en los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo. A efecto de verificar si el procedimiento se ha desarrollado de manera normal y oportuna, es necesario acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública. Así, los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; V. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De los referidos preceptos legales, en lo que aquí interesa, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas; asimismo, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley, del cual se entregará una copia a cada uno de los magistrados del tribunal y, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días. Transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta y, en su caso, si de lo contrario, se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Asimismo, engrosado el laudo, el secretario recabará, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, hecho o anterior, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De lo narrado destaca que para que la junta responsable, pueda dictar el laudo correspondiente, es presupuesto indispensable que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por las partes. En el caso, del informe justificado y de las constancias remitidas en su apoyo, se advierte que la Junta responsable dictó un auto el dieciocho de abril del año en curso, en el que señaló que no se había desahogado la prueba pericial en caligrafía y grafoscopía ofrecidas por la parte demandada, por lo que ordenó regularizar e impulsar el procedimiento, de conformidad con el artículo 685, en relación con el numeral 686, de la Ley Federal del Trabajo; y para no dejar a las partes en estado de indefensión y brindar mayor certeza jurídica a las mismas, se comisionó a la actuaria a fin de que notificara a la parte demandada y oferente de dicha prueba Unilever Mexicana, Sociedad de Responsabilidad de Capital Variable y otros, en el domicilio señalado en autos, para que este a su vez haga comparecer ante esa autoridad responsable a su perito Salvador Serrano Rodríguez, para que dentro del término de diez días compareciera ante esa autoridad con el fin de aceptar y protestar el cargo que le fue conferido por dicha demandada; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por desierta en su perjuicio dicha probanza (foja 23). En ese tenor, deviene inconcuso que la autoridad responsable no estaba en posibilidad de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 547/2015, como lo pretende la parte quejosa, pues incluso la autoridad responsable en su comunicado de ley (foja 20), argumentó que en el citado expediente no se ha desahogado la indicada prueba pericial y por tanto, no es posible emitir el laudo respectivo. En el contexto anotado, es palmario que el acto de omisión que se atribuye a la responsable de dictar la resolución que legalmente proceda dentro del juicio de origen, no es en sí mismo violatorio de los derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que es necesario que el impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral no se ha dictado esa resolución a pesar de estar el citado sumario en un estado procesal que así lo permita, es decir, que no existan pruebas pendientes de desahogar; ya se hubiera decretado el cierre de la instrucción y esté pendiente de dictar el laudo de que se trata, habiendo transcurrido los plazos que la ley establece para tal efecto, situación que, se reitera, en la especie no acontece, por la razón antes destacada. En las relatadas condiciones, debe convenirse en que el quejoso no demostró en esta instancia constitucional, que la junta laboral responsable haya incurrido en demora al omitir dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 547/2015; menos aún que el expediente se encuentre en un estado procesal que permita emitir dicha resolución y, por ende, que se conculque en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional; por tanto, es inconcuso que por el motivo antes señalado, la omisión de la autoridad laboral de dictar el laudo, está justificada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación planteados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, procede negarle el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Jonathan Muñoz Muñoz contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 547/2015; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario que autoriza y da fe. LJJMT/Luis
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las nueve horas con tres minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con tres minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, por tanto, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, secretario de juzgado certifico: Que el término de tres días concedido a las empresas terceras interesadas Unilever Mexicana, Servicios Profesionales Unilever y Unilever de México, todas Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en auto de nueve de abril del año en curso, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del diecisiete al diecinueve de abril del presente año, sin que lo hayan hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, en el sentido de que el término de tres días concedido a las empresas terceras interesadas Unilever Mexicana, Servicios Profesionales Unilever y Unilever de México, todas Sociedades de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en auto de nueve de abril del año en curso, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del diecisiete al diecinueve de abril del presente año, sin que lo hayan hecho; por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en el indicado proveído, y mientras no hagan esa designación, se determina que las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales, se les practiquen por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Carlos Javier Aguirre de la Torre519/2023
- Carlos Jesús Salón Buenrostro263/2022
- Carlos Jesús Salón Buenrostro938/2023
- Carlos Jiménez Jiménez1228/2018
- Carlos Jiménez Jiménez1222/2018
- Carlos Jonathan Muñoz Muñoz423/2019
- Carlos José Girón Hernández939/2015
- Carlos Jovany Armendariz3027/2014
- Carlos López Castañeda1792/2015
- Carlos López Díaz958/2021
- Carlos Luis González Atencio530/2022
- Carlos Manuel Zavala Gallo1494/2022