Carlos Joel Lizcano García
Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Joel Lizcano García
- María Yuridia Castillo Equihua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Razón actuarial Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 9498, dirigido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, como se encuentra asentado en la referida razón actuarial, tomando en consideración que el personal de la dependencia identificada en el apartado anterior suspendió sus labores virtud a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para el efecto de que una vez que reanuden labores, se constituya en las oficinas que ocupa dicha autoridad y le notifique dicha misiva. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia la sentencia terminada de engrosar el treinta de marzo de dos mil veinte, en la que se negó el amparo solicitado por María Yuridia Castillo Equihua y Carlos Joel Lizcano García, transcurrió sin que las partes lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, en términos del artículo 18, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se negó la protección constitucional solicitada y, debido a ello, deberá depurarse. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el artículo 18, último párrafo de aquel ordenamiento deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que prevé el diverso precepto 22. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula de este expediente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en el incidente de suspensión, al no haberse ordenado su apertura, ni ordenar la devolución de documentos, de conformidad con la certificación inserta al proemio de este acuerdo, no fueron exhibidas por las partes. Comunicación Por otra parte, glósese a los autos el oficio suscrito por la Jefa Administradora local del Centro Histórico del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual solicita se le proporcione información a fin de estar en posibilidad de remitir el oficio 5770 dirigido al Ayuntamiento de Tancítaro, Michoacán, sin que sea necesario proveer al respecto, en virtud de lo expuesto en esta acuerdo. Aviso nuevo titular: Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, el suscrito funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/304/2021, de veintidós de abril del año en curso, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 5770 que se giró al tercero interesado Ayuntamiento de Tancítaro, Michoacán, a fin de notificarle la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se negó la protección constitucional a los quejosos María Yurídia Castillo Equihua y Carlos Joel Lizcano García. Ahora bien, tomando en consideración que el referido comunicado fue depositado en la Administración Local de Correos, con sede en esta ciudad, mediante factura de ocho de abril pasado (se inserta la captura correspondiente). Por tanto, en obvio de dilaciones innecesarias en el procedimiento requiérase a la Administradora Local de Correos, residente en esta ciudad, para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir del en que quede legalmente notificada de este proveído, informe sobre el trato que dio a la referida pieza postal. Con el apercibimiento que de ser omisa o no informar las causas legales que le impida hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237 en relación con el diverso numeral 259 de la ley en la materia. Sin mayor pronunciamiento Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el treinta de marzo pasado se dictó sentencia definitiva en el presente asunto. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo VI-814/2020; y****************************************RESULTANDO********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ******************** ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, apoderado legal de los quejosos ******************** y ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que consideró violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. En proveído de ********************se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y,****************************************CONSIDERANDO****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la nueva Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y en vigor a partir de su aprobación, realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero el propio año; toda vez que el acto que se reclama en esta vía, lo constituye la denegatoria de justicia por parte de una autoridad que reside en esta ciudad, aunado a que dicho acto carece de ejecución material alguno.****************************************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".****************************************En ese sentido, debe mencionarse que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes:********************1. La omisión de desahogar diversas pruebas admitidas en la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución de ******************** dentro del juicio ordinario laboral ********************y,********************2. La omisión de dictar laudo dentro del indicado juicio laboral.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes:****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".****************************************TERCERO. Existencia de actos reclamados. Cabe señalar que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, omitió rendir el informe justificado a pesar de haber sido notificado; por tanto, conforme el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos reclamados identificados en el considerando anterior.********************Apoyan lo anterior, las tesis siguientes:********************"INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS. Con arreglo al artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ello significa que si no existe prueba en contrario, el juez debe tener por ciertos los actos que se reclaman y, por tanto, carece de fundamento legal para exigir que se rindan pruebas para demostrar lo que ya es presumiblemente cierto". ****************************************"INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal".****************************************CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción; además, el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo.****************************************Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: ****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.".****************************************QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de las omisiones reclamadas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************En síntesis, la parte quejosa afirma que en su perjuicio se violan derechos humanos porque el tribunal burocrático responsable infringe en su prejuicio su garantía de derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita.****************************************Como ya se dejó asentado en el considerando tercero, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir el informe justificado; por cuyo motivo se tuvo por presuntivamente cierto el acto que a él se atribuyó.****************************************No obstante, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por los directos quejosos ******************** y ********************dado que de una correcta interpretación, de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe estimarse que la presunción de certeza del acto reclamado, no implica la inconstitucionalidad del mismo y, por tanto, corresponde a la parte quejosa la demostración de este último aspecto.****************************************Asimismo, no puede estimarse que la obligación que impone el artículo 75 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el referido numeral 117, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando las autoridades en su informe justificado reconocen la existencia del acto sosteniendo su legalidad, que es una hipótesis diversa a la presunción de certeza que cobra vigencia ante la falta de informe, en cuyo caso corresponde a la agraviada la carga de la prueba cuando el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos en sí mismo, como acontece en el caso.****************************************Por lo que en la especie no se aportaron por parte de los quejosos prueba alguna tendente a demostrar la inconstitucionalidad de las omisiones que se reclaman a la autoridad de mérito, pues ni siguiera demostraron la existencia del juicio laboral de origen y de que en éste sean parte los peticionarios directos, menos aún las dilaciones procesales sean atribuibles de manera exclusiva al eventual actuar de la responsable.****************************************Máxime que la eventual inconstitucionalidad relacionada con la omisión en el dictado del laudo se desvirtúa, por sí misma, cuando los quejosos también reclaman la diversa omisión de desahogo de pruebas en el juicio laboral, esto es, afirman que no se han desahogado los diversos medios probatorios ofertados en el contradictorio laboral (sin que tampoco demostraran que esta omisión es atribuible a la autoridad laboral), lo que de suyo revela que no se estaría en la hipótesis del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, como condición necesaria para el dictado del laudo. ******************** ********************Sin que este órgano jurisdiccional esté obligado, por las razones apuntadas en párrafos precedentes, a recabar oficiosamente constancias para analizar la constitucionalidad del mismo, sino que son los peticionarios a quien corresponde la carga probatoria de ese hecho, pues, como se ha dicho, el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece esa exigencia siempre y cuando se encuentre en el supuesto de que la autoridad responsable hubiera manifestado expresamente la certeza del acto reclamado, pero que hubiese omitido adjuntar las constancias que deben ser materia de análisis de la resolución que se pronuncie en el juicio de amparo; de ahí que ante la falta de pruebas -tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los dos actos reclamados- procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** y ********************al no estar este órgano jurisdiccional en condiciones de establecer que las omisiones que se reclaman a la autoridad señala como responsable, sean inconstitucionales en sí mismas.****************************************Robustece a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 304, Tom VI, octubre de 1997, Novena época, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:****************************************"LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo".****************************************De igual forma, guarda relación por las razones que en ella se contienen, la tesis 2a. CXLI/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Tom VI, diciembre de 1997, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:****************************************"ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última."****************************************Lo anterior es así, toda vez que los promoventes del presente juicio, como ya se dijo, no ofrecieron medio de prueba tendente a acreditar la inconstitucionalidad de las omisiones que reclaman, virtud a las diversas consideraciones precedentes ****************************************En esa virtud, tampoco se está en el supuesto de que este órgano de control constitucional requiera las constancias necesarias para resolver el asunto que se falla, dado que la autoridad omisa no reconoció la existencia del acto, de ahí que la presunción de certeza obliga a la parte quejosa a demostrar el acto, ya que éste no es inconstitucional en sí mismo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es el siguiente:****************************************"PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".****************************************SEXTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contener esta sentencia, procurando que la supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento.****************************************Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, fracción IV, 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se,****************************************RESUELVE:****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** y ********************contra el acto que reclaman al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución.
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