Carlos Humberto Zizumbo Zacarías

Expediente 930/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
930/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Carlos Humberto Zizumbo Zacarías
  • Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Señala usuario. Visto el escrito presentado por la parte quejosa ***************; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como usuario *************, a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen notificaciones en la misma forma; por tanto, se ordena dar de alta dicho usuario. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Se informa avocamiento. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con asiento en Uruapan, mediante el cual se comunica que dicho órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, toda vez que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, éste órgano jurisdiccional declinó competencia por razón de territorio; asimismo, acusa recibo de las constancias que fueron remitidas. Orden de archivo. Virtud de lo anterior, se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, tal haber sido remitidos a la autoridad que aceptó la competencia planteada, agréguese la anterior valoración y orden de archivo al cuaderno de antecedentes formado por tal fin, para los efectos legales procedentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO CLEMENTE SAGRERO BANDERAS, EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintidós. 1. Escrito de cuenta. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado electrónicamente por Francisco Ramos Alejandre, autorizado de la parte tercera interesada Clemente Sagrero Banderas, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, como lo solicita y toda vez que la certificación secretarial de cuenta revela que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de trece de junio de dos mil veintidós, transcurrió en exceso sin que las partes realizaran manifestación alguna, con fundamento en los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector Mediante sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Marbella Vargas Hernández, para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán y el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huetamo, Michoacán, realizaran lo siguiente: "[.] Deje insubsistente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho dictada dentro de los autos que integran el toca de apelación I-286/2018, que tuvo por efecto confirmar el auto apelado de nueve de agosto de dos mil dieciocho; y, En su lugar emita otra, en la que: Reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo; Al momento de ocuparse del estudio del agravio PRIMERO del recurso de apelación, realice un estudio en el que pondere cuál es el alcance del derecho personal contenido en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen en favor de la quejosa, en contraposición al derecho real de hipoteca que le asiste al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su calidad de acreedor preferente. A partir del estudio anterior, resuelva si es válido o no postergar la determinación relativa a la entrega en favor de la quejosa [de forma parcial o total] del numerario exhibido con motivo de la venta judicial llevada a cabo en autos, hasta que el acreedor preferente Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores decida aducir a deducir sus derechos. Para el caso de considerar que es válido postergar la determinación relativa a la entrega en favor de la quejosa [de forma parcial o total] del numerario exhibido con motivo de la venta judicial llevada a cabo en autos, resuelva si con esa decisión se afectan o no los derechos que la solicitante del amparo obtuvo en la cosa juzgada con motivo de la sentencia dictada en el juicio mercantil subyacente. De igual modo, el magistrado responsable deberá analizar si, en la especie, el remate llevado a cabo en autos del juicio ejecutivo mercantil 84/2011, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, extinguió la hipoteca o, en su caso, si en la venta judicial se transmitió el gravamen al adjudicatario. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, a quien no se le atribuyen actos por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación que emitió el magistrado responsable, en la inteligencia de que, para el caso de que el pronunciamiento emitido en cumplimiento a la presente ejecutoria implique un hacer a su cargo, quedará vinculada a su cumplimiento. [.]" 3. Firmeza de la resolución. Mediante ejecutoria de ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión civil 121/2020 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, confirmó la sentencia de amparo, por ende, en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El siete de octubre del dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio 941 signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual se remitieron las actuaciones siguientes: Auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente la resolución combatida. Resolución de apelación de siete de octubre de dos mil veintiuno en la que: Al estudiar el agravio primero ponderó el alcance del derecho personal contenido en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen en favor de la quejosa, en contraposición al derecho real de hipoteca que le asiste al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su calidad de acreedor preferente. Determinó que el remate llevado a cabo en autos del juicio ejecutivo mercantil 84/2011, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, transmitió el gravamen al adjudicatario. Por tanto, determinó fundado el agravio primero de la quejosa y, revocó el auto recurrido para efectos de que se entregue a la quejosa la cantidad total de la venta judicial, al haber obtenido sentencia favorable en el juicio subyacente. En tales circunstancias, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional determinó que el fallo protector no se encontraba debidamente cumplido, toda vez que se ordenó hacer la entrega a la parte quejosa, del numerario obtenido de la venta judicial del inmueble embargado en autos del juicio de origen; sin embargo, no existía constancia de la que se advirtiera que la juez responsable hubiere entregado la cantidad total de la venta judicial a la aquí quejosa. Lo anterior, no obstante que en la sentencia concesoria se precisó que en el supuesto de que el pronunciamiento emitido en cumplimiento a la presente ejecutoria, implicara un hacer a cargo de la autoridad ejecutora, éste quedaría vinculada a su cumplimiento. Dicha determinación fue reiterada en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, cuando se calificó la imposibilidad manifestada por la juez responsable. Finalmente, por oficio 1106/2022 remitido vía correo electrónico el diez de junio pasado, la Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, manifestó a este Juzgado Federal que nuevamente se encuentra imposibilitada para cumplir con el fallo protector, debido a que en los autos del juicio de amparo 1073/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concedió a Clemente Sagrero Banderas -aquí tercero interesado- el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, resolviera la entrega o no del producto de la venta judicial a Marbella Vargas Hernández, dentro del juicio ejecutivo mercantil 84/2011; sentencia que en diecinueve de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. Motivo por el cual, en cumplimiento a dicha ejecutoria el Magistrado responsable determinó no entregar el dinero producto del remate judicial referido a Marbella Vargas Hernández. Tal como se advierte de las copias certificadas remitidas por magistrado responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Así como de las diversas remitidas por la Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, las cuales, si bien fueron recibidas vía correo electrónico institucional, también es cierto que en términos de lo establecido por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se reconocen como medios de pruebas a la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, en la inteligencia, que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Por consiguiente, acorde a lo establecido por los artículos 129 y 202, cuerpo normativo invocado en primer término, es inconcuso que las documentales, remitidas vía correo electrónico, adquieren valor probatorio pleno, en atención a que, por una parte, el comunicado al que fueron anexadas, se encuentra suscrito por el apoderado jurídico de las responsable, y por la otra, en la parte posterior de la citada documental, obra la certificación relativa a su recepción, realizada por la Secretaria del Juzgado. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO". 5. Conclusión. En tales circunstancias, existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia. Se afirma de ese modo, pues el amparo y protección de la Justicia de la Unión se concedió para que se dejara insubsistente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro de los autos que integran el toca de apelación I-286/2018, que tuvo por efecto confirmar el auto apelado de nueve de agosto de dos mil dieciocho y, en su lugar, se emitiera otra en la que se reiteraran las consideraciones que no fueron motivo de concesión, se estudiara el agravio "PRIMERO" atendiendo los lineamientos trazados por el fallo protector y resolviera lo que en derecho correspondiera con relación a la entrega de la cantidad total de la venta judicial, a la parte quejosa, en el juicio subyacente. En la inteligencia de que, para el caso de que la nueva resolución implicara un hacer a cargo de la Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, ésta quedaría vinculada a su cumplimiento. Circunstancia que así aconteció, pues en la nueva resolución de apelación de siete de octubre de dos mil veintiuno, el Magistrado responsable al estudiar el agravio primero ponderó el alcance del derecho personal contenido en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen en favor de la quejosa, en contraposición al derecho real de hipoteca que le asiste al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su calidad de acreedor preferente y determinó que el remate llevado a cabo en autos del juicio ejecutivo mercantil 84/2011, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, transmitió el gravamen al adjudicatario. En consecuencia, determinó fundado el agravio primero de la quejosa y, revocó el auto recurrido para efectos de que se entregara la cantidad total de la venta judicial, al haber obtenido sentencia favorable en el juicio subyacente. Sin embargo, debido a que en contra de esa resolución, el tercero interesado Clemente Sagrero Banderas promovió juicio de amparo, el cual correspondió conocer a este órgano de control constitucional, quien lo registró con el número 1073/2021, la entrega del numerario referido no se concretó, pues en el juicio de control constitucional mencionado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a dicho tercero interesado para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro de los autos que integran el toca de apelación I-286/2018, que tuvo por efecto revocar el auto apelado de nueve de agosto de dos mil dieciocho1; y, II. En su lugar emita otra, en la que: a. Reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión en el presente fallo; b. Siguiendo los lineamientos trazados en la presente sentencia, precise que el derecho real de hipoteca afecto al bien inmueble ubicado en calle Retorno 5, número 86 ochenta y seis, del conjunto habitacional Villas del Sol, en Morelia, Michoacán, registrado con el número 01 del tomo 12410, mismo que cuenta con el gravamen número 10, tomo 1210, del libro de gravamen correspondiente a dicha localidad, deducido del contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, celebrado por el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) como acreedor y deudor Ma. Alejandra Equihua Díaz, hasta por la cantidad de $227,000.00 (doscientos veintisiete mil pesos 00/100 moneda nacional), se encuentra extinguido en favor del adjudicatario. c. Se pronuncie respecto a la prelación de los derechos de los acreedores intervinientes en el procedimiento de remate. d. Una vez realizado lo anterior, determine la procedencia de la entrega o no del numerario producto del remate judicial." (Lo resaltado es propio). Motivo por el cual, en cumplimiento a dicha ejecutoria el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado responsable dictó una nueva resolución dentro del toca de apelación 286/2018, en la que dejó sin efectos la resolución de siete de octubre de dos mil veintiuno y resolvió, en lo que aquí interesa, que no se puede realizar la entrega del numerario que pretendía la parte recurrente, toda vez que el precio que se obtenga del procedimiento del remate por la venta del inmueble, debe destinarse, en primer lugar, al pago de los créditos hipotecarios que sean preferentes y, que al existir acreedor preferente debe de asegurarse de que la cantidad obtenida se aplique, primeramente para cubrir su crédito. Circunstancia que imposibilita que la Juez Mixto de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán, materialice la resolución dictada el siete de octubre de dos mil veintiuno dictada dentro de los autos que integran el toca de apelación I-286/2018, esto es, haga entrega a la parte quejosa de la cantidad que se obtuvo con motivo del remate judicial practicado en el juicio ejecutivo mercantil 84/2011, pues la resolución que actualmente impera en el juicio subyacente es la resolución emitida el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se resolvió no entregar el numerario mencionado. 6. Remisión al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por tanto, para los efectos legales conducentes y de conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo previsto por los diversos numerales 201, fracción II y 202 del mismo ordenamiento legal, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para que se sirva proceder conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193 del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por reiteración, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente remítase a la superioridad.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...CERTIFICACIÓN: En veinte de septiembre de dos mil veintidós, la licenciada Cristina García Maya, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: (1) Que el acto reclamado en el juicio en que se actúa lo constituye la sentencia definitiva emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el procedimiento de responsabilidad administrativa número CVD/22/2022, instaurado en contra de Carlos Alberto Zizumbo Zacarías, en cuanto Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que determinó acreditada la falta administrativa prevista en el artículo 166, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en consecuencia la ejecución de la sanción de suspensión del cargo por el término de cinco días naturales. (2) Que se encuentra señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del tres de octubre de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional. (3) El seis de septiembre de dos mil veintidós, se resolvió la suspensión definitiva dentro del incidente derivado del presente juicio. Lo anterior se asienta para constancia y efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cristina García Maya Secretaria del juzgado. En la misma fecha se da cuenta a la juez, con la certificación que antecede, con el estado de autos y con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 15224. Conste.Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. VISTO LO DE CUENTA SE PROVEE: INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, en representación del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, rindiendo informe justificado, con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. Prueba. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como documentales las constancias que envía; las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con las constancias en cita se ordena formar un tomo de prueba, respetando folio y anexando únicamente caratula para su identificación. SE DECLARA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Zizumbo Zacarias, por propio derecho, y del informe justificado arriba mencionado, se advierte que los actos reclamados son la sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el procedimiento de responsabilidad administrativa número CVD/22/2022, instaurado en contra de Carlos Alberto Zizumbo Zacarías, en cuanto Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Lázaro Cárdenas, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que determinó acreditada la falta administrativa prevista en el artículo 166, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y su ejecución, consistente en la suspensión del cargo por el término de cinco días naturales. En tal virtud, se considera que este Juzgado Federal, resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados cuyas consecuencias habrán de ejecutarse en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, región en la cual está el quejoso como Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, lugar donde desempeña ese cargo. De modo que debe ser un Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con jurisdicción en Uruapan, el que conozca del presente juicio. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues, los actos reclamados en esta instancia consistentes en la sentencia definitiva emitida el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el procedimiento de responsabilidad administrativa número CVD/22/2022, y como consecuencia la ejecución de la sanción de suspensión del cargo por el término de cinco días naturales impuesta al quejoso, habrán de ejecutarse en el lugar en que se encuentra adscrito, esto es, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde este Juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Registro digital: 2009409, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar de reclusión. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la demanda se encuentre dirigida al Juez de Distrito en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, y que haya señalado como responsable a autoridades con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues se insiste, la ejecución material del acto reclamado, -suspensión provisional en el desempeño de sus funciones como juez- tendrá lugar en donde el quejoso se encuentra adscrito y responde a su fuente laboral. En ese tenor, y atendiendo al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual, en lo conducente expresamente dispone: "[...]XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro". Remítase el presente juicio con sus incidentes, dentro de los cuales ya se resolvió la suspensión definitiva, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que sea turnada al Juzgado de Distrito con residencia en esa ciudad; solicítese el acuse de recibo respectivo así como el informe de si acepta o no la competencia planteada. Regístrese en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado de Distrito; fórmese cuaderno de antecedentes con impresión de la versión electrónica del presente expediente; en su oportunidad elabórense las anotaciones correspondientes. Consecuentemente, esta juzgadora estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, la que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para los efectos legales correspondientes, con la atenta solicitud del acuse de recibo. SIN EFECTOS FECHA DE AUDIENCIA. Virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en que se llevaría a cabo la audiencia constitucional.

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