Carlos Jesús Campos Euan

Expediente 2320/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2320/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Jesús Campos Euan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 2320/2021-VIII-B, promovido por Carlos Jesús Campos Euán, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y del actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado, compareció Carlos Jesús Campos Euan, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y del actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo escrito aclaratorio, por auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, materia común, con número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio laboral seguido en su contra, bajo el número 137/2019, así como todo lo actuado en el mismo, incluyendo el dictado del laudo. TERCERA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, la Junta por conducto de su Presidente, y el actuario adscrito por sí mismo; y aunque las autoridades responsables lo negaron, hacen manifestaciones que evidencia su existencia, al indicar que en el juicio laboral todo se actuó con apego a derecho. Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral de origen 137/2019, que remitió la citada Junta responsable al rendir su informe justificado y las diversas que agregó a su oficio 86/JE5/2022. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse, lo aleguen o no las partes si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causas de improcedencia. Ahora bien, de un análisis de las constancias enviadas por la Junta responsable junto con su informe justificado se advierte que, en relación al acto reclamado en este asunto, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral 137/2019, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por tener determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, por lo que se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. De acuerdo a la causa de improcedencia que nos atañe, se debe de considerar que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, éste en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse su inconstitucionalidad; jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o bien, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o no sea susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En este punto, resulta importante precisar que la parte quejosa a través de su demanda constitucional reclamó: La falta de emplazamiento al juicio laboral seguido en su contra, bajo el número 137/2019, así como todo lo actuado en el mismo, incluyendo el dictado del laudo. Sin embargo, como se observa del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de las constancias que acompañó deducidas del juicio laboral 137/2019, que remitió la citada Junta responsable al rendir su informe justificado y las diversas que agregó a su oficio 86/JE5/2022. Las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De las que se desprende, que si bien en auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable tuvo por presentado el citado juicio y comisionó al actuario a fin de que emplazara a los demandados, entre los que se encuentra el quejoso Carlos Jesús Campos Euán, también es verdad que en el proyecto de laudo emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y elevado a la categoría de laudo el trece de octubre de dos mil veinte, se absolvió al quejoso de las prestaciones reclamadas en el citado juicio laboral. Lo cual quedó firme según se advierte del proveído de veinticinco de febrero del año en curso, en el que la secretaria hizo constar: "Que en los libros de registro de esta Junta Especial, hasta la presente fecha, no aparece depositada cantidad alguna a favor del actor DIDIER JESÚS MENDOZA HERRERA, por parte del demandado CLS3 DE R.L. DE C.V. en concepto de la cumplimentación del laudo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 137/2019; laudo firme y ejecutoriado, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar." Y a continuación la Presidenta de la Junta responsable, procedió a emitir el auto de requerimiento de pago y embargo. Lo expuesto demuestra que si bien, aún persiste el acto reclamado, lo cierto es que sus efectos han desaparecido del mundo jurídico, al haberse absuelto al quejoso en el juicio de origen, pues la omisión de emplazarlo que por esta vía se controvierte ya no surtirá efecto alguno, lo que pone de relieve que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo anterior, los efectos de una sentencia amparadora que en su caso se realizara, el emplazamiento al juicio no podría trascender a la esfera jurídica de la parte impetrante, pues teniendo la protección constitucional el propósito de reparar la violación del derecho fundamental cometido en perjuicio del quejoso y restituirlo en el pleno goce de los mismos que le fueron violados, aún cuando tales actos subsisten, se modificó la materia u objeto del procedimiento origen del amparo. Sobre el particular se cita la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con registro 173858 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 241, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia común, con registro digital 196442, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En tal virtud, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por tanto, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con lo establecido por el numeral 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. El sobreseimiento se hace extensivo a los actos atribuidos al actuario adscrito a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán; en virtud de que no se combatieron por vicios propios. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 231, visible en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del citado apéndice de jurisprudencia, compilación 1917-1995, que a la letra dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". QUINTO. Protección de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio promovido por Carlos Jesús Campos Euan, en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y del actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexto consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 86/JE5/2022, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, y un anexo que acompaña, que remite en atención al requerimiento que se efectuó en proveído de veinticinco de febrero del año en curso. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día, y se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de la revisión de las constancias relativas al expediente, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Valladolid, Yucatán, no remitió la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral 137/2019. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Valladolid, Yucatán, para que en el término de tres días, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias del juicio laboral 137/2019, dado que se consideran necesarias para resolver el presente asunto. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00(ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional), de conformidad con el artículo 260 fracción II de la ley de la materia, en relación con el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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