Carlos Javier Zapata Ucan
Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Javier Zapata Ucan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, mediante el cual acusa recibo del oficio 14877/2023, de quince de junio de dos mil veintitrés, con el cual se le comunicó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio firmado por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, con el que devuelve diligenciado el despacho 59-D-II-AMPARO/2023, con número de orden 59/2023, deducido del presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento especial al respecto, en virtud de que el quince pasado, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, dese de baja al despacho de mérito, remítase el acuse de recibo de estilo; y hágase lo anterior del conocimiento del Secretario encargado de las comunicaciones, a fin de que realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, atento al oficio de marras, así como del estado que guardan los presentes autos, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de la autoridad responsable, medularmente, lo constituye la determinación de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 279/2022, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra el proveído de ocho de marzo anterior. Sentado lo anterior, es menester indicar, en relación al citado acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el mismo." Ello, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado por parte de las responsables, pues así lo ha sostenido el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 283, visible a fojas 190, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, cuando como en el caso el acto reclamado por la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en que subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la que se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estime violentadas, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista el acto reclamado, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Los razonamientos expuestos encuentran punto de apoyo en la tesis 2ª.XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Se afirma lo anterior, toda vez que de la determinación de veinticuatro de mayo del año en curso, misma que remitió el Juez responsable, se advierte que la tercero interesada Yaneli Yazmín Acoltzi Euan y el aquí quejoso Carlos Javier Zapata Ucan, llegaron a un convenio, por lo que éste se elevó a la categoría de cosa juzgada. Motivo por el que si bien existe la determinación en la que se declaró la improcedencia del recurso que interpuso la parte quejosa en el juicio mercantil de origen, lo cierto es que dicho acto de autoridad que en su momento generó molestia al quejoso, ya no le repara ningún perjuicio con motivo de la determinación emitida por la Juez responsable, al haber tenido a las partes por conformes con el convenio que celebraron ante dicha responsable, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada. De ahí que ya no se puede restituir a la parte quejosa en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, es inconcuso que en el caso, los efectos del acto de autoridad impugnado, consistente en la declaratoria de improcedencia del recurso que interpuso, aún y cuando en el fondo del asunto sea inconstitucional, resulta jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimare violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, precisamente en virtud de la celebración del convenio en el proceso de origen. En las relatadas condiciones, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés. Finalmente, no pasa desapercibido para esta Juzgadora Federal, el que no obre el emplazamiento de la parte tercero interesada; empero, ello no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, cuenta habida que, dado el sentido de la misma, no se ocasiona detrimento alguno a los derechos procesales de dicha parte. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Carlos Javier Pasos Lopez1844/2021
- Carlos Javier Pat Euan1307/2017
- Carlos Javier Pat Euan1308/2017
- Carlos Javier Pat Euan918/2018
- Carlos Javier Pat Euan1104/2017
- Carlos Javier Pat Euan1306/2017
- Carlos Jesus Fleischer Pinto514/2023
- Carlos Joaquin Cetina Camara1119/2018
- Carlos Joaquin Cruz Arce43/2021
- Carlos Joaquín Sansores Tur318/2023
- Carlos Joaquin Sansores Tur617/2023
- Carlos Jose Erosa Burgos351/2018