Carlos Javier Pat Euan

Expediente 1308/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1308/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Javier Pat Euan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA VII. Agréguese a estos autos el oficio 36404/2019, rendido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual acusa recibo del legajo de copias certificadas derivadas del juicio ejecutivo mercantil 95/2017-II-B, de su índice, que remitió como justificación a su informe de ley. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.

  2. Principal

    VII.- Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías, el diecinueve de febrero del año en curso, que sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de los actos reclamados a la responsable, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo.

  3. Principal

    VII. Agréguense como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, y anexo que acompaña. En ese sentido, toda vez que las constancias remitidas resultan voluminosas, fórmese un anexo con las mismas, en cual estará a disposición de las partes, en la Secretaría de este órgano de control constitucional, en la inteligencia que se seguirá actuando en este expediente. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa reclamó a la autoridad responsable, en su demanda de amparo, es la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró infundado el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso contra el proveído de veintiséis de julio anterior, emitido por el Juez de Distrito responsable en el expediente 95/2017-II-B, en el que se le requirió para que dentro del término de tres días entregara a la parte actora el vehículo objeto de la litis. Respecto de la citada determinación que por esta vía se impugna, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas resoluciones, se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución, como en el caso acontece. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que de las constancias que remitió el Juez de Distrito responsable, se advierte que si bien es cierto en la determinación impugnada de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró infundado el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso contra el proveído de veintiséis de julio anterior, emitido por el Juez de Distrito responsable en el expediente 95/2017-II-B, en el que se le requirió para que dentro del término de tres días entregara a la parte actora el vehículo objeto de la litis; también lo es que por diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se libró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que procediera a la localización y detención del automotor de marras, lo que aconteció el tres de noviembre siguiente, siendo que el diez del propio mes y año, dicho vehículo quedó a disposición de la parte actora. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que el acto que aquí se reclama, fue sustituido procesalmente por el diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que ordenó la localización y detención del vehículo que nos atañe, e incluso, también fue sustituido por el auto de diez de noviembre siguiente, que decretó la entrega de dicho bien a la parte actora en el juicio de origen. Corolario de lo antes expuesto, deviene la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que, se reitera, las consecuencias jurídicas de la resolución combatida, fueron sustituidas por la determinación que ordenó la localización y detención del automotor en cuestión, además de por el proveído que decretó su entrega a la parte actora en el proceso natural. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Por otra parte, toda vez que en proveído de catorce de febrero anterior, se reservó proveer en relación con la personalidad de Yohanzen Leonel Macías Medina; con fundamento en el numeral 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce su personalidad como apoderado de la parte actora en el juicio de origen, al tenor de las constancias que integran dicho sumario. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso en mención; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades ahí conferidas. Finalmente, ténganse por vertidas las alegaciones realizadas en el escrito en cita, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VII. Agréguense como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, y anexo que acompaña. En ese sentido, toda vez que las constancias remitidas resultan voluminosas, fórmese un anexo con las mismas, en cual estará a disposición de las partes, en la Secretaría de este órgano de control constitucional, en la inteligencia que se seguirá actuando en este expediente. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa reclamó a la autoridad responsable, en su demanda de amparo, es la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró infundado el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso contra el proveído de veintiséis de julio anterior, emitido por el Juez de Distrito responsable en el expediente 95/2017-II-B, en el que se le requirió para que dentro del término de tres días entregara a la parte actora el vehículo objeto de la litis. Respecto de la citada determinación que por esta vía se impugna, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas resoluciones, se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución, como en el caso acontece. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, cuando se interpone un recurso o medio de defensa contra el acto reclamado, la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación: sustituyó procesalmente a la anterior. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podría ser materia del juicio constitucional. En efecto, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que de las constancias que remitió el Juez de Distrito responsable, se advierte que si bien es cierto en la determinación impugnada de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró infundado el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso contra el proveído de veintiséis de julio anterior, emitido por el Juez de Distrito responsable en el expediente 95/2017-II-B, en el que se le requirió para que dentro del término de tres días entregara a la parte actora el vehículo objeto de la litis; también lo es que por diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se libró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que procediera a la localización y detención del automotor de marras, lo que aconteció el tres de noviembre siguiente, siendo que el diez del propio mes y año, dicho vehículo quedó a disposición de la parte actora. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que el acto que aquí se reclama, fue sustituido procesalmente por el diverso proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que ordenó la localización y detención del vehículo que nos atañe, e incluso, también fue sustituido por el auto de diez de noviembre siguiente, que decretó la entrega de dicho bien a la parte actora en el juicio de origen. Corolario de lo antes expuesto, deviene la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que, se reitera, las consecuencias jurídicas de la resolución combatida, fueron sustituidas por la determinación que ordenó la localización y detención del automotor en cuestión, además de por el proveído que decretó su entrega a la parte actora en el proceso natural. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Por otra parte, toda vez que en proveído de catorce de febrero anterior, se reservó proveer en relación con la personalidad de Yohanzen Leonel Macías Medina; con fundamento en el numeral 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce su personalidad como apoderado de la parte actora en el juicio de origen, al tenor de las constancias que integran dicho sumario. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso en mención; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades ahí conferidas. Finalmente, ténganse por vertidas las alegaciones realizadas en el escrito en cita, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 124 de la Ley de Amparo

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