Carlos Iván Terrazas Villanueva

Expediente 673/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Iván Terrazas Villanueva
  • David Vicente Ramos Hernández y/o Omar Cruz Jacome

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que en auto de doce de septiembre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto; asimismo, se acordó que una vez que se contara con las constancias de notificación esa providencia y el fallo en cuestión, sería enviado el medio de impugnación a la superioridad para su substanciación. Sin embargo, al día de hoy no ha sido recibido en este órgano jurisdiccional el acuse de recibo del oficio con el que se hizo del conocimiento tal determinación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho "CPS Coahuila", con asentamiento en Ramos Arizpe, Coahuila. En consecuencia, con el oficio que se derive del presente acuerdo, requiérase a la nombrada autoridad para el efecto de que dentro del término de tres días, comunique a este Juzgado de Distrito por el medio ágil que estime pertinente, la fecha en que fue notificada del acuerdo de doce de septiembre del año en curso. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los escritos firmados electrónicamente por el licenciado Trinidad Meza Raya, en su carácter de Defensor Público Federal de los quejosos Carlos Iván Terrazas Villanueva y David Vicente Ramos Hernández y/o Omar Cruz Jacome, mediante los cuales interpone recurso de revisión con el primero de ellos, y con el segundo formula agravios en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto del año en curso, en la presente contienda constitucional; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense al expediente para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89 de la legislación de la materia, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, en contra de la resolución emitida en este juicio de amparo; por tanto, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias relativas a la notificación a las partes de dicho fallo y de este auto; remítase el expediente original al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad. Por otra parte, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo al que deberán agregarse las copias necesarias para su debida integración. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 673/2023-II, promovido por el licenciado ********************, en su carácter de defensor público federal de los quejosos directos********************, contra actos del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Con el escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, ante este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, el licenciado ********************, en su carácter de defensor público federal de los quejosos directos********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y actos que enseguida se precisan. Autoridades responsables: 1. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, residente en Matamoros, Tamaulipas. 2. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila. Actos reclamados: "Del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, reclamo la determinación de declarar infundada la petición de cese de la prisión preventiva e inmediata libertad, realizada a favor de mis representados, lo cual hizo en audiencia celebrada el día 24 de mayo del año en curso, dentro de autos derivados de la causa penal ********************, audiencia celebrada en cumplimiento a la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el Amparo en Revisión ********************. Del C. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila; reclamo el cumplimiento a la determinación del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, de declarar infundada la petición de cese de prisión preventiva e inmediata libertad, realizada a favor de mis representados, lo cual hizo en audiencia celebrada el día 24 de mayo del año en curso, dentro de autos derivados de la causa penal ********************, audiencia celebrada en cumplimiento a la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el Amparo en Revisión ********************" (sic) Del mismo modo, el promovente de este juicio refirió los hechos en que se sustenta la demanda y señaló los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como transgredidos en perjuicio de los directos agraviados. SEGUNDO. Radicación. En auto de seis de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito registró la demanda, la admitió a trámite, dio la intervención que legalmente le corresponde al fiscal de la Federación adscrito, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales de Apelación y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Así se considera, en razón de que el acto reclamado consiste en la resolución que determinó infundada la solicitud para la revisión de prisión preventiva de los directos agraviados, emitida por un Juez de Distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que éste órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y, al respecto, se tiene que los efectos de la prisión preventiva se trasladan directamente al proceso, dado que con ella se busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a las víctimas, a los testigos y a la comunidad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, de una interpretación integral del escrito de demanda e informes justificados se obtiene que la parte quejosa se duele de lo siguiente: De la determinación adoptada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en la audiencia celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en la que se declaró infundada la solicitud de cese de la medida cautelar de prisión preventiva de la que son objeto los directos agraviados; y, Del cumplimiento de esa resolución que, según aduce el promovente, consiste en mantener a los directos quejosos privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en los que se encuentran internos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, así se considera para efectos de este juicio. La certeza del acto está corroborada con las copias certificadas de diversas constancias de la causa penal ********************, que el juez del conocimiento allegó a este juicio; documentos públicos que, conforme al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gozan de valor probatorio pleno en términos de los diversos numerales 197 y 202 del invocado ordenamiento adjetivo, ya que consisten en actuaciones judiciales realizadas por funcionarios públicos. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, en la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por lo que hace al registro de audio y video de la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada, se le otorga igualmente valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 703, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Aquí, cabe destacar que de tales constancias se desprende que el promovente del amparo licenciado ********************, tiene el carácter de defensor público de los quejosos directos********************; por lo tanto, se tiene por colmado el requisito previsto por el artículo 6, segundo párrafo, en relación con el 14, ambos de la Ley de Amparo. Por su parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, negó el acto que se le atribuye. Sin embargo, los quejosos directos se encuentran recluidos en dicho lugar de reclusión dado el auto de formal prisión dictado en su contra y, ante una eventual protección de la Justicia Federal, sería dicha responsable quien participaría en el cumplimiento a la sentencia de amparo y, por otra, los efectos del referido auto de plazo constitucional, en cuanto a la privación de la libertad de los quejosos se están llevando a cabo en dicho centro penitenciario. Por lo tanto, se tiene como cierto el acto atribuido por la parte quejosa a la responsable aludida. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada de oficio, tampoco las partes invocaron la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede analizar el fondo de la resolución reclamada. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto. Resolución reclamada. Para mayor claridad, se plasma la diligencia llevada a cabo el pasado veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, relativa a la audiencia sobre cese o sustitución de la medida cautelar respecto de los aquí quejosos: "En la Heroica ciudad de Matamoros, Tamaulipas, siendo las catorce horas con quince minutos (frontera) del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, data señalada para la celebración de la audiencia ordenada en autos de la causa penal ********************, que se les instruye entre otros a ********************. Preside la audiencia Ernesto Vladimir Tavera Villegas, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante Gloria Cristina Sánchez Valenzuela, Secretaria de Juzgado, quien da fe. Para el desahogo de la misma, la Secretaria hace constar que se enlazaron a través de la aplicación Cisco Webex Meetings, en la sala https://cjf.webex.com/meet/, al equipo de videoconferencias de este órgano jurisdiccional, con número 24914665680. Acto seguido, el Juez de Distrito informa a las partes que la presente audiencia es con motivo al cumplimiento del amparo en revisión ********************, de la Estadística del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. José Luis López Pintor, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Emmanuel García López, asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en Monterrey, Nuevo León. ********************, Defensor Público Federal adscrito, quien se identifica con cédula profesional 1801475. ******************** y ********************, en su calidad de procesados, presentados por mediación del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila. Que se verificó el adecuado funcionamiento del enlace que para tal efecto se realizó con apoyo del equipo de videoconferencia de este órgano jurisdiccional, esto es, una pantalla plana Samsung led, de 40 pulgadas, serie Z5ARHCJD600275J y equipo de videoconferencia Cisco; advirtiendo que existen condiciones de audibilidad y las imágenes que se perciben son nítidas. Enseguida, la secretaria actuante hace constar que inicia la presente diligencia de manera remota, en virtud de lo establecido en el Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En ese orden de ideas, se procede a la identificación de las partes. En primer lugar, se identifica al licenciado Emmanuel García López, asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La secretaria hace constar que la credencial laboral del asesor jurídico fue exhibida con antelación de la que se agrega copia, la cual cuenta con número 121732, expedida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Seguidamente se identifica el licenciado ********************, defensor Público Federal adscrito, con cédula profesional número 1801475; además, manifiesta que sus datos de identificación fueron proporcionados previamente a este juzgado. La secretaria hace constar que la cédula profesional del defensor Público Federal fue exhibida con antelación de la que se agrega copia certificada, la cual cuenta con registro 188464 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se identifican en forma verbal los procesados ******************** y ********************, quienes se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe. Luego se identifica José López Pintor, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se encuentra debidamente identificado en autos. Debido a lo anterior, el juez pregunta a los procesados si la defensa les explicó los motivos de la presente diligencia, indicando ambos que sí. El juez pregunta a las partes si tienen manifestaciones de previo pronunciamiento, indicando que no hay cuestiones que señalar. En términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara abierto el debate entre las partes sobre la medida cautelar (prisión preventiva), impuesta a ******************** y ********************, con intervención del licenciado ********************, Defensor Público Federal adscrito. En atención a ello, el Juez otorga el uso de la voz al licenciado ********************, Defensor Público Federal adscrito, a fin de que realice las manifestaciones que considere pertinentes, quien refiere que actualmente sus representados tienen más de doce años de prisión preventiva y no se les ha dictado sentencia, por lo que solicita el cese de la prisión preventiva y se ordene su inmediata libertad por agotamiento del plazo razonable establecido en el numeral 20 de la Constitución Federal, así como lo establecido en el criterio de la jurisprudencia con número de registro 2024608, emitido por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria. Precisando que la carga procesal corresponde a la fiscalía, la justificación para la continuación de la prisión preventiva debe ser argumentada y probada proporcionando evidencias y argumentos suficientes para ello; y añade que, en el caso de sus representados los hechos delictivos que se les atribuyen no tiene características especiales que puedan ser consideradas complejas; que no existe dificultad probatoria, pues de la actividad procesal de sus representados no se demuestra que hayan realizado conducta alguna que pueda considerarse como acto que entorpezca la tramitación del proceso penal y en cuanto a la conducta de las autoridades considera que existe dilación excesiva en las diversas que lo constituyen y que la conducta de las autoridades no fue conducente en el proceso, pues se agotó la instrucción, debiendo tomar en cuenta la obligatoriedad del artículo 1° Constitucional, debiendo respetar y proteger los derechos humanos, debiendo realizar el control de constitucionalidad a fin de que no se vulneren derechos de sus representados, toda vez que el Estado es responsable por la violación al derecho de la libertad y presunción de inocencia. Dilatandose por más de cinco años el desahogo de diversas pruebas así como la realización del Protocolo de Estambul, motivo por el cual se desistieron de las pruebas pendientes y se solicitó la separación de los autos, mismo que no ha sido favorable. El exceso de la prisión preventiva, es contrario a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aludió también, a que debe atenderse a la progresividad de derechos humanos y a la jurisprudencia más actual que le beneficie a sus representados, es cuánto. Seguidamente, se otorga el uso de la voz al agente del Ministerio Público de la Federación, quien solicita se declare infundada la petición de la defensa, toda vez que los delitos por los cuales se encuentran sujetos a prisión preventiva oficiosa son graves y de impacto social, los cuales se conoce por una legislación especial; así mismo, el impulso procesal que han ejercido los procesados han impedido se concluya el proceso, tomando en consideración a los co-procesados los cuales se encuentran recluidos en diversos Centros penitenciarios de distintos Estados. Asimismo, los delitos por los cuales se lleva a cabo el presente proceso son complejos y son tratados por Leyes Especiales. Por otra parte, debemos considerar la cantidad de tomos que lo son trece, se realizaron diversas aportaciones probatorias, entre otros medios de defensa, tales como testimoniales, ampliaciones de declaraciones, careos, periciales y pruebas documentales, por lo que ello implica que no se haya cerrado la instrucción en el tiempo adecuado, ello atendiendo a los exhortos que se han librado para efecto de desahogar diligencias. La naturaleza de los hechos y medios probatorios son complejos por sus características, la actividad de las partes, ello con independencia del desistimiento por parte de la defensa. En cuanto a la dilación, esta se ha debido a la tardanza del desahogo de los dictámenes de Protocolo de Estambul realizados a diversos procesados, por lo que solicito se declare infundada la petición de la defensa. Posteriormente en uso de la voz el asesor jurídico, manifiesta que, solicita se tome en cuenta lo argumentado por la fiscalía, es todo. A continuación el juez pregunta a la defensa pública si ofrecerá medios de prueba en la presente audiencia, el cual manifiesta que no cuenta con medios de prueba que ofrecer, sin embargo, hace referencia a diversos datos de prueba a fin de acreditar el arraigo de sus representados y solicita se tomen en cuenta los referidos en su primera intervención. En el uso de la palabra la fiscalía refiere que conforme al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no cuenta con medios de prueba que ofrecer; sin embargo, solicita se tomen en cuenta las declaraciones ministeriales y preparatorias de los procesados, y no tiene objeción en que se incorporen los datos de prueba referidos por la defensa. Seguidamente en uso de la voz el Asesor Jurdíco, refiere, que no cuenta con medios de prueba para ofrecer y no tiene objeción en que se incorporen los datos de prueba referidos por el defensor. Por su parte, la defensa refiere datos importantes de los datos de prueba a los que aludió, a fin de que se acredite y justifique el arraigo de sus representados. El juez decreta el cierre de la etapa probatoria. Por consiguiente, se concede el uso de la voz a las partes para formular sus alegatos de cierre sobre la revisión de la medida cautelar, por lo que se escuchó a la defensa, a la fiscalía y asesor jurídico, respectivamente. El juez pregunta a los procesados su harán uso de la voz en esta audiencia para expresar sus argumentos o si previamente desean valorarlo con su defensor. A las quince horas con treinta y ocho minutos, el juez decreta un receso de cinco minutos, a fin de que los procesados se entrevisten con su defensor y les explique los alcances de declarar o hacer uso de la voz en esta audiencia, así como también que todo lo declarado podrá ser usado en su contra. Con posterioridad, a las quince horas con cuarenta y tres minutos de esta data, se reanuda la presente audiencia y se requirió a los procesados a fin de señalar si era su deseo manifestarse, quienes indicaron que sí desean hacerlo y se les concede a cada uno de ellos el uso de la voz, quienes realizaron sus manifestaciones que consideraron pertinentes. El juez procede a declarar cerrado el debate y resolver lo conducente. Por tanto, procede a analizar si se encuentran las condiciones para variar la medida cautelar en que se encuentran sujetos los procesados ******************** Primeramente, se ocupa de los argumentos de la defensa, en cuanto al sentido de la prisión preventiva oficiosa que es una medida que se ha declarado inconvencional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, dicha medida está prevista expresamente en la Constitución Federal en su artículo 19, por consiguiente, invoca lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, la cual es de carácter obligatorio y concluye que como juzgador no puede desconocer lo establecido en nuestra carta magna, por lo que encontrándose impedido para proceder a la inaplicación por considerar inconvencional el artículo 19 constitucional, declara infundado el argumento de la defensa. Seguidamente, toma en consideración lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado B, fracción IX; así como la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN", que establece la necesidad de revisar tres parámetros consistentes en la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Asimismo, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a XL/2017 (10a.) re rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO A, DEL ACTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL", que permite considerar al suscrito la naturaleza del delito por el cual se sigue el proceso penal. En esa misma línea, invoca lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros, contra México, en su párrafo 109. Atendiendo uno de los factores acordes a la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, párrafo 151 y 157. De modo que, en torno a dichos parámetros, considera que en el caso, se acreditó que el asunto es complejo, atendiendo al número de sujetos involucrados, el número de delitos que son cinco, el número de pruebas que se han ofrecido y desahogado, lo cual eleva la complejidad del asunto y la duración del mismo, así como la naturaleza de los delitos, que revelan que el asunto tiene características especiales y de complejidad, como lo señala el criterio de la Suprema Corte, así como también aludió a la actividad procesal de los interesados. Ahora bien, en cuanto al desahogo del cúmulo de las pruebas solicitadas y que lo son abundantes y su tardanza en el desahogo, además de los protocolos de Estambul y la ratificación de los mismos, a pesar de haber sido ordenadas de oficio como lo refiere la defensa, esto no implica que no se haya hecho en uso de la defensa de los implicados y tomando en consideración la voluntad de los procesados y ejercieron su derecho de defensa dentro de los parámetros que marca la constitución. Respecto a la conducta de las autoridades en el caso, este órgano jurisdiccional ha sido diligente, pues se ha actuado dentro de las medidas y posibilidades humanas y tecnológicas, en el presente asunto y escapa de este órgano de justicia. Otro factor que impactó es el tema de salud pública a nivel mundial covid-19 por haberse suspendido labores hasta en tanto se ordenó la reanudación de horarios laborales, más sin embargo ya se encuentra cerrada la instrucción. Finalmente, el peligro de sustracción o fuga es sustancialmente elevado, tomando también en consideración los delitos por los cuales se les sigue el presente proceso y las penas que pudieran llegar a imponerse al momento de dictarse sentencia, que pudieran ser elevadas y no serían acreedores a ninguno de los beneficios que la ley contempla. Ante estas circunstancias, se considera que no existen elementos ni condiciones para variar la risión preventiva que se encuentran sujetos los encausados ********************, por lo que se declara infundada la solicitud, debiendo continuar su proceso en prisión preventiva. (.)" En el entendido de que la anterior resolución es la que constituye el acto reclamado principal. II. legislación y precedentes aplicables. a) Principio de legalidad. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo (...)". De conformidad con dicho precepto, el primer requisito que deben cumplir los actos de autoridad es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. En la inteligencia de que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana. En cuanto a fundar y motivar, el Alto Tribunal del País ha sostenido que por lo primero se entiende que ha de expresarse. b) Interpretación de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 constitucional. El artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho de todo imputado: "IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención (.)". Asimismo, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que procede que los inculpados en el sistema procesal penal mixto soliciten la revisión de la prisión preventiva, de conformidad con el contenido del artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Ahora bien, en el amparo en revisión 315/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que procede revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19, en el plazo que señala el numeral 20, apartado B, fracción IX, ambos de la Constitución Federal y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga su aplicación. En dicha ejecutoria se emitieron las consideraciones siguientes: En la exposición de motivos permite conocer la génesis de la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como de la interpretación que la Primera Sala ha fijado respecto el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se logra advertir impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio pueda ser revisada en el plazo de dos años previsto en dicha fracción, para el efecto de que el juez de control, hecha la petición, determine su cese o prolongación. Asimismo, estableció que la necesidad del Poder Reformador de la Constitución de instaurar -en forma automática- la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal acusatorio por el juez de control, no permite determinar que dicha medida sea de cumplimiento permanente e indefinido y que por ello, no pueda ser revisable, ya sea para su prolongación o su conclusión. Refirió, que si esa hubiera sido la intención del legislador de la Constitución y del legislador federal, no hay duda de que así lo hubieran expresamente previsto, como excepción, en la fracción IX, del citado artículo 20 constitucional y en el artículo 165 del Código Nacional Procesal. La Primera Sala indicó que del contenido del artículo 19 constitucional, no se desprende limitante alguna que permita decidir -ni por algún método interpretativo- que la prisión preventiva, una vez impuesta, no podrá ser revisable. A su vez, que de lo dispuesto en el numeral 20, Apartado B, fracción IX, constitucional, los imputados tienen derecho a que la prisión preventiva que se les imponga no exceda del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso sería superior a dos años, con la salvedad de que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Empero, si cumplido ese término no se ha pronunciado sentencia, dicha persona será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Por lo tanto, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador constitucional u ordinario propiciaron distinción alguna de aquélla figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. En esa medida, la Sala estimó que la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por lo tanto, llegado el límite de dos años de duración y formulada la petición ante el juez de control, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. Por lo que, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De forma que, atento a los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: La complejidad del asunto, La actividad procesal del interesado y La conducta de las autoridades. Respecto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Por lo que ve a la actividad procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se considera que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Y sobre la conducta de las autoridades, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. En ese sentido, la Sala determinó que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. Por lo que, en caso de no demostrar debidamente lo anterior, la consecuencia será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. III. Análisis de los conceptos de violación. El promovente de este juicio en su carácter de defensor de los agraviados directos, aduce en síntesis que con el dictado de la resolución reclamada se transgredieron en su perjuicio los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral, ya que, en su opinión, el juez responsable introdujo argumentos que no fueron expuestos por el fiscal de la Federación en la audiencia de debate; asimismo, alude que la prolongación no se debió al ejercicio de defensa de sus representados, manifestó su voluntad de lograr el cierre de instrucción, por lo que la dilación se originó por pruebas ofrecidas por su contraparte. Igualmente, refiere la parte quejosa, que el fiscal en momento alguno acreditó que el asunto era complejo, que la actividad de la defensa fue la detonante de la dilación, que la conducta de la autoridad había sido diligente, así como demostrar la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, argumenta la parte agraviada, que el juzgador omitió observar lo que expresamente se establece en la jurisprudencia 1ª/J. 32/2022 (11ª), en la que se determinan los parámetros para decidir si es dable continuar con la medida cautelar de prisión preventiva o modificarla por otra diversa. Además, el juez responsable no observó el principio de progresividad al abordar el tema de inaplicar la prisión preventiva oficiosa derivado de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son ineficaces, inopreantes e infundados los motivos de disenso, sin que en el caso exista deficiencia alguna por suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, en el caso concreto, se precisa que en la audiencia celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, relativa al cese o sustitución de la medida cautelar respecto de los aquí quejosos, la defensa manifestó: Que habían transcurrido más de doce años de prisión preventiva sin que se hubiere dictado sentencia firme. Se encuentra agotado el plazo razonable establecido en el artículo 20 constitucional, tendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2024608 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN NOVENA CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN." Que el asunto no reviste de complejidad, el hecho delictivo no tiene ninguna característica especial que pueda ser considerada compleja. No se puede invocar la complejidad del asunto por el hecho de que sean varios inculpados y que se encuentren en penales diferentes, por la aparente dificultad de programar diligencias. Desde el uno de septiembre de dos mil quince, se declaró agotada la instrucción, y para esa fecha ya se habían celebrado la ampliación de declaración de los inculpados, las testimoniales de los aprehensores, los careos constitucionales entre estos con los inculpados. Respecto a la actividad procesal de sus representados, no realizaron conducta alguna que entorpeciera la tramitación del proceso, pues la interposición de medios de impugnación es una conducta normal. En lo que toca a la conducta de las autoridades judiciales no fue conducente en el proceso, pues se agotó la instrucción desde el uno septiembre de dos mil quince, y el excesivo tiempo para desahogar la testimonial de la víctima, y se llevó a cabo hasta el veintidós de marzo de dos mil dieciocho; así como el excesivo tiempo para desahogar la pericial conforme al protocolo de Estambul y la ratificación de dictámenes rendidos en la averiguación previa ordenadas de oficio. La defensa se ha desistido de las pruebas pendientes y se solicitó la separación de los autos, mismo que no ha sido favorable. Solicita se realice un control de convencionalidad ex oficio para inaplicar el derecho interno que establece la prisión preventiva en virtud de que ha sido declarada inconvencional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su lado, la fiscalía expresó, en esencia: Solicitó que se declarara improcedente el cese de prisión solicitada por el defensor público, toda vez que los delitos por los cuales se encuentran sujetos a prisión preventiva oficiosa son graves y de impacto social, los cuales se conocen por una legislación especial. Los delitos por los cuales se lleva a cabo el presente proceso son complejos por su propia naturaleza al versar sobre delincuencia organizada así como secuestro y son tratados por Leyes Especiales. Debemos considerar la cantidad de tomos que lo son trece, se realizaron diversas aportaciones probatorias, entre otros medios de defensa, tales como diez testimoniales, seis ampliaciones de declaraciones, careos, dos periciales y dos pruebas documentales; asimismo, se ordenó la ratificación de diversos dictámenes, por lo que ello implica que no se haya cerrado la instrucción en el tiempo adecuado, ello atendiendo a los exhortos que se han librado para efecto de desahogar diligencias. Atendiendo a la distancia se han librado exhortos para el desahogo de las diligencias en consideración a los co-procesados se encuentran recluidos en diversos Centros penitenciarios. La naturaleza de los hechos y medios probatorios son complejos por sus características, la actividad de las partes, ello con independencia del desistimiento por parte de la defensa. El impulso procesal que han ejercido los procesados han impedido se concluya el proceso, derivadas de testimoniales a cargo de aprehensores, periciales en materia de dactiloscopia, careos procesales, ampliación de declaración, interrogatorios; asimismo aludió que existió conflicto competencial en la causa penal que nos ocupa. En cuanto a la dilación, esta se ha debido a la tardanza del desahogo de los dictámenes de Protocolo de Estambul realizados a diversos procesados; a pesar de que los incidentistas se desistieron de dicho dictamen el veintitrés de abril de dos mil veintiuno******************** y el veinte de mayo de dos mil veintiuno ********************; no obstante ello, se recibieron posteriormente los dictámenes aludidos diez de marzo de dos mil veintidós se presentan dictámenes de protocolo de Estambul, y el cual fue ratificado el once de mayo de dos mil veintidós y asimismo se emitieron diversos dictámenes de coprocesados. Aludió que desde el diecisiete de marzo de dos mil veinte, debido a la contingencia sanitaria, los juzgados trabajaron al treinta por ciento de su capacidad, lo cual prolongo la tramitación del proceso. Por su parte el asesor de víctimas: Solicitó que se tomara en cuenta lo expresado por el Fiscal. Seguidamente, en la etapa probatoria, la defensa solicitó que se tomaran en cuenta en su intervención inicial; además solicitó se tomara en consideración las entrevistas realizadas a ********************; así como las documentales consistentes en las credenciales del INE a nombre de ******************** y ********************; comprobantes de pago de recibo de agua e impuesto de predial, también de este último; acta de nacimiento a nombre de ********************; comprobante de pago de recibo de electricidad a nombre de ********************, ********************; acta de nacimiento a nombre de ********************, ********************; escritura público número ********************de contrato de compraventa a favor de ********************; acta de nacimiento a nombre de ********************; constancia de trabajo a favor de ********************firmada por Jesús ********************; Clave CURP a nombre de ********************. A su vez, la Fiscalía y asesor de víctimas no objetaron los mismos respecto a su incorporación. Por tanto, la defensa solicitó la incorporación para que se tomara en consideración para demostrar el arraigo y el vínculo de lazos familiares. El fiscal, ofreció como datos de prueba la declaración ministerial y declaración preparatoria de los quejosos. Por su parte, la defensa no objetó los mismos en relación a su incorporación. Enseguida, la fiscalía solicitó la incorporación para que se tomara en cuenta los domicilios que proporcionaron en esas diligencias los incidentistas. Luego, las partes expusieron sus alegatos finales, así las cosas, la defensa manifestó: Reiteró sus argumentos expuestos en su intervención inicial, agregando que el máximo tribunal del país, estableció que los medios de defensa no puede ser considerada en su contra, solo en el caso de que se demuestre que de dicha acción se entorpezca la normal tramitación del proceso. Señaló que la fiscalía no acreditó los supuestos que establece la jurisprudencia aludida. Respecto a la incompetencia aludió que la fiscalía no aludió ningún dato al respecto. Señala que no existen contradicciones en los domicilios proporcionados. Posteriormente se concedió el uso de la voz a la fiscalía, quien manifestó lo siguiente: Solicitó que se declarara improcedente la revisión de la medida cautelar para el caso de que fuera cesada. Alude que la medida que se impuso debe subsistir a manera de excepción por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Indicó que existe un alto riesgo de fuga por los delitos que se le imputa a los incidentistas. A su vez, el asesor de víctimas no realizó manifestación alguna. Enseguida, el procesado ********************, indicó no darse a la fuga y no dañar a nadie; por su parte ********************, manifestó: no darse a la fuga y a presentarse las veces que señalara el juzgado, así como a no dañar a nadie. Así las cosas, al resolver sobre los puntos materia del debate, el juez responsable expuso: Los razonamientos por los cuales consideró que no inaplicaría el artículo 19 constitucional. Que se surte el primer requisito para mantener la prisión preventiva, pues el asunto sí reviste características de complejidad; esto es, se sigue por seis procesados, lo cual repercute en la dificultad probatoria, puesto que cada uno ofrece tiene impacto en su coacusados, por lo tanto se deben analizar los hechos y pruebas de manera conjunta; el número de delitos, consistentes en cinco, los cuales versan sobre portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, acopio de armas, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada. En lo que toca a la actividad procesal de los imputados, si bien no puede considerarse como un castigo el hecho de ofrecer pruebas, sino que es un derecho, esto es, derecho de interponer los recursos; sin embargo, se debe considerar los medios de prueba para el ejercicio de derecho de defensa, sobre ese punto la fiscalía hizo notar las distintas pruebas que han ofrecido los procesados, testimoniales, periciales en dactiloscopia, diligencias de careo, ampliaciones de careo, protocolo de Estambul y la ratificación de dicho dictamen, testimonial de la víctima llevada a cabo el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, asumiendo el coste procesal para llevar a cabo de esta última probanza, declaraciones de todos los coinculpados, por lo que ha sido un cumulo de pruebas bastante extenso. Asimismo, las pruebas que hayan sido ordenadas de oficio, no implica que no haya sido en uso del derecho de la defensa de los imputados, pues la voluntad de los procesados es indispensable para llevar a cabo el protocolo de Estambul, por lo que la voluntad de los procesados fue patente, ejerciendo el derecho de defensa. Las pruebas de los coinculpados referentes al protocolo de Estambul pueden invalidad pruebas que pueden causar un perjuicio a los incidentistas, por lo cual la exclusión de las pruebas reviste la garantía de defensa de los aquí quejosos. En lo que toca a la diligencia de las autoridades, se advierte el impulso procesal necesario, pues se han coordinado las diligencias en distintos centros federales distintos, lo cual es muy complejo, requiere tiempo, girar oficios, disponibilidad de equipos de cómputo, esto es llevar a cabo una serie de comunicaciones para coordinar una diligencia que algunas veces no se puede llevar a cabo, lo que genera que se vaya retrasando el procedimiento, lo que no es imputable ni al juzgado, ni a la fiscalía, ni a nadie, son cuestiones materiales, por lo que se ha justificado el tiempo para poder integrarse. Un factor adicional es el Acuerdo General 4/2020, concerniente a la pandemia del Covid, pues se limitaron las horas de trabajo y el ingreso del personal, incluso, durante un periodo de tiempo se suspendieron completamente las actividades del Poder Judicial de la Federación; posteriormente con el diverso 16/2022, se reanudaron totalmente las actividades, esto es, hasta el ocho de agosto de dos mil veintidós. El veintidós de mayo de esta anualidad, ya se declaró el cierre de la instrucción y está en la espera de las conclusiones del ministerio público así como de la defensa y se procederá al dictado de la sentencia respectiva. Finalmente, refirió el peligro de sustracción los imputados. Argumentos en los cuales sustentó su decisión, concluyendo que, por el momento, no hay condiciones para decretar que se levante la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encuentran sujetos. En tales condiciones resultan inoperantes e infundados los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. Precisado lo anterior, debe decirse que el análisis de los conceptos de violación se harán no en el orden en que son planteados sino en el que es idóneo para la resolución del asunto, de acuerdo al artículo 76 de la Ley de Amparo, y la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/304, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Común, registro 167961, página 1677, que este tribunal comparte y reproduce: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". Resulta infundado el concepto de violación consistente en que el juez responsable no observó el principio de progresividad en torno a inaplicar la prisión preventiva oficiosa derivado de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que contrario a lo aducido por el quejoso, tal y como lo estimó el juez responsable, el hecho de que se emitan resoluciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no significa que de forma irrestricta en todos los supuestos sean aplicables las mismas; en todo caso, debe atenderse a las particularidades de cada asunto. En ese contexto, este juzgado de Distrito, como parte del Estado Mexicano, no desconoce su obligación de ejercer el control de convencionalidad, respecto de las normas que se consideren inconstitucionales e inconvencionales, de conformidad con la constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; así como del criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL.". Sin embargo, no es el caso de que el órgano jurisdiccional invalide o inaplique alguna norma, en un control ex officio de la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, porque ello implicaría analizar directamente una restricción constitucional. En efecto, atento a lo estimado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que, si bien los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, tratándose de restricciones a esos derechos se debe de estar a lo que establezca el texto constitucional, de ahí que no era viable modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues para ello se debía realizar un estudio de convencionalidad al respecto, el cual no es procedente. Resultando aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, registro digital 20062247, que dice: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Igualmente, la tesis P. XVI/2015 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Constitucional, cuyos rubro y texto son: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*)." En otras palabras, los órganos jurisdiccionales del país se encuentran supeditados al anterior criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el cual se encuentra vigente y no ha sufrido matiz alguno que impere resolver en forma contraria a la que en este momento se hace, pues tal como lo dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria (como en el caso ocurre). Establecido lo anterior, fue correcto el actuar del juez responsable, en tanto la Constitución Federal no se establece que ésta pueda estar sujeta a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin que en el concepto "normas de carácter general" se puedan entender incluidos los preceptos de la propia Constitución General de la República, pues ésta es la Ley Suprema que le da fundamento normativo al juicio de amparo. Además, resulta inoperante tal concepto de violación que esgrime la parte quejosa, dado que en la ejecutoria emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, terminada en engrosar el quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, resolvió que se debería acatar la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), cuyo rubro es: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN", respecto de la cual establece que las autoridades para emprender su escrutinio deben tomar en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. De ahí que al versar dicha ejecutoria sobre la prisión preventiva oficiosa, la misma debe atender a los elementos aludidos en el párrafo que antecede, por lo que torna inoperante el aludido concepto de violación que argumentó la parte quejosa respecto a inaplicar la prisión preventiva oficiosa derivada de los criterios que aludió, pues la autoridad responsable debe acatar lo resuelto por el tribunal de alzada y llevar a cabo el análisis de los elementos de la citada jurisprudencia, pues así se estableció en la ejecutoria referida. Sirve de apoyo la Tesis: XXVII.12 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, página 1419, con registro digital: 181368, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, Y REITERAN CUESTIONES SOBRE LAS QUE YA EXISTE PRONUNCIAMIENTO. Cuando en una ejecutoria se concede el amparo para efectos y se deja insubsistente la resolución reclamada, la autoridad responsable, al momento de cumplirla, no debe concretarse únicamente a formular consideraciones y resolver sobre el punto que dio lugar a la concesión del amparo, sino que debe abarcar todos los aspectos de las cuestiones planteadas en la litis, pues el hecho de haber dejado insubsistente la anterior determinación equivale a que no se hubiera pronunciado, sin que ello resulte óbice para que pueda repetir las argumentaciones que previamente sirvieron de fundamento a cuestiones sobre las que no se ocupó el fallo protector; por tanto, si los conceptos de violación que se enderezan en contra de la resolución pronunciada en acatamiento de la ejecutoria de amparo se encaminan a combatir cuestiones que ya fueron materia de análisis en la ejecutoria, tales argumentos son inoperantes porque la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada, dada la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal." Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa respecto a que el juez responsable introdujo argumentos que no fueron expuestos por el Fiscal de la Federación en la audiencia de debate, toda vez que una vez analizados los puntos materia de discusión, la autoridad responsable abordó los temas que fueron presentados por las partes, como se advierte de las transcripciones que anteceden y de los puntos antes precisados, sin introducir cuestiones distintas a las expresadas por la Fiscalía. Así pues, no le asiste la razón a la parte quejosa cuando alude que el fiscal no argumentó la circunstancia de que los procesados se encontraban en penales diferentes, puesto que durante la intervención de la representación social sí aludió aspecto relativos a que atendiendo a la distancia se habían librado exhortos para el desahogo de las diligencias en consideración a que los coprocesados se encontraban recluidos en diversos Centros penitenciarios, esto es, al momento de abordar los temas respecto a la complejidad del asunto, el aquí tercero interesado sí expuso tales razonamientos al juez responsable, por lo que la autoridad responsable no introdujo cuestiones que no fueron materia del debate. De igual forma, se estima infundado el concepto de violación que señala la parte agraviada en el sentido de que el juez de origen omitió observar lo que expresamente se establece en la jurisprudencia 1ª/J. 32/2022 (11ª), en la que se determinan los parámetros para decidir si es dable continuar con la medida cautelar de prisión preventiva o modificarla por otra diversa. Lo anterior es así, pues contrario a ello, del análisis que se realiza al registro audiovisual de la audiencia materia de reproche, se desprende que el juez de la causa justamente inició el análisis de la incidencia -una vez desarrolladas las exposiciones de las partes- invocando el aludido criterio judicial del Máximo Tribunal del país, señalando que a través del mismo el aludido órgano supremo impone la necesidad de efectuar una revisión a la medida cautelar de prisión preventiva una vez que hayan transcurrido dos años de su duración, con la finalidad de examinar si existen elementos que justifiquen su prolongación. Máxime que el acatamiento de lo anterior obedece a la ejecutoria emitida el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, terminada en engrosar el quince de mayo de dos mil veintitrés, dentro del amparo en revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, respecto de la cual resolvió que el juez responsable debería pronunciarse sobre la revisión de la medida de prisión, ponderando: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y, c) la conducta de las autoridades, en los términos precisados en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.). Así, el juez desglosó enseguida los tres elementos que establece dicho criterio jurisprudencial, cuya actualización da lugar a la prolongación del encarcelamiento preventivo. Incluso, para complementarla, de forma correcta tomó en consideración la diversa tesis 40/2017, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORCES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL", criterio que establece un requisito adicional, esto es, que el juez debe hacer un análisis de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor decida prolongar la prisión preventiva. De manera que, en resumen, fue claro que el juez responsable no dejó de atender el aludido criterio jurisprudencial, dado que del mismo extrajo precisamente las pautas con las que abordó el examen solicitado, sin perder de vista que los encausados relacionados con el asunto han estado sujetos a la prisión preventiva por más de once años, pues esa sola circunstancia no conduce de manera automática a su cese o sustitución, porque el Máximo Tribunal válidamente admite su prolongación, siempre y cuando quede demostrado que la dilación del asunto se debe a la complejidad del mismo, al ejercicio del derecho de defensa del encausado y una actuación diligente de las autoridades. Ahora bien, el juez de origen, de forma acertada, estimó que el asunto sí reviste características para ser considerarlo complejo. En efecto, del examen que se realiza a los argumentos del juzgador en su resolución y registro audiovisual, se observa que ponderó que el proceso se sigue en contra de seis personas, respecto de las cuales se ofrecieron múltiples medios de convicción, como testimoniales, periciales en dactiloscopia, testimonial de la víctima, protocolo de Estambul, declaraciones de todos los coinculpados, tomando en consideración además que al tratarse de cinco delitos consistentes en portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, acopio de armas, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada; por tanto, se trata de un asunto realmente complejo en su integración, como acertadamente lo aseveró el juez responsable; esto es, complejo respecto para recabar pruebas, coordinar diligencias en los distintos centros federales en los que se encuentran repartidos los procesados, girar oficios, exhortos, requisitorias, es decir, una serie de comunicaciones para coordinar diligencias que algunas veces no se logra llevar a cabo. Así, se estima desacertada la afirmación del promovente en el sentido de que la prolongación de la prisión preventiva no se debió al ejercicio de la defensa, pues, como se aprecia, tanto los quejosos como los coprocesados han ofertado un cúmulo importante de elementos probatorios con el objeto de demostrar su versión de los hechos y controvertir las acusaciones; por ello, impropio resulta su argumento en la audiencia reclamada al referir que el asunto no reviste de complejidad sin tomar en cuenta la labor jurisdiccional para lograr el desahogo de los múltiples medios de convicción que ofreció. Por otra parte, en sus argumentos el promovente postula además que la prolongación de la prisión preventiva no se debe al ejercicio de defensa de sus representados, ya que afirma, la dilación se originó por diferimientos o trámites propios de la fiscalía o del juzgado mismo. Argumento que este órgano de control constitucional estima infundado. En primer término, respecto a ello, como acertadamente lo expuso el juez de origen, si bien es un derecho de los encausados el ofrecimiento de pruebas o la interposición de recursos, también es verdad que todo ello requiere de un trámite procesal y del tiempo necesario para desahogarse o resolverse; asimismo, el presente asunto se lleva a cabo con seis procesados, lo que tiene un impacto procesal en la causa, pues como indicó la autoridad responsable, se debe analizar los hechos de manera conjunta, por lo que las pruebas que están pendientes de aquellos trascienden a su derecho de defensa dado que repercuten en su esfera jurídica. Así las cosas, si bien es cierto que, como lo refiere la parte quejosa, la dilación de la prisión preventiva no se debe respecto a una prueba ofertada por la defensa, también es verdad que en el caso de las pruebas referentes al protocolo de Estambul, en el mismo se aborda lo concerniente a la voluntad de los procesados de sujetarse a ellos, dado que es necesaria su intervención, circunstancia que como bien aludió el juez responsable convalidaron los aquí quejosos en su momento; por lo tanto, la garantía de defensa acontece con el consentimiento tácito de tales actos; lo anterior, a fin de no transgredir en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental de debido proceso, así como su garantía de defensa. De igual manera, resultan ineficaces e infundados los conceptos de violación concernientes a que el fiscal en momento alguno acreditó que el asunto era complejo, que la actividad de la defensa fue la detonante de la dilación, que la conducta de la autoridad había sido diligente. Lo anterior, toda vez que durante la audiencia la fiscalía indicó que la prolongación del tiempo en el proceso sí se debía a que era complejo dado que la causa penal se instruye en contra de seis procesados, así como los delitos que se le instruían a los aquí quejosos versan sobre delincuencia organizada así como secuestro; de igual manera, el cúmulo de pruebas de los seis procesados. Complejidad que adujo se justifica porque la causa cuenta con aproximadamente trece tomos, con múltiples medios de prueba ofrecidos por las partes, medios de defensa de los justiciables; asimismo, los encausados se encuentran recluidos en diferentes centro de reclusión. Además, no se demostró que hubiera negligencia por parte de las autoridades responsables, pues el fiscal aludió a que la dilación versó sobre la complejidad del asunto, derivado del número de procesados y pruebas que ofertó la defensa y de oficio; a su vez, el juez de origen respecto al factor relativo a la contingencia sanitaria generada con motivo del virus Covid-19, refirió acertadamente que en razón de la pandemia se limitaron las horas de trabajo y el ingreso del personal, incluso, que durante un periodo de tiempo de suspendieron completamente las actividades del Poder Judicial de la Federación y, posteriormente, las labores se realizaron con personal y horarios reducidos, lo cual demoró el seguimiento normal del procedimiento. Por tanto, se tornan infundados los conceptos de violación que esgrime la defensa de los procesados, pues se actualiza la prolongación de la prisión preventiva derivada del derecho de defensa del imputado. En ese orden de ideas, se reitera, el juez responsable fue explícito respecto a los motivos por los que en el asunto de interés se ha justificado la duración de la prisión preventiva, abordando justamente los tres elementos postulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en razón de que: El asunto efectivamente revela complejidad alta, dada la intervención de un número elevado tanto de imputados como de la víctima la cual rindió su testimonial en la causa, lo cual conlleva a la necesidad de preservar el ejercicio probatorio y/o intervención que todas esas partes tienen en el mismo asunto, a la par de observar sus derechos fundamentales en el proceso; a lo que también se suma la naturaleza misma de los delitos. El tiempo que ha durado la prisión preventiva, ha sido el necesario para preservar la actividad de la defensa de los inculpados, en la medida que, ha tenido utilidad no solo para recibir las pruebas ofertadas en relación a su defensa, tanto de su defensor como de oficio, en aras a la salvaguarda de su derecho a una defensa adecuada, así también para substanciar la impugnaciones que se han interpuesto para dilucidar su situación jurídica. No existe dato alguno que permita afirmar que la conducta de la autoridad en la conducción del proceso, conlleve a dilaciones excesivas por negligencia, sino más bien, estas han sido por la complejidad del asunto y ejercicio del derecho de defensa. Consecuentemente, al no advertirse que la resolución reclamada transgreda derechos fundamentales en perjuicio de los quejosos, procede determinar que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, en contra del acto reclamado del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, residente en Matamoros, Tamaulipas, consistente en la determinación tomada en audiencia de debate de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, en contra de los actos que reclamaron del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas y al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dieciocho "CPS Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, consistentes en la determinación tomada en audiencia de debate de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, relativa al proceso penal ******************** y su ejecución. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ténganse por recibidos y sólo agréguense al expediente para que obren como correspondan los oficios SSPC/PRS/CPF18/DG.-08271/2023 y SSPC/PRS/CPF18/DG.-09038/2023, signados por el Director General del Centro Penitenciario Federal número Dieciocho "CPS CHOAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, toda vez que en autos de treinta de junio y once de julio de dos mil veintitrés, se recepcionaron los mismos vía correo electrónico, proveyéndose al respecto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano