Carlos Isaac Cruz Castillo
Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/04/2021
Partes del expediente
- Carlos Isaac Cruz Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se por una parte se sobreseyó y por otra no amparó ni protegió en el juicio de amparo 9/2021-IV, promovido por Carlos Isaac Cruz Castillo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
...se ordena el archivo de este expediente...
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto, para resolver el juicio de amparo 9/2021-IV, promovido por Carlos Isaac Cruz Castillo, en contra de actos de la Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, Carlos Isaac Cruz Castillo promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades que a continuación se indican: Autoridades responsables: a. Jueza de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. b. Comandante y/o encargado de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. Actos reclamados: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA EN EL PUNTO a. LE RECLAMO LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR EL CUAL SE ORDENÓ QUE EL SUSCRITO DEBÍA CONTINUAR DETENIDO EN LOS SEPAROS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO. ASIMISMO LE RECLAMO LA ORDEN DE TRASLADO QUE PRETENDE REALIZAR DEL LUGAR EN EL QUE ME ENCUENTRO DETENIDO (SEPAROS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO) A UN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN ESTA CIUDAD O INCLUSO EN DIVERSA LOCALIDAD. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA SEÑALADA COMO PUNTO b. LE RECLAMO LA EJECUCIÓN DE DICHAS ORDENES. ASIMISMO A AMBAS AUTORIDADES LES RECLAMO LOS ACTOS DE TORTURA, ASÍ COMO LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PUEDA SER OBJETO EL SUSCRITO CON MOTIVO DEL TRASLADO DE QUE ME DUELO. (sic) SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto de once de enero de dos mil veintiuno, éste Juzgado de Distrito registró el expediente con el progresivo 9/2021-IV, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, admitió a trámite la demanda, dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado este asunto, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues el quejoso señala como actos reclamados la tortura y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, además señala la orden de traslado del lugar de su detención a uno diverso; todo lo cual puede tener ejecución dentro del territorial en el que este Juzgado ejerce jurisdicción, ya que el agraviado, al presentar la demanda, estaba detenido los separos de la Policía Investigadora en esta ciudad; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que los actos que reclama el quejoso consisten en 1. la determinación de nueve de enero de dos mil veintiuno, por la cual se ordenó que el quejoso debía continuar detenido en los separos de la Policía Ministerial del Estado, 2. la orden de traslado, 3. los actos de tortura prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 4. la ejecución de todo lo anterior. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Inspector General Adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa respecto de 2. la orden de traslado, 3. los actos de tortura o cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y, 4. la ejecución de lo anterior. El quejoso Carlos Isaac Cruz Castillo, no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías únicamente por lo que dichos actos se refiere. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En el caso, es importante precisar que la acción constitucional se instó el once de enero de dos mil veintiuno, fecha en la cual, aún no se emitía la orden de traslado, pues esta, como se ve de las constancias de autos, tuvo lugar el catorce del citado mes y año; de ahí que, este Juzgado se encuentre imposibilitado para analizar la constitucionalidad de un acto que no existía al momento de presentarse la demanda, mismo que, cabe decir, tampoco era de realización cierta e inminente ya que para su emisión, existía la condición relativa a que previamente se dictara auto de vinculación a proceso. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Son ciertos los actos consistentes en 1. la medida cautelar decretada en audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, relativa a la carpeta CP/0002/2021, pues así se desprende del informe justificado rendido por la Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, y por el Inspector General Adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; de ahí que, para efectos de este juicio se tengan por ciertos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con las documentales que el Jefe de la Unidad de Seguimientos de Causas de la Tercera Región Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió a este Juzgado mediante oficio ASJP/0102/2021, ya que contiene el disco óptico correspondiente a la audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó la medida cautelar que ahora aqueja a Carlos Isaac Cruz Castillo; documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al fondo del asunto deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el presente asunto las partes omitieron invocar alguna causa de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien contempladas en la propia legislación o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, ante la inexistencia de alguna causa de improcedencia, invocada por las partes o que deba ser analizada de oficio, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado relativo a la medida cautelar decretada por la juez responsable en audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, correspondiente a la carpeta procesal CP/0002/2021 y su ejecución. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto. En el caso se omitirá la transcripción de los conceptos de violación dada la inexistencia de dispositivo legal que imponga al juzgador esa obligación; pero, más adelante se realizará una síntesis de los mismos para estar en aptitud de contestarlos y así cumplir con el principio de exhaustividad a que se refiere el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 687, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y dos, del Apéndice de 1995, Tomo VI, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUSENCIA DE FORMALIDADES EN LA EXPRESIÓN DE LOS. La Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo administrativo, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio." Ahora, de las documentales que acompañó la jueza responsable a este juicio de amparo, se desprende que el nueve de enero de dos mil veintiuno, en audiencia de control de la legalidad de la detención, dentro de la carpeta CP/0002/2021 seguida en contra del aquí quejoso Carlos Isaac Cruz Castillo por el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una menor de edad, se decretó de legal la detención, y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, de las diversas constancias enviadas por el Jefe de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta localidad, se advierte que el catorce siguiente, dentro de la misma carpeta se dictó en su contra auto de vinculación a proceso por dicho ilícito, además, se ordenó que prevalece vigente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado en audiencia de nueve de enero del año actual, misa que quedó vigente por todo el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, por lo que se ordenó el traslado al imputado Carlos Isaac Cruz Castillo al Centro de Ejecución de Sanciones de este Municipio. En cuanto al acto que se menciona, el quejoso omitió formular concepto de violación alguno en concreto; sin embargo, con la finalidad de determinar si existe o no deficiencia que suplir, se analiza de forma integral la determinación tomada por la juez de origen en audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, relativa a la carpeta procesal CP/0002/2021. Al respecto, del disco que contiene la audiencia de nueve de enero del presente año, puede advertirse que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al ser desestimada la objeción por parte del imputado y su defensa, la juzgadora de origen decretó la prisión preventiva oficiosa, disponiendo que aquél quedara internado en las instalaciones de la Policía Investigadora, pero, para el caso de decretarse auto de no vinculación a proceso, la medida quedaría sin efecto y, en el diverso supuesto, esto es, de dictarse auto de vinculación a proceso, la medida tendría lugar en el Centro de Reinserción Social en Matamoros, Tamaulipas. Ahora bien, el artículo 19, párrafo segundo de la Carta Fundamental, en su texto anterior a la reforma publicada el doce de abril del año en curso, establece: "ARTICULO 19. ... El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ... ." (Énfasis propio) A su vez, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "ARTÍCULO 167. Causas de procedencia ... El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ... Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: ... XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." (Énfasis propio) De acuerdo a la interpretación sistemática de los artículos transcritos, puede advertirse que el acto reclamado, contrario a lo que aduce el quejoso, no resulta violatorio de derechos fundamentales, pues la prisión preventiva oficiosa es una figura que el artículo 19 Constitucional, prevé como medida justificada para la restricción de la libertad personal y deambulatoria, esto, entre otros, en los casos que prevé la ley secundaria, como lo es el supuesto de abuso sexual cometido en contra de menores, lo que en la especie se actualiza, al tratarse precisamente de un ilícito de esa naturaleza. Siendo ello así, dicha imposición es en términos de lo que autorizan los artículos 1º y 19 de la Carta Fundamental, y al ser la medida de naturaleza oficiosa, el juez no tiene facultad de imponer una medida diferente, salvo la excepción prevista en el artículo 167, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, máxime que en el caso que nos ocupa, ni siquiera existen conceptos de violación enderezados en contra de medida cautelar; además, realizada la solicitud correspondiente por el fiscal, en la audiencia de control de la detención, y expuesta la motivación por éste, el imputado omitió realizar manifestaciones al respecto, no obstante que la juez de Control le dio la oportunidad de hacerlo y, por su parte, el defensor se limitó a pedir la aplicación de una diversa, pero sin controvertir eficazmente los argumentos del representante social. Ante esas circunstancias, lo que procede es negar el amparo y proteccion de la Justicia Federal solicitada por el directo agraviado Carlos Isaac Cruz Castillo, en cuanto al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, relativa a la carpeta procesal CP/0002/2021. La negativa de la protección constitucional, por lo que respecta a la autoridad que señaló con el carácter de ordenadora, se hace extensiva por cuanto hace a la que fue designada como ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, ya que los actos que les reclamaron son tendentes a ejecutar el mandato de la ordenadora. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, V, 61, fracción XVII, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 09/2021-IV promovido por Carlos Isaac Cruz Castillo, por los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Isaac Cruz Castillo, respecto del acto reclamado relativo a la determinación de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de nueve de enero de dos mil veintiuno, en la carpeta procesal CP/0002/2021 y su ejecución. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González.
- Principal
...IV. RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo...SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Isaac Cruz Castillo...
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