Carlos Iván Rodríguez Peña
Expediente 31/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Carlos Iván Rodríguez Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
C E R T I F I C A C I Ó N EN MONTERREY, NUEVO LEÓN A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL SUSCRITO LICENCIADO JESÚS NAPOLEÓN VALLE MÁRQUEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL EXPEDIENTE RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 31/2023, SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y DEBIDAMENTE INTEGRADO DE MANERA ELECTRÓNICA; ASIMISMO, QUE SE ELABORÓ LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE, POR LO TANTO EN ESTA MISMA FECHA SE REMITE FISICAMENTE AL ARCHIVO. CONSTE.- EL SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LICENCIADO JESÚS NAPOLEÓN VALLE MÁRQUEZ.
- Principal
apareciendo que dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, por tanto, con fundamento en los normativos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por otra parte, en atención a que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio, como totalmente concluido, previas anotaciones se hagan en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado. En esa virtud, conforme a lo ordenando en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento de las partes, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente este juicio, ya que en este asunto se concedió la suspensión de plano, sin obrar documentos originales. Háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo establecido, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Finalmente, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa.
- Incidental
Visto el auto dictado en esta misma fecha dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, del cual se advierte que causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó el sumario principal. En consecuencia, conforme a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye el original del presente cuaderno es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente, ya que se concedió en forma provisional la medida cautelar solicitada; además, no obran documentos originales.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo dado por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey; por lo que este juzgado procede a su calificación de oficio, para lo cual se tiene en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de los antecedentes siguientes: Por sentencia dictada en audiencia constitucional de veintisiete de enero de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Omar Gómez Villarreal, por las consideraciones y para los efectos siguientes: "[...] --- V I S TA: La Carpeta de Investigación número ******************** iniciada con motivo de la Denuncia presentada por OMAR GOMEZ VILLARREAL en contra del Ciudadano VERÓNICA MARTÍNEZ GALÁN; y --- C O N S I D E R A N D O: Que en fecha del día 22 de Marzo de 2021, se recibió en esta Unidad de Investigación a mi cargo, el escrito signado por OMAR GOMEZ VILLARREAL en su carácter de Victima, a través del cual realiza diversas manifestaciones, y en lo que interesa solicita las Medidas de Protección en contra de la investigada Verónica Martínez Galán. Es por lo que esta Fiscalía tiene a bien acordar, y --- A C U E R D A: Agréguese el referido escrito, así como el presente proveído a los autos que conforman la presente carpeta de investigación, en cuanto a lo peticionado, dígasele al ocurrente que esta Fiscalía acuerda no ha lugar a lo peticionado puesto que de los hechos motivo de la denuncia no se advierte que la investigada represente un riesgo inminente en contra de la seguridad del referido OMAR GÓMEZ VILLARREAL, tal y como lo establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra refiere: ".Articulo 137. Medidas de protección. El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. [.]" Como se aprecia a la simple lectura de dicho proveído, carece de la adecuada motivación que todo acto de autoridad debe revestir, según lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior, atento a que en el acuerdo reclamado no se plasmaron ni precisaron de forma clara las razones, motivos o circunstancias especiales que tuvo en cuenta la responsable para concluir que en el caso no era dable proceder a decretar las medidas de protección solicitadas por Omar Gómez Villarreal, puesto que no tomó en consideración el cúmulo de los elementos probatorios existentes dentro de la carpeta de investigación ********************, en la cual tiene el carácter de parte ofendida, sino que simplemente se limitó a señalar que no había lugar a lo peticionado por el aquí quejoso, dado que de los hechos motivo de la denuncia, no advertía que la investigada representara un riesgo inminente en contra de la seguridad del referido Gómez Villarreal, argumento que carece de toda motivación. Asimismo, la responsable omite por completo dar una respuesta fundada y motivada, señalando las razones concretas por las cuales los documentos allegados por el quejoso, a su criterio, son insuficientes o ineficaces para decretar o no las medidas de protección solicitadas, de modo que el hoy quejoso estuviera en aptitud de conocer la totalidad de los argumentos, razones y circunstancias por los cuales concluyó de tal forma. Es decir, si en el caso sometido a examen la parte quejosa solicitó que la potestad ministerial decretara las medidas de protección establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y además expuso las razones por las que acudió para tal fin, y allegó los documentos con los cuales, a su criterio, se justificaba esa petición, la responsable se encontraba obligada a analizar de forma exhaustiva, si tales elementos, como el resto obrantes en autos, tienen el valor y alcance probatorio necesario para acordar de conformidad, o bien, por qué resultan ineficaces para tal fin; lo cual omitió hacer según se precisó líneas atrás. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se inserta enseguida: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Aunado a que la autoridad responsable también pasó por alto, que Omar Gómez Villarreal en el escrito donde realizó tal petición, expuso que es un adulto mayor, lo que además se robustece con los datos generales narrados dentro del dictamen pericial en Psicología, practicado en su persona por la Perito en Psicología Ixchel Ameyalli Sanvicente Romero, adscrita a la Dirección del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en el que refirió contar con 63 años de edad, dado nació el catorce de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, por lo que en términos del artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores, pertenece a un grupo que requiere especial tutela, dada su situación de vulnerabilidad, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar. Sobre dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo directo en revisión 4398/2013, señaló, en la contracción de tesis 19/2008, se estableció que las personas en edad avanzada "son frecuentemente discriminadas, despreciadas, abandonadas (y, en ocasiones, incluso maltratadas) por una ciudadanía que no tiene suficientemente en cuenta las vicisitudes asociadas al "ciclo de vida" de las personas". También citó, que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar. En efecto, la discriminación y el abandono son los principales obstáculos que se deben combatir a través de la protección reforzada de sus derechos. Señaló, la consideración especial hacia los derechos de las personas mayores se encuentra contenida en diversos instrumentos internacionales. Entre ellos destacan los artículos 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador." En el ámbito interno, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Así, en su artículo 5° se establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia en tratándose de éste grupo. En razón de dicho amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1a. CCXXIV/2015 (10a.) Décima Época, Materias(s): Constitucional, visible en el Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 573, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja." Ahora, como ha quedado establecido en párrafos precedentes, en el caso concreto la posible víctima de violencia familiar es un adulto mayor pues cuando inició el juicio de origen tenía 63 años, por tanto, conforme a los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" demandaba que la autoridad responsable, atendiera a la especial vulnerabilidad en que se encuentra el aquí quejoso, ello, conforme a las constancias obrantes en autos de la carpeta de investigación, donde deriva el acto reclamado. Sin embargo, de igual manera soslayó dicha circunstancia, aún y cuando los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", obligan a las autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad). Luego, es de considerarse que el reproche reclamado carece de la debida motivación que todo acto de tal naturaleza debe reunir, por lo que es dable señalar que le asiste la razón a la parte quejosa y, en esa medida, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que la responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación ********************, y en su lugar tomando en consideración la obligación establecida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la perspectiva para juzgar al adulto mayor y con libertad de jurisdicción, dicte otro, en el que señale las razones concretas por las cuales los documentos allegados por el quejoso, así como del resto existente en autos, a su criterio, determine fundada y motivadamente, si son insuficientes o ineficaces para decretar o no las medidas de protección solicitadas, previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hecho lo anterior, de manera inmediata se lo haga del conocimiento a la parte quejosa, por los medios a su alcance. [.]" Contra dicha resolución, el autorizado de la parte tercero interesada interpuso recurso de revisión, mismo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de catorce de octubre de dos mil veintidós, efectuada dentro del amparo en revisión 62/2022, bajo las consideraciones siguientes: "[.] Resultan infundados los motivos de inconformidadplanteados. Ello es así, pues en principio, dichos agravios no están dirigidos a controvertir las razones que expuso la Juez de Distrito para otorgar el amparo al quejoso; antes bien, la propia parte tercero interesada admite que el auto reclamado sí adolece de los vicios de índole formal destacados en la sentencia constitucional. Ahora, el hecho de que el Ministerio Público precisara en el auto reclamado, que al quejoso le fue debidamente notificada la orden judicial que motivó su retiro o desalojo de su domicilio el siete de enero de dos mil veintidós; de modo alguno implica que por sí sólo, ello sea suficiente para concluir sin lugar a dudas, que la negativa de las órdenes de protección solicitadas, necesariamente será reiterada por la autoridad a pesar de la concesión de amparo. En efecto, precisamente la irregularidad formal que correctamente destacó la A quo, consistió en primer término, que el fiscal investigador resolvió la solicitud planteada por el quejoso, sin tomar en consideración la totalidad de elementos de convicción en que se sustentó y, las constancias que se han ido recabando en la carpeta de investigación. Asimismo, que el Ministerio Público soslayó el hecho de que el denunciante es adulto mayor, lo cual lo ubica en un grupo vulnerable y que merece especial protección por pate del Estado, pues frecuentemente las personas de edad avanzada en su gran mayoría, enfrentan problemas económicos, de desempleo, seguridad social y maltrato, lo que los coloca en desventaja respecto del resto de la población. De modo que esas problemáticas convierte a los adultos mayores en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos, y que debido a esa vulnerabilidad, merecen una especial protección; lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y las legislaciones internas han venido marcando una línea de protección especial para ello, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, tal y como acontece en el país, con la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. De ahí que, como atinadamente lo estimó la juzgadora, a fin de satisfacer el requisito constitucional de motivación que todo acto de autoridad debe colmar, el Ministerio Público necesariamente tendrá que analizar minuciosamente los términos en que formuló el quejoso la petición de medidas de protección que prevé el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, que es adulto mayor y que por ende, pertenece a un grupo que requiere especial protección por el Estado, así como los datos de información que acompañó a su solicitud y los registros de la carpeta de investigación; y con base en ello, explicar exhaustivamente las razones lógicas o jurídicas por las que estime procedente o no tal petición. Análisis que no realizó el fiscal en el acto reclamado, pues sólo aludió a una orden emitida por un Juez de lo Familiar, de separación del impetrante de garantías de su domicilio y que le fue legalmente notificada; la cual a decir de este último, dejó de surtir efectos legales y precisamente allegó las constancias que sustentan su aseveración, y que dicho sea de paso, no tomó en cuenta la autoridad. De ahí que, la mínima motivación que expuso el fiscal en el acto reclamado; de modo alguno constituye un aspecto que revele fehacientemente; el sentido de la nueva resolución que dictará en cumplimiento a la sentencia de amparo. A más, que la revisionista parte de una premisa inexacta al señalar que la petición de medidas de protección que realizó el justiciable, derivó de la separación de su domicilio por orden del Juez de lo Familiar. Ello es así, pues basta imponerse del escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno del quejoso, para advertir que claramente expuso que dicha orden de separación del domicilio dejó de surtir efectos legales y, por esa razón, acompañó los documentos públicos que estimó suficientes e idóneos para justificarlo. Asimismo, el riesgo que refirió tener no es en relación a la aludida separación del domicilio de siete de enero de dos mil veintiuno; sino respecto de la investigada Verónica Martínez Galán, pues tiene temor de que una vez que se reincorpore a su vivienda, ésta consiga que nuevamente lo retiren de la casa, ocasionándole más intranquilidad y daños. Por ello, se insiste, en la especie no existe ningún elemento que revele que la concesión de amparo no tenga ningún fin práctico; por el contrario, el Ministerio Público a fin de restituir al quejoso en el goce de su garantía de legalidad vulnerada; necesariamente deberá hacer con plenitud de facultades, un análisis minucioso de la solicitud que le formuló en el escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y las pruebas que allegó, así como los registros de la carpeta de investigación y, con base en ello, determinar lo que estime procedente. De ahí, lo infundado de los agravios de la inconforme. Decisión. En esa tesitura, al resultar infundados los agravios de la tercero interesada Verónica Martínez Galán, sin que se advierta queja que suplir a su favor; lo que procede es confirmar la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal a Omar Gómez Villarreal, para los efectos precisados en la sentencia constitucional. [.]" (Énfasis añadido). Luego, por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo, y se requirió su cumplimiento a la potestad responsable. En mérito de lo anterior, por sendo 1059/2022, el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey, informó las acciones tomadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, y para ello remitió copia certificada de las constancias inherentes al mismo. Consecuentemente, por proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, de los cuales, sólo la parte quejosa desahogó la misma, al tenor de su escrito recibido mediante diverso de dieciséis de diciembre en cita. Después, por auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se declaró no cumplida la ejecutoria dada por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey. Lo anterior, dado que al emitir la determinación relativa de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 0********************, soslayó dejar sin efectos el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la referida indagatoria, pues únicamente se avocó a proveer sobre las medidas de protección solicitadas por la parte quejosa mediante su ocurso de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, donde a la postre el quejoso indicó que la orden de separación del domicilio dejó de surtir efectos legales y por esa razón acompañó los documentos públicos que estimó suficientes e idóneos para justificarlo. Sin embargo, al abordar el análisis de los mismos, la autoridad responsable fue ayuna en resolver la solicitud de la parte quejosa Omar Gómez Villarreal, con base a la perspectiva de adulto mayor, toda vez que no basta el hecho de que sobre tal tópico, sólo haya indicado que el denunciante al ser de un grupo vulnerable, otorgaba vista a la licenciada Leticia Palomino Herrera, Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Nuevo León, a efecto de que intervenga, promueva, defienda y respete los derechos del denunciante, pues lo cierto es que, no efectuó tal análisis desde lo indicado en los instrumentos internacionales, entre ellos, destacan los artículos 25, párrafo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador." En el ámbito interno, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Así, en su artículo 5° se establece un listado no limitativo de los derechos que adquieren relevancia en tratándose de éste grupo, tal y como se indicó en la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, dentro del amparo en revisión 62/2022. Por lo que, al no haber quedado cumplida a cabalidad la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de nueva cuenta se requirió al citado Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey, para que en el término de tres días cumpliera con el fallo protector, en los términos ya señalados en el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós; es decir, debería acatar todos los efectos que en dicho auto se clarificaron. Sobre ese contexto, se le instruyó que debía dejar sin efectos de igual manera, el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido dentro de la carpeta de investigación 0********************, dado que al no haber quedado cumplida la ejecutoria de amparo, este no puede subsistir, por lo que se obligaba a emitir otro, en el que cumpliera con la totalidad de los efectos de la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, por sendo 1503/2022, la responsable remitió las constancias inherentes a la ejecutoria concesoria de amparo, al que acompañó las constancias relativas al mismo; por tanto, por auto de dos de enero del presente año, se otorgó vista a las partes por el término de tres días a efecto manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a tal cumplimiento; sin que ninguna la desahogara. Luego, por auto de veinticuatro de enero en cita, de nueva cuenta se tuvo por no cumplida la ejecutoria de mérito, dado que la responsable no dio cabal cumplimiento a dicha ejecutoria, toda vez que fue nuevamente omiso en dejar sin efectos el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación ********************, que fue materia del amparo dictado por este Juzgado de Distrito, así como el diverso de veintiocho de noviembre pasado, del cual se le dijo que debía dejar sin efectos al no haber quedado cumplida la ejecutoria de amparo, pues no podía subsistir. Tampoco fundó y motivó su determinación, ya que la responsable debe tomar en consideración la obligación establecida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la perspectiva para juzgar al adulto mayor y con libertad de jurisdicción, al no haber señalado las razones concretas por las cuales los documentos allegados por el quejoso, así como del resto existente en autos, a su criterio, si son insuficientes o ineficaces para decretar o no las medidas de protección solicitadas, previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, no solo otorgar vista a la Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Nuevo León, a efecto de que intervenga, promueva, defienda y respete los derechos del denunciante. Por tanto, al no haber quedado cumplida la ejecutoria en sus términos, de nueva cuenta se le instruyó a la responsable que debería dejar sin efectos el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la carpeta de investigación 216/2021-UTMMTY- FYG, que fue materia del amparo dictado por este Juzgado de Distrito, así como los diversos de veintiocho de noviembre y veintiocho de diciembre del pasado año, dado que al no estar cumplida la ejecutoria, estos no pueden subsistir, por lo que debía emitir otro, en el que cumpliera con la totalidad de la ejecutoria de amparo, esto es, debía tomar en consideración la obligación establecida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la perspectiva para juzgar al adulto mayor y con libertad de jurisdicción tendrá que señalar las razones concretas por las cuales los documentos allegados por el quejoso, así como del resto existente en autos, a su criterio, si son insuficientes o ineficaces para decretar o no las medidas de protección solicitadas, previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, no solo otorgar vista a la Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Nuevo León, a efecto de que intervenga, promueva, defienda y respete los derechos del denunciante. En razón de lo anterior, por sendo 292/FGJ/DGJYT/CA/2023, el Vicefiscal Jurídico Encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (superior jerárquico), y la responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género, Monterrey, a través del diverso 30/2023, remitieron las constancias inherentes a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, mismas que se pusieron a la vista de las parte en proveído de tres de febrero en curso. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Con los antecedentes detallados se procede a la valoración la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: Al respecto, cabe puntualizar que de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey, se advierte que mediante acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación 0********************, a efecto de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo determinó no acceder a la solicitud del quejoso a efecto de dictar medidas de protección a su favor. En ese contexto, de las citadas constancias se advierte que el Agente del Ministerio Público responsable, cumplió parcialmente con los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que únicamente dejó sin efectos los autos de quince de octubre de dos mil veintiuno, que fue materia de análisis en la ejecutoria del presente juicio de amparo, así como los diversos de veintiocho de noviembre y veintiocho de diciembre pasado. Sin embargo, de la determinación en comento, se observa que no fundó, ni motivó su determinación, ya que para llegar a lo anterior, únicamente señaló lo siguiente: "[.] Por lo anterior al momento y una vez analizados los datos ofrecidos por el denunciante OMAR GÓMEZ VILLARREAL, no es dable reincorporar al mismo al domicilio ubicado en la Calle Huamac, Número 7737, Colonia Lomas Modelo Segundo Sector de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual actualmente habita la investigada VERÓNICA MARTÍNEZ GALÁN por medio de las Medidas de Protección que contempla el numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior porque si bien de los anexos que allega con su ocurso GOMEZ VILLARREAL se desprende una situación de vulnerabilidad por ser un adulto mayor, misma situación enfrenta la denunciada, quien tiene 67-sensenta y siete años de edad, resultando al momento ineficaces los mismos para acceder a su petición, en atención a que como se mencionó en líneas existe un riesgo determinado hacia la investigada dentro de la presente carpeta de investigación determinado por un perito experta en la materia. De igual manera no se pasa por alto que el C. OMAR GÓMEZ VILLARREAL es una persona adulta mayor, a la fecha tiene 64-sesenta y cuatro años de edad, reconociendo que conforme lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 Primer Párrafo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 17, así como el manual "Los Derechos Humanos De las Personas Mayores" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, EL MISMO TIENE UNA SERIE DE DERECHOS AL CONSIDERARSE DE UN GRUPO VULNERABLE POR SU EDAD, CON LO QUE SE DEBE DE GARANTIZAR QUE EL MISMO SE ENCUENTRE EN UN LUGAR ADECUADO, ASÍ COMO ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA ACORDE A SU EDAD, por lo que se pone a su disposición los servicios asistenciales por parte de esta Fiscalía a través del Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos (COPAVIDET), ubicado en Calle Alejandro de Humboldt, Número 800, Col. Centro C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León, así mismo en fecha 08-ocho de Noviembre de 2022-dos mil veintidós, se dio vista a la Licenciada Leticia Palomino Herrera, Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Nuevo León de lo anterior, esto con la finalidad de que la misma en caso de ser necesario intervenga, promueva, defienda y respete los derechos del denunciante. [.]" No obstante lo anterior, la responsable debe tomar en consideración la obligación establecida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la perspectiva para juzgar al adulto mayor y con libertad de jurisdicción, al no haber señalado las razones concretas por las cuales los documentos allegados por el quejoso, así como del resto existente en autos, a su criterio, si son insuficientes o ineficaces para decretar o no las medidas de protección solicitadas, previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, no solo otorgar vista a la Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Nuevo León, a efecto de que intervenga, promueva, defienda y respete los derechos del denunciante, ni ponga a su disposición los servicios asistenciales por parte de esta Fiscalía a través del Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos (COPAVIDET), ubicado en Calle Alejandro de Humboldt, Número 800, Col. Centro C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León; pues para dar cumplimiento a cabalidad con la presente ejecutoria, la autoridad responsable debe analizar los documentos allegados por el propio quejoso, así como del resto existente en autos, desde la perspectiva para juzgar al adulto mayor, esto de manera fundada y motivada. Conviene precisar que tales constancias se les otorga valor probatorio pleno, por considerársele documentos públicos, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, resulta claro que la autoridad responsable, no siguió todos los lineamientos que se establecieron en relación al fallo protector, dado que aún y cuando se le otorgó libertad de jurisdicción para emitir su determinación al respecto, ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 55/2015 (10a.), Materias(s): Común, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, , página 406, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE FUNDADO CUANDO SE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA ACATADO LOS LINEAMIENTOS Y LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN EL FALLO PROTECTOR. Conforme a la regulación del recurso de inconformidad en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, si se concede el amparo para determinados efectos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito deben analizar exhaustiva y oficiosamente la sentencia dictada en cumplimiento a dicho fallo, pues si de los autos se advierte que los tribunales colegiados de circuito o los juzgados de distrito dieron por cumplida una ejecutoria de amparo y la autoridad responsable no la acató en sus términos, resulta evidente que el fallo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad interpuesto debe declararse fundado. Lo anterior es así, aun cuando el tribunal de amparo haya otorgado libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, ya que ésta no debe obviar los lineamientos y las consideraciones señalados en la ejecutoria, en tanto que éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal." En ese sentido, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo son de orden público, y estudio oficioso; de ahí la necesidad de hacer tal señalamiento, para requerir en forma clara y precisa a la autoridad responsable, a fin de que cumpla cabalmente con tal determinación. Lo que debe realizar sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI constitucional, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, en virtud de que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, y al mismo tiempo, es obligación del órgano jurisdiccional velar por el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, al no encontrarse cumplida a cabalidad la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, requiérase nuevamente y, por última ocasión, al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva Especializada en Violencia Familiar y de Género Monterrey, para que en el término de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído cumpla con el fallo protector, en los términos ya señalados; es decir, deberá acatar todos los efectos que se han clarificado en el presente acuerdo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo que se le requiere en la temporalidad indicada, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme a los dispositivos 238 y 258 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales; además, se proveerá lo estipulado en la parte final del segundo párrafo del citado ordinal 192 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de la responsable de su puesto y su consignación. Por lo que en la nueva determinación que emita deberá reiterar dejando sin efectos los autos de quince de octubre de dos mil veintiuno, que fue materia de análisis en la ejecutoria del presente juicio de amparo, así como los diversos de veintiocho de noviembre y veintiocho de diciembre pasado; y el de treinta de enero de dos mil veintitrés, todos dictados dentro de la carpeta de investigación ********************, dado que al no estar cumplida la ejecutoria en su totalidad, estos no pueden subsistir, por lo que deberá emitir otro, en el que cumpla a cabalidad la ejecutoria de amparo. Esto es, deberá tomar en consideración la obligación establecida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la perspectiva para juzgar al adulto mayor y con libertad de jurisdicción tendrá que señalar las razones concretas por las cuales los documentos allegados por el quejoso, así como del resto existente en autos, a su criterio, si son insuficientes o ineficaces para decretar o no las medidas de protección solicitadas, previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, no solo otorgar vista a la Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Nuevo León, a efecto de que intervenga, promueva, defienda y respete los derechos del denunciante. Hecho lo anterior, remita la totalidad de las constancias pertinentes con lo que acredite el debido cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Asimismo, con fundamento en el precepto previamente citado, párrafo tercero, de la legislación de la materia, mediante oficio notifíquese esta determinación y requiérase al Fiscal General de Justicia del Estado (como superior jerárquico), para que ordene al agente responsable cumplir la ejecutoria; apercibido que de no demostrar dio la orden dentro de los plazos señalados, se le impondrá multa con el propio fundamento legal y por el mismo monto señalado en el párrafo que antecede, además, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.), Materias(s): Común, Undécima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." Notifíquese, y personalmente a las partes.
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