Carlos Ildefonso González Briseño

Expediente 519/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
519/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Carlos Ildefonso González Briseño

Actuaciones

  1. Principal

    ....... Único.- Se Sobresee en el juicio de amparo indirecto número 519/2018-VI, promovido por ++++++, contra los actos que reclama de las autoridades señaladas en el resultando primero, por las razones vertidas en el cuerpo de la presente resolución constitucional. ......

  2. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por las autoridades responsables Alcaide y Encargado de la Subdirección Operativa, ambos del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" (en contestación a los oficios 24739/2018 y 24740/2018 del índice de este juzgado de Distrito), mediante el cual rinden en conjunto su informe justificado. Con el contenido del mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga; y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de las citadas autoridades, las documentales en copia certificada que acompañaron a su informe, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. De igual manera, se tiene a las referidas designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan en su informe justificado. ....

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a once de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de octubre del año en curso, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la Amparo, este órgano jurisdiccional previno al promovente del amparo con el objeto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: "a) Precise de manera concreta, a quién le reclama la orden de consignación a una autoridad judicial, toda vez que, en su demanda de amparo, refiere que dicha orden proviene de un acuerdo emitido por una autoridad investigadora, de ahí que resulte necesaria la aclaración en ese sentido." Apercibiéndole que de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se tendría por no presentada la demanda únicamente en lo que respecta al acto consistente en la orden de consignación. Atento a lo anterior, así como a la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días concedido al peticionario de amparo para que diera cumplimiento a la prevención formulada en auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminado en referido proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo únicamente en lo que respecta al acto consistente en la orden de consignación. Admisión de demanda. En cambio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado. Del incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente alguno toda vez que mediante auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, se decretó la suspensión de plano respecto de la orden de traslado, de ahí que no se estime necesario aperturar incidente de suspensión. Audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ******************** Requerimiento de informes. Seguidamente, pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del término de quince días contado a partir de que se encuentren legalmente notificadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, hágase del conocimiento que dicho informe deberá estar rendido y agregado en autos cuando menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, apercibidas que de no hacerlo, rendirlo fuera del término o no acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del mismo ordenamiento legal, se les impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente, equivalente a la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Obligaciones de las partes. Con fundamento en los artículos 16 y 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto; apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 242 y 251, del citado ordenamiento legal, respectivamente. De igual forma, con fundamento en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del día siguiente, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, manifiesten si dentro del procedimiento del que emana el acto reclamado en el juicio en que se actúa, se han promovido diversos juicios de amparo por cualquiera de las partes, y en caso afirmativo remitan las constancias conducentes, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada. Prevención de la denominación de autoridad. En el caso de que las autoridades señaladas como responsables no existan o tengan denominación diversa a las precisadas por la parte quejosa, se tendrán por inexistentes; sin que ello impida que con posterioridad se proporcione la correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del ministerio público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda de amparo; asimismo, en esta data se procedió a verificar la página electrónica http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, relativa al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, donde al introducir los datos relativos a Jesús Hernández Morales, se desprende que la parte quejosa lo autoriza como Licenciado en Derecho; lo anterior constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. .....

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por ++++++++, contra actos del Director del Penal del Topo Chico y otra autoridad; por lo que fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 519/2018-VI, que le corresponde. En primer término, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se suspenden de plano los actos reclamados que se hacen consistir en golpes y azotes, actos prohibidos por artículo 22 constitucional, que el promovente dice es objeto. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa también reclama la orden de traslado del lugar en que actualmente se encuentra, es decir, del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, a diverso CERESO o CEFERESO, es por lo que con apoyo en los numerales invocados en el párrafo que precede se suspende de plano el acto reclamado que se hace consistir en dicho traslado, pues se traduce en un acto que ataca indirectamente su libertad personal. Lo anterior se considera así, pues el artículo 126 de la Ley Reglamentaria, precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se traten de actos que importen ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, en ese sentido, si tal precepto refiere únicamente que ésta operará cuando se trate de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar precisamente con la orden de traslado de un centro carcelario a otro diverso cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, toda vez que la orden de traslado se encuentra contemplada como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, pues, se insiste, que produce una afectación a tal bien de manera indirecta; sobre todo cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso, ya que en este caso, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón de un procedimiento. .......Por tanto, sin demora alguna, comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para su cumplimiento, a fin de que cese de inmediato este acto y requiéraseles para que dentro del término de veinticuatro horas informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida al quejoso, apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo concedido, podrían incurrir en la conducta que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que según se desprende de la demanda de mérito, el directamente agraviado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en dicho lugar y se cerciore de la integridad física del agraviado. Para lo cual, se requiere a las autoridades encargadas del establecimiento en que efectivamente se encuentre el quejoso para que brinden el auxilio y las facilidades pertinentes al actuario judicial de la adscripción a efecto de cumplir con este mandato. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efectos si se trata de un traslado de carácter provisional que tenga como finalidad la práctica de alguna diligencia ministerial o judicial, ya que de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales, cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia. Tampoco surtirá efectos si la orden de traslado se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si la parte quejosa requiere medidas especiales de seguridad, porque de lo contrario se contravendrían disposiciones de orden público, en tanto que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. De igual manera prevé que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran aquéllas. ...... Por otra parte, como con la petición de la suspensión del acto reclamado, la pretensión del impetrante es permanecer en el mencionado Centro, la presente medida se dicta en los términos indicados, con cimiento en el precitado artículo 161 de la Ley de Amparo, por cuanto es tajante al establecer que cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, como en el caso, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo. Por ello, si bien la suspensión debe acatarse, de manera excepcional, esto es, sólo si se trata de un caso de extrema necesidad, plenamente justificado, las autoridades responsables podrán movilizar al quejoso a cualquier otro centro penitenciario en que éste sea ingresado, de manera temporal, siempre que sea para proteger su vida e integridad física y mental. Lo que en el supuesto de acontecer, deberá ser informado de inmediato a este órgano jurisdiccional y debidamente acreditada la justificación de ese proceder. Esto porque carecería de sentido ser inflexible en el cumplimiento de la medida y exigir su cumplimiento a ultranza, si eso pudiera generar la pérdida de un bien mayor, como la vida del quejoso; amén que sería contrario a la tutela que ordena el artículo 1º Constitucional. En la inteligencia, de que si el traslado del quejoso proviene de una autoridad no señalada como responsable la suspensión no surtirá efecto. Se hace hincapié que en caso de que se materialice el traslado bajo los supuestos apuntados, las autoridades responsables que acepten la existencia del acto reclamado, deberán de tomar todas las medidas de seguridad necesarias, a efecto de salvaguardar la integridad física del directamente quejoso. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que en el término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, aclare su demanda en relación a lo siguiente: Precise de manera concreta, a quién le reclama la orden de consignación a una autoridad judicial, toda vez que, en su demanda de amparo, refiere que dicha orden proviene de un acuerdo emitido por una autoridad investigadora, de ahí que resulte necesaria la aclaración en ese sentido. Apercibido que de no formular la aclaración dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, únicamente en lo que respecta al acto consistente en la orden de consignación. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que se desprende de la demanda. De igual modo, se le tiene autorizando, sólo para oír y recibir notificaciones, a la persona que indica en el referido ocurso, acorde al actual contenido del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. .......

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · 4,988 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano