Carlos Isaac Rivera Castro
Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Isaac Rivera Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE BILLETE)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo solicitado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo solicitado; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Se ordena devolución de garantía. En otro orden, de la certificación que antecede, así como el estado de autos de este incidente, se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado obra el billete de depósito número N 921765, valioso por la suma de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con el que la parte quejosa garantizó los efectos de la medida cautelar provisional concedida; garantía que resulta innecesaria su retención. En esa virtud, se ordena su devolución a favor del quejoso, por lo que se fijan para ello las trece horas con treinta y dos minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, para la entrega del billete al promovente, quien deberá presentarse en las instalaciones de este juzgado federal, con código QR -el que le será entregado por conducto del actuario adscrito- debidamente identificado, con su identificación oficial vigente y dos copias simples de la misma, a fin de realizar los trámites legales y administrativos correspondientes. En la inteligencia de que dicho billete podrá prescribir a favor del Erario Federal, en el plazo de dos años, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. A margen de lo anterior, debe destacarse que no pasa inadvertido para este juzgador, lo dispuesto por el numeral 156 de la Ley de Amparo; sin embargo, la hipótesis prevista en ese precepto no se actualiza en el caso, pues con el billete de depósito no se garantizaron los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a un tercero interesado, sino para garantizar que el quejoso no se sustrajera de la acción de la justicia, al derivar el acto reclamado de un proceso penal, que se hizo consistir en una orden de aprehensión, en la que la suspensión fue otorgada en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo; particularidad que descarta que se esté en el caso previsto en el numeral 156 de ese ordenamiento, en el sentido de que debe condicionarse la devolución de la garantía al transcurso de seis meses. Lo anterior, toda vez que el precepto citado en el último término, se refiere al incidente de daños y perjuicios que pueden promover los terceros interesados en cuanto a la exigibilidad de la garantía, y a los quejosos respecto de las contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión concedida en términos del ordinal 132 de la legislación en cita. Resulta ilustrativa a las consideraciones que preceden, la tesis V.2o.P.A.9 K (10a.), que dispone: "GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EN CASO DE QUE ÉSTE NO RESULTE CIERTO O NO EXISTA EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO ESPERAR A QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROVEER SU DEVOLUCIÓN. De conformidad con el precepto citado, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión del acto reclamado, las partes deben promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, dentro del plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de amparo; sin embargo, la necesidad de esperar el transcurso de ese plazo, antes de proveer de conformidad la devolución o cancelación de las garantías, sólo opera cuando se cumplan los siguientes requisitos, que: a) se haya concedido la suspensión -provisional o definitiva- del acto reclamado; b) éste o sus consecuencias jurídicas, efectivamente se hayan paralizado, suspendido o, incluso, cuando se haya restablecido provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en razón de la suspensión otorgada por el juzgador de amparo; y, c) el quejoso o el tercero interesado hubiese exhibido garantía o contragarantía, según sea el caso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado, o bien, para que aquélla dejara de tener efectos y pudiera ejecutarse el acto reclamado; de suerte que, en aquellos supuestos en los que no resulte cierto el acto reclamado o no exista tercero interesado, es innecesaria esa espera, al resultar incuestionable que no existieron efectos que pudieron haberse visto paralizados en razón de la suspensión del acto reclamado decretada por el Juez de amparo; o bien, por no existir alguna persona a quien se le pudo parar perjuicio y que tenga legitimación para promover el incidente mencionado." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintidós minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y tercera interesada, persona tercera interesada y fiscal federal adscrito-, así como los informes justificados rendidos por el juez Oral Penal de Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, director general, jefe de grupo encargado de la Base Operativa Hermosillo, y el agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión, todos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta localidad. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los citados informes con justificación; de igual manera, que mediante proveídos de veintiséis de enero y dos de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública y agencia del Ministerio Público Especializada en Hechos de Tránsito, respectivamente, bajo apercibimiento que se de no hacer manifestación al respecto, se tendrían por inexistentes tales autoridades y se suspendería toda comunicación legal con éstas; luego, por acuerdo de dos de marzo siguiente, ante el incumplimiento del requerimiento efectuado a la parte quejosa, se hizo efectivo aquel apercibimiento y se declaró la inexistencia de las citadas autoridades; por último, se da cuenta al juez con la razón actuarial registrada bajo folio 3323. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y en cuanto a la razón firmada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, al tercero interesado Félix Alán Haro Coronado, por las razones ahí expuestas, empero, acorde a las consideraciones que sustentarán el sentido de la sentencia en este juicio, dicha falta de notificación no le depara perjuicio alguno. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por el juez responsable y la autoridad ejecutora señalada en primer término. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Carlos Isaac Rivera Castro, contra los actos atribuidos al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el once de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el doce siguiente a este juzgado de distrito, Carlos Isaac Rivera Castro, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de doce de enero siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializada en Delitos Cometidos por el Tránsito de Vehículos y a Félix Alán Haro Coronado, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio; lo que ocurrió el veintisiete de enero y dieciséis de febrero del presente año, respectivamente. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto que se pretende ejecutar en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión, comparecencia, presentación o citación librada en contra del quejoso Carlos Isaac Rivera Castro; y, Su ejecución. Inexistencia de actos reclamados No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, director general, jefe de grupo encargado de la Base Operativa Hermosillo, y el agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión, todos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y al comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, todos con residencia en esta localidad, consistentes en la la orden de aprehensión, presentación o citación librada en contra del quejoso Carlos Isaac Rivera Castro, y su ejecución, pues al rendir su informe justificado la autoridad ordenadora negó categóricamente tales actos reclamados; en tanto que las ejecutoras señaladas no hicieron manifestación alguna al respecto; máxime que al negar aquella el citado acto, es indudable que éstas no pueden ejecutar órdenes inexistentes. Sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. En esa virtud, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos respecto el acto que se atribuye a tales autoridades. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 284, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, página 236, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Existencia de los actos reclamados Con independencia de la decisión alcanzada en el párrafo precedente, son ciertos los actos atribuidos al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, director general y al jefe de grupo encargado de la Base Operativa Hermosillo, ambos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, residentes en esta localidad, consistente en la orden de comparecencia, pues así lo manifestaron en su informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera, son ciertos los actos de ejecución atribuidos al agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y al comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con residencia en esta localidad, pues si bien negaron el acto que se les atribuye, lo cierto es que se encuentran dentro de sus atribuciones dar cumplimiento a la orden emitida por el juez responsable. Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó el juez penal a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 4160/2021; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 4160/2021 -NUC. SON/HER/FGE/2018/045/15063-, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se programaron las doce horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, ordenando la notificación y citación de las partes. Asimismo, en el propio auto se instruyó al actuario que debía hacer saber a Carlos Isaac Rivera Castro -imputado-, entre otras cosas, que en caso de no comparecer a la citada audiencia, sin causa justificada, podría ordenarse, a petición del Ministerio Público, su comparecencia por medio de la fuerza pública y que las copias de la carpeta de investigación las debería solicitar al agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializada en Delitos Cometidos por el Tránsito de Vehículos. Notificación que se llevó a cabo el cinco de noviembre de ese año, por conducto de la notificadora del notificadora adscrita al citado órgano judicial, en la que se hizo del conocimiento de Carlos Isaac Rivera Castro, en su carácter de imputado, que debía comparecer a la citada audiencia de formulación de imputación, que se le sigue por el hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material de daños con motivo del tránsito de vehículos. Finalmente, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, a petición de la fiscalía, se libró orden de comparecencia contra Carlos Isaac Rivera Castro, por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de daño, previsto y sancionado por el artículo 326, en relación con el numeral 65, primer párrafo, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Félix Alán Haro Coronado. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y acorde a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." En éstos, la parte quejosa medularmente sostiene que la resolución reclamada transgreden en su perjuicio los derechos humanos de audiencia y debida defensa consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En primer término, se estima pertinente destacar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De dicho precepto constitucional derivan los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos: a) Constar por escrito; b) Ser dictado por autoridad competente; y, c) Estar fundado y motivado. En relación con este último punto, por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De lo anterior resulta que en torno a satisfacer los requerimientos formales de adecuada fundamentación y motivación, son precisamente los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como la expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. Efectivamente, se reitera, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El derecho fundamental de legalidad contenido en el precepto constitucional antes descrito, obliga a las autoridades, entre otras cosas, a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, esto es: 1. citar los preceptos normativos en que apoya su actuar e, 2. indicar las consideraciones que la llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como propósito que los gobernados tengan la posibilidad de atacar dichos fundamentos y motivos, si éstos no fueron los correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. En estas circunstancias, puede afirmarse que fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo aplicable al caso; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos o causas inmediatas que la condujeron a pronunciarlo, todo ello con la finalidad de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar no solamente los fundamentos del acto, sino los razonamientos que lo rigen. Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" De lo transcrito, y por lo que hace a las formalidades esenciales del procedimiento, el Máximo Tribunal del país ha sostenido que son las que otorgan al indiciado la posibilidad de ser oído en la causa instruida en su contra, en la que se encuentre en aptitud de ofrecer pruebas y alegar lo que estime pertinente previo al acto privativo de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. En otras palabras, por formalidades esenciales del procedimiento, amén de entenderse como el elemento primordial de la garantía de audiencia, también se comprende la observancia, entre otras, del requisito procesal consistente en ser llamado a juicio e informado de lo que va a ser materia de la afectación. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P./J. 47/95, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, en relación al acto reclamado conviene señalar que las etapas del procedimiento penal acorde al numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone las formas de conducción del imputado a proceso, en el que se deben cumplir ciertos requisitos que marca el código procesal nacional en materia penal, específicamente, ser debidamente citado, en el cual, se establezca el apercibimiento que se le haría efectivo en caso de incumplimiento sin causa justificada, acorde a lo señalado por el diverso numeral 91 de la citada codificación. De ahí que las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en que, previamente a la emisión de la orden de comparecencia, debe apercibirse al interesado que en caso de incumplir injustificadamente con el mandato del juez penal, se ordenará su comparecencia con el uso de la fuerza pública. Dicha circunstancia implica necesariamente que se tenga que llamar de forma adecuada a quien se verá afectado en su esfera jurídica de derechos, lo cual no es otra cosa más que notificarle personalmente el requerimiento que de no atender, ameritaría la comparecencia por medio de la fuerza pública. En ese sentido, el actuario notificador le hará saber en el citatorio, el domicilio al que debe comparecer, así como la hora y el día de la diligencia; además, informarle el objeto de ésta y el procedimiento del que deriva, encontrarse firmado por el notificador correspondiente y hacerle el apercibimiento que de incumplir a lo anterior, se ordenará su comparecencia. En relación con lo anterior, el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." Numeral que, en lo que interesa -orden de comparecencia-, dispone que el juez de control resolverá la solicitud en audiencia, o a través del sistema informático dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud; con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Criterio que enmarca justamente en la hipótesis del caso, pues se trata de un procedimiento penal, que por la naturaleza del acto, invariablemente, la autoridad responsable no debe otorgar al procesado audiencia previa antes de afectar sus intereses; en ese sentido, para librar la orden de comparecencia en contra del imputado no rige el derecho fundamental de previa audiencia. Es ilustrativa, por las consideraciones que la sustentan, la tesis XXXII.2 P (10a.), que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA. Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia." Sobre estas bases, es que resulta infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en cuanto a que se transgredió en su perjuicio lo dispuesto en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Se afirma lo anterior, pues el juez responsable se ajustó a los parámetros constitucionales necesarios para emitir la orden de comparecencia reclamada. En efecto, de la orden de comparecencia librada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, a petición de la fiscalía, se advierte sustancialmente que, en virtud de la incomparecencia del imputado Carlos Isaac Rivera Castro a la audiencia de formulación de imputación señalada para el veintinueve de noviembre de ese año -como lo asentó en la propia determinación-, el juez responsable verificó que había sido debidamente citado a la audiencia y después de valorar las razones expuestas por el citado representante social, libró dicha orden contra el referido imputado -aquí quejoso-, por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de daño, previsto y sancionado por el artículo 326, en relación con el numeral 65, primer párrafo, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Félix Alán Haro Coronado. Resulta relevante destacar también que para que procediera librar la orden de comparecencia de mérito, el imputado, al momento de la citación a la audiencia de formulación de imputación, debió ser apercibido de las consecuencias en caso de incumplimiento; es decir, que de no presentarse injustificadamente a la hora y fecha señalada para la audiencia correspondiente, se ordenaría su comparecencia con auxilio de la fuerza pública, pues era la consecuencia lógica que hubiera permitido a la responsable obrar como lo hizo, lo que así aconteció. En tal contexto, es incontrovertible que, en el caso, se colmaron los requisitos de los artículos 91, párrafo quinto, fracción VI, 92 y 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decisión En esa virtud, por una parte, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace a las autoridades y actos precisados en el considerando III de este fallo. Asimismo, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al director general, jefe de grupo encargado de la Base Operativa Hermosillo, y el agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión, todos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y al comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con residencia en esta localidad, pues no fue impugnado por vicios propios, sino con motivo del acto atribuido al juez responsable. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el presente juicio de derechos, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando III de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Carlos Isaac Rivera Castro, por las razones plasmadas en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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