Carlos Humberto Salazar Gastelum
Expediente 1393/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Humberto Salazar Gastelum
- Agente del Ministerio Público del Fuero Común Sector Uno, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en juicio en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con tres minutos del primero de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por: Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; fiscal general, directora general de Atención Temprana y Justicia Alternativa, agente del Ministerio Público Investigador del Sector I, agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral -agente del Ministerio Público Investigador del Sector I-, agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Operación Estratégica, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Homicidios Dolosos, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Robo de Vehículo y Maquinaría Agrícola Encargada del Sistema Tradicional, todos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; director general, agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencia y jefe de grupo encargado de la base operativa Hermosillo, todos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; y, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública, todos con residencia en esta ciudad Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual manera, que mediante proveído de ocho de noviembre siguiente, se declaró la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, "dirección General de Ejecución de Penas y Reinserción Social", "juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Fuero Común del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora", "agente Ministerial de Investigación Criminal Perteneciente al Departamento de Querellas y Citaciones" y "comisario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal", y se suspendió toda comunicación legal con éstas. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra los actos atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de la misma fecha, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un cuya ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión, presentación, citación, comparecencia o investigación librada contra el quejoso; y, Su ejecución. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades siguientes: Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; fiscal general, directora general de Atención Temprana y Justicia Alternativa, agente del Ministerio Público Investigador del Sector I, agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Unidad Especializada en el Sistema Penal Acusatorio y Oral -agente del Ministerio Público Investigador del Sector I-, agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Operación Estratégica, agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Homicidios Dolosos, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, todos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencia, y jefe de grupo encargado de la base operativa Hermosillo, ambos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; y, comisario general de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Lo anterior, pues así lo manifestaron el al rendir su respectivo informe con justificación, sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No se soslaya por parte de este juzgador, la circunstancia de que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, informó la existencia de las causas penales ********************, ********************y ********************, respectivamente, instruidas contra el peticionario de amparo ********************, pues por lo que hace a la señalada en primer término, se negó la orden de aprehensión solicitada en su contra; en la segunda, se declaró incompetencia y, en la última de éstas, se prescribió la sanción penal que se le impuso, al cumplir con la misma. IV. Existencia del acto reclamado Con independencia de la decisión alcanzada precedentemente, son ciertos los actos atribuidos al agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Robo de Vehículo y Maquinaría Agrícola Encargada del Sistema Tradicional, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, y al director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, ambos con sede en esta localidad, consistente en la orden de investigación contra ********************, derivada de la carpeta de investigación ******************** -número único de caso ********************-, pues si bien al rendir informe justificado, lo cierto es que de las constancias allegadas por el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, se desvirtúa dicha negativa, dado que se desprende la existencia de la aludida carpeta de investigación; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, respecto tal acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, con relación con el precepto 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que no irroga perjuicio a la parte quejosa en su esfera jurídica. En efecto, los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De los preceptos transcritos, en concordancia con el numeral 107 de la Constitución Federal, se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en un juicio de derechos fundamentales, cause perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. En ese sentido, la afectación al interés -jurídico o legítimo-, en relación con el juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esto último el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma, o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo, aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en relación con éste o en el ordenamiento legal. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas sustentadas por el Pleno y Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubros: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO." e "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". De esa forma, se ha establecido la diferencia entre interés jurídico -el cual deriva del ejercicio de un derecho fundamental del que el reclamante se refiere como titular-; el legítimo, que es personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y legalmente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio legal en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera de derechos en acepción amplia, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole; finalmente, el interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un provecho personal para el interesado, pues no supone perjuicio a su esfera legal en algún aspecto. Hecha la anterior precisión, es necesario tener en cuenta que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en esencia, delimita las obligaciones y prerrogativas que durante la fase de investigación desformalizada le confiere la Constitución a esta institución pública. Asimismo, se hace notar que la investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito, es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En ese contexto la iniciación, desarrollo y, en el caso específico, los actos encaminados a integrar una carpeta de investigación, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal; máxime que la integración de una carpeta de investigación en contra del aquí quejoso no se traduce en violación a sus derechos fundamentales, tales como la privación de su libertad, posesiones o derechos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Así como la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), que establece: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Y, por las razones que la contienen, la diversa tesis 1a. CXXXV/2004, que reza: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." VI. Decisión En esa virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados y la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en términos del numeral 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1393/2022. Antecedentes A petición de Carlos Humberto Salazar Gastelum, por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se desarrolló conforme al acta que antecede y se procede a resolver en definitiva la presente incidente, al tenor de los considerandos siguientes: I. Competencia Conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente de suspensión, ya que tramita el juicio en lo principal. II. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de aprehensión, presentación, citación, comparecencia o investigación, así como su ejecución. Asimismo, el quejoso solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados para efectos de que no se ejecute alguna orden de captura en su perjuicio, hasta en tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. III. Negativa de los actos reclamados No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables siguientes: Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; agente del Ministerio Público Investigador del Sector I; agente del Ministerio Público Titular de la Quinta Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral -agente del Ministerio Público Investigador del Sector II; directora general de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; director general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operación Estratégica; agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas; agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos de Robo de Vehículo y Maquinaría Agrícola, encargado del Sistema Tradicional; director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; comisario general de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública; agente encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión y Comparecencia de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; y, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, todos con sede en esta ciudad. Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir informe previo De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, por lo que hace a las autoridades precisadas. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." No se soslaya por parte de este juzgador, la circunstancia de que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, al rendir informe previo, informó la existencia de las causas penales 151/2016-Octies, 162/2016-Octies y 447/2010-Quinquies, respectivamente, instruidas contra el peticionario de amparo Carlos Humberto Salazar Gastélum, pues por lo que hace al primero, se negó la orden de aprehensión solicitada en su contra; en el segundo, se declaró incompetencia y, en el tercero, se prescribió la sanción penal que se le impuso, al cumplir con la misma. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo. IV. Se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carlos Humberto Salazar Gastélum, contra los actos que reclama a las autoridades responsables, por los motivos y para los efectos establecidos en el considerando III de la presente interlocutoria. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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