Carlos Inocencio Ruiz Sánchez

Expediente 1026/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1026/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Carlos Inocencio Ruiz Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se determinó desechar la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 1026/2017-II, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, a pesar de que las partes no manifestaron nada en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda de amparo dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles del mismo y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Carlos Inocencio Ruiz Sánchez; en atención a su contenido, mediante el cual solicita la expedición de copias simples y certificadas de diversas actuaciones que obran en el juicio de amparo en que se actúa; al respecto dígasele que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, únicamente faculta la expedición de copias certificadas. En atención a lo anterior y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita en un tanto, previa razón que de recibo se agregue en autos, autorizando para recibirlas a la persona que refiere. Ahora, por lo que hace al segundo y tercer tanto de copias certificadas que solicita, respectivamente, hágase de su conocimiento que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que si bien los Secretarios y Actuarios adscritos a este juzgado federal gozan de fe pública, su función preponderante es la jurisdiccional, por lo que, si es su deseo, debe acudir ante un fedatario público a efecto de obtener el número de copias certificadas que requiera. Habida cuenta que la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto es discrecional del juzgador conforme a lo previsto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme al artículo 2°. ... De dicho criterio se advierte, que si bien es cierto que el precepto 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, no restringe su expedición a un solo juego, también refiere, que cuando se realice una solicitud de más de un juego de copias, dicha petición deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, requisito que en el presente caso no se encuentra colmado, pues el ocursante, en el libelo que se provee, no justifica ni manifiesta el motivo por el cual solicita dos y tres juegos de copias, por ello se reitera la negativa de expedir el restante juego. Ahora, por lo que hace a su petición de autorizar se tome las exposiciones fotográficas de las constancias procesales que obran en el presente juicio de amparo, atento a su contenido se les tiene solicitando la autorización para que ******************** y las personas que se tuvieron como autorizados por la parte quejosa en proveído de siete de los actuales, puedan hacer uso de medios electrónicos para la reproducción del contenido de las actuaciones que existan en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, dígaseles que se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el promovente Carlos Inocencio Ruiz Sánchez, mediante el cual, desahoga la prevención formulada en auto del siete de noviembre del año en curso, manifestando: El nombre de la tercera interesada. El acto que reclama es la dilación respecto al procedimiento, lo cual ha sucedido sin ninguna justificación y en particular del Juez de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez en el Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, así como del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por la dilación al acordar la queja presentada precisamente por las omisiones del Juzgado Primero Familiar. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Ahora bien, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contra de la dilación al acordar la queja presentada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, misma que quedo registrada con el número 55/2017, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, tratándose de actos dictados en un proceso o juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo, y aquél se resuelve en un sentido determinado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto a partir de que se dicta es la que rige la situación procesal específica, tal como lo revela la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, del tomo XXX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Así, conviene señalar que el quejoso Carlos Inocencio Ruiz Sánchez reclama la dilación respecto al procedimiento, en particular del Juez de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juárez en el Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, así como del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por la dilación al acordar la queja presentada precisamente por las omisiones del Juzgado Primero Familiar. Ahora en relación con el acto reclamado, es menester traer a la vista las constancias remitidas por la autoridad Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, mediante oficio PTSJ/CD.J./585/2017 de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, de las que se desprende que en auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada Elsa Cordero Martínez y los Consejeros María Sofía Margarita Ruiz Escalante, Leticia Caballero Muñoz, Mildred Murbartían Aguilar y Álvaro García Moreno resolvieron la queja administrativa 55/2017 de su índice, misma que fue notificada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete a Carlos Inocencio Ruiz Sánchez. El auto de tres de octubre de dos mil diecisiete es del tenor literal siguiente: "En tres de octubre del año dos mil diecisiete, el Licenciado JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado, da cuenta con el escrito signado por CARLOS INOCENCIO RUIZ SÁNCHEZ, con número de control interno SE-3072, al que acompaña copia simple del expediente número 401/2017, constantes de diecinueve fojas útiles; para su acuerdo. Conste. Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, tres de octubre del año dos mil diecisiete. Dada cuenta con el escrito signado por CARLOS INOCENCIO RUIZ SÁCNHEZ, con número de control interno SE-3072, al que acompaña copia simple del expediente número 401/2017, constantes de diecinueve fojas útiles, SE ACORDÓ: Téngase por presente a CARLOS INOCENCIO RUIS SÁNCHEZ, presentado Queja Administrativa; por tanto, se ordena formar expediente, así como su registro en el Libro de Gobierno que se lleva en este Consejo, correspondiéndole el número 55/2017, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 111, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 61, 66 y 68, Fracciones IX, XIV y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa, este Consejo declara su competencia, para conocer del presente asunto; sin embargo, previo análisis de la misma, se advierte del escrito de cuenta, que lo narrado por el hoy quejoso resulta ser cuestiones de carácter eminentemente jurisdiccional, pues de la lectura integral al citado escrito, se advierte que el hoy quejoso se duele de la demanda de divorcio incausado que presentó el día veintidós de junio del año en curso, recayendo acuerdo el treinta de junio del mismo año, requiriéndosele acreditara y comprobara el último domicilio conyugal que tuvo con su cónyuge, siendo notificado el cuatro de agosto del mismo año; por lo consiguiente, con fecha diecisiete de agosto del presente año, fue admitida la radicación del Juicio de Divorcio incausado, emplazándose en el domicilio de la cónyuge el día veinticinco de agosto del año en curso, feneciendo el término para contestar la demanda el día cuatro de septiembre del mismo año, sin haberse presentado contestación a la misma, presentando el hoy quejoso promoción donde solicita se declare la rebeldía de lo cónyuge, por no haber dado contestación en tiempo y forma, manifestando el citado quejoso o todo lo antes descrito que los tiempos son tardados al presentar la promoción al momento en que se acuerda; sin embargo, debe decirse al hoy quejosono constituye uno falta administrativa, pues cabe señalar que la Ley procesal de la materia prevé los recursos idóneos para impugnar lo vertido por el quejoso, por tanto, CARLOS INOCENCIO RUÍZ SÁNCHEZ, tienen a su alcance y expeditos sus derechos para promover los medios legales de impugnación que consideren idóneos; razón por la cual y tomando en consideración que la Queja Administrativa, tiene por objeto examinar las conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la actuación, teniendo como propósito esencial lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, y al no invocarse ni demostrarse alguna de las conductas anteriormente descritas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Entidad, y 101, del Reglamento de este Consejo de la Judicatura, no ha lugar admitir a trámite la misma, ordenándose su desechamiento, toda vez que en materia de quejas administrativas las cuestiones jurisdiccionales no pueden ser cuestionadas por esta autoridad; cobrando aplicación por analogía los criterios jurisprudenciales del rubro y texto siguientes: "QUE ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOR JURIDICOS". La llamada queja administrativa cuya existencia se deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico sutentado o si existe alguna irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria". Tesis: P./J. 15/91 localizable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Mayo de 1991, Página: 26; "QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN". Del contenido de la queja solo deben tomarse en consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a tratar la queja, como si fuera un recurso, lo cual carecer de fundamento legal. "Tesis: P./J.15/90, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI Primera porte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, página ochenta y cinco. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, fracción I, del citado Reglamento, notifíquese el presente proveído al quejoso CARLOS INOCENCIO RUIZ SÁNCHEZ, los estrados del Consejo de la Judicatura del Estado, asimismo, una vez que cause estado el presente proveído, archívese este asunto como totalmente concluido, debiéndose realizar los anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que en este Consejo se lleva. NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE. Así lo acordaron y firman por unanimidad de votos, la MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ, CONSEJEROS MARIA SOFÍA MARGARITA RUÍZ ESCALANTE, LETICIA CABALLERO MUÑOZ, MILDRED MURBARTIÁN AGUILAR Y ÁLVARO GARCÍA MORENO, la primera en su carácter de Presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y los restantes en su carácter de integrantes de dicho Cuerpo Colegiado, ante el Secretario Ejecutivo del mismo. Licenciado JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA, quien da fe (.)" En este orden, se advierte que el acto combatido cesó en sus efectos, en tanto se dio contestación a la queja administrativa 55/2017; lo que provocó que los efectos del acto reclamado desaparecieran de forma inmediata, total e incondicional como si se hubiera concedido el juicio de amparo. De ahí que, surja la causa de improcedencia en comento, y proceda desechar en el juicio de amparo. En relación con lo anterior, es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Cobra aplicación también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente de febrero de 1998, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo en el que se actúa, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal que contempla los principios de interpretación conforme a los derechos humanos y pro persona, al disponer lo siguiente: "Artículo 1. [.] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". El principio de interpretación conforme a los derechos fundamentales, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la ley aplicable que derive un resultado que sea acorde a los mismos, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, buscando siempre la protección más amplia de los gobernados. Así, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. Sin embargo, en el caso, es innecesario realizar la interpretación que impone el numeral constitucional, pues las normas citadas son claras y congruentes con el orden jurídico nacional y supranacional, resultando evidente la actualización de la causal de improcedencia; aunado a que, desde la perspectiva del principio pro homine, no podría flexibilizarse el análisis de la causa de improcedencia que, en este asunto, se actualiza, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Orienta lo considerado, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2005717, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Y, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, impresa en la página 909, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2007621, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Carlos Inocencio Ruiz Sánchez. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Doctor en Derecho Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario que autoriza, Isaías Sánchez García. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Carlos Inocencio Ruiz Sánchez, por propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1026/2017-II. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 108, fracciones II, IV y V, así como 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad aclare y manifieste: Señale el domicilio actual y correcto del tercero interesado. ... El acto que en específico le reclama a cada autoridad, o bien, si lo que desea reclama es la dilación al procedimiento, manifieste en específico que causa esa dilación. ... De lo que se advierte que lo que pretende reclamar es una dilación al procedimiento, pues también refiere en el capítulo de antecedentes del acto reclamado manifiesta lo siguiente: "QUINTO. - Estos hechos han sido constantes dentro del expediente número 401/2017, tomando en consideración los siguientes antecedentes; 1. En el desahogo de la prevención, de fecha 04 (cuatro) de agosto del presente año; 2. El Acuerdo de radicación dentro del Juicio de Divorcio Incausado el cual fue admitido el día 17 (diecisiete) de agosto del año en curso, tomando en consideración los nueve días por ministerio de ley; por lo consiguiente el auto fue notificado el 25 (veinticinco) de agosto del año en curso, esto es, 7 (siete) días posteriores a la admisión del Acuerdo que sumados a los 9 (nueve) días anteriores nos da un total de 16 (dieciséis) días, de tiempo improrrogable, por lo que se incurrió con ello en incumplimiento a lo establecido en los artículos 52 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 73 fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; SEXTO. - El 25 (veinticinco) de agosto del año en curso, se realizaron los trámites correspondientes notificación y emplazamiento a mi contra parte, por lo que: En fecha 18 (dieciocho) de septiembre del año en curso, se solicita una audiencia para efectos de tener una convivencia familiar con mi menor hijo, programada para los días concurrentes del 22 al 25 del mes de septiembre de este año, promoción que quedo registrada con número 3786, por la Oficialía de Partes del Juzgado; El mismo día 18 (dieciocho) de septiembre del presente año, se presenta promoción para efectos de declarar la rebeldía en que incurrió mi contraparte por no haber dado contestación en tiempo y forma a la incoada en su contra, promoción que me fue recepcionada por la Oficialía de Partes del Juzgado de lo Familiar, el día antes señalado a las 14:00 horas y con número de registro 3787;.." ... Manifieste de que procedimiento deriva el acto reclamado, además, amplié los antecedentes que constituyen el acto reclamado; asimismo, aclare si a sus peticiones de dieciocho de septiembre del año en curso ha recaído algún acuerdo; en la inteligencia de que deberá expresar de manera clara y precisa del expediente del que deriva el acto reclamado, así como tal circunstancia que origina la dilación combatida, a fin de fijar correctamente la litis constitucional. Ello, para estar en condiciones de darle a la demanda el trámite legal que corresponda. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ello para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. ... Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y al Juez de lo Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Juárez, en el Municipio de Huamantla, Tlaxcala, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de que se le notifique el presente proveído, remitan copia certificada de todo lo relacionado como el acto reclamado. Apercibidos, que en caso de no hacerlo en el término señalado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, siendo este los estrados de este Juzgado Federal, teniéndose como autorizadas a las personas que indica en términos del artículo 24 de la ley de la materia, por así haberlo señalado expresamente, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. Por otra parte indíquese al promovente que no ha lugar acordar de conformidad su petición de ser notificado vía correo electrónico o telefónica; ello, pues las notificaciones por vía electrónica deben sujetarse a los lineamientos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que el promovente haya acreditado contar con firma electrónica, a fin de ser notificado por esta vía. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano