Carlos Ignacio Cidel Rosas

Expediente 468/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
468/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Ignacio Cidel Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Carlos Ignacio Cidel Rosas, hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de trece de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Autoridad devuelve exhorto sin diligenciar. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 34/2023 de su índice, derivado del diverso 93/2023-II, con número de orden 93/2023-II, deducido del presente juicio de amparo, por el que se ordenó que en auxilio de este órgano jurisdiccional, notificara a la parte quejosa el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés. En virtud de lo anterior, dese de baja el exhorto de que se trata el en libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la quejosa el citado acuerdo, así como el presente y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por lista el trece de abril de dos mil veintitrés a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. En Apizaco, Tlaxcala, trece de abril de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, contra actos del Jueces del Centro del Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 468/2023-II. Acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele de los actos reclamados los siguientes: La falta de llamamiento a la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala. La integración de la carpeta de investigación ******************** del índice de la Fiscalía Auxiliar de la Cédula 3, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la UIL "B". Se desecha demanda de amparo respecto del acto señalado como el inciso a). Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora bien, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII de la Ley de Amparo. Al respecto, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de las reformas publicadas el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio reclamado es un acto fuera de juicio que no afecta derechos sustantivos. Los indicados preceptos legales son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio. Estos últimos tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda o al dictado del auto de vinculación a proceso, de donde surge el establecimiento de la relación procesal, sin que formen parte del procedimiento por sí mismos, ni su subsistencia depende de lo que se resuelva en definitiva en ese juicio. Ahora bien, el quejoso reclama la falta de llamamiento a la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala; sin embargo, del capítulo de hechos formulados bajo protesta de decir vedad refiere: ".El día martes veintitrés de marzo se me hizo conocimiento la causa penal ********************. Deducida de la carpeta de investigación ********************, del índice de la Fiscalía Auxiliar de la Cédula 3, del Equipo de Investigación y Litigación II, en la UIL "B", con sede en Tlaxcala, Tlaxcala, y el veintiocho de marzo de este mismo año me fue entregada la carpeta de investigación ********************, señalándome audiencia inicial en el Centro de Justica de esta Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, en la fecha trece de abril a las 10:51 de la mañana. De lo anterior, se advierte que aun cuando el quejoso se duele de la falta de llamamiento a la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala, lo cierto es que tuvo conocimiento desde el veintiocho de marzo del presente año de la citación de audiencia inicial señalada en la causa penal ********************, Establecido lo anterior, se tiene que la actuación en el que los Jueces del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Tlaxcala, dentro de la causa judicial ********************, señalaron día y fecha para el desahogo de la audiencia inicial, resulta improcedente el juicio de garantías por las consideraciones siguientes: Al respecto, conviene citar el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la facultad del juez de control para emitir un citatorio. Dicho numeral es del contenido siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y (.)". De la anterior transcripción se advierte que el citatorio emitido por un juez de control representa un aviso al imputado, a efecto de que comparezca ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de la solicitud que formuló la representación social para que se formalice un procedimiento por medio de la intervención judicial. Así, la facultad que ejerce el juez para citar a una persona para la celebración de una audiencia inicial únicamente tiene el propósito de lograr su comparecencia sin que involucre el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión. En ese sentido, el citatorio solo tiene por objeto lograr la asistencia de una persona ante la autoridad judicial para el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que le reviste la naturaleza de un acto fuera de juicio, pues al momento de su emisión, éste aun no comienza. Asimismo, dicha citación no afecta algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, ya que -se reitera- solo es un llamamiento para que el sujeto al que va dirigido, comparezca al deshago de la audiencia inicial del procedimiento. En todo caso, un eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo pida el fiscal. Cabe destacar que, en relación al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De igual forma sostuvo que no se pasa por alto que el juez puede ordenar la comparecencia forzosa, ante la inasistencia sin justificación; sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que dicha persona no acuda y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Con base en lo anterior, resolvió que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el citatorio para comparecer a la audiencia inicial, pues aun cuando es un acto fuera de juicio, no afecta el derecho sustantivo de la libertad personal. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sin datos de localización, publicada el siete de diciembre del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al estar acreditada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado señalado con el inciso a). Desechamiento respecto del acto reclamado integración de la carpeta de investigación ********************: Por otra parte, se advierte de oficio la actualización notoria, manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." En relación con el tema, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito, tal y como se observa a continuación. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Ahora bien, el artículo 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Ministerio Público para: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código; XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos; XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código; XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; XVII. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en el presente Código; XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; XX. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan; XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." De la porción normativa ante invocada se desprende que compete al Ministerio Público, en representación de la sociedad; llevar a cabo la investigación de los delitos y a ejercer la acción penal cuando proceda. De ahí que la integración de la carpeta de investigación ******************** del índice de la Fiscalía Auxiliar de la Cédula 3, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la UIL "B", no causan un daño o perjuicio a los gobernados contra el cual se haya iniciado los procedimientos correspondientes, puesto que son de orden público, a menos que derivado de su incoación se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, no le depara perjuicio alguno, pues no afecta su esfera jurídica con la realización de un acto de esa naturaleza, no se infiere que se les haya privado de su libertad, posesiones o derechos; además, tal como se dijo, la facultad del Ministerio Público para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de los quejosos, sino que es un derecho social cuyo ejercicio está atribuido a dichas autoridades. Resulta ilustrativo al respecto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Diciembre de 2004: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." También, resulta aplicable, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 2017, con número de registro 2015500: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.... En tanto, la investigación que se estuviera integrando en contra del quejoso, no le constituye un acto que cause perjuicio alguno a su esfera jurídica, pues las actuaciones realizadas son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, pues no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, debe entenderse que únicamente se trata de una serie de actuaciones que tienen como finalidad, respectivamente, delimitar los elementos de prueba de la carpeta de investigación, así como para determinar si ejercita o no acción penal ante el juez de control. Por tanto, será hasta ese momento -cuando se ordene la aprehensión o comparecencia del inculpado-, cuando se ocasione un perjuicio real a la esfera de sus derechos; por lo que es inconcuso que la investigación que se pudiera estar integrando en contra de la quejosa, no le afectan de manera alguna los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 49, tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ... En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación ********************. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, toda vez que el domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, se ordena realizar su notificación, aún las de carácter personal mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale un diverso domicilio dentro de la zona metropolitana referida. Notificación personal por única ocasión por exhorto. Ahora, dada la naturaleza del presente acuerdo, se ordena realizar la notificación de la parte quejosa por única ocasión en el domicilio ubicado en ********************, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro del presente proveído al quejoso ********************. Por otra parte, en atención al principio de economía procesal, se autoriza al Juez exhortado para que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles si lo estima pertinente para el adecuado despacho del presente asunto. Asimismo, se le solicita de la manera más atenta al momento de la devolución de la citada comunicación oficial, se sirva remitir únicamente la diligencia encomendada, ello a fin de tener un mejor manejo del presente expediente. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene al quejoso proporcionando los números telefónicos y correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*

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