Carlos Ignacio Ibarra Guerrero

Expediente 2171/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2171/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Ignacio Ibarra Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de las aludidas constancias, se evidencia una causal indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. Cabe destacar, que la parte quejosa reclama del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en esta vía constitucional, lo siguiente: "[.] LA CONDUCTA OMISA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, en cuando a proveer el escrito de fecha catorce de agosto del presente año, dentro del expediente de origen ********************[...]" Ahora bien, de las documentales que la responsable adjuntó al informe con justificación, en lo que interesa la copia certificada del auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en el cual, se provee lo peticionado en el escrito mencionado en párrafos anteriores dentro de los autos del expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, como se precisó, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de proveer el escrito de fecha catorce de agosto del presente año, dentro del expediente de origen ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las condiciones apuntadas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. Tiene aplicación la tesis 2a./J.44/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". Toda vez que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abandonar el criterio referido en la jurisprudencia 45/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, los alcances por los que se pudiera otorgar la protección constitucional deberán de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala, visible en la página 732, registro 2005150, Materia(s): Común, Décima Época, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por su carácter de delegado y en representación de la responsable Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual solicita prórroga de diez quince días, para estar en aptitud de remitir la documental que se le requirió, mediante auto de siete de noviembre del año en curso. Ahora bien, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 75, párrafo tercero, de este último ordenamiento, se le concede una prórroga de diez días para que remita la información que se le requirió en el citado proveído, subsistiendo el apercibimiento decretado en el auto en cuestión; lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al proveído de veintiocho de septiembre de este año, realiza diversas manifestaciones en relación a los cheques ya entregados, señala que, ya se encuentra disponible el noveno cheque y solicita se fije fecha para la entrega del mismo; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en atención al mismo, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, se requiere a la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y al Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal quejoso, para que comparezcan a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en las instalaciones que alberga este juzgado de Distrito, efecto de llevar a cabo en presencia de esta autoridad judicial, el acta de entrega y recepción del noveno cheque por la cantidad de $**), expedido a favor de la parte quejosa. Bajo apercibimiento de no comparecer a dicha diligencia alguna de las dos partes, este juzgado resolverá lo que en derecho corresponda, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, se requiere a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, sin excusa ni pretexto, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, se entregue al Ejido quejoso "****" la cantidad que resta para completar los $*** Remitiendo para tal efecto constancia fehaciente del mismo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. En tales condiciones, se requiere nuevamente al Gobernador del Estado de Jalisco, para que, dentro del término de tres días, en su carácter de superior jerárquico de las responsables, ordene a ésta el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo y de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se itera al superior jerárquico de la autoridad responsable, que es igualmente responsable y que su actuar, y por ende los oficios que remita a esta potestad federal, deberán implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, haciéndole saber que incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad a él subordinada, los cuales quedaron precisado en el párrafo que antecede, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, visto el escrito de cuenta suscrito por **** como autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y solicita se requiera nuevamente a la autoridad responsables por el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, se fije fecha para el entrega del noveno cheque y se le requiera para que presente el mismo; al respecto, se provee: agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que surta los efecto legales a que haya lugar y en atención al mismo dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Finalmente, debido a que las promociones que se acuerdan una fue recibida de manera física y otra electrónica y la presente determinación fue autorizada de la misma forma, no se integrarán al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  4. Principal

    Visto el estado de autos del cual se advierte que en acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió el oficio signado por ** en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Delegación Jalisco, en donde se le requirió por diversas constancias. En el cual la responsable informó que no es posible atender dicha solicitud toda vez que el patrón FIRMA EN DEFENSA ADMINISTRATIVA Y FISCAL S.C. En razón de lo expuesto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informen y acrediten con documental la información solicitada; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA LO REQUERIDO. Para dar lugar a lo anterior, la audiencia de alegatos señalada para el día de hoy se difiere y para su verificativo se señalan nuevamente las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DOS MIL VEINTITRÉS.

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