Carlos Humberto Pérez Razón

Expediente 1836/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1836/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Humberto Pérez Razón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el delegado de las autoridades responsables, Presidente Municipal y Director General de Administración y Desarrollo Humano, ambos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite acta de entrega de cheques y solicita se le señale fecha para recoger la póliza de cheque número ********************; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, téngasele en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexos de cuenta, se ordena correr traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá lo que en derecho corresponda. Respecto, a lo que solicita en el sentido de que se señala fecha para recoger la póliza de cheque número ********************, dígasele que puede comparecer de lunes a viernes al local que ocupa este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente y con fotografía, sito en el segundo piso del Edificio X1 de la Ciudad Judicial Federal, en Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín número 7727, Zapopan, Jalisco, en horario de atención al público, a efecto de que de recoger dicha póliza ********************, recibida por este juzgado de Distrito el dos de febrero de este año. Consecuentemente, tomando en consideración que a la fecha no se encuentra debidamente cumplida la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a las autoridades responsables DIRECTOR JURÍDICO ADSCRITO A LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TONALÁ, JALISCO Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO HUMANO DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA, JALISCO, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, cumplan con la ejecutoria de marras, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON LO REQUERIDO Ahora bien, visto el estado de autos de los que se advierte que mediante proveído de ocho de noviembre de este año, se reservó acordar lo conducente en relación al escrito de la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés y solicita se requiera a la autoridad responsable para que remita su planilla de desglose de las cantidades pagadas y por pagar al quejoso; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase al Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes indicados; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, conforme a lo establecido por la contradicción de tesis 375/2011, que precisa que las Juntas y Tribunales Laborales, no se encuentran sometidas a la potestad de autoridad alguna, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, al ser éstas organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, es decir, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función, es por lo que no se requiere a diversa autoridad. Al respecto, cabe transcribir la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J.36/2011, cuyo rubro, es el siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO."

  3. Principal

    Visto el escrito que suscribe ********************en su carácter de representante legal reconocido en autos de la persona moral denominada ************Atento a su contenido téngasele realizando manifestaciones en relación al auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, mismos que se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno, lo anterior de conformidad con el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vistas las copias simples de cuenta, y como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125 y 128, de la Ley de Amparo, acuérdese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo a la ampliación de demanda del juicio de amparo 1086/2022-III, signada por Porfirio de Jesús López Peña, quien se ostenta como apoderado general para pleitos y cobranzas del personalidad que quedó debidamente acreditado en el juicio de amparo del cual deriva este cuaderno incidental, contra actos del Secretario Ejecutor Adscrito al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en consecuencia, con fundamento en el artículo 138 fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia simple del escrito de ampliación de demanda y de aclaración. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 138, fracción II. Ahora bien, respecto a las pruebas que ofrece en el escrito de ampliación de demanda, consistente en la instrumental de actuaciones y presuncial en sus dos aspectos, legal y humana, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que el artículo 143 de la Ley de Amparo, prevé que únicamente se admitirán en los incidentes de suspensión, las pruebas documental y de inspección judicial y tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de dicha Ley, será admisible la prueba testimonial Ahora bien, previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen garantías individuales y derechos humanos. En ese sentido, cabe señalar que, el juez Federal está legalmente facultado para fijar conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias o estado en que deban quedar las cosas a virtud de que se conceda la suspensión del acto reclamado, aun cuando se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su demanda, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues lo que se busca es conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el promovente; con la única limitante de no llegar al extremo de ordenar la paralización de actos que no fueron reclamados en la demanda. Por lo anterior, es que si en el asunto, se pidió la medida cautelar, para el efecto de que: "[.]- Para el efecto de que cesen los efectos de la orden judicial de embargo, librada en contra de esta quejosa, ello respecto del bien inmueble ubicado en ********************. --- - Es decir, para el efecto de que se deje sin efectos las órdenes de embargo libradas en contra de esta parte quejosa, ello respecto del bien inmueble ubicado en ********************. --- - Para que no se transmita, enajene o remate el bien inmueble de mi propiedad ubicado en ********************." Y dado que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo los jueces de Distrito sólo pueden pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión que se haya solicitado expresamente. Consecuentemente, se niega la medida cautelar, respecto de los efectos que la solicita, esto es, para que cesen los efectos y se deje sin efectos las órdenes de embargo libradas en contra de la parte quejosa, emitidas por la responsable en el juicio de origen 371/2014, ya que de conceder dicha medida cautelar para esos efectos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia en que recaiga al expediente principal, toda vez que, esa circunstancia no es factible analizarla en el incidente de suspensión, en virtud de que es relativa al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Ello es así, porque en todo caso, será materia del fondo de la cuestión planteada en esta instancia constitucional. Por otra lado, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la Ley de Amparo, y toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el segundo de los preceptos citados, esto es, la solicitó la parte agraviada, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones del orden público ni se sigue perjuicio al interés social, y por el contrario, de llegarse a ejecutar el acto reclamado se podrían ocasionar al agraviado posibles daños y perjuicios que serían de difícil reparación, y además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal, se concede a Javier Torreblanca Hinojosa, la suspensión provisional, de los actos reclamados en la ampliación de demanda, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que pudiéndose continuar con el procedimiento de remate pero hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega del predio ubicado en ********************, a nombre de terceros, en términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva. La parte quejosa acredita indiciariamente su interés suspensional, en virtud de que es parte del Juicio Civil de origen, según lo expone en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, de su escrito de ampliación de demanda. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." La medida cautelar surte sus efectos desde luego pero dejará de hacerlo si los actos reclamados provienen de actos o autoridades diversos a los señalados en la demanda de amparo o sí los mismos ya fueron ejecutados. Ahora bien, con fundamento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos sin necesidad de hacer pronunciamiento alguno al respecto, si la parte quejosa, no exhibe dentro del término de cinco días garantía en cualquiera de las formas establecidas en la ley, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que se calcula discrecionalmente por carecer de mayores datos; lo anterior a efecto de garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado en cita con su otorgamiento, en caso de no obtener el quejoso sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA A Javier Torreblanca Hinojosa, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1086/2022-III." Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1386 del Tomo XXXIII, Enero de 2011 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS.". Finalmente, con relación a los que solicita en el sentido que la suspensión que aquí se solicita, deberá otorgarse sin fijarse cuantía alguna para su concesión, pues con la misma se garantiza el orden público e interés social, ya que la suspensión del acto reclamado solicitada no se ocasiona ningún daño o perjuicio al tercero interesado, sino que su finalidad es la de mantener las cosas en el estado que actualmente guardan; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado. A efecto de dar contestación a tales planteamientos, se estima conveniente señalar que la figura de la suspensión del acto reclamado a que se refiere la Ley de Amparo, se traduce como una garantía a favor de los particulares para el efecto de que se logre detener la ejecución del acto de autoridad que se estima contrario a la Constitución, y así mantener viva la materia del amparo, impidiendo que la ejecución del acto reclamado cause perjuicios de difícil reparación jurídica al quejoso; por ende, atento a estas características esenciales que identifican la medida cautelar, es posible señalar que sólo puede suspenderse o paralizarse aquello que jurídicamente no ha acontecido plenamente. Ahora bien, es necesario distinguir dos requisitos que se presentan en la suspensión del acto reclamado, a saber: los relativos a la procedencia y a la eficacia de la medida cautelar. Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales se encuentran previstas en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, y consisten en las siguientes: a) solicitud del agraviado; b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) que sean de difícil reparación los perjuicio que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Por su parte, los requisitos de eficacia de la suspensión se refieren a las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia, los de efectividad se refieren al aspecto de la causación de los efectos de dicha medida. Dichos requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo; En consecuencia de lo anterior, se considera que la garantía que se solicita es un requisito de eficacia que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; puesto que con la misma se deben de garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado señalado en autos con el otorgamiento de la suspensión, en caso de no obtener el quejoso sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva este incidente de suspensión, ya que está paralizando la escrituración y la entrega del predio ubicado en ********************. Debido a la concesión otorgada a la parte quejosa en líneas que anteceden, notifíquese de manera personal a la parte tercera interesada. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

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