Carlos Ignacio Coronel Amezquita

Expediente 167/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
167/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • Carlos Ignacio Coronel Amezquita y Otros.
  • Carlos Ignacio Coronel Amezquita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, por lo que se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, por lo que se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibiiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo ***************, promovido por ***************, en nombre de ***************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado en su fecha, ***************, en nombre de ***************, promovió demanda de amparo contra actos del Director Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte y Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, ambos con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: La detención, ilegal incomunicación y restricción de visitas de su esposa *************** y familiares asa como la visita íntima conyugal a la que tiene derecho el C. ***************, por parte de la autoridad señalada como responsable. Reclamando además, todos y cada uno de los actos que se deriven o que sean consecuencia de los actos precisados con anterioridad (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Tras ratificar el directamente agraviado, la demanda promovida en su favor, mediante auto de tres de marzo de dos mil dieciséis (foja 13), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 167/2016-IV, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclamó, de las autoridades señaladas como responsables: La detención fuera de procedimiento efectuada en contra del directamente agraviado, la incomunicación de que es objeto y la restricción de la visita íntima conyugal. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al remitir su informe justificado, el Director Jurídico, por sí y en ausencia del Director General, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, residentes en esta ciudad, en sus denominaciones correctas, (foja 22), negaron categóricamente el acto que les atribuyó el quejoso, consistente en la incomunicación de que dijo, era objeto, sin que éste haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas, por lo que, respecto de dicho acto, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Luego, por lo que hace al acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la detención ilegal que dijo, se efectuó en su contra, se tiene que no es cierto dicho acto, en virtud de que las autoridades señaladas como responsables, informaron que Carlos Ignacio Coronel Amezquita, ingresó a la unidad administrativa del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte en esta localidad, en virtud del proceso instaurado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión y transporte de clorhidrato de cocaína (fojas 85 a 88); por lo que, en virtud de que se sigue en contra del aquí quejoso, un proceso penal, resulta inexistente el acto reclamado consistente en su detención ilegal. En lo que respecta al acto reclamado consistente en la restricción de la visita íntima conyugal, no es cierto que existe tal restricción, sino que, para que dicha visita pueda tener lugar, las autoridades responsables informaron que es preciso que se reúnan una serie de requisitos, pues la visita íntima es un estímulo al que acceden los internos de dicho centro penitenciario, de manera gradual y en base a su comportamiento (fojas 36 y 37). Al respecto, el numeral 12 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, señala lo siguiente: ARTICULO 12. En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el desarrollo del Servicio Social Penitenciario en cada centro de reclusión, con el objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior. La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmente, sino previos estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntimo. De dicho arábigo se desprende, que el otorgamiento de la visita íntima, cuya finalidad es la preservación y salud de la relación conyugal del interno, a que ineludiblemente tiene derecho, pero que será otorgada previos estudios social y médico, que descarten la existencia de trastornos que impidan su sana realización. Asimismo, como ya se mencionó, dicha visita constituye un estímulo que deberá ser aprobado, después de la realización de los estudios referidos en el párrafo que antecede y así, permitir la adecuada evolución del interno en su tratamiento; por supuesto, garantizando la autoridad responsable que se cumpla con las medidas de seguridad en el momento de la visita. Las constancias de donde se desprende todo lo anterior, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte. En cuanto a la valoración asignada a los documentos ya descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, se concluye que los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la incomunicación de que dijo ser objeto y la restricción de la visita íntima conyugal, son inexistentes, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que a ese acto y autoridad se refiere, mismo que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, en nombre de ***************, en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo ***************, promovido por ***************, en nombre de ***************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dos de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado en su fecha, ***************, en nombre de ***************, promovió demanda de amparo contra actos del Director Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte y Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, ambos con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: La detención, ilegal incomunicación y restricción de visitas de su esposa *************** y familiares asa como la visita íntima conyugal a la que tiene derecho el C. ***************, por parte de la autoridad señalada como responsable. Reclamando además, todos y cada uno de los actos que se deriven o que sean consecuencia de los actos precisados con anterioridad (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Tras ratificar el directamente agraviado, la demanda promovida en su favor, mediante auto de tres de marzo de dos mil dieciséis (foja 13), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente 167/2016-IV, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclamó, de las autoridades señaladas como responsables: La detención fuera de procedimiento efectuada en contra del directamente agraviado, la incomunicación de que es objeto y la restricción de la visita íntima conyugal. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al remitir su informe justificado, el Director Jurídico, por sí y en ausencia del Director General, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, residentes en esta ciudad, en sus denominaciones correctas, (foja 22), negaron categóricamente el acto que les atribuyó el quejoso, consistente en la incomunicación de que dijo, era objeto, sin que éste haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas, por lo que, respecto de dicho acto, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Luego, por lo que hace al acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la detención ilegal que dijo, se efectuó en su contra, se tiene que no es cierto dicho acto, en virtud de que las autoridades señaladas como responsables, informaron que Carlos Ignacio Coronel Amezquita, ingresó a la unidad administrativa del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte en esta localidad, en virtud del proceso instaurado en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión y transporte de clorhidrato de cocaína (fojas 85 a 88); por lo que, en virtud de que se sigue en contra del aquí quejoso, un proceso penal, resulta inexistente el acto reclamado consistente en su detención ilegal. En lo que respecta al acto reclamado consistente en la restricción de la visita íntima conyugal, no es cierto que existe tal restricción, sino que, para que dicha visita pueda tener lugar, las autoridades responsables informaron que es preciso que se reúnan una serie de requisitos, pues la visita íntima es un estímulo al que acceden los internos de dicho centro penitenciario, de manera gradual y en base a su comportamiento (fojas 36 y 37). Al respecto, el numeral 12 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, señala lo siguiente: ARTICULO 12. En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el desarrollo del Servicio Social Penitenciario en cada centro de reclusión, con el objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior. La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmente, sino previos estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntimo. De dicho arábigo se desprende, que el otorgamiento de la visita íntima, cuya finalidad es la preservación y salud de la relación conyugal del interno, a que ineludiblemente tiene derecho, pero que será otorgada previos estudios social y médico, que descarten la existencia de trastornos que impidan su sana realización. Asimismo, como ya se mencionó, dicha visita constituye un estímulo que deberá ser aprobado, después de la realización de los estudios referidos en el párrafo que antecede y así, permitir la adecuada evolución del interno en su tratamiento; por supuesto, garantizando la autoridad responsable que se cumpla con las medidas de seguridad en el momento de la visita. Las constancias de donde se desprende todo lo anterior, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte. En cuanto a la valoración asignada a los documentos ya descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, se concluye que los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la incomunicación de que dijo ser objeto y la restricción de la visita íntima conyugal, son inexistentes, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que a ese acto y autoridad se refiere, mismo que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, en nombre de ***************, en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

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