Carlos Humberto Padilla Zavala

Expediente 51/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
51/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • Carlos Humberto Padilla Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado en su fecha, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, a quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- Atención odontológica, atención maxilofacial y atención médica especializada en el exterior. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 8, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente *******, se solicitó informe justificado a la responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, lo siguiente: La falta de atención médica especializada (odontológica y maxilofacial), a sus padecimientos (dolor y sensibilidad en la región bucal e índices elevados de ácido úrico), así como de tratamiento farmacológico para combatirlos. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte (foja 26 bis), negó el acto reclamado. Sin embargo, de las documentales que remitió la responsable, se desprende que el siete y diez de febrero de dos mil diecisiete (fojas 29 y 30), fue brindada atención médica general y odontológica al quejoso, así como el tratamiento clínico respectivo, mientras que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, de tal forma que el acto reclamado, al momento de la presentación de la demanda de amparo, sí existía. En consecuencia, se desvirtúa la negativa de tal autoridad y se tiene como cierto el acto reclamado. Dichas constancias, cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los dispositivos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las hipótesis normativas que la constituyen, descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Así, este órgano jurisdiccional federal, previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado por el quejoso al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, consistente en la falta de atención médica especializada (odontológica y maxilofacial), a sus padecimientos (dolor y sensibilidad en la región bucal e índices elevados de ácido úrico), así como de tratamiento farmacológico para combatirlos, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia, se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, la falta de atención médica odontológica y maxilofacial, para combatir sus padecimientos, consistentes en dolor y sensibilidad en la región bucal e índices elevados de ácido úrico, además del tratamiento farmacológico para combatirlos; al respecto, la responsable manifestó lo siguiente: Que el quejoso Carlos Humberto Padilla Zavala, fue debidamente valorado por personal del área médica de dicho centro penitenciario, el siete de febrero de dos mil diecisiete (foja 29). Asimismo, que fue emitida una impresión diagnostica consistente en hiperuricemia, prescribiéndole el siguiente plan de tratamiento clínico: Alopurinol, cien (100) miligramos, cada doce horas, durante treinta días; Colchicina, una pastilla diaria durante diez días; Meloxicam quince (15) miligramos, una pastilla diaria durante treinta días, y Diclofenaco en gel, aplicar una vez al día, durante treinta días. Además, que el quejoso fue valorado por el servicio de odontología del centro penitenciario a su cargo, el diez de febrero de dos mil diecisiete (foja 30), en que, previa exploración intraoral, encontró lo siguiente: Fluorósis dental; Tejidos peridontales sanos; No observó enrojecimiento, inflamación o supuración, y A la palpitación, presentó dolor moderado. El odontólogo, ante lo anterior, fijó al quejoso siguiente plan de tratamiento clínico: Bedoyecta y dexametasona, cinco aplicaciones, una por día, cada tercer día, y Vitamina b12, una tableta diaria, por treinta días. Además, indicó que el quejoso requería: Terapia farmacológica; Toma de ortopantomografía, y Interconsulta con cirugía maxilofacial. A la postre, se desprende que el quejoso fue valorado por el especialista maxilofacial del centro penitenciario de referencia el veintiuno (foja 57) y veintidós (foja 66) de marzo de dos mil diecisiete, y obtuvo como impresión diagnostica una neuritis facial post tratamiento, por lo que no fue precisa la toma de la ortopantomografía anteriormente ordenada. Asimismo, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve Norte, remitió copia certificada de las valoraciones médicas aludidas, a las que se les otorgó valor probatorio pleno, en las líneas previas. De manera que, si la autoridad responsable, efectuó las gestiones necesarias para que el siete y diez de febrero del año en curso, así como veintiuno y veintidós de marzo de dos mil diecisiete, fuera brindada al impetrante la atención medica que solicitó, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, al emerger una situación jurídica que indudablemente destruyó la que le dio origen al amparo, reponiendo así al quejoso en el goce del derecho vulnerado. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional, tendría por efecto precisamente, con fundamento en los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, obligar a la responsable, a brindar la atención médica correspondiente, lo que, como ya se dijo, finalmente ocurrió. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se impone es sobreseer en el presente juicio. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en relación al acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve Norte, en que informa que el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el aquí quejoso fue atendido por el especialista en cirugía maxilofacial de tal centro penitenciario. Sin embargo, tal autoridad es omisa en informar si ya verificó la toma de ortopantomografía, ordenada en el servicio de odontología del centro de readaptación a su cargo, en la consulta de diez de febrero de dos mil diecisiete, practicada al quejoso. Por ende, se requiere nuevamente a la responsable, a fin de que de inmediato y hasta por el término de tres días a partir de que reciba el oficio relativo a este auto, informe si ya fue efectuado dicho estudio, debiendo acreditarlo mediante constancias, debidamente certificadas. Se le apercibe, que de no cumplir con lo que en este auto se ordena en el término indicado, se le impondrá una multa por doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a *******, en términos de lo estatuido por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días concedido al Director del Centro Federal de Readaptación Social Nueve Norte, a efecto de que cumpliera con lo ordenado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 44), transcurrió sin que lo efectuara. Por ende, se impone al Director del Centro Federal de Readaptación Número Nueve Norte, *******, con domicilio en *******, en esta ciudad, una multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a *******. Gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación en Chihuahua "2", a fin de hacer efectiva la multa a dicha persona. Luego, ya que el aquí quejoso fue valorado por el servicio de odontología del centro penitenciario referido (el diez de febrero de dos mil diecisiete), donde además de un plan de tratamiento clínico, fue ordenada una toma de ortopantomografía y consulta con cirugía con maxilofacial, para descartar neuritis de dentario inferior, se requiere nuevamente a la responsable, a fin de que de inmediato y hasta por el término de tres días a partir de que reciba el oficio relativo a este auto, informe si ya fue efectuado lo anterior, es decir, la práctica de dicho estudio al aquí quejoso, así como la consulta con el especialista maxilofacial, debiendo acreditarlo mediante constancias, debidamente certificadas. Se le apercibe, que de no cumplir con lo que en este auto se ordena en el término indicado, se le impondrá una multa por doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a *******, en términos de lo estatuido por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

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