Carlos Hurtado Bautista
Expediente 408/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Hurtado Bautista
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en este Circuito, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión celebrada el once de julio de dos mil diecinueve, dentro de la Queja laboral 82/2019, así como el original del juicio de amparo (Desechada) VII-408/2019-2, promovido por ******************** del índice de este Juzgado; ejecutoria en la que la Superioridad, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido.". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente para los efectos legales a que haya lugar y agréguese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las constancias originales que contiene, para evitar duplicidad de las mismas. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia y por analogía, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, ello términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta, signado por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 5116, al que se adjuntó el original del presente juicio de amparo, en vía de informe justificado, así como original y copia del escrito de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de once de abril último, en el que se desechó de plano su demanda de garantías; registrándolo bajo el número 82/2019, de su índice.
- Principal
Agréguese a los autos copia del ocurso de cuenta signado por -; en atención a su contenido, se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA que hace valer contra el auto de once de abril en curso, en el que se desechó su demanda de garantías; en tal virtud, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes a la Superioridad, para la substanciación de dicho medio de impugnación; sí como el original y copia del escrito de agravios, e informe sobre la materia de la queja.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, y otra autoridad; en tal virtud, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-408/2019. Del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ACTO RECLAMADO: Lo constituyen las siguientes resoluciones y/o acuerdos: a) La diligencia de embargo realizada por el actuario de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de fecha 18 de septiembre del 2007, en la cual de manera infundada, ilegal y contraria a derechos, se pretendió realizar el embargo de un bien inmueble de mi propiedad. b) Resolución interlocutoria de fecha 16 de noviembre del 2018, mediante la cual se resuelve el recurso de revisión de actos de ejecución en contra del Presidente de la Junta Especial número seis de la local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, dictada por la H. Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, la que en términos de la Ley Federal del Trabajo, para resolver la revisión de actos de ejecución del presidente, es integrada por los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar de la Junta que conoce del asunto. En dicha resolución de manera ilegal, infundada y contraria a derecho por ser INCOMPETENTE para ello, resuelve y/o se pronuncia además de la revisión de actos del presidente, sobre la revisión de actos en contra del actuario que fue promovida de mi parte. c) El acuerdo de fecha 28 de mayo de 2006, mediante la cual supuestamente la H. Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán, sanciona un convenio y lo eleva a la categoría de LAUDO EJECUTORIADO, acuerdo que es completamente nulo según se expondrá en los conceptos de violación. Asimismo, en los antecedentes refiere que interpuso formal recurso de revisión de actos de ejecución contra la autoridad responsable. En los conceptos de violación indica: ".la autoridad responsable.en forma indebida y contraria a la ley por ser incompetente, resuelve y/o se pronuncia en relación a la revisión del acto reclamado." [.] La resolución interlocutoria dictada por la autoridad responsable violenta y transgrede en perjuicio del ahora quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como los artículos 849, 850, 851 y 852 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, por inobservancia, y falta de aplicación, en virtud de que la autoridad responsable . en forma por demás errónea y contraria a derecho determina que es improcedente el recurso de revisión de actos del Actuario referente a la diligencia de embargo de fecha trece de agosto de dos mil siete, de un bien inmueble que fue indebida e ilegalmente embargado por el actuario.". En tal virtud, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, párrafo primero, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, los artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción IV, párrafo primero, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución" (Lo resaltado es por este Juzgado). De tal forma, tomando en consideración que de los antecedentes de la demanda que se analiza, se pone de relieve que, los actos que la parte promovente reclama, son el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil seis, la diligencia de embargo realizada por el actuario de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de dieciocho de septiembre de dos mil siete, y la resolución interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió el recurso de revisión de actos de ejecución contra el Presidente de dicha Junta, dentro del juicio J-VI-104/2006, del índice de la misma; la que se examina de manera integral, de conformidad con Jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO". En esencia el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de revisión de actos del presidente referente a la ejecución y en su caso remate de un bien inmueble que fue indebida e ilegalmente embargado. Sentado lo anterior, de la naturaleza del acto reclamado, se advierte que los efectos adversos que en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al tenerse por cumplimentado el laudo, por lo que conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se encuentra señalado de manera precisa qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en los actos reclamados. Por lo expuesto, se advierte claramente que los actos que por esta vía se reclaman, son actos dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que indudablemente no constituyen la última resolución ni le generan una afectación de imposible reparación, ya que si la parte agraviada considera que tales acuerdos y resolución afectan sus derechos, estará en aptitud de controvertirlas junto con el medio de defensa que promueva contra la última resolución que se llegue a dictar en ejecución, esto es, contra aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la referida resolución, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin desdoro de iniciar nuevo procedimiento para el cumplimiento coactivo del laudo a través de otra forma de cobro.. Resulta aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia I.6o.T. J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, página 1482, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Es menester precisar que la diligencia de embargo, así como el acuerdo y recurso de revisión del Presidente ejecutor que ahora se controvierten, constituyen un hecho notorio, en términos de las Jurisprudencias emitidas por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicadas con los números 265 y 812 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas ciento setenta y ocho y quinientos cincuenta y dos, de rubros: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO." y "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE.". Bajo ese tenor, como ya se dijo, dichas determinaciones no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que de éstas no se desprende que el Presidente de la Junta responsable haya tenido por cumplido el laudo, o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que como regla general está prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en atención a que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; ni tampoco se trata de una resolución que cause una afectación de imposible reparación, y por ello, no puede acudir en este momento al presente juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia I.13o.T. J/10, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo III, abril de dos mil dieciséis, página un mil novecientos cuarenta y uno, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, párrafo primero, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por -, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, y otra autoridad; por las razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle - y autorizando para tal efecto a -, no así a -, a quienes solo se autoriza para imponerse de autos, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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