Carlos Hurtado Bautista

Expediente 407/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
407/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Carlos Hurtado Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Acúsese recibo del oficio número 4886, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo número VI-407/2019-2 y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el ocho de los actuales, en la que confirmó el auto emitido por este Juzgado, en el cual se desechó la demanda de amparo, conforme a los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda, el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original del juicio de amparo VI-407/2019-2del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de tres de los actuales, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de once de abril del año en curso, emitido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese al expediente copia del escrito de cuenta suscrito por el quejoso -mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de once de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación; por tanto, una vez que esté debidamente integrado, remítase a la superioridad, dentro de los tres días siguientes, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer, enviándose al efecto el original y réplica del escrito de expresión de agravios, así como el informe correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondientes y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Zamora, Michoacán, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-407/2019-2. 1. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de garantías y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la resolución interlocutoria de fecha 16 de noviembre del 2018, mediante la cual se resuelve el recurso de revisión de actos de ejecución en contra del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, dictada por la H. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, la que en términos de la Ley Federal del Trabajo, para resolver la revisión de actos de ejecución del Presidente es integrada por los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar de la junta que conoce del asunto. [.] Acuerdo fe fecha 13 de septiembre del 2006 emitidos por el Presidente y Secretario de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, al pretender ejecutar el laudo que es carente de validez por ser nulo de pleno derecho. [.] Acuerdo de fecha 26 de mayo del 2006, mediante la cual supuestamente la H. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, sanciona un convenio y lo eleva a la categoría de LAUDO EJECUTORIADO, acuerdo que es completamente nulo.". Asimismo, en los antecedente refiere con interpuso formal recurso de revisión de actos de ejecución en contra de la autoridad responsable. En los conceptos de violación indica: ".la autoridad responsable carente de toda fundamentación y motivación jurídica en su resolución interlocutoria, al determinar la improcedencia de la revisión de actos del Presidente ante la indebida ejecución de un laudo.". [.] La resolución interlocutoria dictada por la autoridad responsable también violenta y transgrede en perjuicio del ahora quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, por inobservancia, y falta de aplicación, en virtud de que la autoridad responsable en forma por demás errónea y contraria a derecho determina que es improcedente el recurso de revisión de actos del presidente referente a la ejecución y en su caso remate de un bien inmueble que fue indebida e ilegalmente embargado.". Acto respecto del cual, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Lo que sucede en el particular, toda vez los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos del ordenamiento legal invocado, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución...". De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el amparo se pedirá ante el juez de distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido éste; y cuando se trate de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por ella, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante su transcurso, que hubieren dejado sin defensa a los quejosos. En esencia el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de revisión de actos del presidente referente a la ejecución y en su caso remate de un bien inmueble que fue indebida e ilegalmente embargado. Sentado lo anterior, de la naturaleza del acto reclamado se advierte que los efectos adversos que en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al tenerse por cumplimentado el laudo, por lo que conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se encuentra señalado de manera precisa qué debe entenderse por actos de imposible reparación, a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en los actos reclamados. Por lo expuesto, se advierte claramente que el acto que por esta vía se reclama es un acto dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que indudablemente no constituye la última resolución ni le genera una afectación de imposible reparación, ya que si la parte agraviada considera que tal resolución afecta sus derechos, estará en aptitud de controvertirlas junto con el medio de defensa que promueva contra la última resolución que se llegue a dictar en ejecución, esto es, contra aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la referida resolución, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sin desdoro de iniciar nuevo procedimiento para el cumplimiento coactivo del laudo a través de otra forma de cobro. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/89, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, página 1482, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." Bajo ese tenor, como ya se dijo, dicha determinación no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que de la aludida resolución no se desprende que el Presidente de la Junta responsable haya tenido por cumplido el laudo, o declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, que como regla general está prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en atención a que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; ni tampoco se trata de una resolución que cause una afectación de imposible reparación, y por ello, no puede acudir en este momento al presente juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.13o.T. J/10, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo III, abril de dos mil dieciséis, página un mil novecientos cuarenta y uno, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. 2. TRANSPARENCIA. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. 3. AUTORIZACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 4. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase al promovente por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, así como autorizado para tal efecto al profesionista -, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de la Materia, quien cuenta con cédula profesional que lo faculta como licenciado en derecho, debidamente registrada en el sistema electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales y únicamente para imponerse de los autos a las demás personas, toda vez que no cumplen con los lineamientos que establece dicho numeral.

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