Carlos Herrera Ávalos

Expediente 1107/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1107/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Carlos Herrera Ávalos

Actuaciones

  1. Incidental

    VI) NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    VI) NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  3. Incidental

    vi)Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil dieciocho. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1107/2018-VI, promovido por Carlos Herrera Álvarez, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otra autoridad. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. ...Señalamiento de audiencia incidental. Para la celebración de la audiencia incidental, acorde con lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Precisión del acto reclamado. El quejoso tilda de inconstitucional la permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores, que concedió la extradición. Procedencia De La Suspensión. Expuesto lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Debe precisarse que en la especie, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128, 129, 132 y 139 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución del acto se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la continuación del procedimiento de extradición. ...Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) y c), de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluida. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.

  4. Principal

    vi)Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Herrera Ávalos, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Procurador General de la República; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1107/2018-VI. Incompetencia. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. ..... Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que Carlos Herrera Ávalos, hace consistir el acto reclamado en La permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores que concedió la extradición. Por otra parte, en la narración de hechos o abstenciones que vierte "bajo protesta de decir verdad" y constituyen antecedentes del acto reclamado, el promovente expresa: El que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, con motivo del procedimiento 7/2003 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. El cuatro de diciembre de dos mil tres, la Jueza Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó una orden de detención provisional con fines de extradición internacional dentro del expediente 7/2003. El cinco de junio de dos mil nueve, la Juez Quinto de Distrito Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dicto procedente conceder la extradición del hoy quejoso y lo puso a disposición de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el centro en que se encuentra recluido. El cinco de noviembre de dos mil catorce la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo donde concedió la extradición del quejoso al Gobierno de Estados Unidos de América, por el delito de asociación delictuosa. El quince de septiembre de dos mil quince a través del oficio ASJ-31914, la Secretaría de relaciones exteriores puso al quejoso a disposición de la Procuraduría General de la República, para que realizara la entrega al Gobierno de los Estados Unidos de América. De lo expuesto se concluye que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que el órgano jurisdiccional instructor del procedimiento de extradición es el Juez Quinto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Con base en esta información, se puede concluir que en el particular se actualiza la primera de las reglas a las que se hizo referencia, consistente en que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado. Esto debido a que el quejoso reclama la permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores que concedió la extradición, por lo que su ejecución necesariamente comprende la entrega física del sujeto reclamado al gobierno que solicitó formalmente su extradición o la libertad de éste, efectos que se reflejaran directamente en el procedimiento de extradición 7/2003. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 318/2013, determinó que con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas del procedimiento de extradición, con independencia del lugar donde se encuentre recluido el reclamado, que el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo promovido contra alguno de los actos derivados de este procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez instructor del procedimiento de extradición. Asimismo, dicha Sala indicó que si bien el artículo 37 de Ley de Amparo determina que el juez competente para conocer del amparo, será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado, y en principio, pudiera concluirse que éste será el del lugar donde el reclamado se encuentre recluido, sin embargo, concerniente al procedimiento de extradición previsto por la Ley de Extradición Internacional, el lugar de reclusión no necesariamente equivale al lugar donde se va a ejecutar la resolución que concede la extradición. En el entendido que el criterio sostenido por esa Primera Sala obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional; ya que es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse -atento a las diversas etapas del procedimiento de extradición-, en una sola jurisdicción, a saber, en la que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruye el procedimiento. Al tema, se invocó la tesis LXX/2005 emitida por esa propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 438, julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA". De todo lo anterior, derivó la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 853, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO." En el presente asunto, si la orden de detención con fines de extradición fue emitida el cuatro de diciembre de dos mil tres, en el cuaderno de extradición 7/2003, por la Jueza Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, así como la permanencia que el quejoso reclama en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores que concedió la extradición, se evidencia que el procedimiento respectivo se tramita en la Ciudad de México, por lo que es inconcuso que cualquier acto emanado de dicho procedimiento que sea controvertido en amparo, es competencia de las autoridades de amparo residentes en aquel lugar. Por tanto, si el quejoso reclama actos vinculados al procedimiento de extradición, antes de que sea entregado a las autoridades del Estado requirente, es irrefutable que resulta legalmente competente para conocer del amparo promovido el Juez de Distrito del lugar donde se tramita el procedimiento de extradición, que es en la Ciudad de México, pues conforme al criterio del Alto Tribunal es necesario conservar la unidad del procedimiento de extradición, con el fin de evitar la multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que podrían ser contradictorias. De ahí que en observancia al criterio jurisprudencial aludido, el órgano jurisdiccional que resulta competente para conocer la demanda de amparo de referencia, es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno,. pues con ello se conserva la unidad del procedimiento de extradición y se evita una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de ese procedimiento, con lo que además se da privilegio al principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional, al ser preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse durante la secuela del procedimiento de extradición, en la jurisdicción que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruye ese procedimiento. Similar criterio se sostuvo en la sesión de once de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el amparo en revisión 280/2017, dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que resolvió el juicio de amparo 770/2017-III, del índice de éste juzgado, promovido por el propio quejoso en contra de un acto similar a la demanda que se acuerda. En consecuencia, es procedente declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de cuenta y de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo y punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido con antelación, remítase el expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Herrera Ávalos, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otra autoridad, con los traslados exhibidos, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno; solicítese el acuse de recibo respectivo. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y al presente agréguese copia certificada de la papeleta de turno. Por otra parte, respecto a la suspensión del acto reclamado, toda vez que se reclama un acto derivado de un procedimiento de extradición, con fundamento en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, se apertura de oficio por duplicado y separado el incidente de suspensión. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P.J/119 (10a), emitida por el Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2646, Libro 23, octubre 2015, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010236, cuyo rubro y texto son: "EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y deberá tramitarla conforme al artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, el juzgador debe abrir de oficio y tramitando el incidente de suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un procedimiento formal reglado en la ley y así, con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y el orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva de ese acto. Esto, con el propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución del procedimiento de extradición, ya que de los informes allegados pudiera resultar que en el caso respectivo el acto reclamado no exista; que se trate de algún acto relativo a cierta etapa del procedimiento de extradición, o bien, que el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos ejemplos que permitan al juzgador decidir que la suspensión de oficio no debe subsistir indefinidamente." Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) y c), de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluida. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

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