Carlos Herrera Ávalos

Expediente 1164/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1164/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Carlos Herrera Ávalos

Actuaciones

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por recibido el telegrama del Director de Amparo en suplencia del Director General de Control de Juicios de Amparo por suplencia del Procurador General de la República, a través del cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso. Atento a lo anterior, previa copia que obre en autos remítase al homólogo federal el oficio enviado vía telegráfica por el Director de Amparo en suplencia del Director General de Control de Juicios de Amparo por suplencia del Procurador General de la República, por el que rindió su informe de cumplimiento a la suspensión de plano, para que esté en posibilidad de proveer lo que ha derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por recibido el oficio electrónico de cuenta mediante el cual la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, hace del conocimiento que por auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, se aceptó la competencia planteada respecto a la demanda de amparo promovida por Carlos Herrera Avalos y/o Gustavo Rivera Martínez. Ahora bien, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" Lo anterior, a virtud de que el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, informó que por auto de siete de agosto del presente año, se avoco al conocimiento de la demanda de referencia, razón por la cual el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, previa copia que obre en autos remítase al homólogo federal el oficio enviado vía electrónica por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos representante del Secretario de Relaciones Exteriores, por el que rindió su informe de cumplimiento a la suspensión de plano, para que esté en posibilidad de proveer lo que ha derecho corresponda. Notifíquese y personalmente en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; primero de agosto de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Herrera Ávalos, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Procurador General de la República; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1164/2018-VII. Suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado, para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la continuación del procedimiento de extradición. Tal como lo establece la Tesis I.18o.A.13 K (10a.), que se comparte y está localizable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2401, registro electrónico 2016902, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EXTRAORDINARIA AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS. REGLAS PROCESALES DIFERENCIADAS QUE PARA ÉSTOS PREVÉ LA LEY DE AMPARO, EN ARAS DE REMOVER OBSTÁCULOS PARA LOGRAR UNA EFECTIVA Y OPORTUNA PROTECCIÓN JUDICIAL. La Ley de Amparo establece reglas procesales específicas o diferenciadas aplicables a los casos en que se acuda al juicio aduciendo: peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En efecto, para estas hipótesis se prevé que el juicio pueda ser promovido: (i) por cualquier persona, aunque sea menor de edad, en nombre de quien esté en cualquiera de dichas circunstancias (artículo 15); (ii) en cualquier tiempo (no hay plazo perentorio ni preclusión del derecho a pedir protección judicial) (artículo 17, fracción IV); (iii) por escrito, comparecencia o vía electrónica, en cualquier día y horario (artículo 20); asimismo que, en estos casos: (iv) cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes, a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido (artículo 20); (v) la suspensión se concederá de oficio y de plano, debiendo decretarse en el auto de admisión de la demanda y comunicarse sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (artículo 126) e, incluso, se establecen sanciones específicas para aquellos que, en estos casos, no acuerden suspender (artículos 265, fracción I y 266, fracción I); (vi) se actualiza la procedencia inmediata del juicio, por inoponibilidad del principio de definitividad (artículo 61, fracción XVIII, inciso a); (vii) también se señalan reglas específicas en la tramitación de las declaratorias de incompetencia que quieran formular los Jueces (artículo 48), en las cuales se privilegia que, antes de ello, se admitan las demandas y se provea sobre la suspensión; (viii) existe la posibilidad de que el quejoso alegue oralmente en las audiencias (artículo 124); también que: (ix) de no haber en el sitio un Juez de amparo, los Jueces del fuero común actúen en auxilio de la Justicia Federal para recibir las demandas de amparo contra este tipo de actos y acuerden de plano sobre la suspensión de oficio (artículo 159); (x) el recurso de inconformidad puede presentarse en cualquier tiempo (artículo 202); y, (xi) la inaplicabilidad de las multas previstas por conductas procesales (artículos 239, 248 y 261, fracción I). Estas reglas diferenciadas, aplicables a actos que bien vale referir como de extraordinaria afectación a derechos humanos, se explican por sí mismas, en tanto que basta ver las hipótesis normativas que cubren para advertir que se trata de situaciones en las que está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y/o la permanencia en el territorio nacional; bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y que requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse y que, precisamente por ello, no se allanan con la exigencia de reglas procesales que en otras hipótesis sin apremios tienen su razón de ser y resulta justificado exigir. Ante el peligro en que pudieran encontrarse los derechos humanos amenazados y en aras de remover obstáculos para lograr una efectiva y oportuna protección judicial, la Ley de Amparo diferenció expresamente estos casos, lo cual puede entenderse como una manifestación tangible de cumplimiento del deber de adaptar, tomar medidas y remover obstáculos que el derecho internacional exige a los Estados realizar para que los derechos humanos que se han comprometido a observar puedan ser efectivos (artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).". Así como la jurisprudencia 1a./J.38/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 172, del Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de dos mil once, con número de registro 161535, que establece: "ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CONTRA SU EJECUCIÓN. Si se toma en consideración que este alto tribunal ha sostenido que la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que está en su territorio a otro Estado que la reclama por tener el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta, es indudable que el acto reclamado consistente en la orden de detención con fines de extradición es un acto que de ejecutarse afectaría material y temporalmente la libertad de la persona cuya extradición se reclama y, por ello, es procedente conceder la suspensión de su ejecución; sin embargo, ésta debe otorgarse considerando la naturaleza especial del procedimiento del que emana, por lo que en ese aspecto deben atenderse las normas que rigen dicha extradición. En tal virtud, conforme al artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Extradición Internacional, en el momento en que se manifiesta la intención de presentar la petición formal para la extradición de una persona, se requiere que el Estado solicitante únicamente exprese el delito por el cual solicita la extradición y manifieste que contra el reclamado existe una orden de aprehensión emanada de autoridad competente, ya que es incuestionable que en esa etapa del procedimiento, el juez federal no cuenta con los elementos suficientes para determinar si el delito que se atribuye al reclamado, conforme a la ley que lo rige, permite la libertad bajo fianza prevista en el artículo 26 de la citada ley, pues esto acontece hasta que se formule la petición formal de extradición, conforme a los artículos 19 y 20 del mismo ordenamiento, ya que hasta esta etapa el juzgador cuenta con los elementos necesarios para proveer lo conducente, en la medida en que el artículo 16 de dicha ley obliga al Estado solicitante a reunir los requisitos que prevé, como la reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante que definan al delito y determinen la pena para formular la petición formal de extradición. De ahí que acorde con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional que contra dicho acto se otorgue, sólo producirá el efecto de que el quejoso, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento de extradición." (Lo subrayado no es de origen). Incompetencia. Precisado lo anterior menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que Carlos Herrera Ávalos, hace consistir el acto reclamado en La permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores que concedió la extradición. Por otra parte, en la narración de hechos o abstenciones que vierte "bajo protesta de decir verdad" y constituyen antecedentes del acto reclamado, el promovente expresa: El que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, con motivo del procedimiento 7/2003 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. El cuatro de diciembre de dos mil tres, la Jueza Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó una orden de detención provisional con fines de extradición internacional dentro del expediente 7/2003. El cinco de junio de dos mil nueve, la Juez Quinto de Distrito Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dicto procedente conceder la extradición del hoy quejoso y lo puso a disposición de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el centro en que se encuentra recluido. El cinco de noviembre de dos mil catorce la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo donde concedió la extradición del quejoso al Gobierno de Estados Unidos de América, por el delito de asociación delictuosa. El quince de septiembre de dos mil quince a través del oficio ASJ-31914, la Secretaría de relaciones exteriores puso al quejoso a disposición de la Procuraduría General de la República, para que realizara la entrega al Gobierno de los Estados Unidos de América. De lo expuesto se concluye que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, denominado Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras que el órgano jurisdiccional instructor del procedimiento de extradición es el Juez Quinto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Con base en esta información, se puede concluir que en el particular se actualiza la primera de las reglas a las que se hizo referencia, consistente en que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto impugnado. Esto debido a que el quejoso reclama la permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores que concedió la extradición, por lo que su ejecución necesariamente comprende la entrega física del sujeto reclamado al gobierno que solicitó formalmente su extradición o la libertad de éste, efectos que se reflejaran directamente en el procedimiento de extradición 7/2003. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 318/2013, determinó que con el objeto de conservar la unidad del procedimiento de extradición, así como el permitir la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas del procedimiento de extradición, con independencia del lugar donde se encuentre recluido el reclamado, que el juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo promovido contra alguno de los actos derivados de este procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez instructor del procedimiento de extradición. Asimismo, dicha Sala indicó que si bien el artículo 37 de Ley de Amparo determina que el juez competente para conocer del amparo, será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado, y en principio, pudiera concluirse que éste será el del lugar donde el reclamado se encuentre recluido, sin embargo, concerniente al procedimiento de extradición previsto por la Ley de Extradición Internacional, el lugar de reclusión no necesariamente equivale al lugar donde se va a ejecutar la resolución que concede la extradición. En el entendido que el criterio sostenido por esa Primera Sala obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional; ya que es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse -atento a las diversas etapas del procedimiento de extradición-, en una sola jurisdicción, a saber, en la que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruye el procedimiento. Al tema, se invocó la tesis LXX/2005 emitida por esa propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 438, julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA". De todo lo anterior, derivó la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 853, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE CONCEDE LA EXTRADICIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y NO DEL QUE RADIQUE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO." En el presente asunto, si la orden de detención con fines de extradición fue emitida el cuatro de diciembre de dos mil tres, en el cuaderno de extradición 7/2003, por la Jueza Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, así como la permanencia que el quejoso reclama en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, derivado de la resolución definitiva de la Secretaria de Relaciones Exteriores que concedió la extradición, se evidencia que el procedimiento respectivo se tramita en la Ciudad de México, por lo que es inconcuso que cualquier acto emanado de dicho procedimiento que sea controvertido en amparo, es competencia de las autoridades de amparo residentes en aquel lugar. Por tanto, si el quejoso reclama actos vinculados al procedimiento de extradición, antes de que sea entregado a las autoridades del Estado requirente, es irrefutable que resulta legalmente competente para conocer del amparo promovido el Juez de Distrito del lugar donde se tramita el procedimiento de extradición, que es en la Ciudad de México, pues conforme al criterio del Alto Tribunal es necesario conservar la unidad del procedimiento de extradición, con el fin de evitar la multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de aquél, que podrían ser contradictorias. De ahí que en observancia al criterio jurisprudencial aludido, el órgano jurisdiccional que resulta competente para conocer la demanda de amparo de referencia, es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno,. pues con ello se conserva la unidad del procedimiento de extradición y se evita una multiplicidad de resoluciones en las diversas etapas de ese procedimiento, con lo que además se da privilegio al principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional, al ser preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos que pudieran presentarse durante la secuela del procedimiento de extradición, en la jurisdicción que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruye ese procedimiento. Similar criterio se sostuvo en la sesión de once de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el amparo en revisión 280/2017, dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que resolvió el juicio de amparo 770/2017-III, del índice de éste juzgado, promovido por el propio quejoso en contra de un acto similar a la demanda que se acuerda. En consecuencia, es procedente declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de cuenta y de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo y punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido con antelación, remítase el expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Herrera Ávalos, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otra autoridad, con los traslados exhibidos, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno; solicítese el acuse de recibo respectivo. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y al presente agréguese copia certificada de la papeleta de turno. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P.J/119 (10a), emitida por el Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2646, Libro 23, octubre 2015, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010236, cuyo rubro y texto son: "EXTRADICIÓN. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, EL JUEZ DEBE ABRIR DE OFICIO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando se señale la extradición como acto reclamado, debe entenderse que se trata de cualquier acto del procedimiento de extradición y deberá tramitarla conforme al artículo 127, fracción I, de la Ley de Amparo, el juzgador debe abrir de oficio y tramitando el incidente de suspensión respectivo, pues la extradición no es un acto inconstitucional en sí mismo, sino un procedimiento formal reglado en la ley y así, con base en los informes previos rendidos por las autoridades responsables, las pruebas ofrecidas por las partes y la ponderación del interés social y el orden público, resuelva si procede conceder o negar la suspensión definitiva de ese acto. Esto, con el propósito de evitar el abuso de la medida suspensional que trascienda en la prosecución del procedimiento de extradición, ya que de los informes allegados pudiera resultar que en el caso respectivo el acto reclamado no exista; que se trate de algún acto relativo a cierta etapa del procedimiento de extradición, o bien, que el acto sea diverso a esa figura jurídica, por citar algunos ejemplos que permitan al juzgador decidir que la suspensión de oficio no debe subsistir indefinidamente." Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) y c), de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluido. Habilitación de horas y días inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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