Carlos Guzmán Camarena

Expediente 563/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
563/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2017

Partes del expediente

  • Carlos Guzmán Camarena

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido, con residencia en Uriangato, Guanajuato; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 563/2017-III. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta; definición que si bien es cierto no obra en la Ley de Amparo, la misma ha sido sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio consultable en la página 280, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Dicho esto, se precisa que la quejosa acude al presente juicio ostentándose tercera extraña en sentido estricto al expediente C192/2016 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, donde medularmente se duele: Del proveído dictado el veintidós de mayo del año en curso, en el que se ordenó requerir a la sucesión testamentaria a bienes de ********** a través de su albacea **********, la entrega de la fracción del predio rústico denominado ********** del municipio de Uriangato, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo se haría uso de los medios de apremio que marca la ley; el que aduce posee como persona física y no en calidad de albacea de la sucesión, y sin que previamente haya sido oído y vencido en juicio. A este respecto, debe ponerse de relieve la circunstancia de que, efectivamente, el quejoso comparece ostentándose persona extraña en sentido estricto al juicio de donde emerge el acto reclamado, pues del capítulo de acto reclamado y antecedentes, así como en diversos fragmentos de su demanda, se advierte que literalmente apuntaló: "Reclamo del Juez Único Civil de Partido de la ciudad de Uriangato, Gto.; el auto de fecha 22 de Mayo del año en curso 2017, mismo que derivo de la sentencia de fecha 09 de Diciembre del año 2016, dentro del expediente C-192/2016, emitida por dicho Tribunal, en el cual se ordenó requerir a la Sucesión Testamentaria a bienes de **********, a través de su albacea, a efecto de que se haga entrega de la fracción del predio rústico denominado **********, del municipio de Uriangato, Gto., por lo que si bien es cierto, el suscrito soy Albacea de dicha sucesión, sin embargo el inmueble antes citado, el suscrito lo tengo en posesión por propio derecho y como persona física, más no como albacea, de tal forma que es menester manifestar que dicha posesión la adquirí antes de que se me consignara y protestara la calidad de albacea, que ahora ostento a bienes de **********, de tal forma que el acto reclamado dictado por la autoridad responsable, es violatorio a mis derechos constitucionales y humanos consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales donde nuestro país es parte, por no haber sido oído y vencido en juicio para que se me despoje de mis derechos. (.) .Una vez que la sentencia en comento causó ejecutoria, el actor solicitó la ejecución de la misma, la cual recae dentro del auto que se combate, por tal motivo solicito a este H. Tribunal, que me ampare y me proteja de las violaciones procesales por parte de la responsable, para que no se violenten mis derechos constitucionales, así como mis derechos humanos, que emanan tanto de la Constitución Política Mexicana, así como de los tratados y convenciones internacionales que nuestro Estado es parte, ya que como lo he manifestado el suscrito en propio derecho he detentado la posesión del inmueble del cual se ordenó poner en posesión al C. **********, por parte del suscrito pero en calidad de Albacea, sin embargo como lo acreditaré dentro del presente juicio de amparo, la posesión la he disfrutado en derecho propio y no en calidad de albacea, ya que mi carácter de albacea fue posterior al de la posesión en comento, por lo que mi función de albacea fue únicamente para ejercitar un derecho en beneficio de la sucesión que represento, más no en un interés propio (.)" Pues bien, en el caso se sostiene que se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que no le reviste al quejoso la calidad con que comparece, esto es, de tercero extraño en sentido estricto. Se afirma lo anterior, en virtud que, de las manifestaciones efectuadas bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se desprende que el quejoso en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de **********, compareció al juicio natural a defenderla, en el que el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia condenatoria. Cabe precisar a lo anterior, que si bien, el quejoso manifiesta que fue llamado al juicio natural en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de **********, y no por su propio derecho, también lo es que, bajo protesta de decir verdad indica que compareció al juicio a defender sus derechos, por lo que es evidente que lo que conoce en su carácter de albacea de la sucesión no lo puede desconocer como persona física. Por tanto, no puede atribuírsele el carácter de persona extraña, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; lo que en la especie no aconteció, pues el quejoso compareció al contencioso de origen, en el que tuvo la oportunidad de defender sus derechos, ello a pesar de no haber sido emplazado por su propio derecho, pues como ya se estableció, lo que conoce como albacea de la sucesión no lo puede desconocer como persona física. Consecuentemente, al quedar evidenciado que el aquí quejoso no tienen la calidad de persona extraña al juicio del que emana el acto reclamado a merced que ya compareció al mismo; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio el que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Luis Ángel Campa Dolate, Carlos Alfredo Vidaña Valero y Trinidad Valencia Pantoja, al contar respectivamente con cédula profesional número 6137908, 962444 y 3591503, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona, al no encontrarse en ese supuesto. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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