Carlos Guzmán Camarena

Expediente 82/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
82/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/04/2018

Partes del expediente

  • Carlos Guzmán Camarena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el que envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja civil 14/2018 de su índice, en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja" Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de dos de febrero del año en curso, dictado en el presente juicio.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, quien se ostenta como albacea de la sucesión a bienes de **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se le tiene presentando recurso de queja contra el proveído de dos de febrero del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, residente en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones, para la substanciación del recurso de mérito. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó, el dos de febrero de dos mil dieciocho, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como albacea de la sucesión a bienes de **********, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 82/2018-IV. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que no guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así, ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo (que también recoge lo preceptuado en el artículo 172, fracción IV), de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto, pudiéndose, como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer los siguientes antecedentes: En ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil C192/2016 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, **********, promovió incidente de cuantificación y pago de frutos, en contra de la ahora parte quejosa y otro; El veinte de octubre de dos mil diecisiete se dictó la resolución correspondiente en el citado juicio; Mediante escrito de seis de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso interpuso incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones en contra de la realizada el once de agosto de la anualidad aludida, dentro del incidente de cuantificación y pago de frutos mencionado, dándosele tramite el trece de noviembre pasado; El veintiocho del mes y año citados en el párrafo que antecede, la autoridad responsable requirió al actor incidentista proporcionara domicilio en el cual pudiera ser emplazado **********; En atención a dicho requerimiento, el ahora quejoso solicitó se emplazara al citado demandado en el domicilio procesal que obraba en el expediente C192/2016; promoción que fue atendida el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en el sentido de no acordar de conformidad su petición; Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revocación, en el cual se confirmó la actuación impugnada por encontrarse ajustada a derecho; siendo este el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: La resolución del recurso de revocación de doce de enero de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, que confirmó el auto de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones que promovió en el juicio ordinario civil C192/2016 de la estadística de la citada autoridad. Como se puede observar, el acto reclamado no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal emitida dentro del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones, que podrá hacer valer el inconforme hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar la referida irregularidad procedimental, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse, se itera, si se obtiene interlocutoria favorable dentro del citado incidente, lo cual a la fecha no ha acontecido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar con cédula profesional **********, respectivamente, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos limitados del numeral en cita a Abraham Clemente Lara Cíntora, por no encontrarse en el supuesto de los citados profesionistas. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano