Carlos Gonzalo Pujol Sánchez

Expediente 607/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
607/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Carlos Gonzalo Pujol Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de junio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexo enviado por el actuario adscrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en virtud de que el acto reclamado materia del presente juicio constituye cosa juzgada. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XI, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; En efecto, la citada hipótesis de improcedencia sólo puede aplicarse cuando se haya producido cosa juzgada por ejecutoria en diverso juicio de amparo en el que exista identidad de sujetos y objeto; entendiendo como cosa juzgada aquella verdad legal que no admite ulterior recurso. Esta figura jurídica -cosa juzgada- entraña un fenómeno procesal que se traduce en que, para su existencia en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio, en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, acciones y cosas o causas de pedir; por lo tanto, resulta indispensable que para que la figura de que se viene hablando se dé en la realidad jurídica exista tal y como se mencionó, una identidad de partes, de objetos o de la cosa materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. En materia de amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de cosa juzgada de un juicio de amparo, en relación con otro posterior, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, a la autoridad responsable y al acto reclamado; se trata pues, de dos juicios iguales, aún y cuando en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación; circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Por tanto, es inconcuso que para que opere la cosa juzgada como causa de improcedencia de un juicio de amparo, se requiere que el anterior se haya resuelto y declarado la correspondiente ejecutoria, pues de no ser así, deberá aplicarse una diversa fracción del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé otra hipótesis de sobreseimiento (fracción X). Orienta a lo anterior, la tesis consultable en la página 225, correspondiente a la Octava Época, Tomo XII, Julio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación; sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se reproduce: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. Así como la diversa I.6º.C.45 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 551, del Tomo IX, Abril de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ... Ahora bien, resulta un hecho notorio para quien resuelve, que la parte quejosa promovió diversa demanda, la cual fue turnada a este juzgado, donde se registró bajo número 125/2022, de la que se desprende que fue presentada por el propio quejoso Carlos Gonzalo Pujol Sánchez, contra el mismo acto que se reclama en el presente juicio, y en contra de la misma autoridad señalada como ordenadora; analizando el citado juicio de amparo -por ser el último antecedente- se admitió a trámite por proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós. Para evidenciar lo expuesto, se inserta el siguiente cuadro comparativo: Juicio de amparo 125/2022 L-I 607/2022 L-III Quejoso Carlos Gonzalo Pujol Sánchez Carlos Gonzalo Pujol Sánchez Autoridades Responsables a) Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, y b) Actuario notificador, adscrito a la junta responsable. Actuario notificador adscrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora. Actos reclamados a) La fecha lejana fijada en auto de veintiuno de enero del presente año, por parte de la Junta responsable para que tenga verificativo la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 425 2021. b) La falta de emplazamiento de la parte demandada. La omisión de la responsable a efectos de emplazar a juicio a la parte demandada del juicio laboral 425 2021, desde el siete de septiembre de dos mil veintiuno. Fecha de presentación de la demanda Uno de febrero de dos mil veintidós. Diez de mayo de dos mil veintidós. Fecha del dictado de la sentencia Doce de abril de dos mil veintidós. Fecha en que causó ejecutoria. Nueve de mayo de dos mil veintidós. De las constancias que integran el juicio de amparo 125/2022, se advierte que el doce de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Carlos Gonzalo Pujol Sánchez, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones: a. En caso de no celebrarse la audiencia de ley el veintidós de abril de dos mil veintidós, fecha señalada en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 425/2021, deberá fijar una nueva para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; y, b. Realicen, las gestiones para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 425 2021. Del mismo modo, la resolución constitucional emitida en el juicio de amparo 125 2022, causo ejecutoria el nueve de mayo de dos mil veintidós; por lo que se ordenó requerir a las responsables para efectos de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 125 2022, por parte de las autoridades señaladas como responsables en dicho juicio de derechos, al haberse señalado fecha para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, en los términos a que se refiere dicho precepto; y, por haberse llevado a cabo el emplazamiento a juicio a la parte demandada dentro del juicio laboral 4252021. Por tanto, es inconcuso que el acto que por esta vía reclama el peticionario del amparo ya fue motivo de análisis en diverso juicio en el que se emitió resolución constitucional, la cual se elevó a categoría de cosa juzgada al quedar firme y, por ende, permite la adecuación de la demanda de estudio a la hipótesis de improcedencia invocada al inicio del presente considerando; máxime, que al haber quedado cumplida la sentencia dictada en el diverso juicio de emparo, el acto falta de emplazamiento que reclama el impetrante de garantías ha dejado de existir. Al respecto, es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito,7 que dispone: En esas condiciones, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, a razón de que el peticionario del amparo promovió el diverso juicio de amparo 125/2022, del índice de este juzgado, y que la resolución dictada en el mismo se declaró firme, es decir, que el acto que por esta vía reclama ya fue motivo de análisis en otro juicio amparo; circunstancia que permite la adecuación del caso a la hipótesis de improcedencia invocada. Al respecto, es aplicable, por las razones que la contienen, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 195, Tomo Primera Parte XLV, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: Una conclusión en sentido contrario, es decir, en la que se aceptara la procedencia del juicio de amparo, permitiría la promoción interminable de la acción constitucional reparando, en cada ocasión, las omisiones en las que se hubiera incurrido previamente, lo que resulta jurídicamente inaceptable. De esta forma, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, foja 386, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con diecisiete minutos del veintidós de junio del año en curso-. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de mayo de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Carlos Gonzalo Pujol Sánchez, en contra del acto reclamado al actuario notificador adscrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con diecisiete minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se le reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, no existe tercero interesado. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a la autoridad para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación, en este punto que, la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales el correo electrónico zapatafloresyasociados@gmail.com. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "vidazf20" acceso al expediente electrónico para su consulta, de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, del citado acuerdo general, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." 14. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental, que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio, además, se advierte que la parte quejosa anuncia de la prueba de inspección judicial, de la cual, se reserva proveer hasta en tanto obre el informe justificados solicitado a la autoridad responsable. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a la responsable de las resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restante se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a la responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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