Carlos Gonzalo Pujol Sánchez
Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Gonzalo Pujol Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de junio de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si las responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante sentencia de doce de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: "a) En caso de no celebrarse la audiencia de ley el veintidós de abril de dos mil veintidós, fecha señalada en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós en el junio laboral 425/2021, deberá fijar una nueva para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. b) Realicen, las gestiones para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 425/2021." Posteriormente, por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada; en consecuencia, se requirió a las responsables por el cumplimiento de la ejecutoria. III. Calificativo de cumplimiento. En ese orden de ideas, por oficio recibido en este juzgado el veinticinco de mayo de la presente anualidad, el presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, remitió copia certificada de auto de once de mayo del año en curso, del cual se advierte que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, remitió constancia de diecisiete de mayo del año en curso de la cual se advierte el emplazamiento de la parte demandada, dentro del juicio de origen 425/2021. IV. Vista de cumplimiento. Por lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis de mayo de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica como totalmente cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. V. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que de la certificación de cuenta y del estado de los autos no se advierte la exhibición de estos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta suscrito por el presidente por ministerio de Ley de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y para tal efecto anexa constancias. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones: "a. En caso de no celebrarse la audiencia de ley el veintidós de abril de dos mil veintidós, fecha señalada en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 425/2021, deberá fijar una nueva para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. b. Realicen, las gestiones para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 425/2021." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. Conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirvan informar a este juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cinco minutos del doce de abril de dos mil veintidós , en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. . El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las pruebas documentales y de inspección judicial ofrecidas por las partes. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las documentales de referencia. Respecto de la inspección judicial, con fundamento en el primero de los citados preceptos, se desecha al no resultar el medio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados; aunado a que resultaría ocioso el desahogo de ésta, toda vez que de las documentales exhibidas por las autoridades responsables se advierte resultan suficientes para resolver la cuestión planteada. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones en ese sentido. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 125/2022 L-I; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Carlos Gonzalo Pujol Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, y su actuario notificador, ambas con residencia en la ciudad de del mismo nombre. El ocho de febrero siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que uno de los actos que se reclama a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado Federal y por el otro acto, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La fecha lejana fijada en auto de veintiuno de enero del presente año, por parte de la Junta responsable para que tenga verificativo la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 425/2021. La falta de emplazamiento de la parte demandada. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a la junta laboral y al actuario adscrito, pues así lo manifestaron y aceptaron al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, de las que se desprende la existencia de los actos impugnados, aunado a que omitieron remitir documento del cual se advierta el emplazamiento de la parte demandada. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la junta responsable fijó fecha para dicha audiencia que supera la que indica la Ley Federal del Trabajo y, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido; asimismo, ha omitido emplazar a juicio a la parte demandada. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, el actuario notificador deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: En nueve de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, la cual previo incidente de incompetencia fundado, declinó su conocimiento a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Guaymas, Sonora, la que se avocó a su conocimiento el siete de septiembre de dos mil veintiuno y registrado bajo expediente 425/2021, además, ordenó su emplazamiento. Posteriormente, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, la Junta responsable señaló el veintidós de abril de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia bifásica y ordenó la notificación personal a las partes del contenido de dicha determinación, sin que se advierta constancia alguna que acredite que el emplazamiento de la parte demandada se hubiere llevado a cabo. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de las autoridades responsables va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que la fecha estipulada para llevar a cabo la audiencia de demanda y excepciones es de más de tres meses después, data que supera el plazo de quince días establecido en la legislación obrera, aunado a que se encomendó el emplazamiento de la parte demandada, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para tal efecto. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones: En caso de no celebrarse la audiencia de ley el veintidós de abril de dos mil veintidós, fecha señalada en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral 425/2021, deberá fijar una nueva para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Realicen, las gestiones para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 425/2021. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Gonzalo Pujol Sánchez, respecto del actos reclamados identificados en el apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
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