Carlos González Valencia
Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos González Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en auto de veintiséis de marzo del año en curso, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por ***, en representación del quejoso ***, quedando radicado el amparo indirecto ***, de su estadística. En consecuencia; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. Por tanto, dicho expediente es susceptible de destrucción; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual manera, en cumplimiento al referido artículo, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de trece del mes y año en curso y comunica que el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional, fue remitido por razón de turno al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En atención a ello, se ordena agregar la misiva de cuenta y, mediante atento oficio que al efecto se gire, solicítese al referido juzgado, tenga a bien realizar el acuse de recibo correspondiente e informe si fue aceptaba la competencia declinada. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de dar destino al cuaderno que se formó con motivo del juicio de amparo ***.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que, mediante auto de diecisiete de marzo de la presente anualidad, se ordenó remitir el juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, promovido por ***, en representación del quejoso ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remitiera al Juzgado de Distrito respectivo, dada la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del mismo, por los motivos ahí expuestos; asimismo, se solicitó al homólogo que conociera del presente asunto, tuviera a bien realizar el acuse de recibo correspondiente e informara si aceptaba la competencia declinada, sin que a la fecha obre respuesta alguna. En consecuencia, mediante oficio que se gire a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, solicítese atentamente informe a la brevedad, el juzgado al que por razón de turno, correspondió conocer del referido juicio. Lo anterior, a fin de que se esté en aptitud de dar destino al cuaderno que se formó con motivo del juicio de amparo ***.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y con la diligencia remitida por el juzgado exhortado, se advierte que el cinco de marzo de esta anualidad fueron notificados los quejosos ***, del contenido del proveído de tres de los corrientes; asimismo que el quejoso ***, ratificó su escrito de demanda, mientras que ***, manifestó en el acto, no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ***. De igual forma, feneció el plazo de tres días para que manifestara su deseo de ratificar la demanda promovida en su favor, sin que lo realizara. Bajo esas consideraciones y toda vez que el quejoso manifestó expresamente no ratificar la demanda de amparo, promovida a su favor por ***, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de tres de marzo del año en curso, y se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente por cuanto hace al quejoso ***. Dado que el directo quejoso Juan Manuel Espinosa González se encuentra interno en la Penitenciaria de la Ciudad de México que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, le notifique la presente determinación. Ahora, con la certificación secretarial que antecede, y con la diligencia remitida por el juzgado exhortado, se advierte que a la fecha en que se actúa ha fenecido el plazo de cinco días concedido al quejoso *** en proveído de tres de marzo de la presente anualidad, a efecto de que precisara el acto reclamado a las autoridades responsables ahí precisadas, sin que lo hubiesen hecho. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y se deja de tener como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo; así como a los gobernadores de las entidades federativas precisadas en la demanda de amparo. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ***, en representación del quejoso ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Sistema Penitenciario Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria Secretaría de Seguridad Ciudadana Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS Secretaría de Gobernación Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Dirección Penitenciaria Subdirección de Seguridad Penitenciaria y Comité Técnico de la Penitenciaria Actos reclamados: Discriminación por condición. Represalias, intimidación, amenazas y actos de molestia. Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia once a otro dormitorio diverso módulo de castigo o área diversa fuera de procedimiento que pone en riego grave a la salud, vida, integridad y dignidad personal. El traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria en la que se encuentran, a otro centro penitenciario y con ello la violación al principio pro hominem. Violación a la orden de restricción emitida por la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos de la ***, en la que se ordenó no ingresar a ninguna otra persona a la estancia ***. En ese contexto, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito. Por tanto, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, dispone lo siguiente: "***". Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los impetrantes de derechos fundamentales se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables pretendan trasladarlos a otro dentro o fuera de la citada ciudad; así como de diversos actos con ejecución dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde iniciaría la ejecución de traslado (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuara ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución del traslado reclamado y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Sin que obste para la anterior determinación el hecho de que el quejoso hubiere señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pues en párrafos anteriores se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de veintidós de febrero pasado, y se dejaron de tener, junto con otras, como autoridades responsables. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, no es el caso girar exhorto al juez de Distrito correspondiente a fin de que comunique la presente determinación a los quejosos, pues en caso de que el homologo federal con sede en la Ciudad de México acepte la competencia declinada, estará en aptitud de comunicárselos de manera directa, en caso contrario, este órgano jurisdiccional comunicará lo conducente a los peticionarios.
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