Carlos González Valencia

Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
111/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Carlos González Valencia
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio ***, mediante el cual se remitió el cuaderno principal del sumario constitucional e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por ***en representación de los quejosos ***, quedando radicado el amparo indirecto ***, de su índice. En consecuencia, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. Por tanto, dicho expediente es susceptible de destrucción; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de seis meses. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ***, orden *** del índice de este órgano jurisdiccional, enviado por este juzgado a fin de notificar el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dirigido a los quejosos *** y ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Vista la certificación secretarial que antecede, y con la diligencia remitida por el juzgado exhortado, se advierte que a la fecha en que se actúa ha fenecido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de marzo de la presente anualidad, a efecto de que precisara el acto reclamado a las autoridades responsables ahí precisadas, sin que lo hubiesen hecho. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y se deja de tener como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México y del Estado de México; así como a los gobernadores de las entidades federativas precisadas en la demanda de amparo. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ***, en representación de los quejosos *** y ***. En ese contexto, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, en atención a que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los impetrantes de derechos fundamentales se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables pretendan trasladarlos a otro dentro o fuera de la citada ciudad; así como de diversos actos con ejecución dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde iniciaría la ejecución de traslado (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuara ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2020828, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por Carlos González Valencia, en representación de los quejosos *** y ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución del traslado reclamado y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2001982 de epígrafe: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL." Sin que obste para la anterior determinación el hecho de que los quejosos hubieren señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pues en párrafos anteriores se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de uno de marzo pasado, y se dejaron de tener, junto con otras, como autoridades responsables. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, no es el caso girar exhorto al juez de Distrito correspondiente a fin de que comunique la presente determinación de los quejosos, pues en caso de que el homologo federal con sede en la Ciudad de México acepte la competencia declinada, estará en aptitud de comunicárselos de manera directa, en caso contrario, este órgano jurisdiccional comunicará lo conducente a los peticionarios.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve***, contra actos de la Secretaría de Gobierno; Subsecretaría de Sistema Penitenciario; Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria; Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS; Secretaría de Gobernación; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Dirección Penitenciaria; Subdirección de Seguridad Penitenciaria; y Comité Técnico de la Penitenciaria; todas las autoridades con residencia en la Ciudad de México; así como de los Gobernadores de diversas entidades federativas. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número***. En este tenor, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que***, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en representación de los quejosos**** , reclamando los siguientes actos: - Discriminación por condición. - Represalias, intimidación, amenazas y actos de molestia. - Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia oncea otro dormitorio diverso módulo de castigo o área diversa fuera de procedimiento que pone en riego grave a la salud, vida, integridad y dignidad personal. - El traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria en la que se encuentran, a otro centro penitenciario y con ello la violación al principio pro hominem. Así pues, del ocurso inicial se advierte que los quejosos solicitan la suspensión de plano respecto de los actos que han quedado precisados. En cuanto a ello, constituye un hecho notorio los juicios de amparo ***, del índice de este juzgado de distrito, en los que los quejosos señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ***. Autoridades responsables: - Secretario de Seguridad Ciudadana - Secretaría de Gobernación - Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS - Presidente de los Estados Unidos Mexicanos - Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación - Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana - Jefa de Gobierno de la Ciudad de México - Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria - Subdirector Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria - Dirección de la Penitenciaría - Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria - Comité Técnico de la Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. - Subsecretaría de Sistema Penitenciario con residencia en la Ciudad de México. - Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Actos reclamados: - Discriminación por condición y por ideología represalias intimidaciones y amenazas traduciéndose en dolor psíquico y angustia psíquica. - Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia once-. - El traslado fuera de procedimiento en la penitenciaria a la que se encuentran, a otro centro penitenciario ***. Autoridades responsables: - Secretaría de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México. -Secretaría de Gobierno con residencia en la Ciudad de México. - Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS con residencia en la Ciudad de México. - Presidente de los Estados Unidos Mexicanos - Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con residencia en la Ciudad de México. - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con residencia en la Ciudad de México. - Jefa de Gobierno en la Ciudad de México. - Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. - Subdirector ejecutivo de Seguridad Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. - Dirección de la penitenciaría - Subdirección de seguridad de la penitenciaría - Comité Técnico de la Penitenciaria con residencia en la Ciudad de México. - Subsecretaría de Sistema Penitenciario con residencia en la Ciudad de México. - Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Actos reclamados: - Discriminación por condición y por ideología -Represalias intimidaciones y amenazas traduciéndose en dolor psíquico y angustia psíquica. - Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia once-. - El traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria en la que se encuentran, a otro centro penitenciario dentro o fuera de la Ciudad de México. Lo anterior pone en evidencia que los aquí inconformes, en los referidos juicios de amparo *** y en el presente asunto se duelen -entre otros- del mismo acto reclamado, consistente en la orden de traslado respecto del centro de reclusión en que actualmente se encuentran, la cual atribuyen a las mismas autoridades penitenciarias. Así, en proveído de veintidós de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo ***, se concedió la suspensión de plano para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que los quejosos directos no sean trasladados a un centro penitenciario diverso al que se encuentran recluidos. Igualmente, en proveído de veinticinco de febrero de esta anualidad, dictado en el juicio de amparo ***, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que cesaran los actos de discriminación, intimidación, traduciéndose en perturbación del sueño y amenazas de los que se dicen, son objetos, los aquí quejosos directos, asimismo para que el Centro Penitenciario en la Ciudad de México, emitiera las medidas eficaces a efecto de que se proporcionara de forma inmediata la atención médica necesaria a los quejosos. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo ***. Lo anterior debido a que, como se dijo, en los diversos sumarios constitucionales ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano respecto del mandamiento de traslado reclamado, la cual continua surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano de los actos reclamados. Ahora bien, previo a proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda en cuestión, requiérase a la parte quejosa para que en el término de CINCO DÍAS, a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Señale con precisión la denominación de todos los jueces que señala como responsables, pues solo se limitan a decir jueces de distrito en materia penal de Ciudad de México del primero al décimo sexto circuito y Estado de México, todos los del segundo circuito. 2. Precisen qué actos les reclaman a los Gobernadores de las Entidades Federativas que refieren, pues de su demanda no se advierte qué actos les atribuyen, máxime que los quejosos se encuentran recluidos en la Ciudad de México; lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de establecer debidamente la litis en este asunto. 3. Manifiesten los antecedentes de los actos reclamados, entre otros, si tienen la calidad de procesados o sentenciados y ante qué autoridad están a disposición, así como el número de expediente que tiene relación con el acto reclamado. Se apercibe a los quejosos que de no dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en los arábigos 1 y 2 no se tendrán como autoridades responsables en la presente demanda. En ese orden de ideas, por el momento, no ha lugar a hacer pronunciamiento relativo a la suspensión de plano por lo que hace a los jueces y gobernadores responsables en virtud que de la demanda de amparo no advierten indicios aunque sea mínimos para considerar que alguna de tales autoridades se encuentre ejecutando los actos reclamados en perjuicio de los quejosos, puesto que no se advierte que ello sea de su competencia, máxime que la integridad de los peticionarios se encuentra garantizada al haberse decretado la medida cautelar en relación a las autoridades administrativas y/o penitenciarias que pudieran tener alguna injerencia en las condiciones de internamiento de los peticionarios; en el entendido que una vez que los quejosos den contestación a la presente prevención, y se cuente con los elementos suficientes este juzgador se pronunciara con relación a la procedencia de la suspensión de plano en relación al resto de las autoridades responsables. Dado que los quejosos se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, realice lo siguiente: 1) Comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos, y constate si *** se encuentran recluidos dentro de alguna celda de aislamiento o castigo de dicho centro, y de ser así, les notifique personalmente el presente acuerdo; asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días siguientes, manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida en su favor, en la inteligencia de que si la ratifica, se tramitará el juicio. En caso contrario, es decir, si no es su deseo ratificarla en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, la misma se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias que con motivo de ella se hubieren dictado de conformidad con los numerales citados con antelación; y 2) Comisione al actuario judicial adscrito a al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentren los quejosos, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico de los peticionarios de amparo. Por otro lado, las autoridades señaladas como responsables deberán otorgar todas las facilidades al personal de este Juzgado a fin de que se constate si *** , se encuentran recluidos en alguna celda de aislamiento o de castigo de esas instalaciones. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico - celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Realícense las notificaciones correspondientes al presente sumario constitucional, mediante vía electrónica. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Así mismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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