Carlos Gilberto Can Canul

Expediente 1564/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1564/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Carlos Gilberto Can Canul
  • Carlos Gilberto Can Canul y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el once de noviembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1564/2021-I-A, promovido por ********************y********************; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, comparecieron ********************y******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Magistrada del Tribunal Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó: La omisión de acordar el escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintiuno, en el que se solicitó se revoque la medida precautoria ordenada mediante oficio ******************** al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, en virtud de haberse decretado la caducidad de la instancia en el Juicio Agrario ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos que se reclama a la Magistrada del Tribunal Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En efecto, la Magistrada responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, del que se aprecia que en virtud de la solicitud que realizó la parte quejosa, requirió a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Dirección de Catastro Municipal de ********************, ordenándoles que dejaran sin efectos las anotaciones marginales realizadas con motivo del Aviso del Procedimiento Judicial, efectuado sobre el predio rústico con número de tablaje ********************, denominado ahora "********************", de la localidad ********************, Yucatán; documentales a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, pues resulta que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda respectiva; es decir, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, no existía el acto de omisión que ahora reclama, pues las constancias que integran el presente juicio así lo revelan, ya que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se dio contestación al escrito presentado el dos de agosto del mismo año. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, en contra del acto que reclamaron de la Magistrada del Tribunal Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el informe justificado rendido la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad. Por lo que hace al anexo remitido, consistente en copias certificadas del expediente TUA 34-424/2018 de su índice, déjese al cuidado y buen resguardo de la secretaría de este juzgado pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como lo solicita la responsable, téngase como sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, no rindió su informe justificado no obstante haber sido debidamente notificado como se advierte de la boleta de acuse de recibo correspondiente al oficio 22792/2021-I-A, de la que se desprende que a la presente fecha ha transcurrido el término de quince días concedido para tal efecto. En consecuencia, con apoyo en el cuarto párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad omisa, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, remita en copia certificada las constancias conducentes del acto reclamado. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil, cuatrocientos ochenta y un pesos, con cero centavos, moneda nacional). En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

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