Carlos Gilberto Can Canul
Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Gilberto Can Canul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el escrito signado por la tercero interesada Paula Aracely Maldonado Pech; y en atención a su contenido, se acuerda: Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su ocurso de mérito, y por autorizados a Juan Antonio Tzuc Escobedo y a Carlos Pech Navarro, para oír y recibir notificaciones, por así haberlo manifestado en su escrito de mérito. Por otro lado, por lo que hace a la solicitud de que se faculte a sus autorizados para reproducir electrónicamente las actuaciones judiciales del presente asunto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se autorizó la utilización de dichos medios. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que por auto de veintiocho de junio de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el siete de junio de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE, en virtud de que se sobreseyó el presente asunto respecto de todos los actos reclamados y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de CONSERVACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo a oficio por medio del cual se notificó la sentencia a la autoridad responsable foránea, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación a dicha autoridad, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó el presente asunto, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en las copias certificadas del expediente TUA-34-1454/2018, que el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió en cumplimiento a la solicitud efectuada en proveído de diecisiete de febrero último; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le gire, devuélvanse los anexos de referencia, solicitando a dicha autoridad acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita a este Juzgado Federal, se le informe si la suspensión definitiva dictada en los presentes autos aún continúa vigente, para los efectos que indica. Al respecto, no existiendo impedimento legal alguno, comuníquese que si bien se concedió al quejoso ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades responsables, mediante resoluciones interlocutorias dictadas el veintiséis de enero y veinticuatro de febrero de la presente anualidad; por diverso acuerdo de ocho de marzo siguiente, dejaron de surtir efectos las mismas, toda vez que la parte quejosa no exhibió las garantías que se fijaron para tal efecto, mismo que se le comunicó a la autoridad oficiante mediante oficio 5160/2023-III-A, de esa propia fecha. Finalmente, por medio de oficio que al efecto se dirija al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con residencia en esta ciudad, comuníquese lo anterior. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad; así como del Director del Catastro Municipal de ********************, Yucatán, con residencia en esa localidad.********************SEGUNDO. Aclaración de la demanda y separación de juicios. Previa aclaración de la demanda, por acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, el referido Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, por lo que toca a los actos reclamados derivados del expediente TUA34/1453/2018, ordenó la separación de juicios respecto de los restantes actos reclamados y ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad, copia certificada de la demanda para que se turnada como corresponda.********************TERCERO. Recepción y admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se recepcionó y se admitió la demanda de mérito, con el número de expediente 78/2023-III-A, de la cual correspondió conocer a este juzgado, los actos derivados del juicio agrario TUA34/1454/2018; por lo que se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación.********************Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."****************************************Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables, lo siguiente:********************a) La falta de emplazamiento al expediente TUA 34/1454/2018. ********************b) La resolución dictada en el citado expediente y su ejecución sobre el predio rústico denominado ********************, ubicado en el municipio de ********************, Yucatán, con folio electrónico 961741.********************TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos de ejecución reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad; y al Director del Catastro Municipal de ********************, Yucatán, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dichas negativas.********************En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: ********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."****************************************CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con residencia en esta ciudad, pues así lo admitió al rendir su correspondiente informe justificado por conducto del Magistrado que lo representa; lo que se corrobora con las constancias que remitió derivadas del juicio agrario TUA 34/1454/2018.********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************QUINTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece:******************** "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) ********************XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"****************************************Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone:********************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************[.]"****************************************El numeral 107 fracción I Constitucional, establece:********************"Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:********************I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************[.]"****************************************En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos".****************************************Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra reza:********************"INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona".****************************************Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado.********************Lo anterior es así, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas.********************El legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional.********************Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que también se comparte, que dice:********************"INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia."****************************************Ahora bien, en el caso, el promovente se duele de la falta de emplazamiento al juicio agrario TUA 34/1454/2018, promovido por José Luis Pech Balam en contra de Paula Aracely Maldonado Pech, que se siguió ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, porque refiere que la sentencia dictada en dicho procedimiento, afecta su derecho de copropiedad en una vigésima parte, del predio rustico denominado ********************, de ********************, Yucatán, sin haber tenido oportunidad de defender sus derechos en dicha contienda, al no haber sido llamado a comparecer.********************De las constancias certificadas que remitió el Tribual responsable a este juzgado, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto 2o. de la Ley de Amparo, se advierte, entre otras cosas, lo siguiente:********************Que en la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se precisó que la litis en el juicio, consistía en determinar si el actor José Luis Pech Balam, acreditaba o no los elementos de su acción, relativa al reconocimiento como titular y posesionario de la parcela 394, asignada en la asamblea celebrada el siete de febrero de dos mil quince, en el núcleo agrario de "********************", municipio de ********************, Yucatán, así como el mejor derecho a poseer dicha unidad parcelaria; y demás prestaciones accesorias.********************Asimismo, se expuso que la litis del juicio en reconvención, consistía en determinar si Paula Aracely Maldonado Pech y/o Paula Araceli Maldonado Pech, acreditó o no la validez de la escritura que avala la titularidad de la superficie identificada como San Antonio Número 1, ubicada en el municipio de ********************, Yucatán, inscrita en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; el mejor derecho a poseer la parcela 394; la nulidad del acuerdo de asamblea celebrada el siete de febrero de dos mil quince, única y exclusivamente en cuanto a la asignación de la parcela 394, a favor de José Luis Pech Balam; la declaración como posesionaria de dicha parcela; y demás prestaciones accesorias que deberían acreditarse.********************En cuyo estudio, el Tribunal del conocimiento, en lo conducente, asentó: ********************"Por otra parte, la demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, con el objeto de acreditar que tiene mejor derecho a poseer la parcela en litigio como quedó establecido con antelación ofreció la documental consistente en la certificación de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y tres, de los autos del juicio de sucesión intestada de menor cuantía del señor José Esteban Pech Acosta (Alias) José Esteban Pech Castro (Alias) Esteban Pech, expedidas por el Juez Único de Paz de ********************, Yucatán, para que le sirviera de título de propiedad a la adjudicataria señora Paula Aracelly Maldonado Pech, respecto de la vigésima parte del paraje denominado "San Antonio número Uno" ubicado en la localidad y municipio de ********************, Yucatán, que provenía de la escritura de compraventa otorgada en escritura de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, ante el escribano público número doce de esta ciudad de Mérida. ********************Así como las documentales consistentes en la constancia de no adeudo predial, plano y cédula catastral del tablaje denominado ********************, en la localidad dé ********************, municipio de ********************, Estado de Yucatán" expedido por la Dirección de Catastro Municipal de ********************. ********************Sin embargo, ninguno de los medios probatorios aludidos genera a favor de la parte demandada elementos de prueba para justificar sus excepciones y defensas y probar que tiene mejor derecho a poseer la parcela en litigio o, que el ejido debe respetar como propiedad privada.********************Por el contrario, con el desahogo de la prueba pericial, como se señalará más adelante, en el juicio se demostró que esas tierras son ejidales y propiedad del núcleo agrario de "********************", municipio de ********************, Estado de Yucatán, así como que no se advierte que los documentos presentados por la parte demandada provengan de la transmisión que hubiese realizado a su favor el ejido de que se trata. ********************[.]********************Por tanto, si la adjudicación de la superficie en litigio identificada como la vigésima parte del paraje denominado "********************" ubicado en la localidad y municipio de ********************, Yucatán y que fue materia del juicio de sucesión intestada de menor cuantía del señor José Esteban Pech Acosta (Alias) José Esteban Pech Castro (Alias) Esteban Pech, expedidas por el Juez único de Paz de ********************, Yucatán, provenía de la escritura de compraventa otorgada en escritura de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, ante el escribano público número doce de esta ciudad de Mérida (Fojas 188 a 198); es incuestionable que tanto Ia escritura pública aludida como la transmisión efectuada en el juicio sucesorio son nulas de pleno derecho, porque atentan contra lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia agraria, los numerales 138 y 139 del entonces vigente Código Agrario del 31 de diciembre de 1942, 73 y 74 de la Ley Agraria. ********************En este contexto, acorde a la solicitud de nulidad vía excepción de José Luis Pech Balam, al contestar la demanda en reconvención instaurada en su contra, se declara la nulidad de pleno derecho de los autos del juicio de sucesión intestada de menor cuantía del señor José Esteban Pech Acosta (Alias) José Esteban Pech Castro (Alias) Esteban Pech, expedidas por el Juez Único de Paz de ********************, Yucatán, para que le sirviera de título de propiedad a la adjudicataria señora Paula Aracelly Maldonado Pech, respecto, de la vigésima parte del paraje denominado "********************" ubicado la localidad y municipio de ********************, Yucatán; así como la escritura de compraventa otorgada en escritura de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, ante el escribano público número doce de esta ciudad de Mérida, la primera, por contravenir lo dispuesto en los artículos 138 y139 del entonces vigente Código Agrario del 31 de diciembre de 1942, y la segunda, por tener su origen en un acto nulo y contravenir los artículo 73 y 74 de la Ley Agraria.********************[.]******************** R E S U E L V E:********************PRIMERO. En el juicio en lo principal el actor José Luis Pech Balam, acreditó los hechos constitutivos de su acción; por su lado, la parte demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, no justificó sus excepciones y defensas, conforme los fundamentos y argumentos esgrimidos en los considerandos V, VI, VII y VIII de esta sentencia. ********************SEGUNDO. Por tanto; resulta procedente declarar que el actor José Luis Pech Balam, tiene mejor derecho a poseer la parcela 394, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario ********************", municipio de ********************, Estado de Yucatán, con superficie de 00-02-07.446 hectáreas, en relación a la parte demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, acorde a los fundamentos y los argumentos expuestos en los considerandos V, VI, VII y VIII de este fallo. ********************TERCERO. En consecuencia, se reconoce a la parte actora como legítimo poseedor de la parcela 394, zona 10, polígono 1, del núcleo agrario "********************", municipio de ********************, Yucatán y se condena a la parte demandada Paula Araceli Maldonado Pech, también conocida como Paula Aracely Maldonado Pech, a no perturbar al actor José Luis Pech Balam, en la posesión de la parcela aludida, en términos de lo fundado y razonado en los considerandos, VI VII y VIII de este pronunciamiento. ********************CUARTO. En el juicio en reconvención Paula Aracely Maldonado Pech, también conocida como Paula Araceli Maldonado Pech, no acreditó los hechos constitutivos de sus acciones promovidas en contra de José Luis Pech Balam; por tanto, resultan improcedentes las pretensiones principales y accesorias que ejercitó; en consecuencia, se absuelve a la parte actora y demandada en reconvención de todas y cada una de las pretensiones ejercitadas en su contra y que se encuentran identificadas en la reconvención; por los motivos expuestos en los considerandos V, Vi, VII y VIII de este pronunciamiento."****************************************Al respecto, para acreditar su interés jurídico, el quejoso ofreció las siguientes pruebas:********************a) Copia simple de la credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.********************b) Impresión de la inscripción vigente de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, expedida por el Registro Público y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, certificada digitalmente, relacionada con el predio que defiende el quejoso, de la cual se advierte que ante la autoridad registral el quejoso aparece como copropietario de una vigésima parte del predio ********************, de ********************, Yucatán.********************c) Copia simple de un recibo de pago de impuesto predial, de doce de enero de dos mil veintidós.********************d) Copia simple del certificado de no adeudo del impuesto predial, de doce de enero de dos mil veintidós, expedido por el Tesorero Municipal de ********************, Yucatán.********************e) Copia simple del plano catastral, de doce de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Director del Catastro Municipal de ********************, Yucatán.********************f) Copia certificada de la cédula catastral de quince de agosto de dos mil diecisiete, expedida por el Director del Catastro Municipal de ********************, Yucatán.********************g) Copia certificada de la cédula catastral de doce de mayo de dos mil veinte, expedida por el Director del Catastro Municipal de ********************, Yucatán.********************h) Historial registral de once de marzo de dos mil veintidós, expedido por el Registro Público y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, certificada digitalmente.********************Esas documentales aun valoradas en su conjunto, son insuficientes para justificar, por una parte, el derecho de copropiedad que asevera tener el aquí quejoso del predio ********************, de ********************, Yucatán; y por otro lado, que la vigésima parte del inmueble que le corresponde, sea la que fue materia de la litis en el controvertido agrario, ya que no son aptas ni idóneas para acreditar su dicho, pues no se advierte elemento alguno que lleve al suscrito juzgador a presumir que tiene algún derecho real sobre el inmueble que defiende en esta instancia constitucional.********************En efecto, la credencial para votar, el registro de pago del impuesto predial, el certificado de no adeudo de éste, las cedulas catastrales y los planos catastrales, únicamente demuestran la afiliación del aquí quejoso al padrón electoral, el pago de una obligación sobre un inmueble, así como la inclusión de un predio en el padrón catastral, sin que tengan el alcance de demostrar algún derecho real sobre el bien raíz. ********************En cuanto a los medios probatorios expedidos por la oficina registral del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, tampoco tienen el alcance de acreditar la propiedad del inmueble, pues de ellos únicamente deriva, lo que ahí se declara, y que fue inscrito para efectos publicitarios, pero en modo alguno pueden ser constitutivos de derechos. ********************Al caso, se cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 654, del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:******************** "REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, EFECTOS DE LA INSCRIPCION EN EL. La anotación hecha a la escritura presentada ante el Registro Público de la Propiedad para su inscripción, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos, pues el derecho proviene del acto jurídico declarado y no de la inscripción, cuya finalidad es dar publicidad al acto y no constituir el derecho." ****************************************Aunado a lo anterior, cabe destacar que el quejoso no ofreció en estos autos, la prueba de agrimensura correspondiente, con el fin de acreditar la identidad del inmueble que en esta vía se defiende con el que se ventila en el juicio de origen, y que efectivamente corresponde a la vigésima parte que afirma le pertenece. ********************Resulta aplicable, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la foja 1606, del Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190377, que menciona:******************** "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado."****************************************De manera que, el solicitante del amparo debió demostrar fehacientemente, que lo resuelto en el juicio agrario, le genere una afectación a sus derechos fundamentales, primero, con la titularidad del derecho de propiedad de la vigésima parte del predio ********************, de ********************, Yucatán; y segundo, con la acreditación de que es el mismo bien inmueble controvertido en el juicio agrario de origen, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que el derecho de propiedad derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere; lo que no demostró en el presente juicio.********************En este orden de ideas, al no acreditarse fehacientemente el interés jurídico que le asiste al quejoso para promover la instancia constitucional; tomando en consideración que dicho interés debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. ********************Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido expresa:********************"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."****************************************En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio constitucional invocada en el presente considerando, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ********************Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó.********************Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: ********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad; así como del Director del Catastro Municipal de ********************, Yucatán; por las razones precisadas en el considerando tercero de la presente resolución.********************SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo constitucional.********************TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese personalmente.
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