Carlos Gaona Rodríguez

Expediente 1470/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1470/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Carlos Gaona Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En mérito de lo anterior, se ordena el desglose de las constancias consistentes en copia certificada de la causa judicial 680/2022 así como el audio en DVD, para ser devueltas a su lugar de origen, previa certificación que se realice, sin que, sin que resulte necesario solicitar el acuse, toda vez que en su momento correrá agregado el mismo, una vez que se realice la devolución respectiva. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En mérito de lo anterior, se ordena el desglose de las constancias consistentes en copia certificada de la causa judicial ********************así como el audio en DVD, para ser devueltas a su lugar de origen, previa certificación que se realice, sin que, sin que resulte necesario solicitar el acuse, toda vez que en su momento correrá agregado el mismo, una vez que se realice la devolución respectiva. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, el incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, proveído y resolución, mediante el cual se concedió la medida cautelar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1470/2022-VII, promovido por Carlos Gaona Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otra autoridad. R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el siete de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, y turnado en la misma fecha en este Juzgado de Distrito, Carlos Gaona Rodríguez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y el Juez de Control del Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, contra el siguiente: Acto reclamado: Consistente en la orden de aprehensión, presentación o detención, girada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado, y, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Se deja de tener a autoridad responsable. En auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso y se dejó de tener como autoridad responsable al Juez de Control del Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea. Por lo que previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza penal; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado consistente en: [.] la orden de aprehensión, presentación o detención, girada en su contra y su ejecución [.]. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que el siete de diciembre de dos mil veintidós, previa solicitud del Agente del Ministerio Público y al encontrarse reunidos los requisitos que prevé el artículo 16 de la Constitución y 141 del Código Nacional de Procedimiento Penales, libró orden de aprehensión en contra del quejoso Carlos Gaona Rodríguez (foja 30), y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: [...] Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto [.]. Lo que se corrobora de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez responsable, consistentes en copia auténtica de las constancias derivadas de la causa judicial 680/2022, así como un DVD que contiene el audio y video de la audiencia de dos de diciembre de dos mil veintidós; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: [...] Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga [.]. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad. QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, cabe señalar que cuando el acto reclamado se hace consistir en el libramiento de una orden de captura no debe atenderse únicamente a las exigencias que para su dictado establece el dispositivo 16 de la Constitución, sino que para su aplicabilidad debe tomarse en consideración lo preceptuado por los demás ordinales que tutelan el derecho fundamental de seguridad jurídica, ello con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz las prerrogativas esenciales de la persona, consagradas por la Constitución Federal. Expuesto lo anterior, se considera que en el caso en estudio no se vulneró derecho fundamental alguno en perjuicio del quejoso, ya que si bien conforme al numeral 14 de la Constitución Federal, todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de privación; lo cierto es que la orden de aprehensión actualiza una causa excepción, toda vez que se trata de un acto de molestia, que de acuerdo con el numeral 16 de la propia Ley Fundamental no exige previo a su dictado, que se escuche al indiciado en defensa, máxime que la orden de captura combatida se encuentra sustentada en el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el ahora quejoso asistió al desahogo de la audiencia de revisión de la medida cautelar, no obstante que fue debidamente notificado por la Juez de control, en la continuación de la audiencia inicial. Por lo que para una mejor comprensión del asunto conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado deducidos de la causa judicial 680/2022. 1. Mediante oficio 13613/2022, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral en turno, del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, señalara fecha para la audiencia inicial, para el control de la detención, formulación de la imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación respecto al indiciado Carlos Gaona Rodríguez, toda vez que consideró que contaba con pruebas suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley consideraba como delito de robo calificado, cometido en agravio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, representada por Uriel Ramírez Lemus, en su carácter de apoderado Legal, del mismo modo estimó que existían datos de prueba suficientes para establecer la probabilidad de que el referido indiciado cometió la citada conducta típica; asimismo dejó a disposición del Juez de Control, al indiciado Carlos Gaona Rodríguez, en el Centro de Reinserción Social del Estado, con residencia en la ciudad de Tlaxcala (foja 33 del expediente en que se actúa). 2. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, radicó la causa penal con el número 680/2022, señalando las diez horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia inicial (foja 37). 3. A las diez horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se calificó y ratificó de legal la detención del ahora quejoso Carlos Gaona Rodríguez, a las once horas con treinta y ocho minutos del mencionado día, se formuló la imputación por parte del agente del ministerio público, en la que previa consulta con su defensor, el imputado manifestó entender los hechos que se le atribuían y se reservó a declarar, por lo que el representante social solicitó se dictara auto de vinculación a proceso; y al preguntarle al imputado respecto al término en que deseaba se resolviera su situación jurídica, respondió previa asesoría de su defensa, que en ciento cuarenta y cuatro horas, por lo cual se señalaron las catorce horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós, para que tuviese verificativo la continuación de la audiencia inicial; asimismo, a petición del ministerio público, se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, sólo por seis días, la cual fenecía a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós (según consta en el disco versátil que remitió la responsable, así como en el índice cronológico que obra de la audiencia de control de detención, formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares, que obra a fojas 50 y 51); asimismo, se dictó la constancia escrita de dicha determinación judicial (foja 53). 4. El uno de diciembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial ante la juez responsable, quien resolvió la situación jurídica del ahora quejoso en siguientes términos: [.] Siendo las CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de CARLOS GAONA RODRÍGUEZ, por el hecho que la Ley señala como delito de ROBO CALIFICADO, en victimización de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, representada por URIEL RAMÍREZ LEMUS, previsto y sancionado en los artículos 321, 323, fracción II, 328, fracción II, en relación con el artículo 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala [.]. En la cual, el ministerio público adscrito, solicitó la revisión de la medida cautelar, sin embargo, toda vez que la juez de control tenía señalada otras audiencias, fijó las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós, para que tuviese verificativo la misma, de lo cual quedaron notificadas las partes, máxime que la Juez de Control, hizo del conocimiento del imputado la fecha y hora de la audiencia, explicándole que debería de comparecer a la misma, dado de que en caso de no hacerlo, se entendería que deseaba sustraerse de la acción de la justicia, lo que ocasionaría que la agente del ministerio público solicitara que se le declarara así, lo que tendría aparejado una orden de aprehensión en su contra, preguntándole si le había quedado claro, a lo que el imputado manifestó que sí, según consta en el disco versátil que remitió la responsable, así como en el índice cronológico que obra de la audiencia de continuación de la audiencia inicial, que obra a foja 59; asimismo, se dictó la constancia escrita del auto de vinculación a proceso (fojas 56 y 57). 5. Por oficio 5199 de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, la Juez de Control responsable, comunicó al Titular del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, Tlaxcala, que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta, en audiencia inicial de fecha veintiséis de diciembre del mencionado año, fenecía a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós, por lo que a partir de esa hora debería de quedar en inmediata libertad el imputado Carlos Gaona Rodríguez, única y exclusivamente, por lo que hacía a la causa penal 680/2022 (foja 58, en la que consta que se recibió dicha comunicación oficial a las diecisiete horas con veinte minutos de esa fecha). 6. A las diez horas con diecisiete minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós, se declaró abierta la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por la agente del ministerio público adscrita al juzgado responsable, sin embargo, no se presentó el imputado Carlos Gaona Rodríguez, no obstante que la defensa solicitó que se le concediera el término de diez minutos, ya que el imputado se encontraba retrasado, debido al tráfico, aunado a que la defensa también adujo que ya se había llegado a un acuerdo reparatorio con el apoderado de la Universidad ofendida; por lo que la juez de control a las diez horas con veintidós minutos de ese día, decretó un receso por diez minutos, ordenando se reanudara la audiencia a las diez horas con treinta y tres minutos; por lo que a las diez horas con treinta y cuatro minutos se reanudó la audiencia y teniendo en cuenta que el imputado fue debidamente notificado, y se concedió el término de diez minutos solicitado por la defensa, sin que se presentara el imputado, con fundamento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez de control responsable, suspendió el procedimiento y dejó a salvo los derechos del Ministerio Público para que estableciera la forma de conducción (según consta en según consta en el disco versátil que remitió la responsable, así como el índice cronológico que obra de la audiencia de revisión de medida cautelar, que obra a foja 59). 7. Mediante oficio 14023/2022, la Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación del Delito con Detenido, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, solicitó a la Juez de Control responsable, que se declarase sustraído de la acción de la justicia al imputado Carlos Gaona Rodríguez, y se librase orden de aprehensión en su contra (fojas 60 a 63). 8. Por resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable decretó orden de aprehensión en contra de Carlos Gaona Rodríguez, al estimar que se encontraban reunidos los requisitos a que ludía el artículo 16 de la Constitución y 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que fue declarado sustraído de la acción de la justicia, por lo que resultaba procedente librar orden de aprehensión, para el efecto de hacer comparecer al imputado al desahogo de la audiencia de revisión de la medida cautelar; asimismo, quedó suspendido el procedimiento hasta en tanto, se ejecutara la orden de aprehensión y fuese puesto a disposición de la responsable (fojas 64 a 66). Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio. Ahora bien, es oportuno señalar que los artículos 141 y 174, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la sanción de los imputados, cuando no comparezcan a las citaciones que les realicen las autoridades judiciales, tal como se ve a continuación: [.] Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario [.]. [.] Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso, solicite la comparecencia del imputado o una orden de aprehensión. En caso que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas, previstos en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este Código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio, al Juez de control quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso d), fracción II del artículo 104 de este Código, para que dentro de la duración de este sea llevado ante él en audiencia con las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar; siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio [.]. De los dispositivos legales transcritos, se concluye la facultad que tiene la autoridad judicial para declarar sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial; y el segundo precepto, la facultad del ministerio público de solicitar la orden de aprehensión o comparecencia, según sea el caso. Por tanto, es evidente que el ahora quejoso fue legalmente notificado para presentarse a la audiencia que tendría verificativo a las nueve horas con treinta minutos del día dos de diciembre de dos mil veintidós, puesto que la juez de control en la continuación de la audiencia inicial, hizo del conocimiento del ahora quejoso que debería de comparecer a la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por la agente del ministerio público, dado de que en caso de no hacerlo, se entendería que deseaba sustraerse de la acción de la justicia, lo que ocasionaría que la representante social solicitara que se le declarara sustraído de la acción de la Justicia, lo que tendría aparejado una orden de aprehensión en su contra, ya que al preguntarle si le había quedado claro tal determinación, el imputado manifestó que sí, según consta en el disco versátil que remitió la responsable; sin embargo el ahora quejoso, no compareció a la citada audiencia, no obstante que incluso se decretó un receso a petición de su defensa, y sin que justificara con documento idóneo su inasistencia. Ello es así, porque como acertadamente lo consideró la autoridad responsable en la resolución reclamada, se considera que en el particular se actualiza la hipótesis normativa que establece el precitado artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se advierte con documento alguno que se haya establecido la imposibilidad de Carlos Gaona Rodríguez, para acudir a la audiencia, motivo por el cual fue correcto que lo declarara sustraído de la acción de la justicia y precisamente por este motivo fue que el Agente del Ministerio Público solicitó se librara en su contra la orden de aprehensión que ahora reclama; por tanto, es evidente que dicha determinación judicial se emitió con apego a derecho. Resulta aplicable en lo conducente, al respecto el siguiente criterio con los datos de identificación que a continuación se indican: [.] Registro digital: 2018124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: I.6o.P.125 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2408 Tipo: Aislada ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez [.]. Por lo anterior, resulta evidente que la orden de aprehensión reclamada cumple con las exigencias establecidas por el precepto 16 constitucional, toda vez que es requisito de todo acto de molestia encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Instancia, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso [.]. Precisado lo anterior, es evidente que la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada el siete de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal 680/2022, por la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al citar entre otros el artículo 16 constitucional, y el numeral 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace patente que se fundó y motivó al dictar la orden de captura reclamada. Ciertamente, la responsable precisó en la orden de aprehensión combatida diversos dispositivos legales tanto de la Constitución Federal como del Código Nacional de Procedimientos Penales aunado a que también expuso las razones, los motivos y las circunstancias que tomó en cuenta para librar la orden de aprehensión impugnada. Aunado a que dicha orden fue emitida por una autoridad competente, en ejercicio de sus funciones, fundamentada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se encuentra vigente, razón por la cual, también se cumple con lo establecido por el artículo 14 Constitucional. Luego, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, procede negar el amparo y protección de la Justicia federal solicitados al no advertir queja deficiente que deba suplirse, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno respecto a los alegatos vertidos por el fiscal federal, ya que no forman parte de la litis en el juicio de amparo y, por ende, no es obligatorio para esta juzgadora entrar al estudio de los razonamientos expresados en su pedimento, sin que esto implique transgresión a derecho procesal alguno. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carlos Gaona Rodríguez, en contra del acto y autoridad que se indican en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese electrónicamente al quejoso y al Agente del Ministerio Público Federal; y por medio de oficio a la tercera interesada y a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional está señalada para esta fecha; sin embargo, no es posible su desahogo, toda vez que transcurre el plazo establecido en el párrafo segundo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado Universidad Autónoma de Tlaxcala, se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, acordado el día diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior, toda vez que dicha parte fue notificada a través de su representante ********************mediante oficio el once de enero del año en cuso. En mérito de lo anterior, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijas las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.

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