Carlos Eric Ixtlapale Carmona

Expediente 491/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
491/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Eric Ixtlapale Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales; lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el sobre devuelto por Correos de México que contiene el oficio 9372/2022 de veinticinco de marzo del año en curso dirigido al Titular, Encargado o Responsable de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Zacatecas, sin que en el caso resulte procedente emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno se declaró la inexistencia de dicha autoridad responsable y se le dejó de tener con tal carácter dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1074/2021, promovido por Lobelia Sánchez Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, contra actos de la Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y por razón de turno, remitido el doce siguiente, a este órgano jurisdiccional, Lobelia Sánchez Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Local Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral R.D.S., 01/1976-1, del índice de la autoridad responsable, consistente en la negativa de toma de nota al nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, ello toda vez dicho ente sindical no había armonizado los estatutos que rigen su vida interna en los términos que establecen los artículos VIGÉSIMO SEGUNDO y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS, del decreto de uno de mayo de dos mil diecinueve, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó el presente asunto, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tener del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: La resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente laboral R.D.S., 01/1976-1, del índice de la autoridad responsable, consistente en la negativa de toma de nota al nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, ello toda vez que dicho ente sindical no había armonizado los estatutos que rigen su vida interna en los términos que establecen los artículos VIGÉSIMO SEGUNDO y VIGÉSIMO TERCERO TRANSITORIOS, del decreto de uno de mayo de dos mil diecinueve, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto la existencia del acto reclamado; por tanto, debe tenerse como tal; situación que se corrobora con las documentales que remitió en dicho informe, mismas a las que se les otorga pleno valor probatorio, por tratarse de una documental pública; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Como en el caso la suscrita no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna, a continuación, se analizan los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, previo a realizar el análisis de los conceptos de violación, resulta menester destacar los antecedentes del acto reclamado, los cuales son: 1.- Mediante escrito presentado ante la Junta obrera en diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, Lobelia Sánchez Sánchez, ostentándose como Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, solicitó le fuera expedida la constancia de toma de nota correspondiente. 2.- Conforme a lo anterior, en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Junta responsable actuando dentro del expediente R.D.S.01/1976-1, tuvo por recibido el escrito de mérito y en la misma fecha dictó resolución correspondiente en la cual determinó que no era procedente la solicitud elevada y en ese sentido negó la toma de nota solicitada, medularmente, por las siguientes consideraciones: En primer lugar, precisó que conforme al artículo vigésimo tercero transitorio del decreto de uno de mayo de dos mil diecinueve por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, las organizaciones sindicales tenían la obligación de adecuar sus estatutos en cuanto al procedimiento de elección de las directivas mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, en un plazo de doscientos cuarenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto de referencia Y en ese sentido concluyó la responsable, que el plazo previsto en el vigesimotercer transitorio a que se ha hecho referencia había feneciendo el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Por lo anterior, y con relación al Sindicato ahora quejoso, determinó la responsable que el mismo no había armonizado los estatutos que rigen su vida interna en los términos de los artículos transitorios a que se ha hecho referencia. Y emprendió el análisis de la solicitud de toma de nota de la elección del Comité Ejecutivo del ente sindical, la cual determinó la responsable que se llevaría a cabo tomando en cuenta la reforma a la Ley Federal del Trabajo de uno de mayo de dos mil diecinueve a que se ha hecho referencia, en relación al procedimiento de elección de la Directiva Sindical el cual debía ser mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Y con base en ello, en primer lugar la Junta laboral, determinó que la promovente dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 365 y 377 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, al exhibir un juego original y por duplicado del Acta de Asamblea General Extraordinaria y que era signada por quien se ostentaba como Secretario General, Secretaria de Organización y Secretaria de Actas y Acuerdos. Posteriormente, la responsable procedió a realizar una verificación formal de las etapas o pasos básicos del procedimiento de reforma de estatutos de la asociación sindical y a cotejar los documentos allegados a efecto de verificar si el procedimiento efectuado para la elección del Comité Ejecutivo del sindicato -ahora quejosa-, se había apegado a los lineamientos establecidos en los estatutos y precisó que dicho procedimiento consta de dos momentos procesales fundamentales: 1.- Convocatoria, su publicación y requisitos; 2.- Celebración del Congreso Ordinario de renovación de Comité Ejecutivo. Por lo que procedió a verificar la primera etapa, referente al procedimiento para convocar a los agremiados a Congreso de Elecciones de Comité Ejecutivo y determinó que la misma no era contraria a lo estipulado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues se ajustaba los requisitos para convocar a elecciones de acuerdo al artículo 371 fracciones IX, inciso b), IX BIS y IX TER de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, determinó que si bien, de acuerdo a los artículos 30, 31, 37 fracción II y 59 de las normas estatutarias, las mismas no contravenían lo estipulado en la reforma a la ley de la materia, al verificar el contenido de los documentos a efecto de constatar si se ajustó o no a los lineamientos de dichos estatutos la responsable determinó que los mismos no cumplían con el artículo 371, fracción IX, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo y a los artículos referidos en primer momento, y concluyó que en esa etapa (primera) no cumplían cabalmente con sus normas estatutarias y la ley de la materia, para convocar a los agremiados a congreso para elecciones del Comité Ejecutivo del sindicato ahora quejoso. En ese sentido la Junta obrera determinó que al presentar vicios de origen por no cumplir la convocatoria y su publicación con las normas gremiales adoptadas libremente por ellos, era innecesario la verificación formal (cotejo) de las demás etapas o pasos básicos del procedimiento de elección que establecen los estatutos de la asociación sindical y la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior negó la toma de nota de la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Siendo dicha resolución lo que constituye aquí el acto reclamado. SEXTO.- Estudio de la Constitucionalidad del Acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, hechos valer por la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, de ahí que deba negarse el amparo y Protección de la Justicia Federal solicitada. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo presentada por la quejosa, se advierte que sus conceptos de violación los hace consistir, medularmente, en lo siguiente: En el primer concepto de violación, sostiene que la autoridad responsable, viola lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, así como lo estipulado en los artículos 18 y 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que al emitir la resolución reclamada, dejó de observar los principios de autonomía, equidad, democracia, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Continúa exponiendo, que la autoridad responsable resolvió con demasía, pues realizó pronunciamiento después de los veinte días que para tal efecto prevé el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, y dictó una resolución contraria a derecho, puesto que por el transcurso del tiempo, se configuró la afirmativa ficta, quedando la autoridad responsable obligada a expedir la toma de nota respectiva dentro del lapso de tres días, esto es, del seis al once de octubre del dos mil veintiuno, sin que haya ocurrido, dejando de lado el principio de inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical; y con ello, generó una violación a sus derechos colectivos, dejando en total estado de indefensión a la organización sindical al no tener directiva que los represente, máxime que la votación fue totalmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores agremiados del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. En el segundo concepto de violación, manifiesta que en la resolución reclamada, la autoridad responsable se extralimita en sus facultades y dejó de observar la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO", toda vez que la autoridad responsable, en su calidad de autoridad administrativa, no tiene por qué examinar y calificar los estatutos, pues sólo debe tenerlos presentes para constituir el referente normativo que rige dicho cambio de directiva, esto es, únicamente tendría que verificar el procedimiento respectivo, si se respetó la voluntad de los agremiados respecto a la renovación del cambio de directiva del sindicato al cual representa, acorde con la Ley Federal del Trabajo, en ese sentido sostiene que debido a la entrada en vigor de la reforma laboral publicada en el diario oficial de la federación, el uno de mayo de dos mil diecinueve, los estatutos quedaron derogados, en razón de que no se reformaron debido a la pandemia que nos aqueja. Insiste el impetrante de amparo, en que de la ejecutoria del pleno de la Corte, impone a la autoridad a no revisar ni siquiera los estatutos del sindicato (puesto que ya fueron revisados al momento de registrar el sindicato), sino que más bien, solo tendría que verificar si las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades. En ese sentido, sostiene que la autoridad responsable realizó un estudio incorrecto al ponderar si se cumplieron o no los estatutos de la organización sindical en comento, inobservando de manera supletoria a la Ley Federal del trabajo, al señalar que en la convocatoria de siete de mayo de dos mil veintiuno, no se convocó a un Congreso Ordinario y/o extraordinario de renovación del Comité Ejecutivo, sino que se convocó a una Asamblea Ordinaria del sindicato, incumpliendo con ello el artículo 30 de los estatutos. Continua manifestando el quejoso, que de los preceptos legales de referencia, se advierte la forma de convocar a una asamblea; y, que de conformidad con el artículo 371, fracción IX, inciso d), en dicha asamblea estuvieron presentes quinientos dieciséis agremiados de un total de setecientos seis miembros del sindicato, los cuales se reunieron a expresar de manera libre y por voluntad de los afiliados al sindicato, a través del voto personal, libre, directo y secreto a elegir de manera democrática y por primera vez sin coacción de votos, el cambio de directiva del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, manifiesta que la autoridad responsable no tiene razón, toda vez que si la convocatoria se realizaba mediante congreso, se contrapondría a la reforma laboral, y porque en la realización de congresos, únicamente podrían participar delegados efectivos elegidos en los veinticuatro planteles, puesto que sería un absurdo que una minoría de cincuenta delegados efectivos, eligieran a un nuevo comité. Por lo que fue correcta la emisión de la convocatoria para llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria y por el total del padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar elegirían democráticamente y a través del voto libre, personal, secreto y directo a quien desearan elegir como parte del nuevo comité ejecutivo del sindicato. Asimismo, señala que la autoridad responsable realizó una mala interpretación en el acto reclamado, al señalar que la convocatoria de referencia no fue emitida por todos los integrantes del comité ejecutivo, puesto que únicamente fue signada por el Secretario General y el Secretario de Organización, incumpliendo con ello el artículo 31 de los estatutos. Lo anterior, en razón de que de conformidad con los artículos 15, 86 y 87, de los estatutos, se desprende que el comité ejecutivo tiene personalidad y de la cual el Secretario General asume la representación legal del comité ejecutivo, por lo que el Secretario General y el Secretario de Organización al firmar la convocatoria para llevar a cabo la asamblea para la renovación del comité ejecutivo, sí fue debidamente firmada y facultada por las personas correctas en términos de lo dispuesto por el artículo 371, fracción a) de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, manifiesta que, respecto a lo señalado por la autoridad responsable, referente a que la convocatoria no fue firmada de enterado por los delegados del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, que dicho requisito no se encuentra previsto en la ley, como se advierte del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, aunado a que, si se hubiera firmado por los delegados, solo ellos sabrían de la existencia de la convocatoria en cuestión, en cambio, la publicidad de las convocatorias en los veinticuatro planteles de la institución educativa y en la sede del sindicato, y al darse a conocer diez días antes y tres antes de la elección (padrón); se convalida con la asistencia a la asamblea de quinientos dieciséis agremiados que asistieron de manera voluntaria a elegir, en ejercicio de la democratización de los sindicatos y a elegir a su nueva directiva del comité ejecutivo del sindicato en cita a través del voto directo, personal, libre, directo y secreto, del cual fue elegida como Secretaria General. Como se adelantó, no asiste razón jurídica a la parte quejosa. Se explica: En uno de mayo de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, estableciéndose una serie de disposiciones transitorias que determinan el régimen aplicable a los conflictos que se susciten en fechas posteriores a dicha reforma, misma que trajo una serie de modificaciones y adiciones a la normatividad laboral, con la finalidad de que los derechos de la clase trabajadora tengan mayor protección, especialmente en su libertad y derechos sindicales y colectivos, así como optimizar la impartición de justicia en esta materia. Así se destaca que el artículo tercero transitorio del decreto de reforma al que se ha hecho referencia, establece que en tanto no inicie operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continuarán con las funciones registrales previstas en la Ley Federal del Trabajo vigente al momento de la entrada en vigor dicho Decreto. En esa línea, los diversos artículos octavo y décimo transitorios del mismo decreto de reforma establecen que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federales, Locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, es decir, a partir del dos de mayo de dos mil diecinueve, hasta en tanto entren en funciones los nuevos tribunales federales y locales y centros de conciliación. Asimismo, del octavo transitorio referido se advierte que los procedimientos mencionados deben ser resueltos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de la reforma, y del diverso décimo transitorio establece que una vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales laborales, los procedimientos, y juicios se tramitarán de conformidad con el Decreto. De todo lo anterior, se concluye que los artículos transitorios señalan que el texto anterior a la reforma es la normatividad aplicable a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dichas reformas y que fueran del conocimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, debido a que el Centro de Conciliación y Registro cuando aún no ha abierto en la entidad donde se ventile alguno de ellos. Esto es, hasta en tanto no entre en funciones el Centro de Conciliación creado con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de trabajo, los procedimientos de registros promovidos con posterioridad a la entrada en vigor de ésta, serán tramitados ante Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales, a la luz de lo establecido en sus textos previos a la modificación de que fue objeto por razón de la reforma en comento, por cuanto hace a la parte procedimiental. De ahí que, si en el caso que se analiza, como ya se expuso, la solicitud de registro del sindicato quejoso fue presentada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se considera que el asunto debe tramitarse aplicando los artículos de la Ley Federal del Trabajo en su redacción anterior a la reforma de uno de mayo de ese mismo año, en cuanto a su parte procesal. Lo anterior, es decir, la aplicación de la ley anterior, existiendo una modificada se conoce como ultra actividad de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada, se sigue aplicando a hechos o actos posteriores a la iniciación de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia, pues si bien existe un principio general de que los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este último, esa premisa sólo es aplicable en caso de que el legislador no haya previsto un sistema concreto de vigencia, lo cual no ocurre en el caso, puesto que de los artículos transitorios claramente se advierte que el órgano legislador expresamente señaló cuáles procesos deben ser tramitados de acuerdo con la normativa anterior. Respecto de la ultractividad de la ley, es orientadora la tesis 1a. V/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, página 2907, Materias(s): Civil, Constitucional, de rubro y texto siguientes: "IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, NO VIOLA ESE PRINCIPIO. El citado precepto, al establecer que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere dicho decreto se tramitarán conforme a las disposiciones anteriores a ella, no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no autoriza que una situación anterior sea regulada por disposiciones que entraron en vigor con posterioridad, pues lo que el legislador contempla es el establecimiento del ámbito temporal de aplicación de la nueva ley sin modificar el de la ley anterior. En efecto, el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 10 de septiembre de 2009, actualiza la institución de ultractividad de la ley que consiste en que la norma, a pesar de haberse derogado o abrogado, se sigue aplicando a hechos o actos posteriores al inicio de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben regirse por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia, aun tratándose de normas procesales. Así, la prescripción temporal que contiene dicho artículo transitorio es explicable en tanto que la reforma tuvo por objeto dotar de mayor seguridad jurídica al ciudadano, mediante la agilización de los procesos, para cuyo efecto se modificaron disposiciones relativas al ofrecimiento y desahogo de pruebas, se implementó un nuevo sistema de recursos y se modificó el tratamiento a las violaciones cometidas durante el procedimiento, circunstancias que, de aplicarse a los procedimientos que ya se encontraban en trámite, traerían dificultades en su desarrollo ante lo contundente de las innovaciones." También, es indispensable destacar que será aplicable la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a las reformas, en los procesos iniciados en fecha posterior a su entrada en vigor y que sean del conocimiento de las Juntas únicamente en su parte procedimental y no así en la sustantiva, pues, por lo que hace a la última parte referida, debe ser aplicada la normativa constitucional y legal en sus textos posteriores a la entrada en vigor de las respectivas reformas, puesto que dichas modificaciones y adiciones - por cuanto es a lo sustantivo- entrañan el reconocimiento de una serie de derechos que deben ser tutelados desde el momento en que entraron en vigor. Es decir, debe establecerse una clara distinción entre las normas que rigen el proceso laboral -normas procesales- de las que contienen reconocimiento de derechos -normas sustantivas-, pues para efectos de su aplicación es indispensable atender a su naturaleza, debido a que, hasta en tanto no entren en funciones los Centros de Conciliación de reciente creación legislativa, los procesos registrales que se promuevan y sustancien ante las Juntas laborales deberán ser tramitados de acuerdo a lo establecido en los textos previos a las reformas precisadas, y resueltos en cuanto a los derechos sustantivos bajo las normas en su texto posterior a las mencionadas reformas. Por tanto, en el caso, la parte procesal, deben ser atendidos a la luz de la ley anterior, pues así lo refieren expresamente los artículos transitorios de la reforma constitucional y legal precisada, en tanto que en cuanto los aspectos relativos a derechos sustantivos deberá atenderse a las normas de esa naturaleza reformadas, puesto que no pueden desconocerse los derechos ahí reconocidos a favor de las y los trabajadores. La anterior conclusión tiene armonía con la finalidad de la reforma en materia laboral que, por cuanto hace a la resolución del presente caso interesa, es la de reconocer a favor de las y los trabajadores individualmente considerados para que tengan una participación más activa y democrática en la vida sindical y sean realmente representados sus intereses mediante la emisión de un voto individual, libre y secreto, pues la resolución de los procesos iniciados de manera posterior a la entrada en vigor a la luz de las reformas, dota de contenido los artículos que potencializan el derecho precisado. Expuesto lo anterior, y en el caso de estudio, se tiene que al emprender el estudio del asunto puesto a su consideración, la Junta responsable precisó que de conformidad con el artículo vigesimotercero transitorio del Decreto que Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicada el uno de mayo de dos mil diecinueve, había vencido el plazo para que las organizaciones sindicales adecuaran los estatutos en cuanto al procedimiento de elección de las directivas sindicales mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores y al emprender el análisis de la solicitud presentada por el ente sindical determinó negar la toma de nota de la elección del Comité Ejecutivo, con fundamento en el artículo 371, fracción IX, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo. Se destaca en este punto, que el artículo 371 fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a la entrada en vigor, establece lo siguiente: Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general; votación indirecta y secreta o votación directa y secreta. De la fracción del numeral transcrito, se advierte que el procedimiento para la elección de la directiva y el número de miembros sería mediante el libre ejercicio del voto con las modalidades que establezca la asamblea y con votación indirecta y secreta o directa y secreta. Entonces, en relación con lo establecido respecto a los aspectos sustantivos de la reforma laboral, se tiene que acudiendo al contenido del artículo vigésimo tercero transitorio, del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Federal del Trabajo, publicada el uno de mayo de dos mil veintiuno, dispone que las disposiciones previstas en el artículo 371 de la citada ley, para la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, iniciarían su vigencia en un plazo de doscientos días a partir de la entrada en vigor dicho decreto. Esto es, que en el caso del artículo 371 se plantea una previsión especial, en la que se prevé un plazo específico para que iniciara la vigencia de las disposiciones contenidas en el mismo, ello, pues la finalidad de la reforma es la de promover los derechos de las y los trabajadores a efecto de que tengan una participación más activa y democrática en la vida sindical y sean realmente representados sus intereses mediante la emisión de un voto individual, libre y secreto. Una vez expuesto lo anterior y al acudir al acto reclamado advertimos, que en la resolución que constituye aquí el acto reclamado, la Junta responsable estableció en principio, que de conformidad con el artículo vigesimotercero transitorio de la multireferida reforma, había transcurrido en exceso el plazo establecido a efecto de que en el caso la organización sindical adecuara sus estatutos en cuanto al procedimiento de elección de las directivas sindicales. En este punto se considera, que como lo estableció la responsable, era necesario que el sindicato quejoso cumpliera con los requisitos establecidos en el texto vigente del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual como se ha referido, resultaba necesario ello en virtud de la vigencia del mismo en su aplicación y regulación sobre estatutos sindicales que regularan a la organización sindical accionante del amparo. Ahora, al hacer comparación entre lo establecido en los estatutos sindicales que anexó la ahora quejosa, a su petición realizada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Junta laboral, con lo previsto en el artículo 371 de la ley de la materia, se advierte como bien lo refirió la responsable, que aquéllos no cumplen con lo previsto para la elección de las directivas sindicales mediante voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, toda vez que en ellos se estableció que el proceso de elección de la mesa directiva será por medio de Congresos y Asamblea, las cuales según el artículo 38 de los estatutos de la organización sindical requieren del cincuenta por ciento más uno de sus participantes lo que incumple con lo dispuesto en la fracción IX del numeral antes referido. Asimismo, en la resolución recurrida, al emprender la responsable a la verificación formal de si el procedimiento efectuado para la elección del Comité Ejecutivo del sindicato ahora quejoso, se había apegado a los lineamientos establecidos en los estatutos y de manera supletoria a la Ley Federal del Trabajo, estableció que dicho procedimiento consta de dos momentos fundamentales: 1.- Convocatoria, su publicación y requisitos; 2.- Celebración del Congreso Ordinario de renovación de Comité Ejecutivo. Expuesto ello, la responsable procedió a verificar por cuanto hace al primer momento antes referido, respecto a la convocatoria, su publicación y sus requisitos y partió del hecho que de conformidad con los estatutos del ente sindical, el Congreso es el órgano superior de gobierno, sindical y que para la renovación del Comité Ejecutivo se celebrará Congreso Ordinario previa convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo y publicada, y conforme a ello procedió a verificar si el ente sindical se había apegado o no a los lineamientos establecidos en sus estatutos y: Al analizar la convocatoria determinó que no se había convocado a Congreso Ordinario y/o Extraordinario de renovación de Comité Ejecutivo, sino que se había convocado a una Asamblea Ordinaria del Sindicato y en ese sentido determinó la responsable que no había dado cumplimiento al artículo 30 de los estatutos, y; Asimismo, determinó que la convocatoria a elección no fue emitida por todos los integrantes del Comité Ejecutivo, pues refirió que únicamente fue signada por el Secretario General y el Secretario de Organización, por lo que determinó que no había dado cumplimiento al diverso numeral 31 de los estatutos. Y con base en ello, determinó la responsable, que la elección no cumplía con el artículo 371, fracción IX, inciso a), y artículos 30, 31, 37 fracción II y 59 fracciones II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV y XVI, de las normas estatutarias, y por tanto concluyó que desde esa primera etapa, el sindicato ahora quejoso no cumplió cabalmente con sus normas estatutarias y la Ley Federal del Trabajo para convocar a los agremiados a Congreso para elecciones del Comité Ejecutivo de la organización sindical. Lo cual quien aquí resuelve considera ajustado a derecho. Asimismo, se destaca que con dicha determinación no se violenta el derecho a la libertad sindical consagrado en el artículo 3, numeral 1 protegido en el Convenio 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, así como en el artículo 1 del Convenio Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, Número 98, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el diverso 359 de la Ley Federal del Trabajo; pues aun cuando el derecho a redactar sus estatutos implica que ninguna persona ajena a la asociación sindical o autoridad pueden interferir o imponer reglas que definan la organización interna del sindicato, ello no significa que se encuentren al margen del principio de legalidad, como se advierte del artículo 8, numeral 1 del Convenio citado en primer término. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis 2a. CXV/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materias(s): Constitucional, Laboral de rubro y texto siguientes: "ESTATUTOS SINDICALES. EN SU REDACCIÓN LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DEBEN RESPETAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Del artículo 3, numeral 1 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el diverso 359 de la Ley Federal del Trabajo deriva, entre otros, el derecho de las organizaciones de trabajadores a redactar sus estatutos, entendidos éstos como el conjunto de disposiciones relativas a la organización, dirección, distribución de funciones, derechos y obligaciones que acuerden los miembros de una asociación profesional para el mejor desarrollo de sus actividades gremiales y para la defensa y protección de sus intereses comunes, ello en ejercicio del principio de libertad sindical. Ahora bien, aun cuando el derecho a redactar sus estatutos implica que ninguna persona ajena a la asociación sindical o autoridad pueden interferir o imponer reglas que definan la organización interna del sindicato, ello no significa que se encuentren al margen del principio de legalidad, como se advierte del artículo 8, numeral 1 del Convenio citado, principio que se ve reflejado en el artículo 371, fracción VII, de la mencionada ley, en tanto señala que los estatutos deben contener los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; lo que sin duda representa un ejemplo de que en la redacción de los estatutos, las organizaciones sindicales deben respetar el principio de legalidad, porque al precisarse en las reglas internas qué conductas serán consideradas motivo de sanción o corrección disciplinaria y el procedimiento para su imposición, en el que se respete el derecho de audiencia, se preserva ese principio, como fundamento jurídico y social de la organización." Por lo que, quien aquí resuelve considera correcta la determinación de la Junta responsable, toda vez que el sindicato quejoso contrario a lo que manifiesta, no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente, principalmente con lo relacionado con el procedimiento para la elección de las directivas sindicales mediante voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. Por otra parte, no le asiste la razón a la parte quejosa cuando sostiene que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada, violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, así como lo estipulado en los artículos 18 y 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que de las consideraciones vertidas en dicha resolución, se advierte que se observaron los principios de autonomía, equidad, democracia, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y sus garantías. Asimismo, tampoco le asiste la razón a la parte quejosa cuando sostiene que la autoridad responsable resolvió con retardo, pues realizó pronunciamiento después de los veinte días que para tal efecto prevé el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo vigente, pues ante ello, se configuró la afirmativa ficta, quedando la autoridad responsable obligada a expedir la toma de nota respectiva dentro del lapso de tres días, sin que lo haya hecho; y con ello, generó una violación a sus derechos colectivos, dejando en total estado de indefensión a la organización sindical al no tener directiva que los represente, máxime que la votación fue de la mayoría de los afiliados. Lo anterior es así, ya que en primer lugar, como ya se determinó en la presente resolución, el ordenamiento legal aplicable es la Ley Federal del Trabajo anterior al vigente, el cual establece que se actualiza la afirmativa ficta, cuando transcurriera el término de más de sesenta días naturales contados a partir de la solicitud; y si bien la resolución fue dictada en el día sesenta y uno (ya que la solicitud de registro se presentó el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y la resolución se dictó el diecinueve de octubre del mismo año), también lo es que no se actualiza la hipótesis en cuestión; ello en atención a lo siguiente: El artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente: (.) Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva." De una interpretación histórica del precepto legal transcrito se advierte que el legislador estableció una sanción a la autoridad que no resuelva dentro del término de sesenta días naturales posteriores a la presentación de la solicitud, consistente en que el registró se tendrá por hecho para todos los efectos legales, quedando la autoridad obligada a expedir la constancia respectiva. Sin embargo, el legislador estableció que para que ello ocurriera, invariablemente el gobernado primeramente debe solicitar ante dicha autoridad registral el que emita la resolución correspondiente, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, entonces es cuando se materializa la sanción prevista por el legislador. Lo anterior se estima de esa forma acorde con los motivos expuestos por el congresista en el dictamen de origen de la cámara de diputados de treinta de octubre de mil novecientos sesenta y seis, que es del texto siguiente: "Para evitar situaciones extralegales en el registro de los sindicatos consignado en el artículo 366 en su párrafo final, con el propósito de clarificar el numeral e impedir interpretaciones indebidas, se estimó conveniente una nueva redacción a fin de que la autoridad que reciba solicitud de registro de un sindicato se obligue a resolver en término no mayor de 60 días. Se aclara que la omisión de ésta no produce efecto inmediato de registro, toda vez que exige nueva promoción que abre un nuevo término de tres días para el dictado de la resolución y en su omisión, se tendrá por hecho el registro." Consecuentemente, es evidente que la omisión de la autoridad de no pronunciarse respecto del registro en los sesenta días concedidos por el legislador, no produce efecto inmediato de registro, sino sólo cuando, previa promoción de solicitud, la autoridad no resuelva en los tres días posteriores a ésta. Ahora bien de las constancias que exhibió la parte quejosa y la autoridad responsable, no se advierte que se hubiera hecho la petición antes mencionada; aunado a que si bien bajo protesta de decir verdad manifestó que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, solicitó se emitiera la resolución correspondiente referente a que se tomara nota del cambio de directiva del sindicato que representa; también lo es que en caso de que fuera así, tampoco lo hizo cuando ya hubieran transcurrido los sesenta días de que habla el referido artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Sin que le asista la razón a la parte quejosa cuando sostiene que la autoridad responsable al dictar la resolución reclamada, se hubiera extralimitado en sus facultades y dejado de observar la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO", toda vez que la autoridad responsable, en su calidad de autoridad administrativa, no tiene por qué examinar y calificar los estatutos, pues sólo debe tenerlos presentes para constituir el referente normativo que rige dicho cambio de directiva, esto es, únicamente tendría que verificar el procedimiento respectivo, si se respetó la voluntad de los agremiados en relación a la renovación del cambio de directiva del sindicato al cual representa, acorde con la Ley Federal del Trabajo, en ese sentido sostiene que debido a la entrada en vigor de la reforma laboral publicada en el diario oficial de la federación, el uno de mayo de dos mil diecinueve, los estatutos quedaron derogados, en razón de que no se reformaron debido a la pandemia que nos aqueja. Lo anterior, es así ya que no es verdad que la autoridad responsable hubiera dejado de observar la jurisprudencia en cuestión, en virtud de que en ningún momento se puso a revisar los estatutos del sindicato, sino que lo que verificó fueron las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado; es por ello que el actuar de la responsable es acorde también con lo sustentado en la jurisprudencia mencionada. Sin que sea cierto que la autoridad responsable hubiera realizado un estudio incorrecto al ponderar si se cumplieron o no los estatutos de la organización sindical en comento, ni que hubiera inobservado de manera supletoria a la Ley Federal del trabajo, al señalar que en la convocatoria de siete de mayo de dos mil veintiuno, no se convocó a un Congreso Ordinario y/o extraordinario de renovación del Comité Ejecutivo, sino que se convocó a una Asamblea Ordinaria del sindicato, incumpliendo con ello el artículo 30 de los estatutos que rigen al sindicato. Lo anterior es así, ya que efectivamente, las disposiciones relativas (artículos 30, 31, 37, fracción II y 59 de las normas estatutarias), establecen que para la renovación del Comité Ejecutivo se celebrará un congreso ordinario previa convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo y publicada. Sin que sea óbice que en la asamblea hubieran estado presentes quinientos dieciséis agremiados de un total de setecientos seis miembros del sindicato, los cuales se reunieron a expresar de manera libre y por voluntad de los afiliados al sindicato, a través del voto personal, libre, directo y secreto a elegir de manera democrática y por primera vez sin coacción de votos, el cambio de directiva del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala; ya que lo cierto es que se debe cumplir con la normatividad aplicable. Sin que obste lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable no tiene razón, toda vez que si la convocatoria se realizaba mediante congreso, se contrapondría a la reforma laboral, y porque en la realización de congresos, únicamente podrían participar delegados efectivos elegidos en los veinticuatro planteles, puesto que sería un absurdo que una minoría de cincuenta delegados efectivos, eligieran a un nuevo comité. Por lo que, sostiene la parte quejosa, fue correcta la emisión de la convocatoria para llevar a cabo una Asamblea General Ordinaria y por el total del padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar elegirían democráticamente y a través del voto libre, personal, secreto y directo a quien desearan elegir como parte del nuevo comité ejecutivo del sindicato. Lo anterior es así, ya que como se ha sostenido en la presente resolución, la legislación aplicable es la Ley Federal del Trabajo anterior, de ahí que el proceder de la autoridad responsable, no se contrapone a la reforma laboral al no resultar aplicable; resultando intrascendente que únicamente puedan participar delegados. Tampoco es cierto que la autoridad responsable hubiera realizado una mala interpretación en la resolución reclamada, al señalar que la convocatoria de referencia no fue emitida por todos los integrantes del comité ejecutivo, puesto que únicamente fue signada por el Secretario General y el Secretario de Organización, y por ende se hubiera incumplido con el artículo 31 de los estatutos. Ello es así, ya que si bien los artículos 15, 86 y 87, de los estatutos, otorgan al comité ejecutivo personalidad (atribuciones y obligaciones generales) y de la cual el Secretario General asume la representación legal del comité ejecutivo y el Secretario de Organización, tiene la facultad de firmar las convocatorias para los congresos; lo cierto es que debe estar firmada por todos los integrantes del Comité Ejecutivo, lo anterior en términos del artículo 31 de los estatutos; aunado a que no hay que perder de vista que se convocó a una asamblea ordinaria del sindicato y no así a un congreso ordinario y/o extraordinario de renovación del Comité Ejecutivo. Finalmente, respecto a lo señalado por la autoridad responsable, referente a que la convocatoria no fue firmada de enterado por los delegados del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, que dicho requisito no se encuentra previsto en la ley, como se advierte del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, aunado a que, si se hubiera firmado por los delegados, solo ellos sabrían de la existencia de la convocatoria en cuestión, en cambio, la publicidad de las convocatorias en los veinticuatro planteles de la institución educativa y en la sede del sindicato, y al darse a conocer diez días antes y tres antes de la elección (padrón); se convalida con la asistencia a la asamblea de quinientos dieciséis agremiados que asistieron de manera voluntaria a elegir, en ejercicio de la democratización de los sindicatos y a elegir a su nueva directiva del comité ejecutivo del sindicato en cita a través del voto directo, personal, libre, directo y secreto, del cual fue elegida como Secretaria General. Dicho argumento es infundado, tomando en consideración que contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, tal situación si se encuentra regulado en el artículo 371 fracción IX inciso a), de la ley Federal del Trabajo y artículo 37, fracción II de los estatutos. Resultando intrascendente que si se hubiera firmado por los delegados, solo ellos sabrían de la existencia de la convocatoria en cuestión, en cambio, la publicidad de las convocatorias en los veinticuatro planteles de la institución educativa y en la sede del sindicato, y al darse a conocer diez días antes y tres antes de la elección (padrón); se convalida con la asistencia a la asamblea de quinientos dieciséis agremiados que asistieron de manera voluntaria a elegir, en ejercicio de la democratización de los sindicatos y a elegir a su nueva directiva del comité ejecutivo del sindicato en cita a través del voto directo, personal, libre, directo y secreto, del cual fue elegida como Secretaria General; ya que no puede convalidarse algo que no se apega al estatuto o a la Ley Federal del Trabajo. En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la aparte quejosa suplidos en su deficiencia, lo que procede es negar el amparo y la protección de la justicia federal, solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lobelia Sánchez Sánchez, por propio derecho y en su calidad de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, contra los actos de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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