Carlos Fuentes Ibarra

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
02/04/2019

Partes del expediente

  • Carlos Fuentes Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DESECHO DEMANDA. SE ORDENA SU ARCHIVO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase al quejoso Carlos Fuentes Ibarra, dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve; por tanto, este órgano de control constitucional, emite determinación siguiente: IMPROCEDENCIA En términos de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a desechar la demanda al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la referida Ley. En efecto, de los anteriores numerales se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que se atribuyan a una "autoridad", a la que por regla general se le ha identificado como aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien la que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado, en una relación de supra a subordinación. Apoya lo anterior la tesis aislada número P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, visible a página trescientos siete, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página mil ochenta y nueve, del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, en el caso el quejoso señala como acto reclamado del Director y Subgerente Jurídico de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el permitir que el personal de las empresas MY7 CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y VISIÒN ELECTROMECÁNICA INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, desmantelen y saquen los bienes de su propiedad y de otros compañeros, que pertenecieran a la extinta persona moral Grupo Industrial NKS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, amparados por la factura de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, extendida por el Presidente de la Junta Especial número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral 61/2005 y acumulados 131/2005, 132/2005 133/2005, 134/2005, 135/2005, 136/2005, 137/2005, 138/2005, 139/2005 y 49/2006. Como antecedentes, el peticionario del amparo señala que junto con otros trabajadores celebraron contrato de compraventa con las personas morales MY7 CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y VISIÒN ELECTROMECÁNICA INTEGRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, respecto de los bienes contenidos en la factura de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el que convinieron, entre otras cláusulas: -El pago por la cantidad de $100,000.000.00 (cien millones de pesos 00/10 M.N). -La condición de que a la firma del contrato, las compradoras pagarían la suma de $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), convirtiéndose con ello en propietarias, y poseedoras de la décima parte de los bienes señalados en la factura y conforme cubrieran siete pagos parciales, se convertirían, por cada uno de ellos, propietarios de la séptima parte de los bienes. -El compromiso de la vendedora a garantizar a los compradores y al personal designado por éstos el acceso al interior de la Isla Cayacal, operado por la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, quien supervisa la entrada y salida tanto de personas y bienes que se encuentran en sus instalaciones. Finalmente, el quejoso manifiesta que pese al convenio establecido, las empresas citadas sólo cubrieron una parte de la suma establecida, dejando de cumplir con el resto del pago de la compraventa, aprovechándose de la buena voluntad de los vendedores y que por ello, solicitaron a la Administración Portuaria Integral la suspensión de las obras de desmantelamiento y salida de los bienes materia del contrato, sin obtener respuesta. En ese contexto, se obtiene que el acto que reclama la parte quejosa, esto es, el "permiso" atribuido a la autoridad señalada como responsable para que personal de otras empresas desmantelen y saquen del recinto portuario bienes que afirma son de su propiedad, no es un acto con las características que legal y jurisprudencialmente se requiere para considerarlo como de autoridad, pues de acuerdo con las propias manifestaciones del promovente, no tiene su origen en una norma legal, sino en un acuerdo de voluntades en el que su contraparte se obligó a garantizarle el acceso a la Isla Cayacal, que es donde se encuentran los bienes, a cargo de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, que es quien supervisa la entrada y salida de las personas y bienes que se encuentran en sus instalaciones. Cabe destacar, entonces, que esta última actividad no se realiza en un plano de supra a subordinación, sino con base en derechos derivados de una relación mercantil creada entre el quejoso y los terceros interesados, y donde la Administración Portuaria Integral señalada como responsable únicamente cumple la función de prestar el servicio de vigilancia de los bienes u objetos del contrato, según lo expresó el quejoso, por lo que su actividad no puede equipararse a una actividad de imperio, sino que, en todo caso, el permiso o autorización que pudiese haber dado a terceros para sustraer los bienes que mantenía a su cuidado, lo que puede configurar es un incumplimiento a la obligación que adquirió al respecto y, en ese sentido, habría de configurar, por esa inobservancia, el origen de una acción civil o administrativa, en la que se le finque la correspondiente responsabilidad, pero no un acto de autoridad impugnable en amparo, al carecer la conducta (permisión o autorización) atribuida, de un origen estrictamente legal y tener, en cambio, su fuente en un acuerdo de voluntades. De ahí que en el caso se actualice la mencionada causal de improcedencia y proceda desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º , fracción II, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

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