Carlos Daniel Bucio García
Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Daniel Bucio García
Actuaciones
- Incidental
En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con una copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, para formar el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Estas son las que se toman enseguida: APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 132, 136, 138, 140, 141, 142 y 151, de la Ley de Amparo, con una copia simple del libelo constitucional y escrito aclaratorio, tramítese por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de la notificación del presente proveído, enviándole al efecto copia simple del legajo que contiene el libelo constitucional y escrito aclaratorio. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Hágase saber a las partes que se señalan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el verificativo de la audiencia incidental. INTERÉS SUSPENSIONAL. La parte quejosa acredita su interés suspensional, de manera indiciaria, al ser parte dentro del juicio especial oral familiar ********************/2023, del Juzgado Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, del que emana el acto reclamado. Tiene aplicación al respecto la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 352, volumen ********************-228, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURÍDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado". PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados: "4. El acto y omisión de autoridad que se reclama: Acuerdo de fecha 26 veintiséis de octubre del año 2023 se requiere al suscrito mediante notificación personal para que permita la convivencia entre el tercer interesado y mis hijos menores de edad, bajo apercibimiento que de no hacerlo podrá decretarse el cambio de custodia." IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL PETICIONADA. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados. La naturaleza de los actos reclamados. La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3o.J/2., de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Siguiendo el orden lógico y secuencial, antes enunciado, se procede al análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión provisional: El primer requisito se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. De igual manera, el segundo de los extremos se actualiza en el particular, dado que, al tratarse de la suspensión provisional, se presume la existencia del acto con base en las manifestaciones que la parte quejosa formuló bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda. Luego, el tercero, en relación a que los actos reclamados sean susceptibles de ser suspendidos conforme a su naturaleza, de igual forma, se encuentra colmado, dado que los actos de que se duele la parte quejosa pueden ser suspendidos al tratarse de actos positivos con efectos permanentes susceptibles de ejecutarse. Bajo ese contexto, resulta inconcuso que no se satisface el requisito que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, a que con el otorgamiento de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. Mientras que el orden público, debe entenderse como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí que bajo su imperio restringe la libertad individual; es la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. En el caso, no se cumple con el requisito que contrae el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues debe destacarse ahora que la decisión que se tome en relación con la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado podría afectar a los menores de iniciales ********************y ********************pues de ellos dependerá si la convivencia refrendada por la autoridad responsable en el acto reclamado, se llevará a cabo o no. Ello es así acorde a los artículos 4° de la Constitución General de la República, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) y 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. Es aplicable al respecto la tesis aislada número P. XLV/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 712, XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior do la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios." Lo anterior evidencia que las normas plasmadas son de orden público y que el principio relativo al interés superior de los menores y el derecho de prioridad en el goce de sus prerrogativas, son cuestiones de interés social, pues la sociedad está interesada en que se tutele de manera efectiva al grupo vulnerable que integran los niños, niñas y adolescentes. En esta tesitura, el pronunciamiento respecto a la suspensión en este caso debe realizarse en atención al interés superior de los menores ********************y ********************, buscando establecer una situación en la que el entorno permita su sano desarrollo y estabilidad psicológica y emocional, incluso en detrimento de los derechos de que pudieran gozar su padre, su madre o cualquier otra persona, pues los de los niños son superiores. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado es el auto de veintiséis de octubre del año en curso, en que se requiere a la parte quejosa para que permita la convivencia entre los menores y su progenitora, por lo que solicita que se conceda la suspensión para el efecto de que la responsable se abstenga de fijar la referida convivencia. En tal virtud, y atendiendo a que la obligación de observar el principio relativo al interés superior del niño debe ser cumplido por cualquier autoridad, debe partirse de la presunción de que el referido auto fue dictado por el Juez Primero en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, atendiendo el citado principio. Aunado a que hasta el momento no existe evidencia o indicio que demuestre lo contrario. Sin que sea obstáculo que la parte quejosa en su demanda haya expuesto que uno de los menores, manifestó en la audiencia de escucha de menores, que no deseaba ver ni ir con su progenitora ********************, al haber sufrido diversos abusos físicos por su parte, siendo su deseo no verla ni convivir con ella; ello es así, porque esas circunstancias no implican necesariamente un riesgo objetivo en cuanto a la integridad física o emocional de los menores, y este órgano jurisdiccional únicamente cuenta con el dicho de la parte quejosa, quien no aportó prueba alguna que revele, aunque sea de forma indiciaria que la salud física o mental de los menores estén en peligro al convivir con su madre; lejos de ello, el Máximo Tribunal del país ha resuelto que la convivencia del menor con ambos progenitores es lo más adecuado para su desarrollo emocional y psicológico; a menos que exista algún indicio de peligro real para su integridad; lo cual, como se dijo, hasta este momento no se advierte, máxime que dicha escucha, así como el resto de las constancias que obran en el juicio de origen, fueron valoradas por el Juez Familiar para emitir tal determinación. Apoya lo anterior la tesis I.3o.C.793 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164819, Novena Época, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2716, de rubro y texto: "CONVIVENCIA DE MENORES ORDENADA EN RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA PARA QUE NO SE LLEVE A CABO, CUANDO NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR EL RIESGO O PERJUICIO. Es improcedente conceder la suspensión definitiva de la resolución judicial que permite la convivencia de los menores con sus parientes, para que no se lleve a cabo, toda vez que la sociedad tiene interés en que los menores puedan convivir con ellos, para lograr un lazo afectivo necesario como parte fundamental de su familia, ya que la convivencia es benéfica para el adecuado desarrollo de los menores al inculcarles un sentido de pertenencia a una familia dentro de un grupo social más amplio en el que tienen deberes y derechos. En todo caso, será materia de prueba oportuna determinar si esa convivencia resulta perjudicial para los menores o los pone en riesgo, lo cual sí sería materia para negar la suspensión de la ejecución de la resolución que ordenó la convivencia." Dicho esto, no es procedente conceder la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se cumplen con las exigencias previstas en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de concederse se afectaría el interés superior de los menores, violándose de esa forma las disposiciones de orden público y el interés social a los que en líneas anteriores se hizo mención, pues si la autoridad responsable determinó viable conceder la convivencia entre la madre y los menores de iniciales ********************y ********************, como ya se señaló en párrafos que anteceden, se entiende que el auto reclamado se dictó atendiendo al principio relativo al interés superior de los menores. En ese sentido, dado que las convivencias decretadas entre la progenitora y los menores hijos de las partes, no son susceptibles de interrumpirse, atento al interés superior de los citados infantes de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, los numerales 3, 7, 9, 12, 16 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por México el diez de agosto de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno; 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 23, 73 y 74 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por consiguiente, con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo vigente, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. La actuación del personal judicial y de las partes dentro del presente incidente, así como la integración del expediente físico, deberá llevarse a cabo en los términos y condiciones establecidos en el juicio principal de donde deriva el presente cuaderno.
- Principal
En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 15168. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso. ********************DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida:********************ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********************, por sí, y en cuanto representante de los menores de iniciales ******************** y ********************, contra actos del Juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo.********************SUSPENSIÓN. Como lo solicita el quejoso, en cuerda separada tramítese el incidente de suspensión.********************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención al segundo periodo vacacional de invierno que gozará este Juzgado de Distrito, consistente en la segunda quincena del mes de diciembre, cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.********************INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá:********************Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y,********************Remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio.********************Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá, una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo.********************TERCERO INTERESADO. Ahora bien, en atención a la manifestación de la parte quejosa, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tener interés contrario al de la parte quejosa, se le reconoce el carácter de tercera interesada a ********************, quien puede ser emplazada a juicio, en la ********************, local********************, colonia********************, en esta ciudad.********************EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, se comisiona a la actuaria de la adscripción a efecto de que la emplace a juicio, entregándole copia de la demanda, escrito aclaratorio, auto de veintiuno de noviembre del año en curso y del presente proveído, y la requiera para que:******************** a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, ********************b) En el acto de la diligencia o en el plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.********************REPRESENTANTE ESPECIAL. Ahora bien, dado que los padres de los menores de iniciales ******************** y ********************, tienen intereses contrarios en el juicio de origen de donde deriva el acto reclamado, es menester que se designe un representante especial (ajeno a los padres) para que intervenga en el juicio.********************Bajo ese contexto, solicítese vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de que le sea legalmente notificado el presente proveído, designe a un defensor público que ejerza una representación imparcial dentro de la presente contienda constitucional, a fin de garantizar en debida forma su derecho fundamental de tutela judicial efectiva; para tal efecto, remítase copia simple del líbelo constitucional y escrito aclaratorio.********************Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis III.1o.P.50 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1324, tomo XVI-agosto-2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que es del tenor literal siguiente:********************"MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS.- Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías."********************MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Fiscal de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita.********************CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a ********************, como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento.********************PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe la parte quejosa en el escrito aclaratorio; por tanto, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: que Valeria Alejandra Hernández Espinosa y Elizabeth García Lizama, cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredita como licenciados en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con la demanda de amparo presentada físicamente en el buzón judicial de los juzgados de distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio 14701. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Daniel Bucio García, contra actos del Titular del Juzgado Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. REGISTRO. Fórmese expediente y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 823/2023. PREVENCIÓN. Previo a hacer pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de amparo y con la facultad que otorga el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción V de la Ley de Amparo, se estima necesario requerir al promovente para que subsane las irregularidades que se advierten de su escrito de demanda, como a continuación se verá. Los invocados artículos establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (...) "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;" De lo transcrito, se deduce que cuando hubiera alguna irregularidad en la demanda, se tendrá que requerir al promovente para que la aclare; además que, la parte quejosa tiene como obligación al presentar su demanda de amparo, señalar la autoridad o autoridades responsables, la norma general, acto u omisión que reclame, así como los antecedentes del mismo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa manifiesta que comparece al presente juicio por su propio derecho, no obstante, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad y de sus conceptos de violación, se advierte que pretende hacerlo también en representación de los menores de iniciales L.B.A. y C.A.B.A. Asimismo, en el capítulo de antecedentes, específicamente en el sexto, manifiesta: "Sexto- Mediante escrito presentado por el suscrito en fecha 19 diecinueve de julio del año en curso, manifesté me resolvieran la promoción presentada el día 4 cuatro de julio del presente año, ya que tutor y agente del ministerio público no realizaron alguna manifestación respecto de la medida cautelar solicitada con el efecto de velar por el interés superior del menor, recayó en el auto de fecha 21 veintiuno de julio del año en curso, donde se ordena la medida cautelar solicitada por el suscrito, resolviendo a la literalidad: A Blanca Itzel Avila Quezada se le impone como medida cautelar que no se acerque a una distancia de 100 cien metros de sus hijos citados, para que no los moleste en el lugar en donde se encuentren - domicilio particular, escuela y esparcimiento-, así como de intimidarlos o molestarlos en su entorno social; ni se acerque a esa distancia del domicilio ubicado en la calle Felipe Ángeles número 382 trescientos ochenta y dos, colonia Francisco J. Mújica, de esta ciudad." Por otro lado, en el referido apartado, en el antecedente décimo señala: "Décimo. En fecha 14 catorce de septiembre del año en curso, el suscrito presenté una promoción en la cual argumento a la autoridad responsable que resulta ser del todo improcedente que se permita la convivencia entre la demandada (tercer interesado) con mis hijos, en virtud que tal y como hice mención en líneas anteriores y como desprende de las constancias del juicio del cual emana el acto reclamado, la autoridad responsable mediante auto de data 21 veintiuno de julio del año en curso impone una medida cautelar consistente en una orden de restricción entre la demandada con los infantes. De dicha promoción recayó el auto de data 18 dieciocho de septiembre de 2023 en el cual la autoridad responsable ordena al suscrito que permita la convivencia de mis hijos con su progenitora por Ilamadas y videollamadas, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrán los medios de apremio que establece la Ley de la materia en el Estado." Por lo anteriormente expuesto, se estima necesario requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, computado legalmente subsane las irregularidades advertidas en su escrito de demanda y, bajo protesta de decir verdad, apercibida de las sanciones que al efecto establece el artículo 261 de la Ley de Amparo, manifieste: Si promueve la demanda de amparo únicamente por propio derecho o también lo hace en representación de sus menores hijos de iniciales L.B.A. y C.A.B.A.; en caso de que lo haga en el segundo de los supuestos, en términos de los artículos 6 párrafo primero y 10 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta (copia certificada del acta de nacimiento). Manifieste bajo protesta de decir verdad, si en auto de veintiuno de julio del año en curso, se impuso a Blanca Itzel Ávila Quezada, como medida cautelar únicamente que no se acerque a una distancia de cien metros de los menores de iniciales L.B.A. y C.A.B.A., o también que no haya comunicación entre ellos; asimismo, exhiba copia del referido auto. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si la medida cautelar dictada en el juicio de origen, a la fecha sigue subsistente. Exhiba copia de los acuerdos de diez y veintiséis de octubre del año en curso, dictados dentro del Juicio Especial Oral Familiar número 217/2023. Constancias, que es factible que obtenga de la consulta que haga del expediente natural, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad que es la parte promovente. En la inteligencia de que para dar cumplimiento a lo anterior, deberá reunir los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo; asimismo, exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio y las constancias que anexe al mismo, para correr traslado a las partes, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se le apercibe, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114° de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. USUARIO. Asimismo, se le tiene proporcionando el usuario que refiere únicamente para la consulta del expediente electrónico; por tanto, se ordena a la actuaria adscrita encargada del asunto dar de alta dicho usuario para el fin mencionado. CORREO ELECTRÓNICO. Téngasele proporcionando el correo electrónico que indica; por tanto, manténganse bajo resguardo, a fin de que sean utilizados como medio especial y expedito de contacto de carácter no procesal. AUTORIZADOS. Finalmente, téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Valeria Alejandra Hernández Espinosa y Elizabeth García Lizama, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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