Carlos Filiberto Hernandez Aldana

Expediente 49/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
49/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
22/04/2016

Partes del expediente

  • Carlos Filiberto Hernandez Aldana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo de la llegada de los autos originales del presente juicio de amparo 49/2016-4A, así como un cuadernillo de pruebas, asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de ocho del mes y año en curso. De lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se declinó la competencia a un Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, habiéndola aceptado el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 44/2016-V, con número de orden 92/2016, de su índice, formado con motivo del diverso 28/2016-4A, con número de orden 32/2016-4A, dictado en los autos del presente juicio de amparo 49/2016-4A; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo de estilo correspondiente, por correo electrónico al correo institucional del órgano jurisdiccional exhortado por tratarse de un órgano del Poder Judicial de la Federación, en acatamiento al principio de impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, y observando las políticas de austeridad implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, se privilegie el uso del correo electrónico oficial, para que sea por medio de esta herramienta, el envío y recepción de los acuses de recibo que se generen en el presente asunto. En consecuencia, dése de baja y realícese la anotación correspondiente el libro de Gobierno Cuatro de Comunicaciones Oficiales Enviadas de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, al haberse realizado una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que mediante proveído de ocho de abril de dos mil dieciséis, el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional; en tal virtud, solicítese a la Superioridad, que de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, dado que de las constancias remitidas por el Juez exhortado, se desprende que el quejoso se desistió del Juicio de amparo; en tal virtud, remítase al Tribunal Colegiado de referencia copia certificada de la aludida diligencia, para que surta los efectos legales correspondientes en el juicio de amparo directo 240/2016, de su índice. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 29/2016, con número de orden 63/2016, de su índice, formado con motivo del diverso exhorto 13/2016-4A, con número de orden 15/2016-4A, dictado en los autos del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la diligencia de cuatro de marzo de dos mil dieciséis (foja 55), se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a). La sentencia de catorce de diciembre de dos mil siete, emitida en la causa penal 273/2006, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de Guadalupe Victoria, Baja California. b). La resolución de quince de agosto de dos mil ocho, dictada en el toca penal 467/2008, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bajo esa tesitura, cabe destacar que la resolución de quince de agosto de dos mil ocho, no es uno de los actos contemplados en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que se trata de una resolución que puso fin al juicio, dado que fue emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca de apelación 467/2008, misma que confirmó la sentencia de catorce de diciembre de dos mil siete (la cual también se señala como acto reclamado). En consecuencia, en términos de los diversos numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, así como del artículo 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede el juicio de amparo, pero en la vía directa o uni-instancial; de modo que la competencia legal para conocer y resolver de los actos reclamados corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]" De las anteriores disposiciones legales se desprende que las resoluciones que ponen fin al juicio deben ser combatidas en la vía directa, cuyo conocimiento es competencia del Tribunal Colegiado, por lo cual, si en el caso se reclama la resolución de quince de agosto de dos mil ocho, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca de apelación penal 467/2008, que confirmó la diversa de catorce de diciembre de dos mil siete, emitida en la causa penal 273/2006 del índice del juzgado de Primera Instancia Penal, con residencia en Ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, es evidente que se trata de una resolución de naturaleza definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 87, Tomo: IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." De igual forma, tiene aplicación la tesis 2a. CCXI/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 41, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." En consecuencia, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes; solicítese el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) del "El Hongo II" en Tecate, Baja California, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción a efecto de que se constituya en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I" en Tecate, Baja California y notifique el contenido íntegro del presente proveído al quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 29/2016, con número de orden 63/2016, de su índice, formado con motivo del diverso exhorto 13/2016-4A, con número de orden 15/2016-4A, dictado en los autos del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la diligencia de cuatro de marzo de dos mil dieciséis (foja 55), se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: a). La sentencia de catorce de diciembre de dos mil siete, emitida en la causa penal 273/2006, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Penal de Guadalupe Victoria, Baja California. b). La resolución de quince de agosto de dos mil ocho, dictada en el toca penal 467/2008, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bajo esa tesitura, cabe destacar que la resolución de quince de agosto de dos mil ocho, no es uno de los actos contemplados en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que se trata de una resolución que puso fin al juicio, dado que fue emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca de apelación 467/2008, misma que confirmó la sentencia de catorce de diciembre de dos mil siete (la cual también se señala como acto reclamado). En consecuencia, en términos de los diversos numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, así como del artículo 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede el juicio de amparo, pero en la vía directa o uni-instancial; de modo que la competencia legal para conocer y resolver de los actos reclamados corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]" De las anteriores disposiciones legales se desprende que las resoluciones que ponen fin al juicio deben ser combatidas en la vía directa, cuyo conocimiento es competencia del Tribunal Colegiado, por lo cual, si en el caso se reclama la resolución de quince de agosto de dos mil ocho, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca de apelación penal 467/2008, que confirmó la diversa de catorce de diciembre de dos mil siete, emitida en la causa penal 273/2006 del índice del juzgado de Primera Instancia Penal, con residencia en Ciudad Guadalupe Victoria, Baja California, es evidente que se trata de una resolución de naturaleza definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 87, Tomo: IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." De igual forma, tiene aplicación la tesis 2a. CCXI/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 41, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." En consecuencia, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes; solicítese el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) del "El Hongo II" en Tecate, Baja California, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción a efecto de que se constituya en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I" en Tecate, Baja California y notifique el contenido íntegro del presente proveído al quejoso CARLOS FILIBERTO HERNÁNDEZ ALDANA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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