Carlos Felix Urias
Expediente 192/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Carlos Felix Urias
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito del quejoso CARLOS JESÚS FÉLIX URIAS, quien aclara bajo protesta de decir verdad que éste es su nombre completo, además de desahogar las diversas prevenciones formuladas en proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en los términos ahí requeridos. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la aclaración del nombre completo del quejoso para constancia legal y prosígase el presente juicio tomando en consideración el mismo. DESECHAMIENTO Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Lo anterior es así, toda vez que se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa que previo acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, mediante el cual podía ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del precepto trascrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, bajo las excepciones ahí indicadas. Ahora, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la orden de aplicar descuentos en el salario que percibe como Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciario del Gobierno del estado de Baja California, el que se estima es impugnable a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de conformidad con el artículo 22, fracción IX, de la Ley que rige dicho tribunal, al establecer lo siguiente: "Artículo 22. Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes: [.] IX. Las que se susciten entre los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California y las Dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal o Municipal, con motivo de la prestación de sus servicios. [.] Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo." A su vez, los artículos 83 y 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, disponen lo siguiente: "Artículo 83.- Serán causas de nulidad de los actos y resoluciones impugnadas: I.- Incompetencia de la autoridad; II.- Incumplimiento u omisión de las formalidades que legalmente deba revestir; III.- El estar fundados en disposiciones legales o reglamentarias no vigentes al momento de su emisión; IV.- Violación de las disposiciones aplicadas o no haberse aplicado las debidas; V.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o de facultades discrecionales; y VI.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar. El Tribunal podrá hacer valer de oficio, al momento de resolver, cualquiera de las causales señaladas, si estima que ha sido acreditada en autos su existecia (sic), aunque ésta no se haya invocado expresamente por el actor. Articulo 84.- Para salvaguardar el derecho del afectado, la sentencia que declare fundada la pretensión del actor dejará sin efectos el acto o resolución impugnada. Fijará, además, los términos de la resolución que en su caso deba dictar la autoridad demandada y, tratándose de sentencia de condena, se ordenará también a la autoridad demandada el hacer, el no hacer o el dar que correspondan, como consecuencia de la nulidad del acto o resolución impugnada. La declaratoria de nulidad del acto o resolución impugnada, por violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento administrativo de que se trate y determine en definitiva con plenitud de facultades. La resolución que decrete injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un Miembro de las Instituciones Policiales, la autoridad responsable sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el afectado. En ningún caso procede la reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido." De los numerales invocados se colige, que el ámbito competencial de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, constituye el conocimiento de las controversias que surjan entre los miembros de las instituciones policiales del Estado de Baja California y las autoridades de la administración pública de esta localidad. Es decir, los elementos policiacos afectados por actos o resoluciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal o Municipal, que sean reclamados por su arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar, pueden impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta entidad. Ello es así, porque a través del juicio contencioso administrativo se puede obtener la declaratoria de nulidad del acto o resolución que se reclame, ya que para salvaguardar el derecho del afectado, la sentencia que declare fundada la pretensión del actor, dejará sin efectos el acto o resolución impugnada, y fijará además, los términos de la resolución que en su caso deba dictar la autoridad demandada, asimismo, tratándose de sentencia de condena, se ordenará también a la autoridad demandada el hacer, el no hacer, o el dar que corresponda, como consecuencia de la nulidad del acto o resolución impugnada. Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de las instituciones policiales, guardan respecto de la Administración Pública, una relación de carácter administrativa, razón por lo cual, las controversias que se susciten con motivo a dichas relaciones deben ser resueltas por órganos jurisdiccionales cuya naturaleza les sea afín, como en el caso lo es, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. De ese modo, cuando algún acto o resolución derivado de la citada relación administrativa, se pretenda impugnar en la vía jurisdiccional, tendrá que hacerse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Conviene citar en apoyo, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 77/2004, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 428, del rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia." Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 95/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, página 1173, del rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA. LOS TRABAJADORES QUE SE IDENTIFICAN COMO ELEMENTOS DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN A SU CARGO ESA FUNCIÓN Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SON DE CONFIANZA POR DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La calidad de trabajadores de confianza de los "elementos de apoyo" (quienes sin pertenecer a la carrera policial, ministerial o pericial, laboran en una institución de seguridad pública y de procuración de justicia del Estado de Baja California), la determinan los artículos 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 10, párrafo segundo, de la Ley de Seguridad Pública de la misma entidad que así lo disponen, por lo que es innecesario acreditar las funciones inherentes a los cargos ocupados por dichos elementos para saber si corresponden a las de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia o fiscalización y, por ende, si son o no propias de un cargo de confianza, pues el fundamento para que éstos se consideren trabajadores de confianza deriva de la disposición expresa de la ley." Cabe señalar también, que la orden de efectuar descuentos en el salario del quejoso, constituye un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad, en términos del último párrafo del artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en razón de que no puede ser revocado o modificado, sino mediante recurso administrativo o medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso administrativo. Sin que en el presente asunto, se actualice algún caso de excepción que establece la fracción IV, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En primer término, porque no se reclaman sólo violaciones directas a la Carta Magna, en tanto que el promovente del amparo refiere violaciones a las garantías de seguridad y legalidad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en todo caso deriva de una violación a las disposiciones legales que rigen el acto reclamado. Se suma la circunstancia de que el juicio de nulidad aludido, no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley en sentido formal y material, como lo es la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California, que prevé el citado medio de impugnación en su artículo 22. Además, el mencionado ordenamiento no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, tal y como se aprecia del análisis comparativo que realizó el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, entre la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California, y la ley de la materia abrogada, de contenido similar a la actual legislación, que se refleja en la Jurisprudencia XV.4o. J/6, visible en la página 1514, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado." Sin que se considere que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, disponga un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, con motivo de que el artículo 49 de ese ordenamiento, establezca que la demanda se admitirá dentro de los tres días siguientes a su presentación, mientras que la Ley de Amparo, en su artículo 112, establece que se proveerá sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde que la demanda fue presentada; puesto que la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia, es clara al señalar que, para el otorgamiento de la suspensión, el plazo que establezca la legislación que prevea el medio de impugnación de que se trate, no debe ser mayor que el que la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin hacer referencia alguna al plazo con que se cuenta para proveer sobre la admisión de la demanda. En tal contexto, es claro que el quejoso antes de instar la protección constitucional, se encontraba obligado a acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió agotar el recurso o medio de defensa ordinario que tenía a su alcance para obtener la revocación, nulificación o modificación del acto que reclama, concretamente, el juicio de nulidad previsto por el artículo 22, fracción IX, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Dicho lo anterior, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. ANOTACIONES EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes
- Carlos Ernesto Mendoza Yepiz668/2017
- Carlos Eugenio Ibarra Salcido646/2023
- Carlos Fabian Hernandez Madrigal833/2019
- Carlos Fabian Hernandez Madrigal585/2020
- Carlos Fabian Ortega Silva688/2021
- Carlos Fajardo Talamantes517/2015
- Carlos Fernando Guerrero Meza y Otros.919/2021
- Carlos Fernando Ponce Laynes y Otros.1281/2022
- Carlos Filiberto Hernandez Aldana49/2016
- Carlos Francisco Cabrera Rocha2008/2022
- Carlos Galvan Torres809/2019
- Carlos Gerardo Vizcarra Garcia1162/2023