Carlos Figueroa Dorantes

Expediente 448/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
448/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
21/08/2017

Partes del expediente

  • Carlos Figueroa Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa acompañó a su demanda diversos documentos; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se deja a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    AVISCO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa acompañó a su demanda diversos documentos; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se deja a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 448/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el once de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el veintinueve siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo, Carlos Figueroa Dorantes, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1.- Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2.- Director de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 3.- Departamento de Grúas de la Dirección de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 4.- Jefe del Departamento de Seguimiento y Control de Infracciones de la Dirección de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTO RECLAMADO "La ilegal detención y/o retención, boleta de infracción, orden de traslado a un corralón privado y cualquier sanción económica que se derive de estos actos, de la motocicleta de mi propiedad, marca Dinamo, tipo renegada LB250-8, motor 233 C.C., 18 H.P. cuatro tiempos, enfriado por aire, modelo 2003, color negro, encendido electrónico, número de motor LB253FMM3001214, número de serie LFGPCNLT731001024, con placas de circulación LKL5M, particulares del Estado de Guerrero,." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 448/2017, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de las siguientes autoridades responsables: 1.- Manuel Antonio Velázquez, Agente de la Policía Vial con número de clave 13-12 L-505, adscrito al Sector IV, Turno Matutino, de la Dirección de la Policía Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2.- Representante Legal de la Empresa Grúas Más Grúas. Se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde de la ampliación de la demanda y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se reclama un acto emitido por autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del ocho al veintiséis de mayo del año en curso (descontados los días del trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo pasado por ser días inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el once de mayo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se precisa que la parte quejosa reclama: ?La infracción al Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, contenida en la boleta con folio 458131 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y como consecuencia el traslado a un corralón privado de la motocicleta marca Dinamo, tipo renegada LB250-8, motor 233 C.C., 18 H.P. cuatro tiempos, enfriado por aire, modelo 2003, color negro, encendido electrónico, número de motor LB253FMM3001214, número de serie LFGPCNLT731001024, con placas de circulación LKL5M. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Secretario de Seguridad Pública, Jefe del Departamento de Infracciones de la Coordinación General de Movilidad Transporte, Director de la Policía Vial, Manuel Antonio Cerón Velázquez, Policía Vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y la Representante Legal de Grúas Más Grúas, con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos que se le reclaman, los cuales quedaron precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, la Encargada del Departamento de Grúas y Corralones del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, es tenerle por cierto el mismo, en razón de que el traslado a un corralón privado de la motocicleta que refiere el quejoso es de su propiedad, concierne a dicha autoridad. Certeza que se robustece con las copias certificadas que remitió al presente asunto el Secretario de Seguridad Pública Municipal, consistentes en la cédula de infracción con folio 458131 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, inventario de vehículo número 1376 de la empresa Grúas más Grúas, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Causales de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que las autoridades municipales manifiestan que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XVI, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187016, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, tomo I, Julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001155, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora bien, para demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en estudio es conveniente precisar lo siguiente: que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la infracción al Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, contenida en la boleta con folio 458131 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, y como consecuencia el traslado a un corralón privado de la motocicleta marca Dinamo, tipo renegada LB250-8, motor 233 C.C., 18 H.P. cuatro tiempos, enfriado por aire, modelo 2003, color negro, encendido electrónico, número de motor LB253FMM3001214, número de serie LFGPCNLT731001024, con placas de circulación LKL5M. Bajo ese contexto, se concluye que el quejoso omitió observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, ya que debieron instar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en cuya instancia puede demostrar la ilegalidad de los referidos actos administrativos, previo a la interposición del juicio de amparo. En ese orden de ideas, en torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, conviene citar los siguientes preceptos: Artículo 118, de la Constitución Política del Estado de Guerrero: "Artículo 118. Las resoluciones que dicte la administración pública serán conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que señale la ley. En los términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad. La ley respectiva definirá su organización y competencia". Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433: "Artículo 40. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública, incluyendo los organismos públicos descentralizados, revestidos de autoridad, con la ciudadanía, así como entre éstos y la administración municipal, y el cual gozará, igualmente, de autonomía jurisdiccional". Artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194: "Artículo 4. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero". Artículo 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos". La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente:  El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero resolverá las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales.  Conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía.  Tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa en los que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa, así como de aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en resoluciones administrativas, emitidas por autoridades competentes. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, como se prevé en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; (.)." Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses de la ahora parte quejosa. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto impugnado en sede de amparo carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 65 a 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: 1) que sea solicitado por el interesado; 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 3) que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Incluso, en el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, se prevén las figuras del interés jurídico, o en su caso legítimo, para la concesión de la suspensión del acto reclamado; asimismo, del artículo 68 del propio código, se encuentra la figura de la apariencia del buen derecho homologada, dado que procede la concesión de la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o a criterio del magistrado cuando sea necesario otorgarle aquellos efectos, para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que el presente juicio de amparo es improcedente, al no haberse impugnado dicho acto a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, y que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, como lo es el de definitividad. Es de invocarse la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible a página 448, tomo X, octubre de 1999, Novena Época, Materia(s): Común, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193142, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, tampoco se actualiza la excepción relativa a la falta de fundamentación del acto reclamado, debido a que la cédula de notificación de la infracción, se precisa que aquella obedece a lo dispuesto por el artículo 58, fracción XXII, del Reglamento de Tránsito y Vialidad, cuyo motivo es por estacionarse sobre la banqueta. En consecuencia, al no agotarse el principio de definitividad previo a instar la demanda de amparo, por no haberse impugnado dichos actos administrativos a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Orienta lo anterior, la tesis 6 A, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página novecientos noventa y uno, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia IV.1o.A. J/23 (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible a página 2491, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "MULTAS POR INFRACCIÓN A LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. POR REGLA GENERAL SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción X, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en contra de cualquier acto u omisión definitiva de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales que afecten los intereses jurídicos de los particulares; y, de lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 69 del propio ordenamiento legal se advierte que en esa instancia es factible obtener la suspensión de los actos impugnados sin que dicha ley exija mayores requisitos de los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por tanto, en contra de las multas por infracciones a los Reglamentos de Tránsito Municipales del Estado de Nuevo León, a fin de respetar el principio de definitividad previsto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previo al juicio de amparo, debe agotarse ese medio ordinario de defensa en el que se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Siempre que no se actualice alguna diversa hipótesis de excepción al aludido principio, lo que corresponde analizar en cada caso concreto". Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo número 448/2017, por los motivos expuestos en el considerativo último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de julio de dos mil diecisiete, conforme al oficio número CCJ/ST/3541/2017, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, el uno de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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