Carlos Fernando Estrada Vera
Expediente 694/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Fernando Estrada Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los escritos de cuenta signados por Mario Testa López autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista otorgada mediante auto de veintiocho de octubre del año en curso, hace diversas manifestaciones en relación a lo informado por las autoridades vinculadas Directora Jurídica Inmobiliaria y del Derecho de Vía de la Dirección General Adjunta Normativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por informando los tramites que han realizado para dar cumplimiento a la sentencia; sin embargo y como lo señala el autorizado de la parte quejosa, no se le puede tener por dando cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior es así, porque siguen con el trámite del decreto expropiatorio que empezó el Director del Centro SCT Guerrero, el que sin embargo se encuentra viciado, dado que la superficie afectada a las tierras del ejido quejoso es superior a lo que supuestamente señalan en dicho expediente expropiatorio, pues de acuerdo a lo establecido en la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo en revisión administrativa 141/2015, es de 14-45-05.68 hectáreas, lo que se considera cosa juzgada y no de 3-26-81.13 hectáreas, como lo indica en su oficio. No obstante lo anterior, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el cual se encuentra firme, este juzgado de Distrito establecido lo siguiente: Acapulco de Juárez, Guerrero, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de inmediato anterior hace diversas manifestaciones en relación a la contra propuesta exhibida por la parte actora al convenio exhibido en autos por dicha Secretaría. Ahora, no ha lugar a que este juzgado de Distrito sea conciliador entre ambas partes para la firma del convenio de ocupación previa a título gratuito, en virtud de lo establecido en los artículos 1º y 107 ambos de la Ley de Amparo, así como en los diverso 103 y 107 constitucionales. Ahora bien, tomando en consideración que ha transcurrido tiempo en exceso para que las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el Director General del Centro SCT Guerrero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, den cumplimiento a la sentencia de amparo nuevamente se les precisa los efectos de la misma: [.] Por ende, no sería posible retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de los actos reclamados en razón de una eventual sentencia concesoria del amparo, que tuviera como efecto ordenar la restitución del predio afectado, sino que en todo caso, el fallo protector debe consistir en la orden para las autoridades responsables, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Director General del Centro SCT Guerrero de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, de sustanciar un procedimiento administrativo con intervención del quejoso, a efecto de determinar lo relativo a la indemnización respectiva, de acuerdo con las leyes de expropiación aplicables; es decir, que el desahogo del derecho fundamental de audiencia tendería a determinar lo conducente respecto de la mencionada indemnización y no de una restitución o la comprobación de la causa de utilidad pública, pues lo cierto es que en autos se encuentra demostrada ésta. [.] A) Con las formalidades previstas en los artículos 93, 94, 95 y 96 y demás relativos de la Ley Agraria y su reglamento, sustancien un procedimiento administrativo de indemnización con intervención del quejoso, a efecto de determinar lo relativo a la indemnización respectiva por la privación de parte de su terreno de que ha sido objeto, en el que le haga saber: el plazo y el lugar para rendir pruebas de su intención y alegar lo que a su interés corresponda, para posteriormente proceder al dictado de una resolución administrativa de indemnización, debidamente fundada y motivada. B) Hecho lo anterior, una vez que quede firme al monto de la indemnización, proceda a su liquidación a favor del ejido quejoso [.]". Ahora, es importante traer a colación los numerales 93, fracción VII, 94, 95 y 96 de la Ley Agraria, señalan: "Artículo 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública: (.) VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y. "Artículo 94.- La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del Artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población. En los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley. Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente. Artículo 95.- Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación. Artículo 96. La indemnización se pagará a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva." Porciones legislativas, de las que se obtiene que los bienes ejidales y comunales son susceptibles de expropiación por parte del Estado Mexicano, por causas de utilidad pública, dentro de ésta, en razón de la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, entre otras. Igualmente se extrae, que la expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo, que dicho acto privativo de la propiedad, deberá hacerse por Decreto Presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. Y, se determina que el monto de la indemnización será calculado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. También, que el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población. Además, se prevé que en los casos en que la Administración Pública Federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley. Respecto a las restricciones, se contempla que los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente. Por otra parte, prohíbe autorizar la ocupación previa de tierras, bajo la razón de que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación. Finalmente, prevé que la indemnización se deberá de pagar a los ejidatarios atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación sólo afectara a parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les correspondería. Por su parte, los numerales 60, 61, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de Propiedad Rural, señalan: "Artículo 60.- Los bienes ejidales y comunales sólo podrán ser expropiados por alguna o algunas de las causas de utilidad pública a que se refieren los artículos 93 de la Ley, 1o. de la Ley de Expropiación y en los demás casos previstos en las leyes especiales. Artículo 61.- La solicitud de expropiación de bienes ejidales y comunales deberá presentarse por escrito, ante el Secretario de la Reforma Agraria, y deberá contener los siguientes datos y documentos: (.). VI. Documentación que justifique la causa de utilidad pública; VII. Si existe ocupación previa del predio a expropiar, el convenio que al efecto se hubiere celebrado. De no existir éste, la descripción de los acuerdos sobre los cuales se pactó la ocupación. En ambos casos, la descripción de las obras realizadas y superficie ocupada; (.). Artículo 62.- Cuando la promovente de la expropiación sea la propia Secretaría, la solicitud correspondiente deberá estar suscrita por el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural y el Oficial Mayor de la misma. Artículo 67.- La Secretaría, a través del Registro, realizará los trabajos técnicos e informativos respecto de la superficie a expropiar, ajustados a las normas técnicas emitidas por dicho Órgano Desconcentrado o, en su caso, designará personal comisionado para tal efecto. Los trabajos técnicos e informativos deberán contener: I. Levantamiento topográfico de la superficie a expropiar; II. Superficie analítica y colindancias de los terrenos a expropiar; III. Clase y aprovechamiento de las tierras; IV. Asignación de los derechos individuales y de uso común de las tierras de que se trate; V. Descripción de los bienes distintos a la tierra, en su caso, y VI. Los elementos técnicos o legales que el comisionado obtenga y que puedan influir en el procedimiento expropiatorio. La promovente podrá aportar los trabajos señalados en las fracciones I y II del presente artículo, siempre y cuando se ajusten a las normas técnicas referidas en el primer párrafo del mismo. Artículo 70.- La Secretaría solicitará al Instituto, por cuenta y orden de la promovente, que emita avalúo de la superficie a expropiar, atendiendo a su valor comercial, así como el de los bienes distintos a la tierra. En el caso de la fracción V del artículo 93 de la Ley, para la fijación del monto del avalúo se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. La orden de la promovente a que se refiere el primer párrafo, deberá dirigirla a la Secretaría mediante escrito libre en el que se exprese la anuencia de cubrir los gastos que genere la emisión del avalúo; la Secretaría contará con un plazo que no podrá exceder de tres meses para dar respuesta, de no hacerlo se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido negativo, concluyéndose el procedimiento. Artículo 71.- La vigencia de los dictámenes valuatorios no podrá exceder de un año, contado a partir de la fecha de su emisión. (.) Artículo 72.- Recibido el avalúo, la Secretaría dictaminará el expediente, que deberá contener los siguientes documentos: I. Solicitud; II. Acuerdo de instauración; III. Trabajos técnicos e informativos; IV. De corresponder, dictamen técnico, de factibilidad o estudio de impacto ambiental, según se trate; V. Avalúo del Instituto, y VI. Convenio de ocupación previa, en su caso. Artículo 73.- La Secretaría revisará el expediente, calificará su procedencia, y de considerarlo conveniente, solicitará a la promovente reitere su interés jurídico en la expropiación, en cuyo caso se elaborará el proyecto de decreto expropiatorio que deberá contener: I. Resultandos, en que se establezcan los antecedentes del núcleo agrario afectado, la descripción sucinta del desarrollo del procedimiento expropiatorio y, en su caso, la existencia de convenio de ocupación previa que se hubiere suscrito; II. Considerandos, en que se motive el procedimiento expropiatorio y la justificación legal y material de la causa de utilidad pública que se invoca, y se señale el monto del avalúo y su fecha de emisión, la forma de pago de la indemnización, así como la identificación precisa de los ejidatarios o comuneros afectados, cuando se trate de tierras formalmente parceladas, y III. Resolutivos, que fijen con precisión el nombre del núcleo agrario, la superficie analítica que se expropia, el nombre de la beneficiada, monto total y el responsable del pago indemnizatorio. Artículo 74.- El decreto de expropiación deberá ser refrendado en términos de lo establecido por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 75.- El decreto expropiatorio será expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 76.- La Secretaría deberá notificar el decreto expropiatorio correspondiente al núcleo agrario o a los afectados en lo individual según se trate y a la promovente; ordenará su inscripción en el Registro, en el Registro Público de la Propiedad de la entidad federativa de que se trate, así como en el Registro Público de la Propiedad Federal, cuando así corresponda, conforme a las reglas establecidas en el artículo 65 del presente Reglamento." Cuerpo legal, del que se extrae, el procedimiento de expropiación de bienes comunales y ejidales, el cual deberá de presentarse por escrito con la documentación correspondiente que justifique la causa de utilidad pública, es decir, si existe ocupación previa del predio a expropiar, el convenio que al efecto se hubiere celebrado y de no existir éste deberán de presentar la descripción de los acuerdos sobre los cuales se pactó la ocupación. Cuando la promovente de la expropiación sea la propia Secretaría de Comunicación y Trasportes, la solicitud deberá estar signada por el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural y el Oficial Mayor de la misma, dicha secretaria solicitará al Registro la realización de los trabajos técnicos, que deberán de contener características específicas. Recibidos los trabajos técnicos del registro, la Secretaría procederá a su revisión, si el dictamen técnico o el estudio de impacto ambiental resultaren negativos, se emitirá un acuerdo de improcedencia del trámite expropiatorio, ordenando la cancelación del procedimiento y el archivo correspondiente, el cual deberá notificarse al núcleo agrario y a la promovente. Asimismo, se solicitará a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, emita avalúo de la superficie presunta a expropiar, atendiendo a su valor comercial, así como el de los bienes distintos a la tierra. Por otra parte, una vez recibido el avalúo, la Secretaría dictaminará el expediente, y lo revisará, calificará su procedencia y, de considerarlo conveniente, solicitaría a la promovente reitere su interés jurídico en la expropiación, en cuyo caso se elaboraría el proyecto de decreto expropiatorio, que deberá contener resultandos, considerandos, y resolutivos. Ahora bien, como se puede advertir, el procedimiento de expropiación de bienes comunales y ejidales debe de realizarse a través de convenios o acuerdos pactados, en relación a la ocupación, el cual contendrá requisitos específicos; sin embargo, como lo determinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa 141/2015, asentó que el desahogo del derecho fundamental de audiencia tendería a determinar lo conducente respecto de la mencionada indemnización y no de una restitución o la comprobación de la causa de utilidad pública, pues lo cierto es que en autos se encuentra demostrada ésta, en tal virtud, el procedimiento de expropiación no tendría ningún fin práctico ya que la remodelación y ampliación de dicha carretera ya se encuentra efectuada; es decir, es ocioso que se inicie tal procedimiento para determinar la utilidad pública de los bienes ocupados, si para el fin que fueron utilizados ya aconteció; es decir, la remodelación y ampliación de una carretera federal. Por lo que, si es procedente que se inicie el procedimiento de indemnización por la ocupación de la superficie afectada de los terrenos que forman parte del Ejido de la Sabana, por la remodelación y ampliación de la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional, misma que de acuerdo a la ejecutoria del tribunal de alzada es de 14-45-05.68 hectáreas. De esa guisa, al ya existir la remodelación y ampliación de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, y que ésta a su vez afectó parte del Ejido de la Sabana, es dable que las responsables inicien el procedimiento de indemnización, pero con la intervención de la parte quejosa a fin de que esta rinda las pruebas de su intención y alegue lo que a su interés corresponda, para posteriormente se proceda al dictado de una resolución administrativa de indemnización, debidamente fundada y motivada, tal y como lo señaló el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa 141/2015, sin que lo anterior implique el no acatamiento de lo que estatuyen la Ley Agraria y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de Propiedad Rural, ya que ambas legislaciones establecen, que una vez determinada la utilidad pública, se procederá al avalúo y pago de los bienes ocupados. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro SCT Guerrero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sede en Chilpancingo, Guerrero, y al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que reciban el oficio respectivo, acrediten ante este juzgado con las constancias relativas haber dado inicio el citado procedimiento de indemnización, así como haberle notificado a la parte quejosa del mismo para los efectos antes precisados, conforme a lo dispuesto por la Ley Agraria y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de Propiedad Rural, respecto de la superficie afectada de los terrenos que forman parte del Ejido de la Sabana, por la remodelación y ampliación de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, misma que de acuerdo a la ejecutoria del tribunal de alzada es de 14-45-05.68 hectáreas e informen a este juzgado de Distrito sobre el particular, lo anterior en cumplimiento a la sentencia de amparo, o en su caso, haber hecho los trámites correspondientes. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, a la omisa se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, conforme al oficio número CCJ/ST/5736/2019, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe." En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades vinculadas Directora Jurídica Inmobiliaria y del Derecho de Vía de la Dirección General Adjunta Normativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos residentes en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que reciban el oficio respectivo, acrediten ante este juzgado con las constancias relativas haber dado inicio el citado procedimiento de indemnización, así como haberle notificado a la parte quejosa del mismo para los efectos precisados en la sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto por la Ley Agraria y el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de Propiedad Rural, respecto de la superficie afectada de los terrenos que forman parte del Ejido de la Sabana, por la remodelación y ampliación de la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional, misma que de acuerdo a la ejecutoria del tribunal de alzada es de 14-45-05.68 hectáreas e informen a este juzgado de Distrito sobre el particular, lo anterior en cumplimiento a la sentencia de amparo, o en su caso, haber hecho los trámites correspondientes. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, a la omisa se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ha transcurrido la prórroga de diez días concedido en proveído veintiuno de mayo del año en curso, a la Delegada de las autoridades responsables municipales de esta ciudad, para que dieran cumplimiento con la sentencia de mérito. No obstante en auto de veinticinco de mayo siguiente la Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, remitió los acuses de recibo de los comunicados oficiales dirigidos a la Jefa del Departamento de Nóminas, y Jefe del Departamento Jurídico ambos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dieran cumplimiento al juicio en que se actúa. Por tanto, previo hacerle efectivo el apercibimiento a la Delegada de las responsables y a fin de evitar dilaciones procesales en la etapa de ejecución del presente asunto; de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo requiérase las autoridades responsables, vinculadas y Delegada de las mismas, para que dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que reciba el oficio respectivo, remitan copias certificadas de las constancias con las que acredite el cumplimiento dado a la misma. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país1, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese.
- Principal
SÍNTESIS: Acapulco, Guerrero; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Fernando Estrada Vera, por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano de Control Interno, del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en esta ciudad y de otras autoridades . Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 694/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. . . . "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. . . . Notifíquese personalmente.
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