Carlos Felipe Franco Salazar

Expediente 625/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
625/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Felipe Franco Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y por resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, fue confirmada la misma; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Ahora, por lo que respecta al incidente de suspensión derivado del presente asunto, de conformidad con de conformidad con el Capítulo 8, Apartado 8.1.2, Punto 3 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional se negó la suspensión, en ese sentido, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión son susceptibles de destrucción. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de doce de septiembre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "Deje sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante la que determinó la baja del acusado aquí quejoso *************** y en su lugar emita otra en la que tome en consideración la confesión de culpabilidad de dicho acusado y resuelva con plenitud de jurisdicción, cumpliendo con los requisitos de validez constitucional.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Octava Zona Naval, con residencia en Topolobampo, Sinaloa, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de este mes, remitió oficio 013/2022 de dos de este mes y acta formulada por el Consejo de Honor Ordinario de la Octava Zona Naval, reunido en pleno mediante el cual emitió nueva resolución en la que tomó en consideración y valoró la confesión de culpabilidad del quejoso, resolviendo con plenitud y jurisdicción y cumplimiento con los requisitos de validez constitucional, pues al efecto, en lo que interesa expuso lo siguiente: ".SI BIEN AL ACUSADO HOY QUEJOSO, LE ASISTE LA RAZÓN TAMBIÉN LO ES QUE RESULTA INSUFICIENTE, DADA LA GRAVEDAD DE LA FALTA, TAMBIÉN CABE DESTACAR OUE DICHA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD, NO CONSTITUYE EN Sí MISMA UNA OBLIGACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO DISCIPLINARIO PARA DISMINUIR AUTOMÁTICAMENTE LA SANCIÓN APLICABLE, YA QUE ÉSTOS AL ERIGIRSE COMO LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RESOLVER CONFORME A DERECHO EL CASO QUE LES FUE PRESENTADO, CUANDO CUMPLEN ADECUADAMENTE CON SUS DEBERES, EJERCEN EN FORMA APROPIADA SUS PODERES DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVAN QUE EXISTEN MÁS AGRAVANTES A LA CONDUCTA A JUZGAR O BIEN ESTA CONSTITUYA EN EXTREMO TAL GRAVEDAD QUE RESULTA POSIBLE DESCARTAR LA EXISTENCIA DE UNA ATENUANTE, DESPUÉS DE HABER EFECTUADO UNA APRECIACIÓN CUIDADOSA Y EXHAUSTIVA DE LAS PRUEBAS ENCONTRADAS Y SU ENLACE DEBIDO, DETERMINANDO EN SU CASO, LA AUTORÍA O PARTICIPACIÓN DEL ENTONCES ACUSADO, CON EL MATERIAL OBTENIDO QUE PRODUZCA EL CONVENCIMIENTO SUFICIENTE DE LA GRAVEDAD DE SU CONDUCTA, ASÍ MISMO LA CONFESION DE CULPALIDAD, A CARGO DEL ANTES ACUSADO, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR, SE OBSERVA QUE FUE ACEPTADA POR EL PLENO DEL ORGANISMO QUE CONOCIÓ Y JUZGÓ LA CONDUCTA DEL HOY INCONFORME, EN ESTRICTO APEGO AL DERECHO, DADO QUE LA LEY ADJETIVA APLICABLE DE FORMA SUPLETORIA ( CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES), ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97, QUE LA CONFESIÓN ES EXPRESA AL EFECTUARSE, ABSOLVIENDO POSICIONES, QUE SÓLO PRODUCE EFECTO EN LO QUE PERJUDICA AL QUE LA HACE Y QUE PUEDEN ARTICULARSE POSICIONES AL MANDATARIO, SIEMPRE QUE TENGA PODER BASTANTE PARA ABSOLVERLAS, O SE REFIERAN A HECHOS EJECUTADOS POR ÉL, EN EL EJERCICIO DEL MANDATO, SITUACIÓN QUE SE ACTUALIZA EN EL PRESENTE ASUNTO TODA VEZ QUE, EL ACTA DE COMPARECENCIA DEL HOY IMPETRANTE, SE DESPRENDE QUE EL CONSEJO DE HONOR QUE LO JUZGO, A LA HORA DE DETERMINAR LA SANCIÓN IMPUESTA, LO TOMÓ EN CONSIDERACIÓN, PERO FUE OMISA EN NO HACERLO VALER EN EL ACTA DE COMPARECENCIA, AHORA BIEN, DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS COMO LO SON EL CERTIFICADO MÉDICO TOXICOLÓGICO 1096/2019 EXPEDIDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL HOSPITAL NAVAL DE TOPOLOBAMPO, Y DEL DICTAMEN EN MATERIA DE QUÍMICA FORENSE (ESTUDIO TOXICOLÓGICO CONFIRMATIVO) OFICIO NÚMERO CSP-QF-040 DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2019, EMITIDO POR LA COORDINADORA DE SERVICIOS PERICIALES CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, APOYADO DE LOS ARGUMENTOS Y DEMÁS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS Y DESAHOGADOS POR EL FISCAL GENERAN CONVICCIÓN A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO, EN VIRTUD DE QUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 79 Y 197 DEL CÓDIGO ANTERIORMENTE PRECISADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PRESENTE ASUNTO POR MINISTERIO DE ESA MISMA LEY, PARA CONOCER LA VERDAD, PUEDE EL JUZGADOR VALERSE DE CUALQUIER PERSONA, SEA PARTE O TERCERO, Y DE CUALQUIER COSA O DOCUMENTO, YA SEA QUE PERTENEZCA A LAS PARTES O A UN TERCERO, SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS PRUEBAS ESTÉN RECONOCIDAS POR LA LEY Y TENGAN RELACIÓN INMEDIATA CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, Y QUE EL TRIBUNAL ENCARGADO DE RESOLVER EL ASUNTO, GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA HACER EL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS RENDIDAS PARA DETERMINAR EL VALOR DE LAS MISMAS, UNAS ENFRENTE DE LAS OTRAS, Y PARA FIJAR EL RESULTADO FINAL DE DICHA VALUACIÓN CONTRADICTORIA, ESTO QUIERE DECIR QUE, EN UN PROCEDIMIENTO LAS PRUEBAS SE APRECIARÁN CON RAZONABLE CRITERIO DE LIBRE CONVICCIÓN POR QUIENES TENGAN LA FACULTAD PARA HACERLO, ENTENDIÉNDOSE POR "VALORACIÓN" A LA OPERACIÓN MENTAL QUE CONOCE EL MÉRITO O VALOR DE CONVICCIÓN QUE PUEDA DEDUCIRSE DE SU CONTENIDO, SIENDO QUE CADA MEDIO DE PRUEBA ES SUSCEPTIBLE DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL Y EN OCASIONES PUEDE BASTAR UNO SOLO PARA FORMAR LA CONVICCIÓN DEL JUZGADOR, ESTE SISTEMA DE VALORACIÓN IMPLICA LIBERTAD PARA APRECIAR LAS PRUEBAS DE ACUERDO CON LA LÓGICA JURÍDICA Y LAS REGLAS DE EXPERIENCIA, QUE SEGÚN EL CRITERIO DEL ÓRGANO CONOCEDOR SEAN APLICABLES AL CASO, IMPORTANDO UNA ACTIVIDAD INTELECTUAL DEL MISMO PARA MEDIR LA FUERZA DE CONVICCIÓN QUE EN ELLA EXISTA. ASIMISMO, DE LA LECTURA A LOS ARTÍCULOS 24 Y 27 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ALMIRANTES, CONSEJOS DE HONOR SUPERIOR Y ORDINARIO, RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, SE DESPRENDE QUE EL ORGANISMO QUE CONOCE DE UN ASUNTO, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE QUE PRUEBAS SE ADMITEN Y CUÁLES SE DESECHAN POR NO AJUSTARSE A DERECHO Y DICHA RESOLUCIÓN NO ADMITE RECURSO ALGUNO EN CONTRARIO; DE LA MISMA FORMA PODRÁN PREGUNTAR TESTIGOS, PERITOS O AL ENJUICIADO, PARA FUNDAMENTAR MEJOR SU OPINIÓN Y ASÍ RESOLVER LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA; ES DECIR, QUE EN PRIMER LUGAR, EL ENTONCES ACUSADO TUVO EN TODO MOMENTO, LA POSIBILIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE A SU JUICIO LE FUEREN FAVORABLES, SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS REGLAS DE DISCIPLINA Y EL RESPETO A SUS SUPERIORES, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CANTIDAD, ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS, ESTANDO SIEMPRE EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS ANTES Y DURANTE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CON SU CONTRAPARTE; POR LO QUE ESTE ORGANO DE DISCIPLINA ADSCRITO A LA OCTAVA ZONA NAVAL, OBSERVA QUE EL CONSEJO DE HONOR DEL ENTONCES SECTOR NAVAL DE TOPOLOBAMPO ACTUÓ CON IMPARCIALIDAD AL ACORDAR ADMITIR TODAS LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA VOZ DE LA DEFENSA, SIN QUE SE ADVIERTA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, QUE LA AUTORIDAD HAYA DESECHADO ALGUNA DE SUS PRUEBAS, O EN SU CASO QUE SE HAYA SUSCITADO ALGUNA INCONSISTENCIA O IRREGULARIDAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PARA SU OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALORACIÓN, HABIENDO QUEDADO EL ENTONCES ACUSADO EN APTITUD DE APORTAR LOS ELEMENTOS DE DESCARGO CON QUE CONTABA O DE CONTRIBUIR CON LA FORMULACIÓN DE INFERENCIAS DIVERGENTES, PARA CONTRARRESTAR LOS FUERTES MEDIOS DE PROBATORIOS EN SU CONTRA, SIN QUE LO ANTERIOR INDIQUE DESPLAZAR EL ONUS PROBANDI, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD, EN VIRTUD DE QUE NO LO HIZO ASÍ, LE RESULTARON INDICADORES ADVERSOS, DERIVADOS DE SU SILIENCIO O ACTITUD PASIVA, PORQUE LA REACCIÓN NATURAL Y ORDINARIA DE UNA PERSONA ACUSADA CUYA SITUACIÓN SE PONE EN PELIGRO CON LA ACUMULACION DE PRUEBAS QUE EVIDENCIAN SU RESPONSABILIDAD EN EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE LE INSTAURA, CONSISTE EN LA ADOPCIÓN DE UNA CONDUCTA ACTIVA DE COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD, EN PRO DE SUS INTERESES, DIRIGIDA A DESVANECER LOS SEÑALAMIENTOS PERNICIOSOS, CON EXPLICACIONES RACIONALES ENCAMIDADAS A DESTRUIRLOS O DEBILITARLOS, O CON LA APORTACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR SU INOCENCIA, SITUACIÓN QUE EN ESTE CASO EN PARTICULAR NO ACONTECIÓ AL EXISTIR PRUEBAS FEHACIENTES Y SUFICIENTES QUE ACREDITAN PLEMANENTE EL CARGO IMPUTADO EN VÍA DE FALTA GRAVE AL ENTONCES ACUSADO Y LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS POR PARTE DE LA VOZ DE LA ACUSACION DENTRO DE LA AUDIENCIA TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL ACTA DE COMPARECENCIA, ANTE EL CONSEJO DE HONOR HORDINARIO DEL SECTOR NAVAL DE TOPOLOBAMPO, AUNADO A LO ANTERIOR SE TOMA EN CUENTA LA AGRAVANTE DE QUE EL ACUSADO EN LA FECHA DE LOS HECHOS, TENIA LA CALIDAD DE ELEMENTO PERTENECIENTE A LAS FUERZAS ARMADAS CUYA CONDUCTA DEBE SER INTACHABLE APEGADA A LOS PRINCIPIOS Y VALORES RECTORES DE TODA INSTITUCIÓN ARMADA, A UN MAS CUANDO EXISTEN COMPROMISOS CONTRA LA LUCHA DE CONSUMO DE DROGAS, FLAGELO QUE CONTRIBUYE A LA INSEGURIDAD DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES, ES EL CASO QUE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC) Y LAS FUERZAS ARMADAS SE UNIERON PARA REDUCIR EL CONSUMO DE DROGAS EN MÉXICO, SIENDO CONTRADICTORIO QUE SI LAS FUERZAS ARMADAS EN UN ESFUERZO Y ATAQUE FRANCO AL CONSUMO, TRANSPORTE, POSESIÓN, TRAFICO DE DROGAS ETC. TENGA ENTRE SUS FILAS A PERSONAL MILITAR, QUE CONSUME ESTE TIPO DE DROGAS. TENIENDO RELACIÓN LA SIGUIENTE TESIS. [.] DE LO ANTERIOR SE COLIGE, QUE EL ENTONCES ACUSADO INCURRE EN HACER ASEVERACIONES, SIN RESPALDO PROBATORIO QUE NO CONSTITUYEN UN APORTE ARGUMENTATIVO PARA DESCUBRIR LA ILEGALIDAD LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, EMITIDA POR EL CONSEJO DE HONOR ORDINARIO, SINO MERAS CONJETURAS Y APRECIACIONES SUBJETIVAS Y CUYA EXPOSICIÓN EN FORMA DE AGRAVIO, RESULTAN INOPERANTES, YA QUE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN ES CONTRADICTORIO CON LA REALIDAD OBJETIVAMENTE PROBADA Y POR TANTO, INEFICAZ PARA LOGRAR SU OBJETIVO. QUEDANDO ACREDITADA LA CULPABILIDAD DEL HOY RECURRENTE, DERIVADO DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN EFECTUADAS POR ÉSTE ÓRGANO DE DISCIPLINA, DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS QUE PREDECEN, AUNADO AL HECHO, DE QUE, PESE A LOS ESFUERZOS DEL ACUSADO HOY QUEJOSO, SE LIMITO ÚNICAMENTE A CONFESARSE CULPABLE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ALMIRANTES, CONSEJOS DE HONOR, SUPERIOR Y ORDINARIO QUE ESTABLECE: NO EMITIÓ ARGUMENTO, NI PRESENTÓ Y/O DESAHOGÓ PRUEBA ALGUNA, QUE LOGRARAN DESVIRTUAR EL ACERVO PROBATORIO APORTADO POR LA VOZ DE LA ACUSACIÓN, CON EL CUAL SE ACREDITÓ SU RESPONSABILIDAD POR REALIZAR LA CONDUCTA POR LA CUAL FUE JUZGADO, LIMITÁNDOSE A PRESENTAR DOCUMENTALES PRIVADAS, QUE NO DESVIRTUARON EN ABSOLUTO LA FALTA IMPUTADA, OMITIENDO COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO, ES DECIR, EL HECHO DE HACER USO PARA CONSUMO PERSONAL DE LA DROGA CANNABIS""SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, HABIENDO RESULTADO POSITIVA SU MUESTRA DE ORINA MISMA QUE FUE EXAMINADA POR PERSONAL DE SANIDAD NAVAL DEL HOSPITAL NAVAL DE TOPOLOBAMPO EXPIDIENDO EL CERTIFICADO MÉDICO TOXICOLÓGICO 1096/2019 EXPEDIDO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, POR EL HOSPITAL NAVAL DE TOPOLOBAMPO, Y POSTERIORMENTE FUE REMITIDA DICHA MUESTRA PARA CONFIRMACIÓN A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MILITAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUIEN EMITIO EL DICTAMEN EN MATERIA DE QUÍMICA FORENSE (ESTUDIO TOXICOLÓGICO CONFIRMATIVO) OFICIO NÚMERO CSP-QF-040 DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2019, EMITIDO POR LA COORDINADORA DE SERVICIOS PERICIALES CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, INFRINGIENDO CON SU CONDUCTA LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN I, 9 Y 45 FRACCIÓN II Y IV DE LA LEY DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO GENERAL DE DEBERES NAVALES EN RELACIÓN AL NUMERAL 26 DEL APARTADO DE FALTA GRAVE DEL CATALOGO DE FALTAS DE LA SECRETARIA DE MARINA QUE SON COMPETENCIA DE LOS ORGANISMOS DISCIPLINARIOS INSERTO EN EL ACUERDO SECRETARIAL NUMERO 087, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 3 JUNIO DEL 2003, EN ESTE PUNTO, ES DE RESALTARSE QUE SI BIEN ES CIERTO, QUE AL ACUSADO HOY QUEJOSO, LE ASISTE EL DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EXIGE QUE LAS AUTORIDADES SANCIONADORAS RECIBAN O RECABEN PRUEBAS IDÓNEAS, APTAS Y SUFICIENTES, CON RESPETO IRRESTRICTO DE TODAS LAS FORMALIDADES Y REQUISITOS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL, SIN AFECTACIÓN NO AUTORIZADA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Y MEDIANTE INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS Y SERIAS, DIRIGIDAS A CONOCER LA VERDAD OBJETIVA DE LOS HECHOS QUE LES PERMITA CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICCIÓN SOBRE LA AUTORÍA O PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS, DE MODO QUE, MIENTRAS LA AUTORIDAD SANCIONADORA NO REALICE TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS EN LAS CONDICIONES DESCRITAS, EL ACUSADO SE MANTIENE PROTEGIDO POR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LA CUAL DESENVUELVE SU PROTECCIÓN DE MANERA ABSOLUTA, SIN VERSE EN LA NECESIDAD DE DESPLEGAR ACTIVIDADES PROBATORIAS EN FAVOR DE SU INOCIENCIA, MÁS ALLÁ DE LA ESTRICTA NEGACIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE HACERLO; PERO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLE ADECUADAMENTE CON SUS DEBERES Y EJERCE EN FORMA APROPIADA SUS PODERES DE INVESTIGACIÓN, RESULTA FACTIBLE SUPERAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA CON LA APRECIACIÓN CUIDADOSA Y EXHAUSTIVA DE LA EVIDENCIA ENCONTRADA Y SU ENLACE DEBIDO, DETERMINANDO EN SU CASO, LA AUTORÍA O PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO, CON EL MATERIAL OBTENIDO QUE PRODUZCA EL CONVENCIMIENTO SUFICIENTE, EL CUAL DEBE IMPELERLO A APORTAR LOS ELEMENTOS DE DESCARGO CON QUE CUENTE O A CONTRIBUIR CON LA FORMULACIÓN DE INFERENCIAS DIVERGENTES, PARA CONTRARRESTAR ESOS FUERTES INDICADORES DE RESPONSABILIDAD, SIN QUE LO ANTERIOR INDIQUE DESPLAZAR EL ONUS PROBANDI, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD, Y SI NO LO HACE, LE PUEDEN RESULTAR INDICIOS ADVERSOS, DERIVADOS DE SU SILENCIO O ACTITUD PASIVA, PORQUE LA REACCIÓN NATURAL Y ORDINARIA DE UNA PERSONA IMPUTADA CUYA SITUACIÓN SE PONE EN PELIGRO CON LA ACUMULACIÓN DE PRUEBAS QUE LO INCULPAN EN LA COMISIÓN DE LA FALTA GRAVE QUE SE LE ATRIBUYE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO QUE SE LE INSTAURA, CONSISTE EN LA ADOPCIÓN DE UNA CONDUCTA ACTIVA DE COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD, EN PRO DE SUS INERESES, ENCAMIDADA A DESVANECER LOS INDICIOS PERNICIOSOS, CON EXPLICACIONES RACIONALES ENCAMINADAS A DESTRUIRLOS O DEBILITARLOS, O CON LA APORTACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR SU INOCENCIA; SITUACIÓN QUE EN ESTE CASO EN PARTICULAR NO ACONTECE, Y EN CONSECUENCIA LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, RESULTA INSUFICIENTE EL HECHO DE QUE SE HAYA DECLARADO CULPABLE, AUN CUANDO SE TOMO EN CONSIDERACIÓN LA ATENUANTE PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ALMIRANTES, CONSEJOS DE HONOR, SUPERIOR Y ORDINARIO, TODA VEZ QUE, EXISTEN PRUEBAS FEHACIENTES Y SUFICIENTES QUE ACREDITAN PLENAMENTE EL CARGO IMPUTADO EN VÍA DE FALTA GRAVE AL HOY INCONFORME." Asimismo, acompañó la cedula de notificación debidamente requisitada. Luego, si la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, con la que determinó la baja del acusado aquí quejoso *************, lo cual ya aconteció y, en su lugar, emitiera otra en la que tomara en consideración la confesión de culpabilidad de dicho acusado y se pronunciara relación a la atenuante derivada precisamente de haber declarado, tal culpabilidad y resolviera con plenitud de jurisdicción; esto es, no se concedió el amparo para que fallara en un determinado sentido sino en el que considerara ajustado a derecho según sus facultades legales, fundando y motivando su resolución, lo cual se considera colmado en el presente asunto; ello, en razón de que valoró y analizó la confesión de culpabilidad pronunciándose en relación al tema respectivo, esto es, la procedencia o no de la atenuante con base en la confesión del inculpado; y una vez hecho esto resolvió en el sentido que estimó prudente conforme a su potestad. Lo anterior, es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados, pues se cumplió con el núcleo esencial de la sentencia; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Octava Zona Naval, con residencia en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUZGADO QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Consejo de Honor Ordinario de la Octava Zona Naval, con residencia en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.

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