Carlos Enrique Salomon Ramirez
Expediente 433/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Enrique Salomon Ramirez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio constitucional interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, conforme a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Carlos Enrique Salomón Ramírez, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en términos del considerando tercero del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por los integrantes de la Junta Especial Números Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado y remiten documentales; agréguese a los autos. En ese contexto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable citada. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se tienen por exhibidas las documentales allegadas con el informe justificado de referencia, en términos del numeral 119 de la Ley de la Materia, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional. Ahora bien, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado de referencia, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del trece de noviembre del año en curso, se transfiere para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte.
- Principal
Admisión Visto el escrito de cuenta firmado ********************, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Registro e integración de expediente Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 433/2020-3A. Incidente de suspensión Sin que necesaria la tramitación del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Intervención al Ministerio Público, adscrito Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación con adscripción a este órgano jurisdiccional. Tercero Interesado Sin que sea necesario llamar a la contra parte de la quejosa en el juicio natural, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que ésta, no ha sido emplazado al juicio del cual emana el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J 67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXIX, mayo de dos mil nueve, visible a pagina 265, cuyo rubro y texto rezan: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Solicitud de informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto). Conocimiento sobre causales de improcedencia Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, en términos del numeral 64, en relación con el diverso 251, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señalan las diez horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Inexistencia de autoridades Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Autorización de días y horas inhábiles Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Pruebas Así también, de acuerdo con lo establecido en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que el promovente anexa a su demanda de amparo; sin perjuicio de hacer relación de tales probanzas en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la promovente de amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, y como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel de Jesús Ruiz Corrales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Kathia Selene Ruiz Gaxiola y José Gumercindo Aispuro Leyva toda vez que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, así como al pasante Marco Antonio González Urías. Protección de datos personales Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.
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